Juan Carlos García Cordero

Expediente 89/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
89/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
14/07/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos García Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    EJECUTORIA DE SOBRESEIMIENTO El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte tercero interesada, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y autoridad responsable del veintitrés de junio al seis de julio de dos mil diecisiete y para la parte quejosa del veintiocho de junio al once del presente mes y año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable o alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, en particular la certificación que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veinte de junio del año en curso que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Atendiendo a que se concedió la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera, se hace la aclaración que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva; así como que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su devolución o sobre su destino y tampoco existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 89/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Carlos García Cordero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: 1). Jefe del Departamento de Cartografía Dependiente de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN UN TERRENO RUSTICO UBICADO AL RAS DE LA CARRETERA FEDERAL ZACATECAS-GUADALAJARA, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DESLINDE DEL MISMO, TALES COMO PLANOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS DE POSESIÓN, OPINIÓN DE POSESIÓN O CUALESQUIER DOCUMENTO OFICIAL, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE UN DICTAMEN DE POSESIÓN DEL CITADO A FAVOR DE LOURDES DE OLIVA DÁVILA". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, ordenó su admisión y registro bajo expediente 89/2017; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a la tercera interesada; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La orden de desposesión del inmueble consistente en un terreno rustico de 23.55 (veintitrés punto cincuenta y cinco) metros de frente a carretera federal Zacatecas- Guadalajara, por 10.09 (diez puntos cero nueve) metros de fondo, con superficie de 237.61 (doscientos treinta y siete punto sesenta y uno) metros cuadrados, así como la emisión de documentos oficiales de deslinde del mismo, tales como planos certificados, constancias de posesión, opinión de posesión o cualesquier documento oficial y la emisión de un dictamen de posesión del predio a favor de Lourdes Oliva Dávila. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Certeza. El Jefe del Departamento de Cartografía Dependiente de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Sin embargo, de dicho informe se obtiene que la responsable manifestó que se realizaron trabajos de levantamiento topográfico, de medición y ubicación respecto al bien inmueble consistente en un predio rustico de 23.55 (veintitrés punto cincuenta y cinco) metros de frente a carretera federal Zacatecas- Guadalajara, por 10.09 (diez puntos cero nueve) metros de fondo, con superficie de 237.61 (doscientos treinta y siete punto sesenta y uno) metros cuadrados, por lo que deben tenerse como ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa de la autoridad en cita. Resulta aplicable al caso, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por tanto, la existencia de tal acto reclamado, quedó acreditada con la manifestación de la autoridad responsable y las documentales que se acompañó como complementos del informe justificado, consistentes en el plano de descripción topográfica que expidió a nombre de Lourdes Oliva Dávila (foja 26); copia certificada de la solicitud para la expedición de dicho plano por la tercera interesada Lourdes Oliva Dávila; de la escritura pública de ese bien inmueble a nombre de la citada parte procesal; del poder especial otorgado por la multicitada tercera en favor de María Auxilio Dávila Ávila; del oficio CRP-0103/2017 de veinticinco de enero del presente año, del recibo de pago F 556836 de veintiséis de enero siguiente y del oficio CRP-0134/2017, por el que se entrega el resultado del levantamiento topográfico en comento y copia certificada de la inscripción No 7, Fol. 39-47, Vol. 1679 Libro Primero Sección Primera de tres de junio de dos mil ocho, certificada por la Oficial de Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de esta ciudad (fojas 46 a 76); constancias a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la controversia constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, la tercera interesada Lourdes Oliva Ávila, por conducto de su autorizado José Alberto Zarate Juárez, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (foja 78), hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumentando toralmente que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso; además, para acreditar esa circunstancia, dicha parte procesal exhibió el original de la escritura pública quinientos treinta y cuatro, por la que se celebró un contrato de compraventa respecto del citado bien inmueble entre las citadas partes, el cual data de diez de septiembre de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público 38 de Guadalupe, Zacatecas, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta entidad federativa, el