Juan Carlos Castillejos Castillejos

Expediente 856/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
856/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos Castillejos Castillejos
  • Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Juan Carlos Castillejos Castillejos; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el toca civil 04/2020-II, formado con compulsas del expediente 147/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales obran por cuerda separada en dos tomos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 7 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 856/2020-7, promovido por Juan Carlos Castillejos Castillejos. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y el informe rendido por la autoridad responsable; asimismo, se da cuenta con las copias certificadas del Toca Civil 04/2020-II y el Juicio Ejecutivo Mercantil 147/2015, que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, misma que por su voluminosidad obran por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 856/2020-7, promovido por Juan Carlos Castillejos Castillejos contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante resolución de uno de octubre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo presentada por la parte quejosa Juan Carlos Castillejos Castillejos, ante la autoridad responsable el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, toda vez que no era procedente la vía directa intentada, al no encontrarse el acto reclamado en alguno de los supuestos dispuestos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que, en oficio 1952, envió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común para que la enviara al Juzgado de Distrito que por turno le correspondiera conocer el asunto. La Oficina de Correspondencia Común recibió el referido oficio el ocho de octubre de dos mil veinte y turnó la demanda a este órgano jurisdiccional el mismo día. Ahora bien, de la referida demanda se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: A C T O R E C L A M A D O "a) De la SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO (autoridad Ordenadora), se reclama la indebida, infundada, incongruente y arbitraria sentencia definitiva de fecha 26 de JUNIO DEL AÑO 2020, practicada dentro del toca civil (04/2020-II, relativo al expediente de origen 147/2015, fallo que me genera y me deja en estado de indefensión jurídica omitiendo a los derechos fundamentales de la Legalidad, la Seguridad Jurídica, la Equidad y el Debido Proceso que están contemplados en los numerales 14, 16 y 17 de nuestra ley fundamental, ante tal evento de transgresión a mis derechos, recurro a esta autoridad de amparo, para los efectos de que me sean restituidas las garantías violadas por la autoridad ordenadora en su respectivo actuar." [sic] A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO (.)" SEGUNDO. SE ACEPTA COMPETENCIA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA. El nueve de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se avoco al conocimiento de la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 856/2020-7; sin que fuera necesario requerir a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, toda vez que, el mismo ya se encontraba en autos; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 26/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La sentencia dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el Toca Civil 04/2020-II, de su índice, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio ejecutivo mercantil 147/2015. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en representación de la referida Sala que preside, rindió informe justificado, en el que aceptó la existencia del acto reclamado y remitió la copia certificada del Toca Civil 04/2020-II, de su índice, y la copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil 147/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco . Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión de asunto, a manera de antecedentes del acto reclamado, se señala lo siguiente: 1.- Seguida la secuela procesal del juicio ejecutivo mercantil 147/2015, el nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dictó sentencia en la que determinó condenar al demandado -aquí parte quejosa-, a lo siguiente: "TERCERO. Se condena a la parte demanda JUAN CARLOS CASTILLEJOS CASTILLEJOS, como acreditado, a pagar a HSBC MÉXICO, S. A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por conducto del licenciado MARIO ARCEO RODRÍGUEZ, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas o quien legalmente la represente, las siguientes cantidades: $657,680.92 (seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 92/100 moneda nacional) por concepto de capital vencido al diez de noviembre de dos mil catorce. $320,071.36 (trecientos veinte mil setenta y un pesos 36/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios vencidos al diez de noviembre de dos mil catorce, más los que se sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón de una tasa fija del 24% (veinticuatro por ciento) anual conforme a lo pactado en el punto 11.2 párrafo segundo del capítulo segundo, del contrato base de la acción. $51,211.41 (cincuenta y un mil doscientos once pesos 41/100 moneda nacional) por concepto de IVA de los intereses moratorios vencidos al diez de noviembre de dos mil catorce, más los que se sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base de la acción. El pago de los intereses ordinarios, cuantificados hasta que cause ejecutoria la presente resolución y que cuantifique el actor en ejecución de sentencia a razón de una tasa anual de 24% (veinticuatro por ciento), acorde a lo pactado en el contrato base de la acción en el punto 11. Gastos y costas incluyendo los honorarios profesionales, que se justifique plenamente en ejecución de sentencia, conforme se dispone en los artículos 1082, 1083 y 1084 del Código de Comercio en vigor." 2.- Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada Juan Carlos Castillejos Castillejos -aquí parte quejosa- interpuso recurso de apelación, el cual se registró bajo el expediente Toca Civil 740/2016 y fue resuelto en sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. 3.- En contra de la anterior determinación, la parte demandada presentó juicio de amparo, mismo que se registró bajo el expediente 1447/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito; en sentencia de veinte de abril de dos mil diecisiete, se resolvió en el sentido de negar el amparo. 4.- Luego, en auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco declaró que la sentencia definitiva dictada el nueve de agosto de dos mil dieciséis había causado ejecutoria, por lo que procedió a notificar a las partes. 