Juan Antonio Rodríguez Riaño
Expediente 217/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Rodríguez Riaño
- Oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca
- J.I. R. R.
- Juan Antonio Rodríguez Riaño y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
PRAL 217/2021 MESA 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de febrero de este año, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Devolución de documentos. Como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente obran copias certificadas de diversas constancias que adjuntó la parte quejosa a la demanda de amparo, mismas que se especificaron en la sentencia de amparo; sin embargo, conforme al artículo 3º, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, los mismos no constituyen documentos originales, por lo cual es procedente su permanencia en el expediente y no ha lugar a ordenar su devolución, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitarla. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Al haberse, entre otro, negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 4. 2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, según proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo, promovida por Juan Antonio Rodríguez Riaño, por propio derecho y en representación de la menor J.I.R.R., así como con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia correspondiente. ETAPA PROBATORIA. Abierto esta fase, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: a) Copia certificada del acta de nacimiento de Juan Antonio Rodríguez Riaño. b) Copia certificada del certificado de nacimiento con número de folio 023376630. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas dichas probanzas; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por lo que no habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que únicamente la parte quejosa formuló alegatos y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 217/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Juan Antonio Rodríguez Riaño, por propio derecho y en representación de la menor J.I.R.R., contra actos del oficial del Registro de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y de otra autoridad, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 217/2020, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de tres de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar como tercera interesada a María Fernanda Arias Vargas (quien quedó emplazada el uno de octubre de dos mil veinte), y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de trece de julio de dos mil veinte se reanudó el procedimiento de este juicio, conforme a lo previsto en el acuerdo general 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y en el caso, se trata de un asunto de naturaleza civil. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. La negativa de realizar el registro de nacimiento de la menor quejosa que, refiere, ser su hija, con los datos que solicita. Del director del Registro Civil del Estado de Oaxaca: La orden dada mediante circular a los oficiales del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que se nieguen a realizar el registro de nacimiento de los menores de edad cuando sean presentados únicamente por el padre. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección del Registro Civil, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir el informe justificado solicitado, negó el acto reclamado que se le atribuye, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa (foja 67). Por ello, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El oficial del Registro Civil con sede en Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye (foja 68). QUINTO. Procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En análisis de las constancias de este juicio conducen a determinar lo siguiente: En el escrito de demanda el quejoso expuso como conceptos de violación, sustancialmente, que: El acto reclamado vulnera el derecho humano de la menor a tener una identidad y ser registrada inmediatamente después de su nacimiento y conocer su origen, conforme a lo previsto en el artículo 4° constitucional; 7 y 8 sobre los Derechos del Niño; y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La negativa de registro de la menor de edad con los datos del quejoso, nombre y apellidos, es injustificado, ya que no existe precepto legal alguno que impida que el padre pueda registrar a su hijo; Se vulnera el principio de legalidad por inexacta aplicación del artículo 67 y 68, fracción V, del Código Civil del Estado de Oaxaca, ya que el artículo 67 del Código Civil del Estado establece que tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, dentro de los cientos ochenta días de ocurrido, sin que establezca la obligatoriedad de la presencia de la madre para el registro; Los artículos 67 y 68 del Código Civil del Estado establecen que cualquiera de los padres puede presentar al menor para su registro de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil, sin hacer referencia que sea una obligación exclusiva de la madre; El artículo 68, fracción V, del Código Civil del Estado establece que el acta de nacimiento contendrá el primer apellido de los padres, si ambos se presentaren a reconocer, o, los dos apellidos del que se presentare, debe de entenderse que para el registro de nacimiento, no es necesario la comparecencia de la madre para que este se lleve a cabo, pudiendo asentarse en el acta de nacimiento el nombre y apellido del padre para el caso de que se presente solo ante el oficial del Registro Civil a declarar el nacimiento. Dichos conceptos de violación son infundados, los cuales serán estudiados de manera conjunta conforme lo prevé el artículo 76 de la Ley de Amparo. La solución del problema jurídico planteado se establecerá con base en el principio del interés superior de la niñez, ello, toda vez que el acto reclamado es la negativa de registrar a una menor de edad con los datos proporcionados por quien, refiere, ser el padre. Los artículos 4, párrafo octavo y noveno, 30, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 6, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo conducente, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 4° (.). Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". "Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A).- Son mexicanos por nacimiento: I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. B).- Son mexicanos por naturalización: I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley". LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. (.)". "Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; III. La igualdad sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad, y XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad". CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". De la interpretación de los citados preceptos se advierte que todas las autoridades se encuentran obligadas a asegurar y garantizar que en los asuntos y decisiones en las que se involucren derechos de menores, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten un óptimo e integral desarrollo; es decir, la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento. Para ello, la protección de esos derechos debe realizarse a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos, lo que implica que al analizar la constitucionalidad de los actos en donde se vean inmersos intereses de menores, debe realizarse un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida que permita determinar los grados de afectación a sus intereses y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. Por otra parte, el derecho a la identidad tiene implícitas prerrogativas para el menor, tales como son el derecho al nombre, a la nacionalidad y a las relaciones familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de reconocerlos y garantizarlos, como así se advierte del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º y 8º de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 18 y 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales disponen: Convención Sobre los Derechos del Niño. "Artículo 7°. 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida". "Artículo 8. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad." Convención Americana sobre Derechos Humanos "Artículo 18. Derecho al Nombre Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al deuno (sic) de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario". "Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla". Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad". Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes referida anteriormente, establecen: "Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; II. Derecho de prioridad; III. Derecho a la identidad; IV. Derecho a vivir en familia; V. Derecho a la igualdad sustantiva; VI. Derecho a no ser discriminado; VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; XI. Derecho a la educación; XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; XV. Derecho de participación; XVI. Derecho de asociación y reunión; XVII. Derecho a la intimidad; XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición". Del Derecho a la Identidad "Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos". De la lectura armónica de los artículos transcritos se tiene que las personas (niñas, niños y adolescentes), tienen derecho desde su nacimiento a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; asimismo, que cuando un infante sea privado de algunos de los elementos de su identidad, las autoridades deben prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad; de tal modo que son derechos de los niños, entre otros, el contar con una identidad y nombre; por nombre se entiende como un conjunto de palabras con el que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras, el cual se compone de dos elementos esenciales: el nombre propio o de pila y uno o más apellidos; siendo la función de éstos considerada de diversas formas, como un signo de nacionalidad, identificación, de filiación o de parentesco con sus progenitores. De donde se sigue que la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales; la imagen propia de la persona está determinada en buena medida por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, julio 2017, página 260, registro 172050, del texto siguiente: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral". Así, el derecho a la identidad personal ha sido definido por la Suprema Corte de la Nación como el derecho de la persona a tener sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad. En esa idea, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace ser "uno mismo" y no "otro" y se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla. Por ello, el derecho a la identidad personal se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad. Por otro lado, los artículos 66 a 80 del Código Civil para el Estado de Oaxaca disponen: "De las actas de nacimiento "Artículo 66.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la niña o niño ante el Oficial del Registro Civil o solicitando la comparecencia de éste al lugar donde se encuentre aquél, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento se otorgará de forma gratuita y deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Estado. Dicho certificado hace prueba del día, hora, lugar de nacimiento, maternidad y sexo del nacido. La Dirección del Registro civil, para garantizar el derecho a la identidad, realizará de manera gratuita el registro de nacimiento de niñas y niños dentro de los ciento ochenta días de ocurrido. Los oficiales del Registro Civil tendrán la obligación de expedir sin costo las dos primeras copias certificadas del acta de nacimiento". "Artículo 66 Bis.- La vigencia de las actas de nacimiento y las copias certificadas de las mismas que expida el registro civil y se encuentren en buen estado, sin tachaduras, borraduras o enmiendas y legibles, no estarán sujetos a plazo de caducidad alguna y los datos asentados en ellas se presumirán actualizados, salvo prueba en contrario". "Artículo 67.- Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos, los abuelos, dentro de los ciento ochenta días de ocurrido. Si el menor no es registrado dentro de ese plazo, y hasta los seis años, el registro se considerará extemporáneo y se realizará previa autorización emitida en los términos establecidos por el reglamento del registro civil". "Artículo 68.- El acta de nacimiento contendrá: I. El año, mes, día, hora y lugar del nacimiento; II. La impresión digital del registrado; III. La especificación del sexo del registrado; IV. El nombre que le asignen los padres o persona distinta que presente al registrado; V. El primer apellido de cada uno de los progenitores, dejando a su elección y común acuerdo el Orden en que deban asentarse los apellidos, si ambos progenitores se presentaren al reconocimiento, o los apellidos del que se presente. VI. Si lo presentare persona distinta, se le pondrán al registrado el nombre y los apellidos que ésta determine; VII. La razón de si se ha presentado vivo o muerto; VIII. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres; IX. El nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos y de los testigos; X. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de la persona distinta de los padres que haga la presentación, en su caso, y el grado de parentesco del registrado con esta última, y aquellos datos precisados en disposiciones legales o convenios expresos firmados sobre el particular por el Ejecutivo Estatal y otras dependencias oficiales. En todos los casos que se requiera, el Oficial del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas". "Artículo 69.- Cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta de matrimonio de sus padres, salvo sentencia judicial definitiva en contrario, se asentarán como progenitores a los cónyuges. Tratándose del registro de un menor cuyos padres sean concubinos, y uno de ellos fallezca, para asentar el nombre de ambos progenitores en el acta de nacimiento, se deberá presentar: I. Certificado de nacimiento de la niña o niño. II. Acta o certificado de defunción del progenitor o progenitora. III. Dos testigos que les conste la relación de concubinato de los progenitores. En caso de adopciones, el adoptante o los adoptantes tendrán la posibilidad de escoger el orden de los apellidos o los adoptados". "Artículo 70.- Cuando no se presente la copia certificada del acta de matrimonio, la madre del niño o niña cuyo nacimiento se manifieste, deberá exhibir en su caso, y en ese acto, copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que se declaró procedente la acción sobre investigación de la paternidad del progenitor que no comparezca al acto, debiendo el Oficial del Registro Civil o sus auxiliares, los Presidentes Municipales de la Jurisdicción que corresponda, asentar en el acta de nacimiento, nombre, edad y nacionalidad del padre a que se refiera la resolución". "Artículo 71.- Si el acta de matrimonio no es presentada en el momento del registro, pero se hiciere con posterioridad, se hará la anotación marginal correspondiente en el acta de nacimiento, anotándose los datos que establece el Artículo 68 de este Ordenamiento, relativos al progenitor cuyo nombre se hubiere omitido en dicha acta". "Artículo 72.- En las actas de nacimiento por ningún concepto se asentarán palabras que califiquen a la persona registrada. En cualquier acta de nacimiento que contenga dicha nota se testará de oficio por quién tenga a su cargo las formas. Cuando para realizar algún trámite de cualquier naturaleza se requiera especificar en el documento correspondiente, en primer término el apellido paterno y en segundo el materno, se debe considerar como tales el primer y segundo apellido que conste en el acta de nacimiento que presente el interesado". "Artículo 73.- Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere expuesto o abandonado alguno, deberá presentarlo ante el Agente del Ministerio Público de su jurisdicción con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, quien levantará el acta de averiguación respectiva, mencionando en ella las circunstancias que rodean el caso y la persona o institución que se haga cargo de su protección, quien deberá presentarlo ante el Oficial del Registro Civil para su inscripción". "Artículo 74.- La obligación del artículo anterior, también la tienen las Instituciones de Asistencia Social, los Jefes, Directores o Administradores de los establecimientos penitenciarios y especialmente los de los hospitales, clínicas de maternidad y casas de cuna, sean particulares o del Estado, respecto de los niños nacidos y expuestos en ellas, sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del niño o niña ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones penales correspondientes". "Artículo 75.- En las actas que se asienten en los casos a que se refiere el artículo anterior, se expresarán la edad aparente del niño o niña, el nombre y apellidos que se le pongan, su sexo y el nombre de la persona o institución que se encargue de él". "Artículo 76.- Si con el expósito se hubiere encontrado papeles, alhajas u otros objetos que puedan conducir al reconocimiento de aquél, quedarán bajo la custodia del Ministerio Público, quien dará a la persona o institución ante quien se haya expuesto o que lo haya encontrado, copia del acta de averiguación y formal recibo de los objetos, documentos o alhajas encontrados con él". "Artículo 77.- Se prohibe al Oficial del Registro Civil y a los testigos que conforme al Artículo 68, deban asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad o maternidad. En el acta sólo se expresará lo que deban declarar las personas que presenten al niño, aunque parezcan sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que estas sean castigadas conforme a las prescripciones del Código Penal". "Artículo 78.