Juan Carlos Castillejos Castillejos
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Carlos Castillejos Castillejos
Actuaciones
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado criptográficamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual adjuntó el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 120/2021; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por Juan Carlos Castillejos Castillejos, en contra del auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, pronunciado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en el juicio de amparo indirecto 871/2021-9." En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada; hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, el original del juicio ejecutivo mercantil 147/2015, cuadernillo de incidente de liquidación de sentencia, cuadernillo formado con motivo del amparo 114/2019-5, cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo relacionado con el cuadernillo de amparo LXXXVIII/2020-II y cuadernillo formado con motivo del incidente de reducción de embargo derivado del expediente 147/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales obran por cuerda separada en cinco tomos. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 871/2021-9, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Juan Carlos Castillejos Castillejos, parte quejosa en este asunto, el cual fue radicado bajo el número 120/2021; de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el escrito signado por Juan Carlos Castillejos Castillejos, parte quejosa en este asunto, por medio del cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, agréguese a los presentes autos, copia del escrito que se provee y en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, con apoyo en el párrafo segundo del artículo 101, de la ley de la materia, remítase el medio de impugnación, así como el expediente original del presente juicio de amparo y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede esta ciudad, para su substanciación. En ese contexto, me permito rendir INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA, en los siguientes términos: Es cierto, ya que mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo indirecto interpuesta por Juan Carlos Castillejos Castillejos, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de Centro, Tabasco, en razón de que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior se remite el cuaderno original del presente juicio de amparo, para que esté en aptitud de resolver lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.
- Principal
mesa 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 2949, signado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio 329/2021, que contiene la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Castillejos Castillejos y cinco anexos por cuerda separada, toda vez que el citado cuerpo colegiado declaró su incompetencia legal para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, para que se avocara a su conocimiento. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 871/2021-9. Ahora bien, toda vez que el aludido Tribunal determinó que el conocimiento del asunto corresponde al Juez de Distrito en turno de esta ciudad, y habiéndose turnado a este Juzgado la referida demanda, en tal virtud y previo análisis de los autos, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto remitido; acúsese recibo, por lo que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, comuníquese al colegiado remitente el presente acuerdo. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas, para facilitar el manejo del expediente, fórmense (5) cinco tomos de pruebas por cuerda separada, consistentes en original del juicio ejecutivo mercantil 147/2015, copia certificada del cuadernillo de incidente de liquidación de sentencia, cuadernillo formado con motivo del amparo 114/2019-5, cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo relacionado con el cuadernillo de amparo LXXXVIII/2020-II y cuadernillo formado con motivo del incidente de reducción de embargo derivado del expediente 147/2015, del índice de la responsable. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 147/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en la que aprobó en definitiva la adjudicación por remate judicial en primera almoneda celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido de los artículos 1334, 1339, 1341 y 1345, del Código de Comercio, que establecen lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "1341. Las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos que causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone". "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios preparatorios a juicio; II. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en tratándose de juicios ordinarios; III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio; IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo. V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos; VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento; IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código." De la lectura de los anteriores preceptos, se advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Por su parte, el precepto siguiente establece que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Asimismo, que la apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. De igual forma, conforme al artículo 1341, del citado ordenamiento legal, son apelables los autos que causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva. Luego, el precepto 1345 del Código de Comercio, establece que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia. En ese contexto, si el quejoso reclama la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 147/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en la que aprobó en definitiva la adjudicación por remate judicial en primera almoneda celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, además de que lo cita para comparecer en un plazo de tres días contados a partir del siguiente del aviso que se le dé por conducto del juzgado de origen a firmar la escritura traslativa de dominio por ser el ejecutante a favor de quien se fincó el remate en el entendido que en caso de negativa el a quo lo hará en rebeldía. Por lo anterior expuesto, contra la resolución aquí reclamada procede el recurso de apelación. En efecto, tal consideración así se estima en virtud de que, en principio, por lo que hace al requisito inherente a la cuantía del negocio, el mismo queda satisfecho si se considera que la suerte principal exigida en la demanda que instó el procedimiento de origen, ascendió a la cantidad de $3,304,206.45 (tres millones trescientos cuatro mil doscientos seis pesos cuarenta y cinco centavos moneda nacional). Consecuentemente, es inconcuso que dicha suma es superior a los $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.), que exige el artículo 1339 del Código de Comercio para la procedencia del recurso de apelación. Por ende, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado puede ser recurrido a través de la apelación, dado que el citado numeral establece la procedencia de ese recurso en contra de todas las determinaciones que no sean revocables y los decretos. Aunado a que con dicha determinación culminó el procedimiento de ejecución, el cual causa un gravamen que no puede ser reparado en sentencia. Además, tal interpretación no lleva a estimar que en la especie se introduce un medio de defensa no previsto por la ley, habida cuenta que el recurso de apelación se encuentra expresamente regulado por el Código de Comercio, y procede, según quedó visto, en contra de diversos autos y resoluciones. De ahí, que contra el resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 147/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en la que aprobó en definitiva la adjudicación por remate judicial en primera almoneda celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, es procedente el recurso de apelación, por tanto, es incuestionable que la parte quejosa estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo el recurso de apelación, contemplado en los artículos 1339, 1341 y 1345 del Código de Comercio; a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." De igual manera, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley que rige al acto, previo al ejercicio de la acción constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona en su demanda de amparo, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "Tiloraul10" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En virtud de lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica, al usuario citado con antelación, el cual, previa verificación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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