Juan Buenaventura Xeque Alamilla
Expediente 1584/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Buenaventura Xeque Alamilla
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca 209/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Juan Buenaventura Xeque Alamilla, contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno; resolución en la que aparece que la citada Superioridad, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto por Juan Buenaventura Xeque Alamilla, contra el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de amparo número 1584/2021-VI del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Por tanto, tal como solicita, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 7898/2021, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual acusa de recibo el oficio 2536/2021, en el que se le remitió vía interconexión, el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Buenaventura Xeque Alamilla, contra del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, indicando que fue admitido a trámite el aludido recurso asignándole el número de toca 209/2021 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Juan Buenaventura Xeque Alamilla, mediante el cual interpone el recurso de queja contra el auto de seis de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de seis de septiembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relacionada con el artículo 103, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente.Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado.Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Buenaventura Xeque Alamilla, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Cédula I-5, de la Delegación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta Ciudad de Mérida y de otra autoridad, fórmese el expediente 1584/2021-VI, e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Así, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque el acto reclamado no le causa perjuicio a la parte quejosa. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, donde se negó el acceso a los registros dentro de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/16/2017, que aduce se está integrando en su contra, en este caso, no puede combatirse a través del juicio de amparo, dado que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, de tal manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. Se afirma lo anterior porque conforme a lo ordenado en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, el imputado tendrá acceso a los registros de investigación cuando se reciba su declaración ante el juez de control o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial, en el caso de ser citado a declarar por parte del Ministerio Público. Es así, acorde al precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. De tal numeral se advierte que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ya que a partir de dichos momentos no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Por su parte, el numeral 219 del código adjetivo penal invocado dispone que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Aclarándose que de ser el caso que la representación social se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para resolver lo conducente, disposición que es del tenor literal siguiente: Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. De igual manera, que los efectos de la omisión de darle acceso o citar al quejoso dentro de la investigación inicial para tener acceso a los registros de investigación recabados, en todo caso se anularán o contrarrestarán si eventualmente se le cita para recibírsele su declaración o entrevista ante la fiscalía, o se le detiene, o bien, si se le cita a la audiencia de la formulación de la imputación ante un juez de control; pues como ya se expuso, será en esos momentos cuando pueda consultar el quejoso junto con su defensor, los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial y de ahí podrá controvertirlos, con datos de prueba que ofrezca en su derecho fundamental de defensa. En la medida en que cualquiera de esos casos, el peticionario de amparo tendría derecho a tener acceso a los registros de investigación y a obtener copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que conforme al nuevo sistema penal acusatorio los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de estos últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por este Juzgado Federal al promover sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto; en el entendido claro está que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, caso por caso. Luego, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, en que según afirma el solicitante del amparo, no ha sido llamado a declarar (emplazado o citado), no le causa un perjuicio en su esfera jurídica. Apoya lo anterior, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Página: 1947 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó al presentar su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; Asimismo, como autorizado a Roberto Antonio Canul Uicab, con las limitaciones que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no haber encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, para que por sí y por conducto de su autorizado, puedan hacer uso de los aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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