veintitrés de octubre de dos mil catorce (foja 36 a 40). La causa de improcedencia hecho valer por la citada parte procesal es fundada por las razones que a continuación se describen. Así, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional transcrito se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o, en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo; sin embargo, si se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Por su parte, los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de diversas clases de tribunal, entre los que se encuentran aquéllos de naturaleza administrativa; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente protegidos; de ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio contra actos provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Es sustento de lo expuesto, sin oponerse a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la propiedad y posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, II. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta para los efectos del juicio de amparo acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el bien cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, sin oponerse a la nueva ley de la materia, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en página 5, del tomo XV, febrero del 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora bien, si en el caso en estudio, lo reclamado es un acto emitido por una autoridad administrativa que ordena la desposesión de un bien inmueble, así como la emisión de documentos oficiales de deslinde, planos certificados, constancias y opinión de posesión de dicho bien, respecto de los cuales la parte quejosa aduce haber tenido conocimiento de esa circunstancia, el veinte de enero del año en curso, es necesario que quien comparece a promover juicio de amparo contra dichos actos, acredite la causa generadora de la posesión o propiedad mediante un instrumento eficaz y, así sostener, que tiene interés jurídico para solicitar la protección de la justicia federal. Ello en virtud a que aun cuando el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se define como posesión, necesariamente debe tener una causa, un origen, que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas, excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada), posesiones tuteladas por el artículo 14 de la Carta Magna. Así, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico, exhibió copia certificada de la escritura pública contenida en el acta veintisiete mil ochocientos dos, de cuatro de marzo de dos mil trece, en la que se hizo constar la protocolización de las constancias conducentes de las diligencias de jurisdicción voluntaria de rectificación de medidas del inmueble de que se trata, tramitadas ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de la capital, bajo el número 296/2012, aduciendo tener la posesión del mismo en su calidad de dueño, exhibiendo además fotografías de un predio sin existir certeza de su ubicación; medios de prueba que resultan insuficientes para acreditar dicho interés. Resulta de esa forma, porque aun cuando del citado instrumento notarial se obtiene que el quejoso y otros, tenían la propiedad de la totalidad del bien inmueble en comento, éste data del cuatro de marzo de dos mil trece, lo que se traduce en que ese hecho aconteció con anterioridad a la fecha de la celebración del contrato de compraventa de la fracción 4 (cuatro) de la fracción I (primera) del bien inmueble materia del presente juicio constitucional, que fue celebrado por el quejoso y demás copropietarios (vendedores) y la tercera interesada Lourdes Oliva Dávila (compradora), el diez de septiembre de dos mil catorce, ante la fe del Notario Público 38 de Guadalupe, Zacatecas, e inscrito el veintitrés de octubre de dos mil catorce en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como se desprende de las constancias que obran de foja 37 a 42 de autos. Además, esa información fue exhibida por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en complemento a su informe justificado, por lo que la circunstancia se comprueba con los citados documentos (fojas 46 a 63). Constancias, todas las anteriores a las que les reviste pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos. Así, en el caso que nos ocupa, la tercera interesada acreditó la propiedad del bien inmueble en comento con un documento que consigna un acto traslativo de dominio, respecto de la propiedad del mismo; que cumple con los requisitos para que dicha constancia sea considerada de fecha cierta, pues éste se celebró ante la presencia de un funcionario con fe pública. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se acredita de la siguiente forma: 1) A partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. 2) Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. 3) A partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se dan estos supuestos se estime justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros; tesis jurisprudencial la antes referida, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Derivado de lo anterior, se advierte que la documental exhibida por el quejoso, relatada con antelación, solo demuestra que promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria para rectificar medidas sobre un bien inmueble con la superficie, medidas y colindancias siguientes: Al sureste 47 (cuarenta y siete) metros y linda con José Santos Salas; al noreste en ochocientos cincuenta y cuatro metros con treinta centímetros con Pedro García Villa; al noroeste en línea quebrada en cinco medidas, la primera en sesenta y seis metros veinticinco centímetros; la segunda en setenta y cinco metros veinte centímetros; la tercera en setenta metros cincuenta centímetros; la cuarta en treinta y tres metros cincuenta centímetros, que lindan éstas con carretera federal Villanueva a Zacatecas; y, la quinta en ciento noventa y siete metros con el Ejido de Cieneguillas; al suroeste en tres líneas, la primera en trescientos cincuenta y un metros que linda con Alejandro Santillán; la segunda en doscientos dieciocho metros lindando con Miguel García y Ricardo Villasuso Valerio; y, la tercera en ciento quince metros con Rafael González, con una superficie total de 13-13-70.6487 hectáreas (foja 13). En tales condiciones, la parte quejosa no ofreció ninguna prueba que acreditara la identidad del predio que defiende; por tanto, al no haberse ofrecido la prueba idónea para acreditar la identidad del bien inmueble, como pudiera ser la prueba pericial, el promovente del amparo carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1606, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES.- Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Por su parte, la tercera interesada exhibió el medio de prueba relatado en líneas atrás, con la que demuestra que el diez de septiembre de dos mil catorce celebró contrato de compraventa con Juan Carlos García Cordero y otros, en su calidad de vendedores, respecto de una fracción 4 (cuatro), de la fracción I (primera) con superficie de 1,617.17 metros, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste en sesenta y un metros cuarenta y dos centímetros con fracción dos (2); al sureste en veintiocho metros diecisiete centímetros con fracción restante; al suroeste en veintinueve metros ochenta y dos centímetros con fracción restante; al suroeste en treinta y seis metros sesenta y siete centímetros con fracción restante; al noroeste en cinco metros treinta centímetros con fracción restante; y, al noroeste en veintitrés metros veinticinco centímetros, lindando carretera federal Villanueva-Zacatecas (foja 37) Por tanto, se concluye que el bien inmueble que señaló el quejoso en su demanda de amparo, no corresponde al mismo donde llevó a cabo los trabajos de medición la autoridad señalada como responsable, ni mucho menos acreditó ejercer propiedad respecto del mismo; en consecuencia no puede tenerse por demostrado el interés jurídico; y, por tanto un agravio personal y directo; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUAN CARLOS GARCÍA CORDERO, contra los actos reclamados al Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza, hoy veinte de junio de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las laborales de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 89/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Carlos García Cordero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: 1). Jefe del Departamento de Cartografía Dependiente de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN UN TERRENO RUSTICO UBICADO AL RAS DE LA CARRETERA FEDERAL ZACATECAS-GUADALAJARA, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DESLINDE DEL MISMO, TALES COMO PLANOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS DE POSESIÓN, OPINIÓN DE POSESIÓN O CUALESQUIER DOCUMENTO OFICIAL, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE UN DICTAMEN DE POSESIÓN DEL CITADO A FAVOR DE LOURDES DE OLIVA DÁVILA. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, ordenó su admisión y registro bajo expediente 89/2017; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a la tercera interesada; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La orden de desposesión del inmueble consistente en un terreno rustico de 23.55 (veintitrés punto cincuenta y cinco) metros de frente a carretera federal Zacatecas- Guadalajara, por 10.09 (diez puntos cero nueve) metros de fondo, con superficie de 237.61 (doscientos treinta y siete punto sesenta y uno) metros cuadrados, así como la emisión de documentos oficiales de deslinde del mismo, tales como planos certificados, constancias de posesión, opinión de posesión o cualesquier documento oficial y la emisión de un dictamen de posesión del predio a favor de Lourdes Oliva Dávila. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. Certeza. El Jefe del Departamento de Cartografía Dependiente de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Sin embargo, de dicho informe se obtiene que la responsable manifestó que se realizaron trabajos de levantamiento topográfico, de medición y ubicación respecto al bien inmueble consistente en un predio rustico de 23.55 (veintitrés punto cincuenta y cinco) metros de frente a carretera federal Zacatecas- Guadalajara, por 10.09 (diez puntos cero nueve) metros de fondo, con superficie de 237.61 (doscientos treinta y siete punto sesenta y uno) metros cuadrados, por lo que deben tenerse como ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa de la autoridad en cita. Resulta aplicable al caso, la tesis del rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por tanto, la existencia de tal acto reclamado, quedó acreditada con la manifestación de la autoridad responsable y las documentales que se acompañó como complementos del informe justificado, consistentes en el plano de descripción topográfica que expidió a nombre de Lourdes Oliva Dávila (foja 