Juan Carlos López Cervantes
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Carlos López Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En quince de agosto de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el uno de julio de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del once al quince de julio del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de uno de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. El uno de julio de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, CERTIFICA: que el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el uno de julio de dos mil veintidós, y la promoción de cumplimiento al citado requerimiento se presentó el treinta de junio del presente año. Doy Fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 13164.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de julio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a la parte quejosa Juan Carlos López Cervantes, cumpliendo con el requerimiento formulado el veintisiete de junio del presente año, y del cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Por tanto, una vez analizado el acto reclamado, así como la legislación de la que éste deriva, se obtiene que el presente juicio constitucional es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, que agote los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja y de la que se aduce agraviado. En ese contexto, de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio, se obtiene que el acto reclamado dentro del juicio 321/2021, lo constituye el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, a través del cual el juez responsable, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de Citlalli Elizabeth López Carmona, con cargo al demandado Juan Carlos López Cervantes, aquí quejoso, por el equivalente al 20% de todas y cada una de las percepciones que recibe. Ahora, la medida antes decretada, es decir, los alimentos provisionales, se encuentran contemplados en los artículos 711, 712 y 713, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que disponen: "Alimentos provisionales 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo. 713.- En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir los alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho su substanciará en juicio oral distinto y entretanto se seguirá abonando la suma señalada para alimentos. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de los alimentos se substanciarán en la vía incidental." Como se aprecia, los alimentos provisionales podrán decretarse en casos urgentes, para lo cual debe acreditarse (a) el título con el que se piden, es decir la relación entre quien los pide y quien debe otorgarlos; (b) las posibilidades -económicas- de quien debe darlos; y, (c) la urgencia de la medida. Luego, el último párrafo del artículo 712 relacionado, establece la procedencia de dos recursos relativos a estas medidas, a saber: (i) Cuando los alimentos provisionales sean negados, esa resolución es recurrible en queja ante el superior. (ii) Cuando sí se concedan los alimentos provisionales, tal determinación será apelable en efecto devolutivo. Lo anterior se encuentra sustentado además, por el artículo 374, fracción III del código en cita, que refiere: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (...) III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y (...)" Es decir, para que un auto sea apelable, necesariamente debe disponerlo la propia ley adjetiva; por lo cual se evidencia la clara intención del legislador en la redacción del último párrafo del artículo 712 relacionado al establecer los medios ordinarios de defensa en tratándose de resoluciones que decidan cuestiones atinentes a alimentos provisionales; específicamente, la procedencia del recurso de apelación para aquellas resoluciones que los conceden, como es el caso; de ahí que, como la propia ley ordinaria concede al agraviado un medio ordinario de defensa, es evidente que se encuentra compelido a interponerlo previo a la promoción del presente juicio de amparo. Es así pues se insiste, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le confiere, como en el caso lo es el recurso de apelación, previsto en el artículo 712, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas; por lo que, al no haber procedido conforme a lo previsto en tal numeral y no haber agotado el principio de definitividad, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por su parte, cabe precisar que no se advierte que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De la misma manera, no se actualiza la excepción señalada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso, sea tercero extraño al juicio de origen, toda vez que el amparista es parte demandada dentro del juicio del que deriva el acto reclamado; máxime que manifestó en su demanda de amparo que fue emplazado al juicio de origen e incluso se integró a la relación procesal al haber dado contestación a la demanda. Además, en el caso en estudio, la procedencia del recurso o medio de defensa no se encuentra sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el último párrafo del artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas es claro al establecer que el recurso de apelación procede contra la resolución que conceda los alimentos provisionales. Así pues, de lo antes expuesto, se concluye que el Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, en su artículo 712, sí prevé un medio de defensa específico (apelación en efecto devolutivo) en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, conforme al cual, podría ser modificada, revocada o nulificada, por tanto, debió interponerse antes de acudir al juicio de amparo. Así, al evidenciarse la causal de improcedencia descrita, corresponde sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, además, en la tesis I.4o.C.266 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El auto que decreta alimentos provisionales es un acto de ejecución irreparable, de los que refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así como por identidad jurídica en la tesis IX.3o.3 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DONDE AQUÉLLOS SE FIJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe acatarse cuando se reclama la medida provisional de alimentos que se fija en el auto admisorio de demanda, puesto que este proveído, aun cuando sólo se combata respecto de esa proposición, es impugnable a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 254, 936, 937, 946 y 947 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que tratándose del señalado acto reclamado no opera alguna excepción legal o jurisprudencial para omitir el cumplimiento del destacado