Juan Carlos Ambriz Hernández

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ambriz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicho auto ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...

  2. Principal

    ... Agréguese el oficio 0013/2019, signado por la Oficial Primera del Registro Civil de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, adjunta para los efectos legales procedentes copia certificada del acta de defunción del aquí quejoso Juan Carlos Ambriz Hernández. De tal documento se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; (.)." Del dispositivo legal transcrito se aprecia, que el sobreseimiento del juicio de protección de derechos fundamentales procede, cuando el quejoso muera durante el juicio y que el acto reclamado solo afecte a su persona. Ilustra a lo anterior, la tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1793, tomo XXI, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo". Ahora, es claro en señalar que procede el sobreseimiento cuando el quejoso muera durante el juicio; y, si bien contiene como exigencia que el acto reclamado sólo afecte a su persona, lo cierto es que la naturaleza de lo aquí combatido hace que dicho requisito se colme a cabalidad, pues si se parte de la premisa de que en este sumario de amparo la parte quejosa reclamó la omisión de proporcionarle el acceso al derecho y protección a la salud, en términos del artículo 4° Constitucional, para recibir de manera gratuita, el tratamiento médico de hemodiálisis que de manera urgente, constante y de calidad, requiere con motivo de su padecimiento de riñón, tratamiento que necesita desde ahora y hasta el total restablecimiento de su salud, así como de todos y cada uno de los insumos necesarios para su aplicación, de ahí que resulta evidente que dichos actos únicamente, tal y como lo dispone la fracción en comento, afectaron sólo a su persona, lo que no podrá ser extensivo a una eventual sucesión, dado que no hay derechos reales reclamados en este juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues como se señaló, durante la tramitación de éste, que inició el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, sobrevino el fallecimiento del quejoso Juan Carlos Ambriz Hernández mismo que, según el acta de defunción respectivas, ocurrió el quince de diciembre de dos mil dieciocho. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 2a./J10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto rezan así: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En otro aspecto, cabe destacar que el sobreseimiento procede decretarlo fuera de audiencia cuando existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como se previene de citada jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa funge como Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo tomado en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de seis de febrero de la misma anualidad, así como lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para que manifiesten lo que a su parte corresponde, respecto de las causas de impedimento que pudieran hacerse valer en términos del numeral 52 de la Ley de Amparo en vigor. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno, comunicar la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ...

  3. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de siete de febrero del año en curso se requirió al Servicio Médico Forense, con sede en esta ciudad, para que informara si en el mes de diciembre de dos mil dieciocho levantó el cuerpo del aquí quejoso Juan Carlos Ambriz Hernández, quien al parecer falleció en su domicilio, sin que a la fecha obre el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ...

  4. Principal

    ... Agréguese el escrito signado por OLIVIA BENITEZ REYES, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista ordenada por este Juzgado en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, hace del conocimiento que según información proporcionada a la trabajadora social, se tiene noticia que el aquí quejoso Juan Carlos Ambriz Hernández, falleció en el mes de diciembre de dos mil dieciocho, en su domicilio particular ubicado en calle Flor de la Estación, número 119, interior 40, en el fraccionamiento Arco San Pedro, en esta ciudad. Por tanto, como lo solicita, a efecto de estar en condiciones de corroborar dicha información, gírese oficio al Servicio Médico Forense, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente auto, y de no existir inconveniente alguno, informe a este órgano jurisdiccional si en el mes de diciembre de dos mil dieciocho, se recogió por parte de esa dependencia el cuerpo de una persona del sexo masculino que respondía al nombre de Juan Carlos Ambriz Hernández, en el citado domicilio, lo anterior para estar en condiciones de acordar lo procedente, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o bien, manifestar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los numerales 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. ...

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