Juan Carlos González Díaz
Expediente 1627/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Carlos González Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El treinta de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del quince al veintiocho de enero de la presente anualidad. Que sí existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete ni alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; así como que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de derechos en que se actúa, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en el entendido de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del citado Acuerdo General el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, y, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables juez Primero del Ramo Mercantil del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y actuaria adscrita al juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil diecinueve, María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado. CERTIFICA: Que el término de tres días otorgado a la parte tercero interesada Edgar Antonio Breceda García y/o Ángel Guillermo López Hernández, Nallely Carlos Chávez y Nancy Gabriela Breceda García, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del ocho al diez de octubre de dos mil dieciocho. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con la razón actuarial de siete de los actuales. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte tercero interesada Edgar Antonio Breceda García y/o Ángel Guillermo López Hernández, Nallely Carlos Chávez y Nancy Gabriela Breceda García, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, transcurrió del ocho al diez de octubre de dos mil dieciocho. Ahora, de la razón actuarial asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la citada parte tercero interesada, la resolución de cuatro de enero del año en curso, en razón de que ésta no señaló domicilio dentro del presente juicio de amparo para oír y recibir notificaciones, no obstante que se le requirió para ello al momento de ser emplazada (foja veintinueve); en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación de la referida resolución, así como las posteriores de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 1627/2018, promovido por Juan Carlos González Díaz; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Carlos González Díaz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Juez Primero del Ramo Mercantil de la Ciudad de Zacatecas.... b).- Actuaria Adscrita al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Victor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas.... IV.- ACTO RECLAMADO: a).- A la autoridad señalada como responsable del inciso a), le reclamo el tener como embargado un bien mueble (tractor) de mi legitima propiedad dentro del expediente marcado con el número 47/2018, Relativo al Juicio Mercantil Ejecutivo que se sigue ante el H. Juzgado Primero del Ramo Mercantil de este Distrito Judicial de Zacatecas y por el temor fundado de que el suscrito sea despojado del mismo bien, motivo por el cual procedo en la vía y forma que lo hago a efecto de que se decrete dejar fuera de embargado el mismo. b).- A la segunda autoridad señalada como responsable del inciso b), le reclamo el ilegal embargo que efectuó en fecha Veintiuno de Febrero de dos mil dieciocho (2018), según consta en la propia acta que obra agregada a los autos del expediente marcado con el número 47/2018 y mismo a que ya me réferi en el punto que antecede, porque dicho bien mueble (tractor) que se embargo ilegalmente es de mi legitima propiedad, tal como lo acredito con la respectiva factura original y misma que me permito anexar y adjuntar al presente para los efectos legales a que haya lugar." Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 13), se ordenó registrar con el número de expediente 1627/2018, se previno al quejoso para que precisara si era parte procesal dentro del juicio ejecutivo mercantil 47/2018, radicado ante el juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital; por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho cumplida la prevención, se admitió la demanda de amparo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tres de diciembre de dos mil dieciocho, conforme el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, constitucionales; 1°, fracción I, 33, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la integridad de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso reclama de las responsables, lo siguiente: El embargo trabado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en un bien mueble de su propiedad (tractor). Actos derivados del juicio ejecutivo mercantil número 47/2018 TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido al Juez Primero del Ramo Mercantil de la Ciudad de Zacatecas y Actuaria Adscrita al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Victor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 30 y 32). Lo anterior se corrobora con las constancias del juicio natural allegadas al presente sumario constitucional por las autoridad responsables; merecedoras de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su segundo numeral. Al respecto, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, este juzgador advierte, que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5, fracción I, todos de la ley en cita. De los artículos antes citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del quejoso; luego, sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, que vulnere sus derechos fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, constriñe a la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Así, para que prospere la acción constitucional en esos supuestos, es indispensable que la lesión de la que se duele la parte quejosa, vulnere de forma personal y directa su esfera jurídica (es decir, un bien o un derecho que se tiene en razón de una norma jurídica); por lo que cuando una persona aduce tener la posesión o propiedad sobre un bien, es necesario que lo acredite con el título jurídico que lo sustente, de manera que la petición del inconforme tenga una base jurídica, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que le asiste el derecho que dice tener. En ese sentido, el quejoso debe acreditar una afectación a su esfera jurídica por parte de los actos de autoridad que reclama, es decir, que el acto reclamado al derivar de una contienda jurisdiccional, afectó un derecho legítimamente tutelado; en el particular, el derecho de propiedad que aduce tener respecto del bien mueble consistente en un tractor tractor Ford 6610 de 84 HP. Rodado 18.4 x 34, sin caja de válvulas auxiliares y sin toldo, lo cual debe demostrar plenamente y no inferirse en base a presunciones, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Máxime que el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga la parte quejosa en que ese acto no subsista, sino de que acredite que lo reclamado en el juicio constitucional afecta su esfera jurídica, entendido esto como el derecho legítimamente tutelado en su favor por la legislación. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando la parte quejosa tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, el quejoso en su carácter de tercero extraño al procedimiento natural, solicita la protección de la Justicia Federal, manifestando que las autoridades responsables vulneraron sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin ser parte del procedimiento de origen se le embargó el bien mueble de su propiedad. El quejoso con el propósito de acreditar su interés jurídico que dice le asiste para promover el presente juicio de amparo, anexó a su escrito de demanda, la siguiente documental: Factura 234, de diecisiete de octubre del año mil novecientos ochenta y ocho, y que en su momento fuera expedida a nombre de Ejido Cañitas de Felipe, Pescador, en la que se aprecia una leyenda respecto a que el veinte de febrero de dos mil diecisiete Lorenzo González Hernández cedió los derechos a favor del quejoso, en relación con el tractor Ford 6610 de 84 HP. Rodado 18.4 x 34, sin caja de válvulas auxiliares y sin toldo. Medio de convicción que aun cuando se le otorgara valor probatorio para demostrar el acto traslativo de dominio que realizó Lorenzo González Hernández a Juan Carlos González Díaz, no es la prueba idónea para acreditar que la cesión de derechos del bien mueble motivo de litis es de fecha cierta y por lo tanto, no surte efectos contra terceros. Al respecto, los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, disponen que son documentos privados los que no reúnen los requisitos para ser considerados públicos, es decir, aquellos cuya formación no corresponde a un funcionario público revestido de fe pública y los que no han sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; que éstos deben ser presentados en original, como acontece en este enjuiciamiento, y que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. Ahora bien, tratándose de documentos privados que consignen actos traslativos de dominio, éstos tendrán valor probatorio, únicamente cuando sean de fecha cierta. Sobre el particular, se cita la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen, hacen prueba plena, con excepción de aquellos documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta." En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un documento debe considerarse de fecha cierta, cuando ha sido presentado ante un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Lo anterior fue expuesto en la jurisprudencia número 237, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." De ahí que si un documento privado que ampara un acto traslativo de dominio, carece de fecha cierta por no reunir los requisitos a que se ha hecho referencia, aun en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor título sobre la propiedad o posesión del bien, no acredita el interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio biinstancial, pues no demuestra la afectación de un derecho legítimamente tutelado, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. Inclusive, sobre la fecha cierta del endoso de facturas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la jurisprudencia P/J. 7/2001, que se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio. Al respecto, el rubro y texto de la tesis en comento es del tenor literal siguiente: "FACTURAS 'ENDOSADAS' A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por tanto, si el endoso contenido en el documento descrito previamente, carece de fecha cierta, por no constar que haya sido inscrito en la oficina de Registro Público, que haya muerto cualquiera de los contratantes, ni la fecha en que se haya entregado a un funcionario público, por razón de su oficio, es innegable que no acredita fehacientemente la titularidad del derecho que alega la parte quejosa sobre el bien mueble de mérito, pues no se tiene certeza de si la cesión de derechos fue emitida con anterioridad o posterioridad al embargo reclamado; lo cual conlleva a concluir que esa constancia resulta insuficiente para acreditar la afectación a la esfera jurídica del peticionario de amparo, y por ende, no demuestra el interés jurídico de éste para promover el juicio constitucional. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió la contradicción de tesis 52/97, cuyo texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Así, al no haber acreditado el quejoso ser propietario del bien mueble que defiende en el presente juicio a la fecha en que aconteció el acto reclamado, se concluye que no hay afectación a su esfera de derechos, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio constitucional en términos de lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, fracción V, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos González Díaz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Ciudad de Zacatecas y la actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Victor Rosales, con sede en villa de Cos, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de ésta resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy cuatro de enero de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos González Díaz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Ciudad de Zacatecas y la actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Victor Rosales, con sede en villa de Cos, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de ésta resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy cuatro de enero de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. .."
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