Juan Antonio Vera Carrizal
Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 53 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Vera Carrizal
- Juan Antonio Vera Carrizal y Otros.
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Max Fernando Juárez Juárez (16/04/2021) 16/11/2021, dejó de tener la calidad de tercero interesado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
PRAL 118/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Se autoriza expedición de copia certificada. Incorpórese a los autos el oficio firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula I-5 Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual solicita que, en un término no mayor a diez días, se le remita copia certificada 1) de la demanda de amparo y 2) auto inicial dictado en este expediente; ello, a fin de investigar hechos denunciados por la aquí tercera interesada, de iniciales M.E.R.O. En su atención, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos de su artículo 2º, expídasele la copia certificada de las documentales que refiere. 2. Precisión sobre entrega de copias. Con la precisión que, derivado del fenómeno de salud pública ocasionado por el virus covid-19, por ahora a) no se permite la entrada y salida de las partes de forma libre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación y b) la asistencia del personal jurisdiccional y el horario en que se asiste, son limitados, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 21/2022); por lo cual, toda vez que la autoridad solicitante proporciona las direcciones de correo electrónico institucionales luis.vasquez@pgr.gob.mx y octavio.dominguez@pgr.gob.mx, remítanse a ambas cuentas la copia certificada, en forma digital, autorizada mediante firma electrónica de la secretaria de juzgado, en términos del artículo 279 del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, con la finalidad de optimizar los recursos materiales y humanos de este Juzgado, y agilizar la expedición de lo requerido. Por último, confírmese vía telefónica la recepción de las constancias que se envíen (al número indicado en la misiva de cuenta, a saber, 9515019626); con la razón de envío correspondiente, que deberá glosarse en autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.118/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho. 2. Firmeza del acuerdo de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo y los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Por haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es DEPURABLE; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7. Remisión de constancias. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional se tramita el juicio de amparo 745/2022 promovido por *** por propio derecho, contra un acto de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y de otra autoridad (asunto relacionado con este juicio de amparo); por ello, mediante oficio, se ordena remitir a la Secretaría encargada del trámite de ese juicio de amparo I) el toca penal JOTP/97/2020 y cuatro discos compactos en formato DVD que exhibió la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, Oaxaca, y II) un disco más con un legajo de copias certificadas que exhibió en este expediente el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Situación que se hace del conocimiento de las referidas autoridades jurisdiccionales responsables, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercera interesada.
- Principal
PRAL.118/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes, para que expusieran lo que a sus intereses conviniera en relación al cumplimiento que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, adujo dar a la sentencia de amparo. Siendo el quejoso y la agente ministerial a la que le asiste el carácter de tercera interesada los que desahogaron la vista, mediante ocursos agregados en autos de catorce y dieciséis de junio de dos mil veintidós; al respecto, el quejoso formula alegaciones para evidenciar el incumplimiento de la sentencia, mientras que la representante social sostiene que sí se encuentran acatados los efectos concesorios del amparo. 2. Antecedentes. Por tanto, se procederá a establecer si del análisis de las constancias que obran en autos este órgano jurisdiccional encuentra cumplido el fallo protector; para lo cual, es necesario destacar algunos antecedentes: 1. Juan Antonio Vera Carrizal, por conducto de su defensora particular Carla Pratt Corzo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes (precisados en la sentencia de amparo): De la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/97/2020, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 533/2019, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Del juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La ejecución de la determinación reclamada. 