Juan Butron Garcia

Expediente 897/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
897/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Butron Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    IV. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinticuatro de octubre del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    IV. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte los informes del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en Ciudad de México y las constancias remitidas por la primera autoridad nombrada en cumplimiento al requerimiento de fecha once de octubre del año en curso. Ahora bien, cabe destacar que la parte quejosa reclama la omisión de dar trámite de enviar los recursos de revisión a la autoridad responsable encargada de resolveros, así como la omisión del resolver sobre dichos recursos de revisión, en relación a las parcelas 120 y 12 del Ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida. Así en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IV artículo 63 y fracción XXII del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, que establecen que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo y que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, porque la parte quejosa reclama por una parte la omisión de dar trámite de enviar, remitir o despachar los recursos de revisión a la autoridad responsable encargada de resolverlos Empero en la especie, se estima que por dicho acto reclamado se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior, es así toda vez que de las constancias que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, remitió los escritos de los recursos de revisión relativos a las parcelas 120 y 121 del ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida, Yucatán a la Dirección General del Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, oficio que fue acusado el veintisiete de marzo del año que transcurre, bajo el folio 00011225, por oficinas centrales. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Luego entonces, si se enviaron los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa en fecha trece de marzo del año en curso, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el nueve de agosto del año dos mil dieciocho, es inconcuso que dicho acto reclamado por la parte quejosa, es inexistente. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, había enviado a la Dirección General del Registro y Control Documental, en la Ciudad de México, los escritos de los recursos de revisión entregados al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causa de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, exhibió el oficio RAN/YUC/SR/1164/2018 de fecha trece de marzo del año en curso, con fecha de recibido veintisiete de ese mismo mes y año, bajo el folio 00011225 (foja 54), con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por otra parte, en la especie, la parte quejosa reclama del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México la omisión de resolver cada uno de los recursos de revisión que interpuso en relación a las parcelas 120 y 12 del Ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida. Sin embargo, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se resolvió respecto de los recursos de revisión interpuestos por las apoderadas legales del directo quejoso Juan Butrón García, ejidatario del poblado denominado Noc-Ac, ubicado en el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, en contra de la Calificación Registral de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró la improcedencia de inscripción y expedición del Título de Propiedad de Origen Parcelario de las parcelas 120 y 121, confirmando la calificación registral de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Motivo por lo cual, se concluye que dicho acto ya no puede tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir su objeto o materia del mismo, por lo que se actualiza en este procedimiento la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la misma ley. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por otra parte, no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, aunado a que la resolución emitida por la responsable es susceptible de combatirse a través del juicio agrario, de conformidad con lo previsto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracciones IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintisiete minutos del treinta y uno de octubre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe

  3. Principal

    IV. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte los informes del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en Ciudad de México y las constancias remitidas por la primera autoridad nombrada en cumplimiento al requerimiento de fecha once de octubre del año en curso. Ahora bien, cabe destacar que la parte quejosa reclama la omisión de dar trámite de enviar los recursos de revisión a la autoridad responsable encargada de resolveros, así como la omisión del resolver sobre dichos recursos de revisión, en relación a las parcelas 120 y 12 del Ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida. Así en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IV artículo 63 y fracción XXII del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, que establecen que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo y que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, porque la parte quejosa reclama por una parte la omisión de dar trámite de enviar, remitir o despachar los recursos de revisión a la autoridad responsable encargada de resolverlos Empero en la especie, se estima que por dicho acto reclamado se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior, es así toda vez que de las constancias que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, remitió los escritos de los recursos de revisión relativos a las parcelas 120 y 121 del ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida, Yucatán a la Dirección General del Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, oficio que fue acusado el veintisiete de marzo del año que transcurre, bajo el folio 00011225, por oficinas centrales. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Luego entonces, si se enviaron los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa en fecha trece de marzo del año en curso, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el nueve de agosto del año dos mil dieciocho, es inconcuso que dicho acto reclamado por la parte quejosa, es inexistente. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, había enviado a la Dirección General del Registro y Control Documental, en la Ciudad de México, los escritos de los recursos de revisión entregados al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causa de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, exhibió el oficio RAN/YUC/SR/1164/2018 de fecha trece de marzo del año en curso, con fecha de recibido veintisiete de ese mismo mes y año, bajo el folio 00011225 (foja 54), con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por otra parte, en la especie, la parte quejosa reclama del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México la omisión de resolver cada uno de los recursos de revisión que interpuso en relación a las parcelas 120 y 12 del Ejido de Noc-Ac, Municipio de Mérida. Sin embargo, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se resolvió respecto de los recursos de revisión interpuestos por las apoderadas legales del directo quejoso Juan Butrón García, ejidatario del poblado denominado Noc-Ac, ubicado en el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, en contra de la Calificación Registral de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró la improcedencia de inscripción y expedición del Título de Propiedad de Origen Parcelario de las parcelas 120 y 121, confirmando la calificación registral de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Motivo por lo cual, se concluye que dicho acto ya no puede tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir su objeto o materia del mismo, por lo que se actualiza en este procedimiento la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la misma ley. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por otra parte, no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, aunado a que la resolución emitida por la responsable es susceptible de combatirse a través del juicio agrario, de conformidad con lo previsto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracciones IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintisiete minutos del treinta y uno de octubre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    IV. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en auto de once de este mes y año en curso, en tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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