5.- Posteriormente, el doce de junio de dos mil diecinueve, fue presentado el incidente de liquidación de sentencia, dándosele tramite el diecisiete de junio del referido año; mismo que se resolvió en sentencia interlocutoria de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el que se resolvió lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO. Ha procedido la vía incidental y este Juzgado es competente para conocer y fallar en el presente asunto. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando III (Tercero) de esta resolución, SE APRUEBA el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, promovido por el licenciado FELIPE DE JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ con el carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución Bancaria denominada HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por las cantidades siguientes: $615,150.89 (SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios generados al once de noviembre del dos mil catorce, al trece de septiembre del dos mil dieciocho. $1'431,113.68 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses moratorios generados al once de noviembre del dos mil catorce, al treinta de abril del dos mil diecinueve. $228,978.19 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de IVA sobre intereses moratorios. TERCERO. Se concede al demandado incidentado JUAN CARLOS CASTILLEJOS CASTILLEJOS, como acreditado; el plazo de tres días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, para que haga pago a la ejecutante institución Bancaria denominado HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través del licenciado FELIPE DE JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ, con el carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y/o quien legalmente lo represente, de las cantidades aprobadas en este incidente; advertido que de no hacerlo se procederá conforme a derecho, a petición de parte interesada. CUARTO. Resulta improcedente condenar al ejecutado al pago de la suerte principal, de los intereses ordinarios y moratorios derivados del presente juicio, por las razones expuestas en el Considerando V (Quinto) de esta sentencia." 6.- Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada -aquí parte quejosa- interpuso recurso de apelación, el cual se registró bajo el expediente Toca Civil 04/2020-II y fue resuelto en sentencia de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en la que se determinó lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultaron infundados e inoperantes los motivos de agravios hechos valer por Juan Carlos Castillejos Castillejos, parte ejecutada. TERCERO. Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en las compulsas del cuadernillo de incidente de liquidación de sentencia, promovido por el licenciado Felipe de Jesús Pérez González, apoderado general para pleitos y cobranzas de la Institución Bancaria denominada HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra de Juan Carlos Castillejos Castillejos, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa número 147/2015, promovido por el licenciado Mario Arceo Rodríguez, apoderado general para pleitos cobranzas de la institución bancaria denominada HSBC México, .S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra de Juan Carlos Castillejos Castillejos. CUARTA. Por los motivos expuestos en el considerando VI de esta resolución, se condena al apelante Juan Carlos Castillejos Castillejos, al pago de los gastos y costas, en ambas instancias, a favor de la ejecutante, mismas que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia, conforme lo estime justo la juzgadora, acorde a los diversos artículos 1083, 1086 y demás relativos del Código de Comercio vigente para actos de comercio anteriores al 23 julio de 1996. QUINTO. Notifíquese personalmente la presente resolución, y remítase copia autorizada de la misma al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido." Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Ahora bien, la parte quejosa manifiesta que le causa perjuicio la sentencia porque la autoridad responsable confirma la sentencia recurrida en la que reitera que el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve le fue notificado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, ya que el mismo le fue notificado el veinte de junio de dos mil diecinueve, por lo que conforme al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se tiene tres días para dar contestación, imperando el hecho que una notificación personal surte efectos al siguiente día de su notificación. Asimismo, la parte quejosa señala que presentó su escrito de contestación al incidente de liquidación en tiempo y forma el veintiséis de junio de dos mil diecinueve a las dos horas con treinta y nueve minutos, y por error judicial la autoridad señala que le notificó el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, siendo lo correcto el veinte de junio de dos mil diecinueve. En apoyo a lo anterior, cita la tesis aislada I.3o.C. K de rubro "ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL". Al respecto, la parte quejosa también manifiesta que consta en autos que le fue notificado el incidente de liquidación el veinte de junio de dos mil diecinueve. Además, la parte quejosa señala que el computo es incorrecto porque se le tiene contestando fuera de término y en consecuencia no valora su escrito de contestación. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. La autoridad responsable en la sentencia impugnada señala que el artículo 1075 del Código de Comercio prevé que los términos judiciales empezarán a computarse desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos el emplazamiento y se contara en ellos el día de vencimiento; apoyándose para ello en la Jurisprudencia 1a./J.87/2006, de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro: "CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN DEBE COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO." En ese contexto, la responsable señaló que, si la notificación se llevó a cabo el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, surtió efectos el veinte de junio de ese año, el cómputo empezó a correr el veintiuno de junio de dos mil diecinueve y concluyó el veinticinco de junio del citado año, por lo que el escrito presentado por el ejecutado devenía extemporáneo. Ahora bien, de las fojas 21 y 23 del Toca Civil 04/2020-II, se advierte que el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia se le notificó al demandado -aquí parte quejosa- el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mismas que se traen a la vista para mejor referencia: De las anteriores imágenes, se desprende que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve se le notificó el diecinueve siguiente; sin que en autos obre prueba en contrario y sin que el quejoso compruebe que la referida diligencia de notificación se realizó el veinte de junio de dos mil diecinueve, como podría ser el acuse que se le entregó en la referida diligencia. En ese orden de ideas, es correcto lo determinado por la autoridad responsable al confirmar la extemporaneidad del escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, toda vez que el auto de admisión del incidente de liquidación de sentencia se le notificó el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, surtió efectos el veinte siguiente, por lo que el plazo transcurrió del veintiuno al veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Por lo anterior, se comprueba que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, el escrito de contestación del incidente de liquidación se presentó de manera extemporánea, porque se comprobó que su admisión se le notificó personalmente el diecinueve de junio de dos mil diecinueve -de las precitadas fojas 1 y 23 del Toca Civil 04/2020-II-, en consecuencia, el cómputo realizado es correcto de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, por lo que no existe error judicial. Cabe mencionar que, para reforzar su argumento la parte quejosa cito la tesis aislada I.3o.C. K de rubro "ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL"; misma que no le beneficia, pues como se analizó y expuso con anterioridad no existe error judicial por parte de la autoridad responsable. Por otra parte, la parte quejosa señala que la sentencia, de manera indebida y vulnerando en su perjuicio el debido proceso porque señala que su argumento referente a que la sentencia no ha causado ejecutoria es ineficaz, al no impugnar el acuerdo. Asimismo, señala que la autoridad responsable no toma en cuenta que existe un recurso de revisión 114/2019-V que presentó ante el Juzgado Tercero de Distrito del estado de Tabasco, por lo que la sentencia no ha adquirido autoridad de cosa juzgada, indica la finalidad es no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. La autoridad responsable, mencionó que la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil dictada el nueve de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria el trece de septiembre de dos mil dieciocho y que, al no existir impugnación contra el referido acuerdo, le reviste el carácter de cosa juzgada. Asimismo, la autoridad responsable señaló que los argumentos de los que trata el expediente 114/2019-V, del índice de este juzgado no fueron parte de la litis incidental, pues reitera que la contestación fue extemporánea. Ahora bien, es correcta lo señalado por la autoridad responsable, en el sentido de que el referido juicio de amparo 114/2019-V, del índice de este órgano jurisdiccional, no tenía relación con la litis planteada en el recurso de apelación que promovió la parte quejosa porque, por una parte, la sentencia principal del juicio ejecutivo mercantil causo ejecutoria en auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que está amparada bajo la figura de cosa juzgada. Y, por otra parte, el juicio de amparo 114/2019-V, no se relaciona con el juicio primigenio, el cual ya se encuentra en liquidación de sentencia, mientras que en el referido juicio de amparo, el acto lo reclamó Oralia Brabata Domínguez, esposa de la aquí parte quejosa Juan Carlos Castillejos Castillejos en el presente juicio, en carácter de tercero extraña a juicio y cuyo acto reclamado precisamente consistía en ilegal notificación y/o falta de emplazamiento a juicio 147/2015 relativo al juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. El citado juicio de amparo 114/2019-V fue sobreseído en sentencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la cual causó ejecutoria el seis de junio siguiente. Entonces, como se adelantó en párrafos anteriores su concepto de violación en infundado porque contrario a lo expuesto por la parte quejosa, a la sentencia del juicio ejecutivo mercantil dictada el nueve de agosto de dos mil dieciséis sí le reviste el carácter de cosa juzgada, lo cual se determinó en auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho; cuyo auto no se impugnó. Para fortalecer sus ideas, la parte quejosa señalo la jurisprudencia 1a./J.30/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES", misma que no se contradice con lo expuesto por este juzgador. En otro orden de ideas, la parte quejosa señala que no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que se vulnera su debido proceso porque la juez primigenia realizó un cómputo erróneo y al hacerlo le impide que se atiendan los agravios que expuso en su contestación al incidente de liquidación. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Del transcrito precepto constitucional se desprende que el derecho de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Por su parte, la jurisprudencia P./J. 49/95, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Así, el derecho fundamental de audiencia consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Debe tenerse en cuenta que este derecho sólo es aplicable tratándose de actos privativos entendidos como los que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, pese a causar una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora bien, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa no se advierte que exista violación procesal porque como se vio con anterioridad, el auto de admisión del incidente de liquidación de sentencia se le notificó el día diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por lo que tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos dentro del incidente de liquidación de sentencia, lo que no ocurrió pues presentó su escrito de contestación de manera extemporánea. Para sustentar su idea, la parte quejosa refirió la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno del Atlo Tribunal de Justicia, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."; la cual, es acorde a lo resuelto con anterioridad. Por otra parte, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable permite que la juez apruebe el interés ordinario y el interés moratorio, lo que implica usura porque se trata de doble interés; por lo que se deje llevar por la simple costumbre bancaria. También señala que el condenarlo pagar el interés más el impuesto al valor agregado (IVA), quintuplica los intereses, lo que es totalmente erróneo. Asimismo, señala que la autoridad responsable malinterpreta su agravio respecto a la sentencia interlocutoria porque no existe ni corre agregado la factura electrónica que ampara, describa y sustente el concepto que debe pagar por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), y estaba obligado el incidentista a entregar la factura y el registro federal de contribuyentes. Los citados conceptos resultan inoperantes por lo que a continuación se expone. De la interpretación sistemática de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desprende la técnica de análisis constitucional del acto reclamado, conforme a la cual el examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, salvo en los que procede la suplencia de la queja, deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más que por sí solas sean suficientes para regir el sentido del fallo, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto, de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Asimismo, la inoperancia también ocurre cuando los conceptos de violación sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior, introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable o se basan en postulados no verídicos. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.1o.C.J/1, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, diciembre de 2015, materia común, página 1086, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." Su argumento resulta inoperante porque ya existe cosa juzgada respecto al tema de intereses, pues en la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil se estableció lo siguiente: "TERCERO. Se condena a la parte demanda JUAN CARLOS CASTILLEJOS CASTILLEJOS, como acreditado, a pagar a HSBC MÉXICO, S. A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por conducto del licenciado MARIO ARCEO RODRÍGUEZ, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas o quien legalmente la represente, las siguientes cantidades: $657,680.92 (seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 92/100 moneda nacional) por concepto de capital vencido al diez de noviembre de dos mil catorce. $320,071.36 (trecientos veinte mil setenta y un pesos 36/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios vencidos al diez de noviembre de dos mil catorce, más los que se sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón de una tasa fija del 24% (veinticuatro por ciento) anual conforme a lo pactado en el punto 11.2 párrafo segundo del capítulo segundo, del contrato base de la acción. $51,211.41 (cincuenta y un mil doscientos once pesos 41/100 moneda nacional) por concepto de IVA de los intereses moratorios vencidos al diez de noviembre de dos mil catorce, más los que se sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base de la acción. El pago de los intereses ordinarios, cuantificados hasta que cause ejecutoria la presente resolución y que cuantifique el actor en ejecución de sentencia a razón de una tasa anual de 24% (veinticuatro por ciento), acorde a lo pactado en el contrato base de la acción en el punto 11. Gastos y costas incluyendo los honorarios profesionales, que se justifique plenamente en ejecución de sentencia, conforme se dispone en los artículos 1082, 1083 y 1084 del Código de Comercio en vigor." De la anterior transcripción se desprende que fue condenado al pago de intereses moratorios vencidos y por concepto de impuesto sobre el valor agregado, por lo cual, al existir sentencia firme sobre los argumentos planteado por el quejoso, este órgano jurisdiccional no puede entrar a su estudio. Por otra parte, la parte quejosa manifiesta que en la sentencia interlocutoria la autoridad responsable no entró al análisis de las excepciones que hizo valer en su escrito de contestación de incidente de liquidación. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. Ahora bien, la autoridad responsable señaló que el agravio referente a que la jueza no contestó a cada una de las excepciones que hizo valer en su recurso no podía conocerlo, toda vez que estaba prohibido de conformidad con los artículos 1353, 1354 y demás del Código de Comercio, pues sólo debe atender a las acciones deducidas y excepciones opuestas, por lo que si el escrito de contestación al incidente de liquidación fue extemporáneo, es claro que sus acciones y excepciones no se tomaran en cuenta. Por lo anterior, se considera infundado el argumento de la parte quejosa, porque como bien refiere la autoridad demandada, al ser extemporáneo su escrito, sus acciones y excepciones no formaron parte de la litis del incidente de liquidación, por lo que no procedía que las estudiara, toda vez que la parte quejosa intenta que los agravios expuestos en su escrito de contestación al incidente de liquidación extemporáneo sean estudiado en la segunda instancia. En otro orden de ideas, la parte quejosa también señaló que se debe tener cuenta el principio pro persona y el control de convencionalidad al resolver el asunto porque le asiste el derecho de indemnización, al ser condenada en sentencia firme por error judicial. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. Ahora bien, la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, determinó que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados debas ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la pretensión más amplia que aduzca, cuando tales interpretaciones no encuentre sustento en las reglas de derecho aplicables, pues es conforme a estas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. La citada jurisprudencia se transcribe para mayor referencia: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En virtud de lo anterior, se considera infundado el argumento planteado porque contrario a lo que reitera la parte quejosa no existe error judicial en la sentencia, porque fue debidamente notificada para contestar el incidente de liquidación de sentencia, el cual presentó de manera extemporánea; por lo que, el principio pro persona no implica que deba resolverse conforme a sus pretensiones, si no se comprueba que le asista la razón. En tal virtud, ante lo infundado e inoperantes de sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos Castillejos Castillejos, en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando SEXTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Incidental

