Juan Carlos Damian Allende

Expediente 902/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
902/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Damian Allende

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo de presente expediente como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Devolución de anexos. Se ordena devolver a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, las siguientes constancias: ? Copia autorizada de la carpeta judicial administrativa *. Sin que sea necesario que la jueza responsable acuse de recibo, dado que se trata de copias. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, a los terceros interesados y a las autoridades responsables (excepto a la que deben devolverse constancias), porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el acuerdo donde se declaró cumplido el fallo de protección. Aunado a que si la fiscal adscrita, el quejoso, los terceros interesados o el fiscal tercero interesado desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Puebla, Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el acuerdo donde se declaró cumplido el fallo de protección constitucional, por lo que se ordenó el archivo del cuaderno principal del cual deriva este incidente. Lo anterior constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fue otorgada la suspensión definitiva (respecto de uno de los actos reclamados). De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Sin embargo, con fundamento en el artículo 20 del mismo acuerdo general, el duplicado del incidente deberá resguardarse sólo durante seis meses. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente incidente como asunto concluido. Inexistencia de documentos y garantías. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este incidente no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa. Carátula del incidente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este incidente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del mismo; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 902/2022-II. En la misma fecha, se da cuenta a la jueza con la certificación secretarial precedente y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para el quejoso, obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con los efectos precisados en la sentencia2 . Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución3 . En ese sentido, resalta que en la audiencia constitucional de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la cual por una parte se sobreseyó en el juicio, pero por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ++++++++++++++++++++. Luego, en proveído de dieciséis de noviembre siguiente causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento, quedando sujetas al cumplimiento de los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de catorce de julio de dos mil veintidós, librada contra Juan Carlos Damián Allende dentro de la causa penal ++++++++++++++++ ; 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá: a) Precisar el hecho criminoso por el cual ejercitó acción penal el agente del Ministerio Público; b) Verificar, de manera fundada y motivada, si los datos de prueba aportados por la fiscalía permiten establecer que se ha cometido ese hecho; c) Fijar, de manera funda y motivada, la hipótesis jurídica en la que encuadra ese cuadro fáctico - en el entendido de que podrá otorgarle una clasificación jurídica diversa a la propuesta por el fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 143, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales-; d) Analizar si en el caso se justifica la probabilidad de que Juan Carlos Damián Allende haya participado en su comisión. e) En caso afirmativo, con libertad de jurisdicción, deberá examinar si el agente del Ministerio Púbico justificó la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada. Cabe indicar, que la presente sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios de forma detectados. Además, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la solicitud de orden de aprehensión en determinado sentido, sino, en su caso, únicamente que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento.". En cumplimiento de lo anterior, en primer lugar, el titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla informó -mediante oficio de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós- que instruyó al Director de Atención a Mandamientos Judiciales, para que dejara sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión librada contra el quejoso el catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ++++++++, remitiendo copia del oficio correspondiente. Por su parte, en el diverso oficio +++++++++++++++ la jueza responsable comunicó la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la causa ++++++++++++++++++ de su índice, donde atendió la solicitud ministerial de orden de aprehensión contra Juan Carlos Damián Allende. Ahora, las constancias remitidas por las autoridades responsables tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, de modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas se ajustan a los efectos de la protección otorgada. De inicio, destaca que la jueza responsable, como primer paso al cumplimiento del fallo, dejó insubsistente la orden de aprehensión de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada en la causa penal +++++++++++++ únicamente por cuanto hace al quejoso ++++++++++++++++++++++. Acto seguido, emitió una nueva determinación a fin de resolver sobre la solicitud de la fiscalía, respecto al libramiento de una orden de aprehensión contra el mismo. Para ello, emprendió un análisis de los datos de prueba aportados por la fiscalía, primero desde la óptica del delito de desaparición forzada (sic) de personas cometida por particulares, pero concluyó que el cuadro fáctico emanado de esos actos de investigación no encuentra adecuación en el ilícito de referencia; por el contrario, sostuvo que ese hecho se adecua a lo descrito por la norma como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 324, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 12, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de +++++++++++++++++++++++. En consecuencia, prosiguió a analizar si en el caso se justificaba la probabilidad de que quejoso Juan Carlos Damián Allende hubiera participado en su comisión, concluyendo en sentido afirmativo. Por último, determinó que el agente del Ministerio Público investigador había justificado que en el caso existía necesidad de cautela que hacía imperioso el libramiento de una orden de aprehensión en contra del hoy quejoso; ello al considerar actualizado un riesgo de sustracción de la justicia, así como un peligro de obstaculización para la indagatoria. Entonces, la jueza responsable resolvió librar orden de aprehensión en contra de ++++++++++++++++++++++++, por su probable intervención en el hecho descrito por la norma como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 324, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 12, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ++++++++++++++++++, pero negó dicho mandamiento de captura por lo que hace al diverso hecho ilícito de desaparición forzada (sic) de personas cometida por particulares. Por su parte, se observa que en cumplimiento a lo anterior, el titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla instruyó al Director de Atención a Mandamientos Judiciales para que dejara sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión librada contra el quejoso el catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ++++++++++++++++++. Como se ve, el cumplimiento de las autoridades responsables se traduce en la restitución del quejoso en el ejercicio de sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, ya que en la nueva determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós se precisó de manera adecuada la hipótesis jurídica en la que encuadra el cuadro fáctico que emana de los actos de investigación desplegados por el agente del ministerio público, y solo por éste se libró la orden de aprehensión en su contra. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo al quejoso en sentencia emitida en audiencia constitucional de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; b) El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la jueza responsable su cumplimiento; a) La Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, cumplió la protección constitucional, mediante la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós; b) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de este juzgado la totalidad de las constancias con las que la Jueza responsable informó dicho cumplimiento; y c) En la presente fecha -seis de diciembre de dos mil veintidós- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, por lista a los terceros interesados, por oficio al agente del Ministerio Público tercero interesado y a las autoridades responsables; y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe informe de cumplimiento de la sentencia. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla. En éste, atiende el requerimiento formulado en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, pues informa las gestiones realizadas con las cuales, a su consideración, ha cumplido en su totalidad el fallo de protección constitucional emitido en este asunto. Como justificante de lo anterior, el oficio de cuenta contiene la transcripción de la resolución de veintidós de noviembre del año en curso, emitido dentro de la causa  en la cual atendió la solicitud ministerial de orden de aprehensión contra *. De lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia. Toda vez que la autoridad responsable aduce haber cumplido el fallo de protección emitido en el presente juicio mediante la resolución pronunciada el veintidós de noviembre del año en curso, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de mérito, así como el informe de cumplimiento rendido por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, acordado el veinticuatro del mes y año actual. Lo anterior, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y, de ser el caso, manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del cumplimiento pronunciado por las autoridades responsables. Se les hace saber que de no manifestarse dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a acordar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese,

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