Juan Bautista Canto Sosa

Expediente 1778/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1778/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Bautista Canto Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Así también, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18 del Acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se señala que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1778/2022-IV-B, promovido por JUAN BAUTISTA CANTO SOSA, contra de los actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció JUAN BAUTISTA CANTO SOSA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previa prevención, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en lo siguiente: El auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual la autoridad responsable no admitió: a) El recurso de apelación; y, b) De revocación. Ambos interpuestos por el quejoso en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente 353/2014, de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, se establece que en la especie se advierte ha operado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, mismo que a la literalidad señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;". En ese sentido, es menester precisar que la aludida causa de improcedencia, se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Los asertos que antecede, tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Tomo XII, Diciembre de 2000, a página 15, que a la literalidad reclama: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Sentado lo anterior, se aprecia, en primer lugar, que el quejoso debe ser quien interponga el recurso o medio ordinario de defensa, puesto que la única manera en que podría salvaguardar sus derechos, es mediante la existencia de un recurso o medio de defensa oponible frente a la resolución que lesiona su interés jurídico. Por otro lado, es menester señalar que el recurso o medio ordinario de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. Efectivamente, de acuerdo con el principio de derecho que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, aplicado al precepto en estudio, se impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, y es necesaria la demostración fehaciente de que con dicho recurso el agraviado va a ser oído, que además es idóneo para revocar el acto impugnado y el que dicho recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. Esto es, que bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por tanto, cabe concluir que el término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que en un momento dado puede implicar su admisión por la autoridad respectiva. Finalmente, el recurso o medio de defensa legal debe constituir la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo; esto es, que esté expresamente instituido por la ley, regido por un procedimiento para su tramitación y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora bien, en el caso concreto, del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1.- El quejoso JUAN BAUTISTA CANTO SOSA, suscribió convenio voluntario con CIRA ALEJANDRA NOVELO MONTAÑEZ, el cual se radicó en el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con el número de expediente 353/2014. 2.- Dentro del procedimiento, los comparecientes ratificaron el convenio, se declararon procedentes las diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Divorcio Voluntario; se aprobó el convenio de divorcio; se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se ordenó girar el oficio al Registro Civil de Mérida, Yucatán, para la anotación correspondiente; y se fijó pensión alimenticia. 3.- El once de febrero de dos mil quince, se dictó la sentencia en el expediente 353/2014, la cual el tres de marzo de dos mil quince causó ejecutoria. 4.- En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se declaró la mayoría de edad de Yrma Alejandra Canto Novelo (hija de los promoventes); siendo que en diverso proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió el aumento de la pensión alimenticia que solicito CIRA ALEJANDRA NOVELO MONTAÑEZ, y se le requirió al aquí quejoso el pago de la cantidad de $41,184.70 en concepto de diferencias de pensiones acumuladas de diversas anualidades (del 2016 al mes de octubre de 2021). 5.- El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el aquí amparista interpuso recursos de apelación y revocación en contra del auto de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno. 6.- Luego, en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, notificado al quejoso por cédula el dieciocho siguiente, se le impuso una multa por la cantidad de $1,792.40, en razón de que no cumplió con lo ordenado en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno. 7.- El referido auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, fue publicado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el once de mayo de dos mil veintidós. 8.- Mediante escritos presentados el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso los recursos de apelación y revocación, en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós; y, 9.- Posteriormente, el auto de siete de junio de dos mil veintidós, publicado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el cuatro de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable no admitió los recursos planteados, en razón de que se presentaron fuera de tiempo, considerando que el quejoso quedó notificado desde el once de mayo de dos mil veintidós. El anterior, es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 10.- Después, mediante escritos presentados el seis de julio de dos mil veintidós ante la autoridad responsable, el aquí quejoso interpuso recursos de apelación (foja 52) y revocación (foja 50) en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, que es el acto aquí reclamado. 11.- Mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintidós (foja 62), la autoridad responsable admitió el recurso de revocación e inadmitió el recurso de apelación, planteados ambos por la aquí parte quejosa en contra del acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós; auto que en la parte conducente establece: "[.] [.]". Ahora bien, a efecto de determinar si se cumplen con los requisitos para la actualización de la causal de improcedente aludida, es relevante precisarse lo siguiente: El recurso de REVOCACIÓN fue interpuesto por el aquí quejoso, en contra del proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio 353/2014. Dicho recurso fue admitido por la autoridad responsable en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, por lo que se encuentra en trámite. El medio de impugnación ordinario en comento constituye la vía idónea para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, esto, al tratarse del medio ordinario de defensa de revocación que prevén los artículos 423 y 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que al efecto señalan: "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado". "Interposición de la revocación fuera de audiencia. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda". Medio ordinario de defensa con el cual el recurrente pretende revocar la determinación primigenia (auto de siete de junio de dos mil veintidós); y que, dada la naturaleza del auto reclamado, siendo que el mismo pudiese causar un gravamen a los derechos del interesado, es el medio idóneo para que la autoridad analice los agravios expuestos por el disidente, y en caso de declararlos fundados, reconsidere la determinación que emitió. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que contiene, la tesis visible en la página 184, del Tomo VI, Común, P.R. TCC, Octava Época, del Apéndice 2000, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de garantías es improcedente: "cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la transcripción anterior se advierte, que los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) El recurso o medio de defensa, debe ser interpuesto por el propio quejoso, y d) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Entonces, como se adelantó, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; lo cual impide a este órgano jurisdiccional a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN BAUTISTA CANTO SOSA, en contra del acto que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las cuales fueron recibidas y puestas a la vista de las partes en proveído de nueve de septiembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nuevas fecha y hora las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio remitido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias que integran el expediente relacionado con el acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, y relaciónense en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida como prueba de la oficiante, la documental que adjunta, para ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.

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