    En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las nueve horas con veinticuatro minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, día y hora señalados por este juzgado de distrito para que tenga verificativo la presente audiencia incidental; encontrándose presente Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes. A continuación, se declara abierta la audiencia a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. La Secretaria procede a hacer relación de las constancias de autos y da cuenta al Juez con la copia simple de la demanda de amparo y con el proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, en el que se aperturó el presente incidente y se fijó fecha y hora para la presente audiencia; asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, registrado bajo el folio 7417. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta, y por rendido el informe previo de la autoridad responsable, en términos del artículo 140 de laLey de Amparo. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Finalmente la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. El Juez acuerda: se tiene por practicada la certificación secretarial, y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 8562020-7; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO: Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, por Juan Carlos Castillejos Castillejos, solicitó la suspensión del acto reclamado a la Segunda Sala ivil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el cual hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS La resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 04/2020-II, en la que confirmó la resolución interlocutoria de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el cuadernillo de incidente de liquidación de sentencia, promovido por el tercero interesado. AUTORIDAD RESPONSABLE Sentido del Informe previo Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Admite el acto reclamado SEGUNDO. En proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, este Juzgado ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se señaló fecha y hora para l???? celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada en el Toca Civil 04/2020-II; considerando que dicho acto ya se emitió y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues determinar lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA, Con fundamento en los artículos 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto reclamado, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, y no se ejecute la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, hasta en tanto la responsable reciba la notificación de la sentencia ejecutoriada que se emita en el juicio principal del que deriva este incidente, siempre y cuando no se haya ejecutado, al momento de decretar la presente medida cautelar, pero para que continúe surtiendo sus efectos, se fijará caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que la tercero interesada pueda resentir con motivo de la medida cautelar concedida. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 37/2018, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 822, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): Común, que literalmente dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece que tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, de modo que sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su sostenimiento. Ahora bien, si quien solicita la suspensión de la ejecución del laudo se ostenta como tercero extraño al juicio laboral, esa calidad constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia en los términos indicados, porque si lo que demanda es precisamente que se afectaron sus bienes o derechos sin haber sido oído y vencido en la contienda laboral, sería contrario a la naturaleza del fin que persigue el quejoso que se le impusiera un deber que sólo corresponde a quienes sí fueron condenados, máxime que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador ya no es recuperable. No obstante lo anterior, en estos casos, para obtener la suspensión de la ejecución del laudo, quien se ostenta en el juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable, en términos del artículo 132de la Ley de Amparo. Respecto a los daños y perjuicios, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 42/2014, estableció en lo que aquí interesa, lo iguiente: En primer término definió que: Los daños se entienden como la pérdida o menoscabo que al tercero perjudicado le acarrea no disponer de cierta cantidad durante el tiempo que dure el juicio de garantías. Los perjuicios, se definen como la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica desde que se concede la suspensión, la prestación pecuniaria a la que tiene derecho. Que conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado consista en una condena líquida o estimable en dinero, el monto de la caución para conceder la suspensión, debe limitarse a calcular, sobre el monto de la condena, los daños, entendidos como la depreciación o pérdida de valor adquisitivo que esa cantidad sufra durante la tramitación del juicio de amparo, así como los perjuicios, entendidos como los rendimientos que la misma pudiese aportar durante el mismo lapso. Que por tanto, respecto a la determinación de los daños al tener que Garantizarse que el dinero del cual no se dispuso, refleje el daño patrimonial que se sufrió por esta situación, deberá calcularse atendiendo a la alteración que sufrió el dinero durante el lapso que duró la suspensión decretada en el juicio de amparo, por lo que el parámetro para calcular los daños, era el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser el que refleja la pérdida del valor del dinero en el mercado. Por lo que hace al cálculo de los perjuicios, donde se busca obtener el rendimiento que el dinero pudo generar durante un tiempo determinado, esto es, la suma equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal suma de dinero, debía calcularse conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), ya que es un indicador que refleja el rendimiento que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple.????????????? En tal sentido, estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a fin de cuantificar los daños y perjuicios que se generaron por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo, se debe recurrir, por un lado, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación para cuantificar los daños, y a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, publicada también en el Diario Oficial de la Federación para calcular los perjuicios. Esto es, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, precisó que el importe de los daños y perjuicios debe estar integrado por dos cantidades, ya que, por una parte, se debe resarcir el valor de la moneda, puesto que ésta va perdiendo poder adquisitivo por el simple transcurso del tiempo y, por otra parte, debe restituirse el ingreso lícito que hubiera podido obtener dicha persona si hubiera contado con la disponibilidad de la cantidad en cuestión, lo que se refleja de manera clara acudiendo a dichos parámetros por separado. Con base en las consideraciones anteriores, al determinarse por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación que la fijación de la garantía por daños y perjuicios en este caso, donde existe una condena líquida precisada en una resolución, que son dos conceptos diferentes, respecto de los cuales para su cuantificación, por lo que hace a los daños, fijar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que permite determinar el valor real del dinero, así como su depreciación; y respecto a los perjuicios, conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, ya que la misma determina el rendimiento que el mismo pudo generar. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones destacadas en la mencionada ejecutoria, que en la parte conducente se transcribe: En primer lugar, debemos remitirnos a la naturaleza de los daños y los perjuicios. Como se dijo anteriormente, los daños se entienden como la pérdida o menoscabo que al tercero perjudicado le acarrea no disponer de cierta cantidad durante el tiempo que dure el juicio de garantías; los perjuicios, se definen como la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica desde que se concede la suspensión, la prestación pecuniaria a la que tiene derecho. En tal sentido, para determinar los daños y perjuicios generados al tercero por elotorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, debe buscarse un parámetro que deseablemente cuantifique los dos aspectos, es decir, que valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir. Así, respecto a la determinación de los daños debe garantizarse que el dinero del cual no se dispuso, refleje el daño patrimonial que se sufrió por esta situación. Debido a que el poder adquisitivo de la moneda se va alterando por el simple transcurso del tiempo, es evidente que el lapso de tiempo que duró la suspensión en el juicio de amparo implicó la actualización de este supuesto. Por tanto, atendiendo a lo señalado en los artículos 125 de la Ley de Amparo abrogada y 132 de la Ley de Amparo vigente, deberá calcularse el daño atendiendo a la alteración que sufrió el dinero durante el lapso que duró la suspensión decretada en el juicio de amparo. Debido a que dicha alteración aplica de manera general a toda la moneda circulante, se debe acudir a los indicadores que publica el Banco de México en materia de inflación, ya que es a través de dicho procedimiento que se conoce la mencionada variación en la moneda. Una manera que se estima adecuada de calcular tal alteración es aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se publica quincenalmente y tiene como objetivo medir la evolución en el tiempo del nivel general de ??????? precios de los bienes y servicios que consumen los hogares urbanos del país. El mencionado índice se erige como el instrumento por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, razón por la cual, refleja de manera sencilla y práctica la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el simple transcurso del tiempo, razón por la que se estima que dicho parámetro es el más idóneo para calcular el monto de los daños. En efecto, debe precisarse que el alcance de éste y su precisión dependen de dos cualidades fundamentales que son su representatividad y su comparabilidad en el tiempo. La representatividad se logra en la medida que la canasta de bienes y servicios que se utiliza para dar seguimiento a los precios, refleje los patrones de consumo de los hogares. La comparabilidad temporal requiere que la medición en la evolución de los precios se realice respecto a un punto o periodo base en el tiempo, es decir, cuál ha sido el cambio en el nivel de precios respecto de los que se tenían en una fecha, mes o año determinado. Lo anterior se logra en la medida en que todos los elementos utilizados en la medición del índice, excepto los precios, permanezcan estables a lo largo del tiempo, de manera que las variaciones que registre, sean sólo debidas a cambios en precios. Esta afirmación no desconoce la existencia de diversos parámetros o indicadores que pudieran auxiliar al cálculo de este concepto; sin embargo, dado que lo que se busca identificar en forma precisa es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda corriente, éste resulta el más idóneo para el fin buscado, ello porque, específicamente, mide a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios, que permitirá ver el valor de depreciación del dinero. Aunado a lo anterior, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio no se estima idónea para demostrar, toda vez que ésta es una tasa representativa de las operaciones de crédito entre bancos, la que se calcula diariamente (para plazos 28, 91 y 182 días por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias mediante un mecanismo diseñado para reflejar las condiciones del mercado de dinero en moneda nacional y se utiliza como referencia para diversos instrumentos y productos financieros, tales como tarjetas de crédito, razón por la cual, si bien es cierto que dicha tasa en gran medida refleja las condiciones del mercado, se estima, no atiende directamente al factor de depreciación del dinero, lo que sí hace el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En consecuencia, se estima que el parámetro idóneo para calcular los daños, lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser el que refleja la pérdida del valor del dinero en el mercado. Ahora bien, por lo que hace al cálculo de los perjuicios, donde se busca obtener el rendimiento que el dinero pudo generar durante un tiempo determinado; en ese sentido, como lo desarrolló la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el perjuicio corresponde a la suma equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal suma de dinero, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado. En tal sentido, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE, sí es un indicador que, en términos generales, permite conocer que la cantidad que dejó de percibir, debió generar cierto rendimiento económico. En efecto, dicha tasa refleja claramente el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir (el perjuicio), según las condiciones del mercado, lo que cobra sentido si para su cálculo, el Banco de México requiere de cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias que pretende