Juan Bernardo Corona Martínez

Expediente 1136/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1136/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
27/08/2019

Partes del expediente

  • Juan Bernardo Corona Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ... Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del cinco al veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, sin que interpusieran el referido recurso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que Juan Bernardo Corona Martínez, no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ambos con sede en esta ciudad, a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado (fojas 248 a 259), por una parte sobreseyó, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Bernardo Corona Martínez, para los siguientes efectos: ".I. Deje insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y II. En su lugar, dicte otra, donde subsane las omisiones antes destacadas, para lo cual deberá abordar el estudio de lo alegado por la parte quejosa en su escrito de agravios, además de fundar y motivar legalmente la decisión que adopte, con libertad de jurisdicción. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución, identificado en el considerando segundo, inciso c), atribuido al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que no se reclama por vicios propios, pues su legalidad está subordinada al de la ordenadora." (foja 258 vuelta). En la aludida sentencia se señaló: ". Expuesto lo anterior, y una vez conceptualizado lo que debe entenderse por congruencia y exhaustividad, cabe advertir, que en el caso, la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, infringió tal principio de exhaustividad al emitir la resolución tildada de inconstitucional, pues al examinar los puntos de controversia sometidos a su potestad, omitió analizar de manera clara la totalidad de los agravios sometidos a su potestad, a saber: - La falta de fundamento y sustento jurídico para imponer al quejoso JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ, como persona física la multa por incumplimiento a la sentencia dictada en el procedimiento administrativo JA-0950/2014-I, y no en su calidad de Secretario de Seguridad Pública como dependencia oficial. - La omisión en la resolución recurrida, de valorar los actos realizados por el Secretario de Seguridad Pública, como la autorización de la afectación del presupuesto de la dependencia, pues en todo momento dice, informó los avances y las gestiones administrativas realizadas con el objeto de obtener el recurso para realizar el pago correspondiente, pues aduce que existen diversos agregados en autos como son los oficios de modificación presupuestaria presentados ante las autoridades administrativas para dar cumplimiento a la citada sentencia, así como la vinculación de diversas autoridades (Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Director de Programación y Presupuesto, Director de Operación de Fondos y Valores adscrito a la dirección General de Control de Valores), que no se encuentran como demandadas en el juicio, con la finalidad de que realizaran las gestiones necesarias para liberar el pago de la prestación económica reclamada, estando obligadas a realizar dentro de los límites de su competencia todos los actos para el acatamiento la sentencia del aludido juicio administrativo, además de la omisión de la Sala de origen de establecer el parámetro de la gravedad del incumplimiento. Asimismo, precisó que no se advertía de la decisión recurrida en la que se impuso multa al quejoso, razonamiento alguno del que se desprendiera cuáles eran los requerimientos realizados al quejoso como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, habida cuenta que la segunda sentencia se dictó el dos de junio de dos mil dieciséis, mientras que su nombramiento inició el dieciséis de octubre del propio año. De lo cual, la autoridad responsable nada mencionó, pues se limitó a precisar que en la resolución analizada se habían relacionado las gestiones y los documentos presupuestarios realizados por el recurrente, además de que se señalaron los razonamientos del porqué se imponía la multa a la persona física, concluyendo que no había acreditado el cumplimiento de la sentencia de que se trata, que aun y cuando realizó varias gestiones, lo cierto era que no había cumplido con aquella. Por consiguiente, de los motivos que soportan la resolución reclamada se evidencia, como ya se destacó anteriormente, que los argumentos que expuso para confirmar la resolución recurrida son en su totalidad deficientes, pues soslayó de manera pormenorizada pronunciarse respecto de cada uno de los agravios sometidos a su potestad, atento a lo ahí planteado, de ahí que lo razonado en la decisión reclamada no basta para estimar que en la especie se acató el principios de exhaustividad, contenido en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en vinculación con los diversos 273 y 274 del Código de Justicia Administrativa, de los que se desprende que los tribunales impartirán justicia en forma completa, fundando y motivando sus resoluciones, lo que implica que en dicha determinación se deben especificar y valorar los hechos que han de servir de base, en estricto apego a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, pues el peticionario de amparo debe conocer las razones y fundamentos exactos que hayan servido de sustento para resolver el recurso de reconsideración interpuesto, en este caso, confirmando el auto recurrido...". Así, los lineamientos que se dio a la Sala responsable, fueron los siguientes: Dejara insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. En su lugar dictará otra, donde subsane las omisiones consistentes en: II.1. Que debía fundar y motivar cómo es que se impuso al quejoso Juan Bernardo Corona Martínez, como persona física, una multa por el incumplimiento a la sentencia dictada en el procedimiento administrativo JA-0950/2014-I, y no en su calidad de Secretario de Seguridad Pública. II.2 Debía valorar los actos realizados por el quejoso en el procedimiento de que se trata, a fin de dar cumplimiento a la misma, además de establecer la gravedad del incumplimiento. II.3. Emitiera razonamiento, en que se precisara su obligación de cumplir con la sentencia, tomando en consideración la fecha en que se le otorgó el nombramiento de Secretario de Seguridad Pública, todo ello, con libertad de jurisdicción. Esto es, debía examinar la totalidad de los agravios sometidos a su consideración, antes apuntados. 2) En auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la Amparo se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de Finanzas y Administración, ambos con sede en esta ciudad (fojas 273 a 274). 3) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la referida ejecutoria, realizó lo siguiente: I. Mediante oficio número DGJ/DC/4239/2019, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el cuatro de julio del año en curso, adjuntó el diverso DGJ/DC/4233/2019, en el que solicitó a la Dirección de Recaudación de dicha dependencia omitiera realizar el procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de que no se hiciera efectiva la multa impuesta al aquí quejoso Juan Bernardo Corona Martínez, dictada en el juicio administrativo 0950/2014-I (fojas 323 a 326). 4) El Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la referida ejecutoria, realizó lo siguiente: I. Mediante oficio número TJA/SGA/DG/1850/2019, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el ocho de julio del año en curso, adjuntó copia certificada de la resolución dictada cinco del mismo mes y año, en el recurso de reconsideración número JA-R267/2018-III, interpuesto en el juicio administrativo JA-950/2014-I (fojas 330 a 359) de la que se advierte que: Dejó sin efectos la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió otra, el cinco de julio de dos mil dieciocho, en la que analizó todos y cada uno de los agravios expuestos por el quejoso al promover el recurso de reconsideración, lo cual se advierte del análisis minucioso de la misma, atento a los lineamientos trazados por este juzgado, en la que determinó confirmar el auto recurrido. Pues al respecto, la autoridad responsable precisó que, en el auto combatido, se relacionaron las gestiones y los documentos presupuestarios realizados por el recurrente, asimismo, se señalaron los razonamientos de porqué se imponen las multas a las personas físicas y se concluyó que no acreditó el cumplimiento de la sentencia, porque para ello era necesario que se hiciera el pago de las prestaciones económicas al actor, lo que a la fecha no había acreditado el inconforme, lo cual explicó de manera detallada en la resolución que se analiza. De igual manera, precisó que si bien el recurrente realizó diversas gestiones ante las autoridades para el cumplimiento de la sentencia, lo cierto era, que tales actos no podían considerarse como el cumplimiento de la sentencia, puesto que el núcleo esencial del mismo, radicaba en que se hiciera el pago de las prestaciones económicas a favor del actor, precisadas en la sentencia definitiva, que al no hacerlo y hasta en tanto no haga el pago, subsistirá el incumplimiento injustificado, de ahí lo correcto de la imposición de la multa establecida en el artículo 285, fracción I del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. También indicó, que aun y cuando se vincularon a diversas autoridades para el cumplimiento de la aludida sentencia, y no obstante la responsabilidad que éstas pudieran tener al respecto, no eximía al recurrente, ahora quejoso, de cumplir con el pago de las prestaciones económicas, puesto que cada autoridad era responsable de los actos que realizaba para el eficaz cumplimiento y que en el caso, no se advertía que el inconforme hubiera realizado el pago en cumplimiento del fallo, además de que no se encontraba acreditada la imposibilidad jurídica o material para ello, por lo que era necesario que la autoridad demandada acreditara los factores externos, imprevisibles o ajenos a su control que le impidieran cumplir con lo establecido en la sentencia, lo que realizó en el procedimiento administrativo materia del presente juicio de amparo, pues para ello debió acreditar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Asimismo, señaló que si se estableció el parámetro de la gravedad del incumplimiento, puesto que la sala instructora al respecto concluyó que el efectivo cumplimiento de la sentencia se había hecho efectivo desde el once de julio de dos mil dieciséis, sin que a la fecha se hubiera reparado el menoscabo hecho a la actora, además de que, si el servidor público al que se le imponía la multa era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al momento del requerimiento, es que se encontraba obligado a llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, como es hacer frente a los requerimientos y resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales; por lo que el parámetro de la gravedad se debió a la reincidencia del quejoso. Finalmente, sostuvo que el diecisiete de abril de dos mil dieciocho se realizó un requerimiento, data en la que el impetrante de amparo, ya se encontraba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, además de que si el tribunal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo, incurrió en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en el mismo, en el que se impone una multa, se entiende que aquella se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad omite cumplir la sentencia, no así a la unidad administrativa. Lo cual apoyó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Décima Época, página 974, que señala: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA". Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, dejó sin efectos la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de reconsideración número JA-R267/2018-III, interpuesta en el juicio administrativo JA-950/2014-I, y en su lugar emitió una nueva resolución, el cinco del mes y año en curso, donde como se anticipó, purgó los vicios de fondo apuntados, resolviendo nuevamente, con libertad de jurisdicción, asimismo la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, solicitó a la Dirección de Recaudación de dicha dependencia omitiera realizar el procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de que no se hiciera efectiva la multa impuesta al aquí quejoso Juan Bernardo Corona Martínez, dictada en el juicio administrativo 950/2014-I, de ahí que se tenga por cumplida ejecutoria de que se trata. Por tanto, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por... contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo, inciso a), de la presente resolución, por los motivos expuestos en el quinto punto considerativo de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a..., contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, incisos b) y c), para los efectos indicados en el último punto considerativo de esta sentencia. ...

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por..., contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo, inciso a), de la presente resolución, por los motivos expuestos en el quinto punto considerativo de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, incisos b) y c), para los efectos indicados en el último punto considerativo de esta sentencia. ...

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