Juan Bautista Ek Aké

Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1041/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Bautista Ek Aké

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el referido quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades: 1. Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán. 2. Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional 3. Director en Jefe del Registro Agrario Nacional. Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 1041/2023-VI-A y se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31230004833, presentada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad (12471), consistente en la omisión de atender la solicitud de trámite 31230004833, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela colectiva 15 Z-1 P1/1, del ejido de San Juan Hau, municipio de Tixkokob, Yucatán, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, agregando que mediante oficio RAN/YUC/SR/1541/2023 de trece de abril de dos mil veintitrés, una vez verificada la integración del expediente relativo, remitió la solicitud 31230004833 y documentación anexa a la Dirección General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones se realizara la calificación registral y de ser procedente la inscripción correspondiente, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de dicho acto y con ello desvirtuar la negativa. Aunado a que, por diverso oficio RAN/YUC/SR/3998/2023, de dieciséis de octubre de los corrientes, la referida responsable remitió la información adicional que le fuera solicitada por el Director en Jefe y Director de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; lo anterior, a fin de que contaran con todos los elementos necesarios para emitir la calificación registral correspondiente (promoción 16456). En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Director General de Registro y Control Documental, y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, ambos con residencia en la Ciudad de México, pues aun cuando negaron su existencia al rendir su informe justificado por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de dicho órgano administrativo desconcentrado, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye (15727). Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por los quejosos en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (veintinueve de marzo de dos mil veintitrés), a la fecha en que se promovió la demanda (tres de julio de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido más de tres meses, ello significa que se ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 31230004833, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 15 Z-1 P1/1, ubicada en el ejido San Juan Hau, municipio de Tixkokob, Yucatán. Por lo que es incuestionable que las citadas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se emita la calificación registral correspondiente y se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y únicamente en caso de emitirse una calificación registral positiva, en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Supuesto este último, que de actualizarse, bastará con que se determine por parte de las responsables dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN BAUTISTA EK AKE, en contra del acto que reclamaron a la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO, La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN BAUTISTA EK AKE, en contra de los actos que reclamaron al Director en Jefe, y Director de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no obran en autos las constancias requeridas a la autoridad responsable Directora General de Registro y Control Documental el Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en proveído de dieciocho de octubre de la presente anualidad, así como tampoco obra el acuse de recibo del oficio con el que se realizó el requerimiento en cita. Aunado a que, al tener su domicilio fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, existe la posibilidad de que por la distancia, las constancias solicitadas se encuentren en tránsito postal para su entrega. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio ********************signado por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de los corrientes. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que mediante misiva ******************** de dieciséis de octubre último, remitida vía correo electrónico, informó a la Directora General de Registro y Control Documental el Registro Agrario Nacional, que a través del diverso ********************, se envió a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, con sede en la Ciudad de México, la opinión técnica respecto del excedente de las tierras ejidales que por esta vía defiende la parte quejosa. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Directora General de Registro y Control Documental el Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado Federal, el tratamiento que le hubiere dado al citado oficio ******************** remitido vía correo electrónico, por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, residente en esta capital, debiendo adjuntar las constancias que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y Directora General de Registro y Control Documental de dicha institución. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante proveído de veinte de septiembre pasado, se tuvo por recibido dicho informe vía telegráfica y se acordó lo conducente. Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el telegrama del Director Jurídico del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y Directora General de Registro y Control Documental de dicha institución, ambos con sede en la Ciudad de México, con el cual rindieron su informe justificado; asimismo, manifestaron que mediante diversa misiva ******************** de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se le solicitó a la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, información adicional a fin de estar en aptitud de emitir la calificación correspondiente, relativa a la parcela colectiva ******************** que por esta vía defiende el impetrante del amparo. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado Federal, el tratamiento que le hubiere dado al citado oficio ********************, remitido por Director en Jefe y Directora General de Registro y Control Documental de dicha institución, ambos con sede en la Ciudad de México, debiendo adjuntar las copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). En consecuencia y a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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