reflejar las condiciones del mercado de dinero. Así, a fin de determinar el monto de los perjuicios originados con motivo de la interposición de un juicio de garantías, se debe atender a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, ya que es un indicador que refleja el rendimiento que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En tal sentido, a fin de cuantificar los daños y perjuicios que se generaron por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo, se debe recurrir, por un lado, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación para cuantificar los daños, y a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, publicada también en el Diario Oficial de la Federación para calcular los perjuicios. De lo anterior se colige que el importe de los daños y perjuicios debe estar integrado por dos cantidades, ya que, por una parte, se debe resarcir el valor de la moneda, puesto que ésta va perdiendo poder adquisitivo por el simple transcurso del tiempo y, por otra parte, debe Destituirse el ingreso lícito que hubiera podido obtener dicha persona si hubiera contado con la disponibilidad de la cantidad en cuestión, lo que se refleja de manera clara acudiendo a dichos parámetros por separado. Con base en las consideraciones anteriores, debe concluirse que en los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de una suspensión, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor y que, al tratarse de dos conceptos diferentes, se debe acudir a los índices que de manera más precisa permitan calcularlos, esto es, por lo que hace a los daños, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que permite determinar el valorreal del dinero, así como su depreciación; y respecto a los perjuicios, lo que se debe utilizar para calcularlos es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, ya que la misma determina el rendimiento que el mismo pudo generar. subrayado añadido)De la ejecutoria antes mencionada, derivó la jurisprudencia 71/2014, de aplicación obligatoria para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que se encuentra localizable en la página cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Materia: Común, Décima Época, de rubro y texto: DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, conforme a los lineamientos antes destacados, se procede a fijar en el caso concreto el monto de la garantía por concepto de daños y perjuicios. Con motivo de lo anterior, y al resultar que el monto de la condena es de $2,275,242.76 (dos millones doscientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 76/100 moneda nacional), se determina que respecto a los daños que se pudieran ocasionar a la tercero interesada, con el otorgamiento de la medida cautelar debe fijarse la cantidad de: $74,581.32 (setenta y cuatro mil Quinientos ochenta y un pesos 32/100 moneda nacional), importe que resulta de multiplicar dicho monto por el porcentaje que establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al momento de la presentación de la demanda (cuatro de agosto del año actual) que es de 6.5559%, que dividido entre doce, que es el número de meses en que se divide un año calendario resulta la cantidad de $12,430.22 (doce mil cuatrocientos treinta pesos 22/100 moneda nacional), que multiplicado por seis meses que es el tiempo probable estimado para que se resuelva el juicio de amparo indirecto del que deriva este incidente, da como resultado $74,581.32 (setenta y cuatro mil quinientos ochenta y un pesos 32/100 moneda nacional). Por lo que hace a los perjuicios que pudieran ocasionarse a la tercero interesada, durante la vigencia de la suspensión, debe tomarse en cuenta el citado monto, multiplicado por la tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que a la fecha de la presentación de la demanda es de 4.5425 a veintiocho días, se obtiene un total de $103,352.90 (ciento tres mil trescientos cincuenta y dos pesos 90/100 moneda nacional), que dividido entre doce, que es el número de meses en que se divide un año calendario resulta la cantidad de $8,612.74 (ocho mil seiscientos doce pesos 74/100 moneda nacional), que multiplicado por seis meses que es el tiempo probable estimado para que se resuelva el juicio de amparo indirecto del que deriva este incidente, da como resultado $51,676.45 (cincuenta y un mil seiscientos setenta y seis pesos 45/100 moneda nacional); de ahí que esta última cantidad sea la que se fije a fin de garantizar los probables perjuicios. Consecuentemente, se fija la cantidad de: $126,257.77 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 77/100 moneda nacional), como garantía por daños y perjuicios, la cual se integra con las cantidades precisadas en los párrafos que preceden. Apoya lo anterior la tesis I.7o.C.1 K (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2249, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO.PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA GARANTÍA CON BASE EN EL INDICADOR ECONÓMICO TIIE. Derivado de las jurisprudencias 1a./J. 95/2011 (9a.) y 1a./ J. 110/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. y DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERCAMBIARIA DE EQUILIBRIO (TIIE)., tratándose de amparo directo y cuando se reclame una condena estimada en dinero, para determinar la garantía que la parte quejosa deba constituir para que surta efectos la suspensión que conceda la autoridad responsable, es necesario tomar en cuenta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, conocida con el acrónimo TIIE. El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo IV del título tercero de su circular 3/2012,realiza el cálculo para este referente económico. El indicador citado es una tasa representativa de las operaciones de crédito entre bancos. Es calculada diariamente (para plazos veintiocho, noventa y un, y ciento ochenta y dos días) por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias mediante un mecanismo diseñado para reflejar las condiciones del mercado de dinero en moneda nacional. Se utiliza como referencia para diversos instrumentos y productos financieros, tales como tarjetas de crédito. El parámetro numérico que constituye la tasa es de carácter anual, publicado a través del Diario Oficial de la Federación, respecto de inversiones a plazo de veintiocho y noventa y un días. Ahora, si bien es cierto que en las jurisprudencias referidas no se menciona cuál de los referentes de la citada tasa (veintiocho, noventa y uno, o ciento ochenta y dos días), debe tomarse en cuenta para el cálculo de la garantía, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia citada en primer término, precisó que la que debía considerarse es la de veintiocho días. Así las cosas, debe estimarse que para el cálculo de la determinación de la garantía que debe prestarse para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, es necesario atender: 1. La tasa TIIE a veintiocho días publicada en el Diario Oficial de la Federación al momento de la presentación de la demanda de amparo directo. 