2. Demanda que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado, el que mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno la admitió a trámite, previo cumplimiento de la prevención formulada el once de febrero de ese año. 3. Seguida la secuela procesal, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 4. En acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 5. No obstante, en auto de doce de enero de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. 6. Dicho medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, el que por resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós lo desechó por extemporáneo. 7. El diez de febrero del año en curso se tuvo a la Sala responsable informando sobre el cumplimiento otorgado a la sentencia concesoria de amparo, por lo cual, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. 8. El ocho de marzo de dos mil veintidós se determinó que no era posible analizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en razón de que la resolución emitida por la Sala responsable carecía de validez, al no estar firmada por una de los magistrados que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; por lo cual, se requirió nuevamente el cumplimiento. 9. El dieciocho de marzo de este año se tuvo a la Sala responsable informando de nueva cuenta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de marzo del año en curso en el toca penal JOTP/97/2020, con la cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus interés conviniera. 10. A efecto de estar en condiciones de emitir la determinación relativa al pretendido cumplimiento, el cuatro y veintiséis de abril de dos mil veintidós se requirió a la Sala responsable que devolviera el mencionado toca penal; el cual se tuvo por recibido con cuatro discos ópticos en auto de dos de mayo de este año. 11. Una vez analizadas las constancias correspondientes, el diecisiete de mayo del año en curso se determinó que la resolución dictada el dieciséis de marzo del año en curso en el toca penal JOTP/97/2020, no cumplía debidamente los efectos de la sentencia de amparo; por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable el acatamiento de los efectos protectores. 12. El tres de junio de este año se tuvo a la Sala responsable informando de nueva cuenta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; para acreditarlo, remitió copia certificada de la resolución dictada el uno de junio del año en curso en el toca penal JOTP/97/2020, con la cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (reservándose la notificación de esa determinación a la tercera interesada M.E.R.O. por encontrarse pendiente en esa fecha su designación de domicilio para recibir notificaciones). 13. Mediante auto de diez de junio de este año se acordó lo respectivo al domicilio de la tercera interesada M.E.R.O. para recibir notificaciones, de ahí que se procedió a darle vista con el pretendido cumplimiento de la sentencia de amparo. Pero, como se adelantó, únicamente el quejoso y la agente del Ministerio Público tercera interesada desahogaron la vista otorgada. 3. Análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora, analizada que fue la sentencia dictada el uno de junio del año en curso en el toca penal JOTP/97/2020, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se concluye que con la misma sí se cumplen los efectos de la sentencia de amparo, consistentes en: ". 1) Emitir una determinación en la que deje insubsistente la diversa de catorce de enero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca penal JOTP/97/2020. 2) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que subsane las omisiones descritas en este fallo, a saber: a) fundamentación y motivación en torno a la modificación de los hechos materia de la imputación y b) respuesta completa al agravio referente a la alegada ilicitud de la declaración de Ruvicel Hernández Ríos. 3) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda en relación al recurso de apelación puesto a su consideración". El primer efecto se encuentra cumplido, debido a que en el tercer párrafo de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/97/2020, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dejó insubsistente la resolución reclamada dictada el catorce de enero de dos mil veintiuno; y posteriormente, la resolución de dieciséis de marzo fue sustituida por la diversa emitida el uno de junio de dos mil veintidós; de ahí que ya no existe la determinación reclamada en este juicio de amparo, lo que demuestra que el primer efecto de la sentencia de amparo fue acatado. El segundo efecto también se cumple, porque a través de la sentencia de uno de junio de dos mil veintidós la Sala responsable fundó y motivó lo concerniente a la a) modificación de los hechos materia de la imputación y a la b) respuesta completa al agravio referente a la alegada ilicitud de la declaración de Ruvicel Hernández Ríos; bajo las consideraciones siguientes: POR LO QUE HACE A LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN TORNO A LA MODIFICACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. La Sala responsable, en la resolución que se analiza de uno de junio de dos