26); copia certificada de la solicitud para la expedición de dicho plano por la tercera interesada Lourdes Oliva Dávila; de la escritura pública de ese bien inmueble a nombre de la citada parte procesal; del poder especial otorgado por la multicitada tercera en favor de María Auxilio Dávila Ávila; del oficio CRP-0103/2017 de veinticinco de enero del presente año, del recibo de pago F 556836 de veintiséis de enero siguiente y del oficio CRP-0134/2017, por el que se entrega el resultado del levantamiento topográfico en comento y copia certificada de la inscripción No 7, Fol. 39-47, Vol. 1679 Libro Primero Sección Primera de tres de junio de dos mil ocho, certificada por la Oficial de Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de esta ciudad (fojas 46 a 76); constancias a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la controversia constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, la tercera interesada Lourdes Oliva Ávila, por conducto de su autorizado José Alberto Zarate Juárez, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (foja 78), hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumentando toralmente que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso; además, para acreditar esa circunstancia, dicha parte procesal exhibió el original de la escritura pública quinientos treinta y cuatro, por la que se celebró un contrato de compraventa respecto del citado bien inmueble entre las citadas partes, el cual data de diez de septiembre de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público 38 de Guadalupe, Zacatecas, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta entidad federativa, el veintitrés de octubre de dos mil catorce (foja 36 a 40). La causa de improcedencia hecho valer por la citada parte procesal es fundada por las razones que a continuación se describen. Así, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional transcrito se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o, en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo; sin embargo, si se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Por su parte, los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de diversas clases de tribunal, entre los que se encuentran aquéllos de naturaleza administrativa; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente protegidos; de ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio contra actos provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Es sustento de lo expuesto, sin oponerse a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la propiedad y posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, II. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta para los efectos del juicio de amparo acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el bien cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, sin oponerse a la nueva ley de la materia, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en página 5, del tomo XV, febrero del 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Ahora bien, si en el caso en estudio, lo reclamado es un acto emitido por una autoridad administrativa que ordena la desposesión de un bien inmueble, así como la emisión de documentos oficiales de deslinde, planos certificados, constancias y opinión de posesión de dicho bien, respecto de los cuales la parte quejosa aduce haber tenido conocimiento de esa circunstancia, el veinte de enero del año en curso, es necesario que quien comparece a promover juicio de amparo contra dichos actos, acredite la causa generadora de la posesión o propiedad mediante un instrumento eficaz y, así sostener, que tiene interés jurídico para solicitar la protección de la justicia federal. Ello en virtud a que aun cuando el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se define como posesión, necesariamente debe tener una causa, un origen, que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas, excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada), posesiones tuteladas por el artículo 14 de la Carta Magna. Así, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico, exhibió copia certificada de la escritura pública contenida en el acta veintisiete mil ochocientos dos, de cuatro de marzo de dos mil trece, en la que se hizo constar la protocolización de las constancias conducentes de las diligencias de jurisdicción voluntaria de rectificación de medidas del inmueble de que se trata, tramitadas ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de la capital, bajo el número 296/2012, aduciendo tener la posesión del mismo en su calidad de dueño, exhibiendo además fotografías de un predio sin existir certeza de su ubicación; medios de prueba que resultan insuficientes para acreditar dicho interés. Resulta de esa forma, porque aun cuando del citado instrumento notarial se obtiene que el quejoso y otros, tenían la propiedad de la totalidad del bien inmueble en comento, éste data del cuatro de marzo de dos mil trece, lo que se traduce en que ese hecho aconteció con anterioridad a la fecha de la celebración del contrato de compraventa de la fracción 4 (cuatro) de la fracción I (primera) del bien inmueble materia del presente juicio constitucional, que fue celebrado por el quejoso y demás copropietarios (vendedores) y la tercera interesada Lourdes Oliva Dávila (compradora), el diez de septiembre de dos mil catorce, ante la fe del Notario Público 38 de Guadalupe, Zacatecas, e inscrito el veintitrés de octubre de dos mil catorce en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como se desprende de las constancias que obran de foja 37 a 42 de autos. Además, esa información fue exhibida por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en complemento a su informe justificado, por lo que la circunstancia se comprueba con los citados documentos (fojas 46 a 63). Constancias, todas las anteriores a las que les reviste pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos. Así, en el caso que nos ocupa, la tercera interesada acreditó la propiedad del bien inmueble en comento con un documento que consigna un acto traslativo de dominio, respecto de la propiedad del mismo; que cumple con los requisitos para que dicha constancia sea considerada de fecha cierta, pues éste se celebró ante la presencia de un funcionario con fe pública. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se acredita de la siguiente forma: 1) A partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. 2) Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. 3) A partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se dan estos supuestos se estime justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros; tesis jurisprudencial la antes referida, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Derivado de lo anterior, se advierte que la documental exhibida por el quejoso, relatada con antelación, solo demuestra que promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria para rectificar medidas sobre un bien inmueble con la superficie, medidas y colindancias siguientes: Al sureste 47 (cuarenta y siete) metros y linda con José Santos Salas; al noreste en ochocientos cincuenta y cuatro metros con treinta centímetros con Pedro García Villa; al noroeste en línea quebrada en cinco medidas, la primera en sesenta y seis metros veinticinco centímetros; la segunda en setenta y cinco metros veinte centímetros; la tercera en setenta metros cincuenta centímetros; la cuarta en treinta y tres metros cincuenta centímetros, que lindan éstas con carretera federal Villanueva a Zacatecas; y, la quinta en ciento noventa y siete metros con el Ejido de Cieneguillas; al suroeste en tres líneas, la primera en trescientos cincuenta y un metros que linda con Alejandro Santillán; la segunda en doscientos dieciocho metros lindando con Miguel García y Ricardo Villasuso Valerio; y, la tercera en ciento quince metros con Rafael González, con una superficie total de 13-13-70.6487 hectáreas (foja 13). En tales condiciones, la parte quejosa no ofreció ninguna prueba que acreditara la identidad del predio que defiende; por tanto, al no haberse ofrecido la prueba idónea para acreditar la identidad del bien inmueble, como pudiera ser la prueba pericial, el promovente del amparo carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1606, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES.- Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. Por su parte, la tercera interesada exhibió el medio de prueba relatado en líneas atrás, con la que demuestra que el diez de septiembre de dos mil catorce celebró contrato de compraventa con Juan Carlos García Cordero y otros, en su calidad de vendedores, respecto de una fracción 4 (cuatro), de la fracción I (primera) con superficie de 1,617.17 metros, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste en sesenta y un metros cuarenta y dos centímetros con fracción dos (2); al sureste en veintiocho metros diecisiete centímetros con fracción restante; al suroeste en veintinueve metros ochenta y dos centímetros con fracción restante; al suroeste en treinta y seis metros sesenta y siete centímetros con fracción restante; al noroeste en cinco metros treinta centímetros con fracción restante; y, al noroeste en veintitrés metros veinticinco centímetros, lindando carretera federal Villanueva-Zacatecas (foja 37) Por tanto, se concluye que el bien inmueble que señaló el quejoso en su demanda de amparo, no corresponde al mismo donde llevó a cabo los trabajos de medición la autoridad señalada como responsable, ni mucho menos acreditó ejercer propiedad respecto del mismo; en consecuencia no puede tenerse por demostrado el interés jurídico; y, por tanto un agravio personal y directo; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUAN CARLOS GARCÍA CORDERO, contra los actos reclamados al Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza, hoy veinte de junio de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las laborales de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  4. Principal

    En ocho de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo (foja 27 vuelta); y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de las constancias que remitió el Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público, con residencia en esta ciudad, como justificación de sus actos. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 3249. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo (foja 27 vuelta); y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de las constancias que remitió el Jefe del Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro y Registro Público, con residencia en esta ciudad, como justificación de sus actos; luego, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, autorizado de la tercero interesada Lourdes Olivia Dávila (foja 35); en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante en vía alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano