Juan Antonio Vera Carrizal
Expediente 176/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Vera Carrizal
Actuaciones
- Principal
PRAL. 176/2023 MESA 3* En el juicio de amparo indirecto 176/2023, promovido por ******, en esta fecha se dictó el siguiente acuerdo: ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables, 3) terceros interesados y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Devolución de DVD. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León Oaxaca, un disco en formato DVD que ofreció como prueba. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Se ordena archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso a), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo, este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles".
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PRAL. 176/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, ********************Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. ********************Razón actuarial. Agréguese la razón actuarial de la que se advierte que no fue posible notificar a ********************.********************.********************.********************., parte tercera interesada en este juicio, la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. 2. Se ordena notificar por lista a la parte tercera interesada. Sin embargo, la parte tercera interesada no se apersonó a este juicio, en tanto que en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se le requirió para que dentro del plazo de tres días siguientes en que surtiera efectos la notificación señalara domicilio en la zona conurbada de la Ciudad de ********************Oaxaca, con el apercibimiento que, de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, se realizarían mediante lista de acuerdos. Por ello, con fundamento en el artículo 27, de la fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena realizar la notificación de la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a la parte tercera interesada en mención, por lista de acuerdos que se pública en este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes notificaciones. ********************n consecuencia, se instruye al actuario judicial llevador de este expediente que, una vez efectuada la notificación por lista, integre al expediente electrónico las constancias respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: PRAL. 176/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio firmado por la juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos e informa, sustancialmente, que en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés se determinó el cese de la prisión preventiva oficio y justificada impuesta a ******, dictada en la causa penal ********************, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria; sin embargo, que dicha determinación fue modificada por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca mediante resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal *****, en la que dejó insubsistente todas las determinaciones tomadas por la juez en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, esto es, que quedó sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria. Para justificar su dicho, remitió cuatro discos en formato DVD; en su atención, se provee: 1.1. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la citada autoridad responsable cuatro discos en formato DVD que contiene diversas constancias de la causa penal ******************** del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Precisión. Debido a que no es posible la digitalización de las audiencias que obran en los discos, dada su naturaleza, se hace del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico; no obstante se deja a su disposición para su consulta, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, las constancias remitidas por la responsable en PDF, serán ingresadas al expediente electrónico de este juicio, a fin de que las partes tengan la oportunidad de consultarlas. 2. Estado de autos. Ahora, de la lectura de las constancias que integran este expediente se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio: De la juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, residente en Huajuapan de León, Oaxaca: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la que se confirmó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, en el que se determinó que, como subsisten los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Acto contra el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. De los discos en formato DVD que contienen diversas constancias de la causa penal ******************** y el toca penal *****, a los que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se advierte que: El veintiuno de enero de dos mil veintitrés el juez responsable determinó el cese de la prisión preventiva oficiosa y justificada impuesta a ********, dictada en la causa penal ********************, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés el juez responsable, en atención al escrito presentado por la defensa del quejoso, en el que solicitó que se requiriera a las responsables para que dieran cumplimiento a la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, determinó que, como subsistían los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. El veintiocho de enero de dos mil veintitrés el juez responsable, al resolver el citado medio de impugnación -revocación-, confirmó la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Acto anterior es el reclamado en este juicio. El catorce de marzo de dos mil veintitrés la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la víctima y otras, dejó sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria impuesta al quejoso en determinación de veintiuno de enero de dos mil veintitrés. De lo anterior se advierte que la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, en la que el juez responsable determinó el cese de la prisión preventiva oficio y justificada impuesta a *****, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria, fue combatida por la víctima y demás partes procesales, a través del recurso de apelación. Recurso que fue resuelto el catorce de marzo de dos mil veintitrés por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que determinó dejar sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria. De lo narrado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la porción normativa transcrita se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Así, respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). En ese orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Mientras que el segundo supuesto se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Razón por la que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de aquellos actos contra los cuales se ejercieron los medios o recursos ordinarios de defensa que la ley del acto prevé, ya que lo resuelto en éstos sustituye al auto o resolución impugnada, al incidir en su vigencia y ejecutividad, pues la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación interpuesto. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en su vertiente de sustitución procesal. Ello, toda vez que la parte quejosa reclama de la juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la que confirmó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, en el que determinó que, como subsistían los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél -sujeción domiciliaria-, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Sin embargo, la determinación de veintiuno de enero de dos mil veintitrés en la cual fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva y le fue impuesta la sujeción domiciliaria al ahora quejoso, quedó sin efecto, como se advierte de la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal *****, como se aprecia de lo siguiente: (.)" En ese sentido, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, en la que fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva y, en su lugar, se impuso al quejoso la sujeción domiciliaria, fue sustituido procesalmente por la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés dictada por la sala en el toca penal ********************, en la que determinó declarar sin efecto todo lo determinado por el juez responsable en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés. Lo que conlleva la imposibilidad de estudiar las posibles violaciones cometidas en la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, sin afectar el nuevo contexto generado por el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, esto es, por la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal ******************** ello, toda vez que el acto reclamado en este juicio deriva de la falta de cumplimiento a lo determinado en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************; resolución que quedó sin efecto por la resolución emitida por la sala. Lo que patentiza que han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE PROCEDE A SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio. 3. Audiencia constitucional. Por ello, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. 4. Acceso a la justicia. Se precisa que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Notifíquese en los términos de ley. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 176/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio firmado por la juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos e informa, sustancialmente, que en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés se determinó el cese de la prisión preventiva oficio y justificada impuesta a *****, dictada en la causa penal ********************, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria; sin embargo, que dicha determinación fue modificada por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca mediante resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal *****, en la que dejó insubsistente todas las determinaciones tomadas por la juez en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, esto es, que quedó sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria. Para justificar su dicho, remitió cuatro discos en formato DVD; en su atención, se provee: 1.1. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la citada autoridad responsable cuatro discos en formato DVD que contiene diversas constancias de la causa penal ******************** del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Precisión. Debido a que no es posible la digitalización de las audiencias que obran en los discos, dada su naturaleza, se hace del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico; no obstante se deja a su disposición para su consulta, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, las constancias remitidas por la responsable en PDF, serán ingresadas al expediente electrónico de este juicio, a fin de que las partes tengan la oportunidad de consultarlas. 2. Estado de autos. Ahora, de la lectura de las constancias que integran este expediente se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio: De la juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, residente en Huajuapan de León, Oaxaca: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la que se confirmó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, en el que se determinó que, como subsisten los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Acto contra el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. De los discos en formato DVD que contienen diversas constancias de la causa penal ******************** y el toca penal *****, a los que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se advierte que: El veintiuno de enero de dos mil veintitrés el juez responsable determinó el cese de la prisión preventiva oficiosa y justificada impuesta a *******, dictada en la causa penal ********************, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés el juez responsable, en atención al escrito presentado por la defensa del quejoso, en el que solicitó que se requiriera a las responsables para que dieran cumplimiento a la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, determinó que, como subsistían los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. El veintiocho de enero de dos mil veintitrés el juez responsable, al resolver el citado medio de impugnación -revocación-, confirmó la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Acto anterior es el reclamado en este juicio. El catorce de marzo de dos mil veintitrés la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la víctima y otras, dejó sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria impuesta al quejoso en determinación de veintiuno de enero de dos mil veintitrés. De lo anterior se advierte que la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, en la que el juez responsable determinó el cese de la prisión preventiva oficio y justificada impuesta a Juan Antonio Vera Carrizal, e impuso como medida cautelar la sujeción domiciliaria, fue combatida por la víctima y demás partes procesales, a través del recurso de apelación. Recurso que fue resuelto el catorce de marzo de dos mil veintitrés por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que determinó dejar sin efecto la medida cautelar de sujeción domiciliaria. De lo narrado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la porción normativa transcrita se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Así, respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). En ese orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Mientras que el segundo supuesto se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Razón por la que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de aquellos actos contra los cuales se ejercieron los medios o recursos ordinarios de defensa que la ley del acto prevé, ya que lo resuelto en éstos sustituye al auto o resolución impugnada, al incidir en su vigencia y ejecutividad, pues la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación interpuesto. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en su vertiente de sustitución procesal. Ello, toda vez que la parte quejosa reclama de la juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la que confirmó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, en el que determinó que, como subsistían los riesgos procesales y la necesidad de la prisión preventiva justificada y al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia del imputado en el domicilio señalado por aquél -sujeción domiciliaria-, tenía que continuar cumpliendo con la medida de prisión preventiva justificada, hasta en tanto existieran las condiciones para realizar el traslado. Sin embargo, la determinación de veintiuno de enero de dos mil veintitrés en la cual fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva y le fue impuesta la sujeción domiciliaria al ahora quejoso, quedó sin efecto, como se advierte de la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal *****, como se aprecia de lo siguiente: (.)" En ese sentido, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, en la que fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva y, en su lugar, se impuso al quejoso la sujeción domiciliaria, fue sustituido procesalmente por la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés dictada por la sala en el toca penal ********************, en la que determinó declarar sin efecto todo lo determinado por el juez responsable en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés. Lo que conlleva la imposibilidad de estudiar las posibles violaciones cometidas en la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, sin afectar el nuevo contexto generado por el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, esto es, por la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal ******************** ello, toda vez que el acto reclamado en este juicio deriva de la falta de cumplimiento a lo determinado en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************; resolución que quedó sin efecto por la resolución emitida por la sala. Lo que patentiza que han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE PROCEDE A SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio. 3. Audiencia constitucional. Por ello, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. 4. Acceso a la justicia. Se precisa que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Notifíquese en los términos de ley. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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