Juan Cabrera Mendoza

Expediente 1159/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1159/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Cabrera Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 19472/2022, remitido vía interconexión por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del tomo de pruebas que le fue remitido, así como del escrito a través del cual la parte quejosa desiste de la demanda de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que no obra constancia de la que se desprenda, que el Agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, hubiera sido notificado del proveído de fecha veintiuno de febrero del año en curso. En consecuencia, como se indicó en el mencionado acuerdo, por última ocasión, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, contado a partir del siguiente al en que sea notificado del presente auto, informe si remitió la totalidad de las constancias con las que acredite que ha dado cumplimiento con la sentencia ejecutoria, la cual se concedió en los siguientes términos: "A la brevedad posible o a más tardar en el término de treinta días naturales, dicte resolución en la cual se pronuncie sobre la denuncia presentada por la quejosa contra..., Ignacio Olvera Quintero, Rubén Alejandro Morelos Prado o quien resulte responsable, acordada en ese sentido en proveído de cuatro de noviembre de dos mil catorce, dentro de la averiguación previa 132/2013 y su acumulada 197/2014. - En el entendido que debe resolver conforme a derecho, lo cual debe hacer del conocimiento de la quejosa." En la inteligencia, de que deberá de acreditar todos y cada uno de los actos realizados sin dilación alguna, entendiendo por dilación el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, a fin de no hacerse acreedora a las medidas de apremio descritas mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, en atención a la contumacia de la responsable, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, este Tribunal Federal hará el pronunciamiento al incumplimiento de la ejecutoria, considerando como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, se impondrán las multas con las que fue conminada y, remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que éste reitere si existe o no incumplimiento, y de ser así, remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable. Con independencia de lo anterior, requiérase al Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, en cuanto superior del Agente Primero Mixto del Ministerio Público adscrito a dicha Fiscalía Regional, para que lo conmine a cumplir con la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o bien, informar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedor a las mismas sanciones con que se apercibió a la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese 6529/2022, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 198/2022, a través de la cual contiene el acuerdo por el cual dicho tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *******, por conducto de su defensor J***, contra actos del Magistrado y Actuario de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; acúsese el recibo de estilo, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1159/2022. Ahora bien, del análisis de la citada demanda se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: ".ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo la sentencia de fecha 1 uno de septiembre del año 2022 derivado del recurso de apelación interpuesta por el quejoso contra el auto de formal prisión de fecha 29 de julio del año en curso dentro del proceso penal 122/2004 que por el delito de homicidio calificado en agravio de Salvador Vargas Maciel se instruye en contra del quejoso, como ejecutora la notificación de dicha resolución." De ahí que se tiene que, en la especie, se reclama la resolución pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-27/2022, que modificó el auto de formal prisión, dictado en el proceso penal 122/2004 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán. De lo expuesto, este órgano federal estima que los actos reclamados antes precisados tienen ejecución en Apatzingán, Michoacán, con independencia de que en contra de dicho auto se interpuso el recurso de apelación, que conoció un órgano revisor con residencia en esta ciudad; sin embargo, se reitera, la ejecución del auto de formal prisión se llevará a cabo en Apatzingán y no en esta ciudad. Lo anterior se justifica porque la resolución dictada en un toca de apelación penal que modifica un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que a quien se dirige se someta a un proceso a disposición del Juez de primera instancia, no solo en virtud del referido auto, sino también como consecuencia de su modificación en segunda instancia. Por los motivos que la sustentan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Novena Época, con registro digital 176365, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que la ejecución material del fallo modificatorio será en el lugar de residencia de ésta y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia modifica un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de amparo, junto con los anexos relativos de la misma, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que quien promueve la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa es el defensor del directo quejoso, el cual se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, así como lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 266/2021 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), de título y subtítulo "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO)."; previo a tener como domicilio procesal el señalado por el defensor del quejoso, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente en el Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, al quejoso Juan Cabrera Mendoza, el presente proveído, y lo requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste si es su deseo que se le practiquen las notificaciones personales en el domicilio designado por su defensor Julio Cesar Mendoza González, esto es, en el ubicado en la oficina marcada 376 de la calle Meteoro, colonia Cosmos, en la ciudad de Morelia, Michoacán; bajo apercibimiento que, de no manifestar nada, se entenderá que su deseo es que las notificaciones se le practiquen de manera directa en el Centro de Reclusión en que se encuentre; debiendo acatar para ello los lineamientos de higiene derivado de la pandemia por el virus Covid-19. A fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa a Elio Duval Carrillo, y Javier Arturo Silva Loza, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 2212384 y 706075, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Alberto Flores Fuerte, Zaira Selene Alegría Estrada y Agustín Diaz Meza, hasta en tanto acrediten su calidad de licenciados en derecho. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRONICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, háganse del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en sus domicilios o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.

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