Juan Bautista Ake
Expediente 719/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Bautista Ake
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA VII. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1737/2019, de ocho de los corrientes, suscrito por la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de nueve pasado, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este Juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia firmada el quince de julio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó del Delegado y del Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán. Asimismo, por auto de uno de los corrientes, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".el Delegado y el Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deberán realizar lo siguiente: Dar contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a la petición formulada mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberán hacer del conocimiento de los solicitantes del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que estén en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente." Así, de las constancias que la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/1737/2019, de ocho de los corrientes, se tiene que la misma, dio debida contestación a la solicitud 31180002093 del quejoso, pues la responsable señaló que los documentos consistentes en el acta de asamblea de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, y todos los demás anexos, ya se encontraban en dicha dependencia, a disposición del quejoso, y solo faltaba que éste acudiera a recogerlos; mismo oficio que se le puso a la vista en acuerdo de nueve de los corrientes, y que le fue debidamente notificado de manera personal el doce de agosto del presente año, por conducto de su autorizada. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente las responsables han dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DETERMINA QUE SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EL FALLO PROTECTOR, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1737/2019, de ocho de los corrientes, suscrito por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes en este asunto. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE. AGC*
- Principal
VII. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 719/2019-VII, promovido por JUAN BAUTISTA EK AKE, DEMETRIO PECH ESTRELLA y ARMANDO ÁNGEL GOROCICA PECH, contra el acto que reclaman del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, JUAN BAUTISTA EK AKE, DEMETRIO PECH ESTRELLA y ARMANDO ÁNGEL GOROCICA PECH, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyeron al Delegado y al Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al titular de este Juzgado Tercero de Distrito, la que se admitió el treinta de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; y, finalmente, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgador Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de amparo y las constancias de autos, para establecer con exactitud la causa de pedir contenida en sus manifestaciones y no únicamente considerar como tal, lo que en apariencia señaló. Ello, acorde con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Entonces, los quejosos reclaman la falta de respuesta al escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, ante el Delegado del Registro Agrario Nacional, en el que solicitaron la devolución del acta de asamblea ejidal de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Delegado y el Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido de sus informes justificados, se advierte que a la fecha, no han emitido determinación alguna en relación al ocurso presentado por los quejosos, ni tampoco han hecho del conocimiento de éstos, la resolución recaída al mismo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de fondo. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En ese sentido, debe decirse que es fundado el concepto de violación formulado por los quejosos. Como se adelantó, de la interpretación integral de la demanda se obtiene que, en el caso, se reclama del Delegado y del Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, la falta de respuesta a la petición de la parte quejosa, contenida en el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho; acto que se combate por considerarlo violatorio a los derechos tutelados por el artículo 8 Constitucional, entre otros. Ahora bien, el artículo 8 de la Constitución General de la República establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se advierte que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, al que debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirija y deberá hacerla del conocimiento en breve término al peticionario. En relación a aquel derecho fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no basta que la autoridad a quien se eleva la petición, dé respuesta a aquélla y la notifique al solicitante, sino que además, debe verse satisfecho efectivamente tal derecho, de manera que la respuesta que recaiga debe ser congruente con lo planteado, pues solo así, materialmente se da cabal atención a la solicitud del gobernado, ya que admitirlo de otro modo equivaldría a permitir que una simple atención formal de lo solicitado, se tome como respuesta, aun cuando no aborde la cuestión formulada, evadiendo el requerimiento instado. Pero sin que lo anterior implique que la respuesta dada deba ser favorable a la petición del requirente, sino solamente, que se dé contestación a lo efectivamente planteado. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXIV, tercera parte, Sexta Época, página 49, que prevé: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía." De lo anterior se colige que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la garantía a favor de los gobernados, consistente en que los funcionarios y empleados públicos deberán acordar las solicitudes que les hicieren, siempre y cuando sean por escrito, de manera pacífica y respetuosa, haciéndoselas saber en breve término. En la especie, se comprobó que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recepcionó el escrito suscrito por los quejosos, según obra en el sello de recepción del señalado escrito, a través del cual solicitaron la devolución del acta de asamblea ejidal de veintiuno dew diciembre de dos mil dieciséis. Una vez sentado lo anterior, y entrando al estudio de los datos de convicción que obran en el sumario, los cuales tienen la validez que les confieren los numerales 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que el Delegado responsable, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, recibió un escrito que le fue presentado por la parte quejosa, sin que en autos se justifique que hasta el día en que se celebró la audiencia constitucional, las autoridades señaladas como responsables hubiesen dado contestación al referido escrito, haciéndole saber a los peticionarios, el acuerdo recaído al mismo. En esas condiciones, se arriba al convencimiento de que el proceder de las responsables resulta violatorio de los derechos fundamentales de los quejosos, por lo que lo procedente en el caso es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos precisados en el considerando siguiente. QUINTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho reclamado y cumplir, por su parte, lo que aquél exija. En el caso, el Delegado y el Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deberán realizar lo siguiente: Dar contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a la petición formulada mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberán hacer del conocimiento de los solicitantes del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que estén en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN BAUTISTA EK AKE, DEMETRIO PECH ESTRELLA y ARMANDO ÁNGEL GOROCICA PECH, contra el acto que reclaman del Delegado y del Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario con quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, quince de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado permitieron el engrose. Doy fe.
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