mil veintidós, precisa que se constriñó únicamente a los hechos imputados por la Fiscalía en la audiencia de comunicación de la imputación celebrada en la causa penal 533/2019, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León; y puntualiza que: Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso solo puede dictarse por el hecho o hechos motivo de la imputación. La imputación del Ministerio Público constituye el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador; de ahí que éste no puede variar los hechos, porque al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador. Al juzgador le corresponde asignar una calificación jurídica a los hechos que han sido expuestos por las partes, de modo que la calificación jurídica de los hechos puede variar respecto a la calificación planteada por las partes, siempre y cuando no se varíen los hechos que determinan la litis del proceso. No existe fundamento legal que faculte al órgano jurisdiccional a modificar los hechos imputados. Además, la Sala puntualizó que, desde el punto de vista jurídico, debe entenderse por "hecho" una facticidad, suceso, acaecer o acontecimiento, algo que ocurrió; mientras que un "hecho delictivo" es el suceso que se subsume en una hipótesis jurídico penal, por contener los elementos que la ley penal le imprime para considerarlo delito; así, cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos; de modo que es el hecho delictivo el que es posible modificar mediante la reclasificación. Ello, con sustento en los artículos 141, segundo párrafo, 315, antepenúltimo párrafo, 335 antepenúltimo párrafo y 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con la jurisprudencia con número de registro 2022168. RESPUESTA COMPLETA AL AGRAVIO REFERENTE A LA ALEGADA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN DE RUVICEL HERNÁNDEZ RÍOS. Por lo que respecta a la alegada ilicitud de la declaración de Ruvicel Hernández Ríos, en la sentencia de amparo se precisó que al interponer apelación, el recurrente (ahora quejoso) alegó, además de la existencia de tortura al recabar el testimonio, una indebida valoración de la prueba por las condiciones de tiempo-espacio en que fue recabada; por eso, en la sentencia de amparo se precisó que en la resolución reclamada se había prescindido de contestar completamente ese agravio, porque solo se atendió el relativo a la alegada tortura. Motivo por el cual se concluyó que debía darse respuesta fundada y motivada al agravio que la parte quejosa hizo depender de las condiciones de espacio-tiempo en que fue rendida la declaración de Ruvicel Hernández Ríos. A lo cual, mediante resolución de uno de junio de dos mil veintidós dictada en el toca penal JOTP/97/2020, la Sala Penal responsable da respuesta fundada y motivada a dicho aspecto; pues, sustancialmente, expone que: Con fundamento en el artículo 21, apartado "A", fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la institución de la ilicitud de la prueba se genera cuando en la obtención de la prueba se violan derechos fundamentales, y la consecuencia es la nulidad de la prueba de que se trate. No hay alguna disposición legal que establezca como atentatorias y violatorias de derechos fundamentales las circunstancias de fecha, hora y lugar en que el Ministerio Público tome las declaraciones; es decir, no hay una norma específica que diga a qué hora, cuándo y en qué lugar debe el Ministerio Público tomar una declaración. Las circunstancias de tiempo y espacio no atentan contra derechos fundamentales, razón por la cual, la declaración recabada a Ruvicel Hernández Ríos no está afectada de ilicitud. En los artículos 47 y 48 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece el lugar en que el órgano jurisdiccional debe celebrar las audiencias y el tiempo en que pueden ser realizados los actos procesales, los cuales difieren de los actos practicados durante la actividad investigadora. Agregando que la defensa no aportó prueba alguna que corrobore, efectivamente, su afirmación, tampoco justificó la fecha, hora y lugar en que inició y concluyó esa declaración; lo cual impedía a la Sala pronunciarse en diverso sentido respecto de ese agravio. Concluyendo que es incuestionable que la declaración de Ruvicel Hernández Ríos no está afectada de ilicitud, pues no obra en la causa penal prueba alguna que así lo acredite; consecuentemente, la Sala determinó que ese agravio deviene infundado. Como se observa, en las respuestas dadas al agravio, la Sala responsable vierte los motivos y fundamentos de su determinación, justificando su decisión con base en los datos de prueba a su alcance; de ahí que, se insiste, el segundo efecto de la sentencia de amparo está satisfecho. En tanto que el tercer efecto igualmente se encuentra cumplido, debido a que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la resolución de uno de junio de este año resolvió lo que en derecho estimó procedente en relación al recurso de apelación puesto a su consideración, y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra Juan Antonio Vera Carrizal el diez de abril de dos mil veinte en la causa penal 533/2019, del Juzgado de Control de Huajuapan de León, Oaxaca. Por lo expuesto, se estima que con la resolución de uno de junio de este año se cumple con la sentencia de amparo. 3.1. Manifestaciones formuladas por la parte quejosa y la fiscal tercera interesada. 3.1.1. Parte quejosa. La parte quejosa mediante escrito recibido en este Juzgado el quince de junio del año en curso, desahogó la vista otorgada en auto de tres del mismo mes; en dicho ocurso solicitó que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los argumentos sustanciales siguientes: a) Alude que la responsable interpretó incorrectamente el concepto de "actuar con plenitud de jurisdicción", con el hecho de resolver mediante criterios y opiniones propias, que no se basan en los principios de legalidad y certeza jurídica; ello, afirma la parte quejosa, porque en reiteradas ocasiones la Sala emplea términos como "a juicio de esta sala", "a criterio de esta sala" y "la sala estima". No obstante, es infundada esa alegación, toda vez que de la lectura íntegra de la resolución de uno de junio de este año se aprecia que la Sala responsable utiliza esas frases como conectores para desarrollar una idea, abordar temas o introducir un argumento; sin que ello haya impedido acatar los lineamientos de la sentencia de amparo, pues, como ya se adelantó, la Sala fundamentó y motivó lo concerniente a los aspectos requeridos, y si bien hizo uso de criterios propios de esa Sala, lo cierto es que los mismos se justificaron a través de los razonamientos suficientes y necesarios para sostener el argumento, apoyado en el precepto legal aplicable al caso. En vinculación con lo anterior, el quejoso afirma en la última parte de su ocurso, que no se cumple con el tercer efecto de la sentencia, consistente en resolver lo que en derecho corresponda, porque la Sala Penal responsable dictó una determinación carente de fundamentos y motivos y se basa solo en criterios de subjetividad, incluso, al contestar los agravios formulados. No obstante, se disiente de esa afirmación, debido a que el término plenitud de jurisdicción implica que se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, pero no se desconoce que dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites; pues a pesar de que en una sentencia de amparo se conceda plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites, siendo el límite directo e inmediato los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se dicte con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, así como a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Por eso, se estima que la resolución de uno de junio de dos mil veintidós dictada en el toca penal del que emanó el acto reclamado, sí se emitió teniendo como límite los efectos de la sentencia de amparo, a pesar del margen de discrecionalidad otorgado a la autoridad responsable, porque la resolución no carece de conexión lógica con la secuela procesal y la sentencia de amparo, y se dictó atendiendo los efectos de la sentencia al fundar y motivar los puntos requeridos; de ahí que no resulta contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. b) En otro aspecto, la parte quejosa afirma que a pesar de que la Sala responsable sostuvo que no es legalmente procedente la modificación de los hechos materia de la imputación, lo cierto es que emite la nueva resolución con base en hechos modificados, por no ser aquéllos que imputó el fiscal. Para demostrar su aseveración, inserta una tabla comparativa de lo que, dice, son 1) los hechos motivo de la imputación, 2) los hechos modificados por el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso y 3) los hechos por los cuales la Sala responsable confirmó la vinculación a proceso. De modo que compara los hechos expuestos por las tres autoridades, tratando de evidenciar que no hay identidad entre ellos y que con la nueva resolución dictada en el toca penal se está en presencia de hechos modificados, que atentan contra el principio de congruencia, certeza jurídica, legalidad, debido proceso y su derecho fundamental de defensa adecuada En estrecha relación con lo anterior, la parte quejosa continúa refiriendo que la modificación de los hechos motivo de la imputación reside en la necesidad de la Sala Penal de sostener la clasificación jurídica del delito de feminicidio en grado de tentativa, cuyo elemento toral resulta ser la razón de género; por lo cual, el quejoso argumenta que la Sala no es minuciosa al establecer la existencia de actos de desprecio u odio a la víctima, motivado por misoginia. Motivos de inconformidad que devienen inoperantes, por referirse a cuestiones de fondo que no son materia de análisis de esta determinación, la cual únicamente consiste en examinar si la autoridad responsable, siguiendo los lineamientos formales de la sentencia dictada en este juicio de amparo, fundó y motivó los dos aspectos que fueron destacados (fundamentación y motivación en torno a la modificación de los hechos materia de la imputación y al agravio referente a la alegada ilicitud de la declaración de Ruvicel Hernández Ríos); así, se establecieron los efectos que la responsable debía acatar, sin rebasar los mismos. Por lo cual, respecto a los argumentos de fondo que vierte el quejoso, están a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos establecidos en la ley. c) En otra parte, el quejoso refiere que si bien la responsable se pronunció en torno a la alegada ilicitud de la declaración de Ruvicel Hernández Ríos, lo cierto es que lo hace de manera imprecisa, insuficiente e incongruente; pero, como ya se adelantó, no es factible que a través de esta determinación se analice la legalidad de la respuesta dada al agravio planteado en el recurso de apelación origen del toca penal JOTP/97/2020; pues si la Sala tiene o no razón en darle valor probatorio al testimonio del referido ateste y confirmar la vinculación a proceso del quejoso, es una cuestión propia del fondo del asunto. 3.1.2. Fiscal tercera interesada. Respecto a lo argumentado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Vicefiscalía General de Control Regional, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -tercera interesada- al desahogar la vista otorgada, se precisa que no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento, dado que expresó su conformidad con el cumplimiento adoptado por la responsable en la resolución de uno de junio de este año, por lo que deberá estarse a lo expuesto en este acuerdo. 3.2. Determinación. Por las consideraciones apuntadas, se estima que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acató la sentencia de amparo, sin defecto o exceso; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en sus términos. 3.3. Atención de peticiones diversas de la parte quejosa. 3.3.1. Petición para dar inicio al procedimiento de inejecución. En otro tema, en la promoción mediante la cual desahogó la vista otorgada en auto de tres de junio de este año, la parte quejosa solicitó que se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia. Al respecto, conviene señalar que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 193 de la Ley de Amparo, la materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituyen el análisis y la determinación del incumplimiento de una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, es decir, tiene como finalidad determinar si existe o no incumplimiento de una ejecutoria de amparo, entendiéndose como tal, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Pero en el caso, ha quedado establecido que la Sala Penal responsable cumplió con la sentencia de amparo; por tanto, se hace saber a la parte quejosa que no ha lugar a dar inicio al procedimiento de inejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 2017434 sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, de rubro: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE RESPECTIVO, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DECLARÓ CUMPLIDA." 3.3.2. Petición de actitud respetuosa a la Sala Penal responsable. Por último, la parte quejosa solicita se requiera a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que empleé una sintaxis adecuada y apegada a derecho, que sea respetuosa al dirigirse al imputado (parte quejosa), cuidando el debido decoro; ello, porque a su consideración, extralimita los alcances jurídicos en las resoluciones dictadas en el toca penal y con su redacción denota una falta de respeto hacia el imputado y sus defensores. En su atención, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, por ahora, este órgano jurisdiccional no está en condiciones de atender la petición formulada, en razón de que se determinó cumplida la sentencia de amparo y ya no se estima necesario efectuar un nuevo requerimiento para que la Sala Penal dicte una diversa resolución en el toca penal JOTP/97/2020; no obstante, se atenderá su petición en sus términos en el caso de que, posteriormente, sea preciso requerir la emisión de una nueva actuación de la autoridad responsable. 4. Archivo. Se reserva el archivo de este juicio de amparo, hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.118/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga vista. Agréguense los escritos firmados por ***, persona autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante los cuales desahoga la vista otorgada en auto de tres de junio del año en curso. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones de inconformidad que la parte quejosa tiene con el cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la sentencia de amparo; alegaciones que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, una vez que fenezca el plazo respectivo para el análisis de la totalidad de las constancias de autos en relación con el cumplimiento que dijo dar la responsable. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
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