principio de definitividad." A mayor abundamiento, es pertinente precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 85/2009, con registro digital 166028, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", determinó que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, sin embargo, de acuerdo con la legislación específica de cada entidad federativa, si se prevé algún recurso o medio de defensa específico en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, como es el caso, deberá interponerse antes de acudir al juicio de garantías. Ello es así, pues como ya se estableció, los alimentos provisionales se encuentran regulados en los artículos 711, 712 y 713 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas; en el caso a estudio, el acto reclamado se hizo consistir en la determinación emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, donde el juez responsable, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de Citlalli Elizabeth López Carmona, con cargo al demandado Juan Carlos López Cervantes, aquí quejoso, por el equivalente al 20% de todas y cada una de las percepciones que recibe. Ante ello, al encontrarse contemplado en el numeral 712 del Código citado, de manera expresa, la procedencia del recurso de apelación en efecto devolutivo, contra la determinación que decreta los alimentos provisionales, es claro y evidente, que la parte quejosa, debió haber agotado el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El uno de julio de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, CERTIFICA: que el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el uno de julio de dos mil veintidós, y la promoción de cumplimiento al citado requerimiento se presentó el treinta de junio del presente año. Doy Fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 13164.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de julio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a la parte quejosa Juan Carlos López Cervantes, cumpliendo con el requerimiento formulado el veintisiete de junio del presente año, y del cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Por tanto, una vez analizado el acto reclamado, así como la legislación de la que éste deriva, se obtiene que el presente juicio constitucional es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, que agote los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja y de la que se aduce agraviado. En ese contexto, de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio, se obtiene que el acto reclamado dentro del juicio 321/2021, lo constituye el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, a través del cual el juez responsable, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de Citlalli Elizabeth López Carmona, con cargo al demandado Juan Carlos López Cervantes, aquí quejoso, por el equivalente al 20% de todas y cada una de las percepciones que recibe. Ahora, la medida antes decretada, es decir, los alimentos provisionales, se encuentran contemplados en los artículos 711, 712 y 713, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que disponen: "Alimentos provisionales 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo. 713.- En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir los alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho su substanciará en juicio oral distinto y entretanto se seguirá abonando la suma señalada para alimentos. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de los alimentos se substanciarán en la vía incidental." Como se aprecia, los alimentos provisionales podrán decretarse en casos urgentes, para lo cual debe acreditarse (a) el título con el que se piden, es decir la relación entre quien los pide y quien debe otorgarlos; (b) las posibilidades -económicas- de quien debe darlos; y, (c) la urgencia de la medida. Luego, el último párrafo del artículo 712 relacionado, establece la procedencia de dos recursos relativos a estas medidas, a saber: (i) Cuando los alimentos provisionales sean negados, esa resolución es recurrible en queja ante el superior. (ii) Cuando sí se concedan los alimentos provisionales, tal determinación será apelable en efecto devolutivo. Lo anterior se encuentra sustentado además, por el artículo 374, fracción III del código en cita, que refiere: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (...) III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y (...)" Es decir, para que un auto sea apelable, necesariamente debe disponerlo la propia ley adjetiva; por lo cual se evidencia la clara intención del legislador en la redacción del último párrafo del artículo 712 relacionado al establecer los medios ordinarios de defensa en tratándose de resoluciones que decidan cuestiones atinentes a alimentos provisionales; específicamente, la procedencia del recurso de apelación para aquellas resoluciones que los conceden, como es el caso; de ahí que, como la propia ley ordinaria concede al agraviado un medio ordinario de defensa, es evidente que se encuentra compelido a interponerlo previo a la promoción del presente juicio de amparo. Es así pues se insiste, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le confiere, como en el caso lo es el recurso de apelación, previsto en el artículo 712, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas; por lo que, al no haber procedido conforme a lo previsto en tal numeral y no haber agotado el principio de definitividad, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por su parte, cabe precisar que no se advierte que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De la misma manera, no se actualiza la excepción señalada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso, sea tercero extraño al juicio de origen, toda vez que el amparista es parte demandada dentro del juicio del que deriva el acto reclamado; máxime que manifestó en su demanda de amparo que fue emplazado al juicio de origen e incluso se integró a la relación procesal al haber dado contestación a la demanda. Además, en el caso en estudio, la procedencia del recurso o medio de defensa no se encuentra sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el último párrafo del artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas es claro al establecer que el recurso de apelación procede contra la resolución que conceda los alimentos provisionales. Así pues, de lo antes expuesto, se concluye que el Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, en su artículo 712, sí prevé un medio de defensa específico (apelación en efecto devolutivo) en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, conforme al cual, podría ser modificada, revocada o nulificada, por tanto, debió interponerse antes de acudir