2. Esa tasa, por ser anual, se multiplicará por la cantidad que como suerte principal deba responder la parte quejosa. 3. El resultado de la operación anterior, se dividirá entre doce, que es el número de meses en que se divide un año calendario. 4. El cociente (o resultado) de esa división, se multiplicará por el número de meses en que se estima durará la tramitación del juicio de garantías. 5. El producto de esa multiplicación constituirá la cantidad que la parte quejosa deba constituir como garantía para que la suspensión surta efectos durante el tiempo en que se estima, durará la tramitación del juicio de garantías. En la inteligencia de que la medida suspensional decretada surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga a satisfacción de este Juzgado Federal las cauciones fijadas con antelación en forma conjunta, misma que deberá exhibir en el término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído. Ahora bien, en cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado relativo al pago de los gastos y costas de ambas instancias, que se justifiquen en ejecución de sentencia, se le concede la medida cautelar del acto reclamado a la parte quejosa Juan Carlos Castillejos Castillejos, con fundamento en el artículo 128, fracción II,de la Ley de la Materia, para que no se realicen actos tendentes a ejecutar los gastos y costas de ambas instancias decretados en la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, pronunciada por la Segunda Sala Civil responsable, en el toca 04/2020-11, que en su punto quinto resolutivo en lo conducente dice:".CUARTO. Por los motivos expuestos en el considerando VI de esta resolución, se condena al apelante Juan Carlos Castillejos Castillejos, al pago de los gastos y costas, en ambas instancias, a favor de la ejecutante, mismas que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia, conforme 10 estime justo la juzgadora, acorde a los diversos artículos 1083, 1086 y demás relativos del Código de Comercio vigente para actos de comercio anteriores al 23 de julio de 1996. Hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva esta incidencia, ya que de ejecutarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, pues se daría inicio al incidente de gastos y costas, al reclamarse ésta, a virtud de la cual se estableció el pago de las prestaciones. Suspensión que se concede por encontrarse reunidos los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, existe la solicitud por parte del agraviado, no se contravienen las disposiciones de orden público ni de interés social, y que de llevarse a cabo la ejecución del acto reclamado, sería difícil la reparación a la quejosa. Ahora, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la parte quejosa, deberá otorgar garantía suficiente para estar en posibilidad de reparar la lesión que eventualmente pudiere ocasionarse, en caso de que no sE obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo del que deriva este incidente, tomando en cuenta que la garantía solo tiene como fin resarcir al tercero interesado de los daños y perjuicios que se le ocasionen con motivo de la tramitación del juicio de amparo, por el tiempo probable de su resolución, en caso que no obtenga fallo favorable y dada la naturaleza que en el caso el acto reclamado deriva de un juicio Ejecutivo Mercantil, que si bien no pueden cuantificarse los daños y perjuicios por desconocerse a cuánto ascienden, es evidente que sí se ocasionan al tercero interesado, al no obtener el cobro de los mismos. Por lo que al no tenerse elementos suficientes en el cual deban cuantificarse los gastos y costas, se establece de manera discrecional como garantía la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberá exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, para efecto de reparar los posibles daños y perjuicios que con la misma pudieran causarse con su concesión al no ejecutarse la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada por esta Segunda Sala Civil en el toca 04/2020-11. Es aplicable a lo anterior la tesis de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2133, Tomo LXXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que dice: "FIANZA EN EL AMPARO, MONTO DE LA, CUANDO LOS PERJUICIOS NO SON ESTIMADOS EN DINERO. Aclara el artículo 125 de la Ley de Amparo que cuando la suspensión pueda afectar derechos del tercer perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo, fijará discrecionalmente el importe de la garantía, de manera que le deja al Juez la obligación de exigir esa garantía, aun en los casos en que no sean estimables en dinero los daños y perjuicios que pudiera resultarle con la suspensión, y no puede eludir el Juez la obligación de fijar tal garantía, invocando como razón, que no son estimables en dinero esos perjuicios y ese daño. Suspensión que dejará de surtir sus efectos si el promovente no cumple con la obligación ya señalada en el término de CINCO DÍAS, que se contarán al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, conforme al artículo 136 párrafo II de la Ley de Amparo. Por lo tanto, una vez que sea garantizada,hágase del conocimiento a la autoridad ejecutora la medida cautelar, a fin de que se abstenga de continuar los procedimientos que tiendan a ejecutar el acto hasta en tanto se le comunique la resolución del fallo federal. NOTIFICACION AL TERCERO INTERESADO Ahora, en razón de la concesión de la medida cautelar en comento, notifíquese ersonalmente la presente resolución a la parte tercero interesado, para que esté en aptitud de manifestarse respecto de la misma, o interponer el recurso procedente, de considerarlo necesario. Sustenta lo anterior la tesis XXVII.3o.43 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1319, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente:??????????? SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO EL AUTO EN QUE SE CONCEDA AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 128, 140, 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Juan Carlos Castillejos Castillejos, la suspensión definitiva que solicitó del acto Reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a Juan Carlos Castillejos Castillejos, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano