Juan Carlos Ávalos López
Expediente 1160/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Carlos Ávalos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional, así como la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la secretaria Gabriela Ponce Hernández, que certifica y da fe.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Ávalos López, respecto del acto reclamado al Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, y en su segundo resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al impetrante de amparo, contra el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia. Hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al juzgado responsable dos tomos de pruebas consistentes en copias certificadas relativas al expediente 169/2011, y cuadernillo de incidente de modificación de convenio, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismos que se manejaron por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1160/2022-2, promovido por, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el dieciocho siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve del mismo mes, Juan Carlos Ávalos López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto en el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, deducido del expediente 169/2011. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. 2 Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veinte de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1160/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se emplazó a juicio con el aludido carácter a Rubí López Adorno. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto en el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, deducido del expediente 169/2011, del índice de la Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO DEL REFERIDO ÓRGANO JURISDICCIONAL. No es cierto el acto reclamado aun cuando lo haya aceptado el fedatario en cuestión en el informe justificado, toda vez que ninguna intervención tiene en la emisión del mismo y no basta para considerarla como autoridad responsable el señalamiento que al respecto realice el impetrante de amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis VI.1o.A. J/38, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, Materia(s): Común, página: 1449, con número de registro 173101, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA. EL CARÁCTER QUE LES CORRESPONDE NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, SINO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS. El carácter de ordenadora o ejecutora que la parte quejosa les atribuya a las autoridades que señale como responsables, no puede prevalecer sobre las constancias de autos, es decir, si por regla general cuando la ordenadora niega el acto reclamado también se sobresee respecto de la ejecutora porque ésta no puede ejecutar una orden inexistente, en el caso de que la ordenadora niegue su intervención pero exista el acto reclamado, y éste sea atribuible a la erróneamente señalada sólo como autoridad ejecutora, es inconcuso que en tal hipótesis, esa autoridad reúne el doble carácter de ordenadora y ejecutora, si queda acreditado en autos que es la única autoridad que intervino en la emisión y ejecución del referido acto". En consecuencia, en lo tocante al acto reclamado al aludido actuario, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE NACAJUCA, TABASCO. Es cierto el acto reclamado a la aludida autoridad por haberlo reconocido en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió del expediente 169/2011 y cuadernillo de incidente de modificación de convenio. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene, en lo que interesa, que: El veintiocho de abril de dos mil once (fojas 29 a 32 del tomo de pruebas), Rubí López Adorno y Alonso Ávalos Cupil, progenitores del ahora quejoso, ante la autoridad responsable firmaron convenio judicial en cuya cláusula tercera, pactaron que la guarda y custodia definitiva de Juan Carlos Ávalos López (entonces menor de edad), quedaría a cargo del segundo de los mencionados; asimismo, en la cláusula quinta, establecieron que la pensión de los acreedores alimentarios se reduciría al 45% (en donde no quedó comprendido el quejoso por corresponder su custodia al deudor alimentario). El veintisiete de enero de dos mil catorce (fojas 329 a 332 del tomo de pruebas), Rubí López Adorno y Alonso Ávalos Cupil, suscribieron ante la autoridad responsable diverso convenio judicial en el que tampoco quedaron comprendidos derechos alimentarios del ahora quejoso. El uno de octubre de dos mil catorce (fojas 458 a 466 del tomo de pruebas), se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de modificación de convenio promovido por Rubí López Adorno, en cuyo resolutivo tercero se condenó al deudor alimentario a pagar en favor del ahora parte quejosa el 15%, cuya cantidad se dijo debía ser entregada a su progenitora. El veinticuatro de abril de dos mil quince, se declaró que la precitada determinación adquirió la calidad de cosa juzgada (foja 481 del tomo de pruebas). En auto de diez de junio de dos mil veintiuno (fojas 492 a 495 del tomo de pruebas), a petición de Juan Carlos Ávalos López, la autoridad responsable autorizó le fuera entregada directamente la pensión alimenticia correspondiente. Mediante acuerdos de uno de febrero y seis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenó requerir a Rubí López Adorno, la devolución de la suma de $211,504.81 (doscientos once mil quinientos cuatro pesos 81/100 moneda nacional), relacionada con la pensión alimenticia del ahora quejoso, correspondiente al período del diecisiete de abril de dos mil diecisiete al cuatro de julio de dos mi veintiuno (fojas 595 a 597, 606 y 607 del tomo de pruebas). Por escrito de veintinueve de abril de dos mil veintidós, Rubí López Adorno, interpuso recurso de reconsideración (fojas 615 a 622 del tomo de pruebas). El dieciséis de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó la resolución reclamada en el presente juicio de amparo (fojas 639 a 647 del tomo de pruebas). SÉPTIMO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, el quejoso reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto en el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, deducido del expediente 169/2011, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los conceptos de violación correspondiente, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, en la resolución reclamada, la autoridad responsable estableció las siguientes consideraciones: De la aludida determinación, se obtiene que la autoridad responsable, esencialmente, consideró procedente el recurso de mérito, porque el requerimiento que le hiciera a Rubí López Adorno, a través del acuerdo impugnado, no derivaba de un procedimiento en el cual se respetara su garantía de audiencia y legalidad. Asimismo, por estimar que, si la empresa encargada de hacer los descuentos al deudor alimentario para entregarlos a los acreedores, había pagado indebidamente las cantidades relativas a la pensión alimenticia, pese a que tenía conocimiento de la forma en que debía entregarlas; la controversia que al respecto se ha generado es entre los propios acreedores alimentarios (en el caso, entre el ahora quejoso y su progenitora, quien lo representó), no entre acreedor y deudor. Al respecto, el impetrante de amparo aduce que Rubí López Adorno, promovió en el juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia del expediente 169/2011, pero el juez de primera instancia acordó el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, cuando la incidentista lo hace en el expediente principal y no en el cuadernillo de modificación de convenio. Asimismo, al dictar sentencia lo hace en el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, ajeno al expediente principal, lo cual considera antijurídico De igual forma, el impetrante refiere que en proveído de seis de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente principal de guarda y custodia 169/2011, en su punto primero se estableció que el abogado de la paraestatal PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, le hizo saber a la autoridad responsable que existe una retención por la cantidad de $140,407.20 (ciento cuarenta mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), y que desde la precitada fecha Rubí López Adorno, tenía conocimiento de que no podía cobrar la pensión alimenticia del ahora quejoso, porque al ser mayor de edad ya no lo representaba, como se le indicó en el aludido acuerdo. Esta juzgadora considera infundados los aludidos motivos de inconformidad. Ello, tomando en cuenta que, como se estableció en los antecedentes del caso, el veintiocho de abril de dos mil once, Rubí López Adorno y Alonso Ávalos Cupil, progenitores del ahora quejoso, ante la autoridad responsable firmaron convenio judicial en cuya cláusula tercera, pactaron que la guarda y custodia definitiva de Juan Carlos Ávalos López (entonces menor de edad), quedaría a cargo del segundo de los mencionados; asimismo, en la cláusula quinta, establecieron que la pensión de los acreedores alimentarios se reduciría al 45% (en donde no quedó comprendido el quejoso por corresponder su custodia al deudor alimentario). Asimismo, el veintisiete de enero de dos mil catorce, Rubí López Adorno y Alonso Avalos Cupil, suscribieron ante la autoridad responsable diverso convenio judicial en el que tampoco quedaron comprendidos derechos alimentarios del ahora quejoso. En cambio, el uno de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de modificación de convenio promovido por Rubí López Adorno, en cuyo resolutivo tercero se condenó al deudor alimentario a pagar en favor del ahora quejoso el 15%, cuya cantidad se dijo debía ser entregada a su progenitora. Determinación que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil quince, se declaró que adquirió la calidad de cosa juzgada. No obstante, como lo refiere el quejoso, en auto de seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 118 y 119 del tomo de pruebas), el juez de primera instancia negó a Rubí López Adorno, la petición de que se le hiciera pago de la pensión alimenticia de Juan Carlos Ávalos López, porque éste ya era mayor de edad y aquélla no lo representa más. Por ello, en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, a petición de Juan Carlos Ávalos López, la autoridad responsable autorizó le fuera entregada directamente la pensión alimenticia correspondiente. Acorde con lo anterior, del uno de octubre de dos mil catorce al diez de junio de dos mil veintiuno, Rubí López Adorno, estuvo judicialmente facultada para cobrar la pensión alimenticia del aquí quejoso. De ahí que en el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, quedara asentado que, conforme a lo informado por la empresa de mérito, a partir del cinco de julio de dos mil veintiuno, procedió a depositar al referido quejoso la pensión alimenticia en la cuenta bancaria relativa. Por lo que, es correcta la determinación del juzgador de primera instancia, de declarar procedente el recurso de reconsideración, pues, en caso de que existieran discrepancias en los cobros de las pensiones alimenticias, no derivan de incumplimientos atribuidos al deudor alimentario. Aunado a ello, en el acuerdo reclamado en el recurso de reconsideración ordenaba requerir a Rubí López Adorno, la devolución de la suma de $211,504.81 (doscientos once mil quinientos cuatro pesos 81/100 moneda nacional), relacionada con la pensión alimenticia del ahora quejoso, correspondiente al período del diecisiete de abril de dos mil diecisiete al cuatro de julio de dos mi veintiuno. Lo que, además de estar comprendido en el período que estaba facultada para cobrarlo, ya que le fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la de uno de octubre de dos mil catorce, los alimentos se consumen, lo que ocasiona que la ejecución de la resolución que los decreta y fija su monto sea irreparable. Sobre el particular, en lo conducente, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2011, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 33, con número de registro 161140, del siguiente rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial". Asimismo, tiene aplicación la tesis, I.3o.C.284 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Civil, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo IV, página 2049, con número de registro 2015788, del siguiente rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA DEVOLUCIÓN, CON CARÁCTER RETROACTIVO, DE LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA EX CÓNYUGE (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 42/2011). En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue categórica al establecer en un primer momento y como regla general, que no procede la devolución de las cantidades descontadas al deudor alimentario, aun cuando el acreedor no demuestre en el juicio la necesidad de recibirlas; la razón: los alimentos se consumen, lo que ocasiona que la ejecución del auto que decreta y fija el monto de la pensión sea irreparable. Y, en un segundo momento, que los alimentos (materia familiar) no dan lugar a una acción de enriquecimiento ilegítimo (materia civil); la razón: la pensión se establece mediante una determinación judicial que excluye el elemento "ausencia de causa". Ambas razones imperan aun en el caso de que con posterioridad a la petición de alimentos, la apariencia del buen derecho con base en la que se emitió la medida provisional quede desvirtuada (en concreto, porque se determinó que al momento de solicitarla ya se había actualizado una de las causas extintivas reguladas en el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, a saber, que ya había transcurrido un término igual a la duración del matrimonio), pues ello no refuta la presunción de que las pensiones percibidas fueron consumidas en necesidades perentorias de la vida, ni destruye su causa, esto es, la determinación judicial por virtud de la cual fueron entregadas. Y es que, aun en el supuesto de que se pudiera afirmar que los efectos de la medida cautelar provisional pueden destruirse retroactivamente, una vez demostrada la carencia del derecho con el cual se accionó, es decir, que por virtud de una ficción jurídica se determinara a posteriori que esa determinación judicial no existe, queda indemne la irreparabilidad derivada de su natural y previsible agotamiento que, se reitera, es la regla general que estableció el Alto Tribunal del País en el criterio citado". En las relatadas circunstancias, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Ávalos López, respecto del acto reclamado al Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos Ávalos López, contra el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el telegrama de cuenta, signado por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual acusa recibo del despacho 208/2022-2 orden 716/2022 que se le envío para su diligenciación; sin mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que la comunicación oficial a que se alude, ya fue devuelta y obra agregada al presente asunto, por acuerdo de treinta y uno de agosto último. Por otra parte, como de la certificación que antecede se advierte, que en veintinueve de agosto del presente año, fue emplazada al presente juicio la parte tercero interesada Rubí López Adorno, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en auto de veintidós de agosto del año actual, lapso que transcurrió del treinta y uno de agosto al dos del mes y año que transcurre. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se ordena al Actuario de este Juzgado, notificar a la parte tercero interesada en comento, por lista de acuerdos el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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