al juicio de amparo. Así, al evidenciarse la causal de improcedencia descrita, corresponde sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, además, en la tesis I.4o.C.266 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El auto que decreta alimentos provisionales es un acto de ejecución irreparable, de los que refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así como por identidad jurídica en la tesis IX.3o.3 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DONDE AQUÉLLOS SE FIJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe acatarse cuando se reclama la medida provisional de alimentos que se fija en el auto admisorio de demanda, puesto que este proveído, aun cuando sólo se combata respecto de esa proposición, es impugnable a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 254, 936, 937, 946 y 947 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que tratándose del señalado acto reclamado no opera alguna excepción legal o jurisprudencial para omitir el cumplimiento del destacado principio de definitividad." A mayor abundamiento, es pertinente precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 85/2009, con registro digital 166028, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", determinó que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, sin embargo, de acuerdo con la legislación específica de cada entidad federativa, si se prevé algún recurso o medio de defensa específico en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, como es el caso, deberá interponerse antes de acudir al juicio de garantías. Ello es así, pues como ya se estableció, los alimentos provisionales se encuentran regulados en los artículos 711, 712 y 713 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas; en el caso a estudio, el acto reclamado se hizo consistir en la determinación emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, donde el juez responsable, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de Citlalli Elizabeth López Carmona, con cargo al demandado Juan Carlos López Cervantes, aquí quejoso, por el equivalente al 20% de todas y cada una de las percepciones que recibe. Ante ello, al encontrarse contemplado en el numeral 712 del Código citado, de manera expresa, la procedencia del recurso de apelación en efecto devolutivo, contra la determinación que decreta los alimentos provisionales, es claro y evidente, que la parte quejosa, debió haber agotado el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Juan Carlos López Cervantes, registrada con el folio 12697. Que Luis Guillermo de la Rosa Corvera tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Roberto Juárez González. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos López Cervantes, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 889/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El precepto 114, fracciones I y IV de la norma enunciada, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;" En correlación con lo anterior, el numeral 108, fracciones IV y V de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que en la demanda de amparo, se señalará con precisión la norma, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Asimismo, en la demanda se tendrán que expresar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, siendo que la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Por ende, el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa para que aclare la demanda cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y/o la autoridad responsable, o cuando no exponga los hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto reclamado. En el caso, del escrito de demanda se desprende que la parte inconforme señala en sus apartados de "III. La Autoridad Responsable" y "IV. El acto Reclamado" lo siguiente: "III. La Autoridad Responsable. Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas. IV. El acto Reclamado. El auto de fecha 15 de julio del año 2021, dictado por la autoridad responsable dentro del procedimiento Oral de Alimentos con número de expediente 321/2021. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Bajo protesta de decir Verdad manifiesto que los antecedentes que constituyen el acto reclamado son los siguientes: 1.-El suscrito, fui demandado por la C. Citlalli Elizabeth López Carmona, en fecha 13 de Julio del año 2021, dentro del escrito inicial de demanda, la ahora Tercero interesada, solicitó alimentos definitivos fundándose en los hechos y preceptos legales que a sus derecho convinieron, condenándome de nueva cuenta, al 20% de todas y cada una de mis percepciones ." Transcripción de la que se desprende que no existe claridad en cuanto al acto reclamado a la autoridad responsable, es decir, si la actuación de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 321/2021, del índice de la responsable es un auto de trámite, interlocutoria o sentencia condenatoria; además, omite precisar de manera concreta el contenido de dicha determinación. En correlación con lo anterior, la parte quejosa es omisa en señalar la data en la que fue notificada, tuvo conocimiento o bien, se ostentó sabedora del acto reclamado en su demanda. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que, dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: De manera clara y precisa señale si reclama la actuación de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 321/2021, como un auto de trámite, interlocutoria o sentencia condenatoria; además, deberá precisar de manera concreta el contenido de dicha determinación. Bajo protesta de decir verdad, señale la fecha en que fue notificado, tuvo conocimiento o bien, se ostentó sabedor del acto reclamado en su demanda. Exhiba cinco copias de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes, a saber: una para la autoridad señalada como responsable; una para la parte tercera interesada; una más para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; y dos para dar trámite al incidente suspensión solicitado; precisándose que la falta de copias para el incidente de suspensión, postergará su apertura. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que es esta, quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que es la parte promovente quien, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar el o los actos reclamados, por ser la directamente afectada, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos estipulados, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Luis Guillermo de la Rosa Corvera toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Roberto Juárez González, por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.
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