- Si el nacimiento ocurriere a bordo de un transporte marítimo nacional, los interesados solicitarán al capitán o patrono de la embarcación y dos testigos de los que se encuentren a bordo, una constancia del acto, en que aparecerán las circunstancias a que se refieren los artículos del 68 al 73 en su caso, y solicitarán que la autoricen. En el primer puerto del estado a que arribe la embarcación, los interesados entregarán el documento, al Oficial del Registro Civil, para que a su tenor asiente el acta". "Artículo 79.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción, en las formas del Registro Civil que correspondan". "Artículo 80.- Cuando se trate de parto múltiple se levantará un acta por cada uno de los nacidos, en la que además de los requisitos que señala el artículo 68, se hará constar las particularidades que los distingan, según las noticias que proporcione el Médico, el Cirujano, la Matrona o las personas que hayan asistido al parto". De la interpretación de los citados numerales se advierte que: Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la niña o niño ante el Oficial del Registro Civil o solicitando la comparecencia de éste al lugar donde se encuentre aquél, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento se otorgará de forma gratuita y deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Estado; dicho certificado hace prueba del día, hora, lugar de nacimiento, maternidad y sexo del nacido. El registro de nacimiento garantiza el derecho a la identidad. Tienen obligación de declarar el nacimiento el a) padre y la madre o b) cualquiera de ellos, a falta de estos, c) los abuelos, dentro de los ciento ochenta días de ocurrido. Si el menor no es registrado dentro de ciento ochenta días, y hasta los seis años, el registro se considerará extemporáneo y se realizará previa autorización emitida en los términos establecidos por el reglamento del registro civil. El acta de nacimiento contendrá: I. El año, mes, día, hora y lugar del nacimiento; II. La impresión digital del registrado; III. La especificación del sexo del registrado; IV. El nombre que le asignen los padres o persona distinta que presente al registrado; V. El primer apellido de cada uno de los progenitores, dejando a su elección y común acuerdo el Orden en que deban asentarse los apellidos, si ambos progenitores se presentaren al reconocimiento, o los apellidos del que se presente. VI. Si lo presentare persona distinta, se le pondrán al registrado el nombre y los apellidos que ésta determine; VII. La razón de si se ha presentado vivo o muerto; VIII. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres; IX. El nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos y de los testigos; X. El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de la persona distinta de los padres que haga la presentación, en su caso, y el grado de parentesco del registrado con esta última, y aquellos datos precisados en disposiciones legales o convenios expresos firmados sobre el particular por el Ejecutivo Estatal y otras dependencias oficiales. Cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta de matrimonio de sus padres, salvo sentencia judicial definitiva en contrario, se asentarán como progenitores a los cónyuges. Tratándose del registro de un menor cuyos padres sean concubinos, y uno de ellos fallezca, para asentar el nombre de ambos progenitores en el acta de nacimiento, se deberá presentar: I. Certificado de nacimiento de la niña o niño. II. Acta o certificado de defunción del progenitor o progenitora. III. Dos testigos que les conste la relación de concubinato de los progenitores. Cuando no se presente la copia certificada del acta de matrimonio, la madre del niño o niña cuyo nacimiento se manifieste, deberá exhibir en su caso, y en ese acto, copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que se declaró procedente la acción sobre investigación de la paternidad del progenitor que no comparezca al acto, debiendo el Oficial del Registro Civil o sus auxiliares, los presidentes Municipales de la Jurisdicción que corresponda, asentar en el acta de nacimiento, nombre, edad y nacionalidad del padre a que se refiera la resolución. Si el acta de matrimonio no es presentada en el momento del registro, pero se hiciere con posterioridad, se hará la anotación marginal correspondiente en el acta de nacimiento, anotándose los datos que establece el artículo 68 de este Ordenamiento, relativos al progenitor cuyo nombre se hubiere omitido en dicha acta. Sentado lo anterior, en el caso, Juan Antonio Rodríguez Riaño reclama la negativa del oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca de realizar el registro de nacimiento de la menor quejosa que, refiere, ser su hija, con los datos que solicita; acto que, aduce el quejoso, vulnera el derecho de identidad de la menor quejosa. En la demanda de amparo el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: Vivió en concubinato con María Fernanda Arias Vargas (tercera interesada). De la citada relación procrearon a la menor que "pretende" registrarla con el nombre de J. I. Rodríguez Riaño. La menor nació el treinta de junio de dos mil dieciocho en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el hospital regional "Pedro Espinoza Rueda". El diez de febrero de dos mil veinte compareció ante el Registro Civil de la citada comunidad a solicitar el registro de la menor quejosa con los nombres J.I., y sus apellidos Rodríguez Riaño, en razón de que la madre a los pocos días de su nacimiento los abandonó sin explicación alguna y se fue a vivir a Guanajuato. El oficial del registro civil se negó a registrar a la menor, manifestándole que tenía que comparecer la madre de la menor para su registro y que era la única forma en que levantaría el acta de nacimiento y podría llevar el nombre que le indicaba. El oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, al rendir el informe justificado, refirió que Juan Antonio Rodríguez Riaño solicitó el registro de la menor quejosa; sin embargo, no acreditó con documentos fehacientes la paternidad de la citada menor, pues, para el registro, se requiere que acredite la paternidad para establecer la filiación a fin de que se asiente como progenitor en términos del artículo 69 del Código Civil del Estado de Oaxaca; asimismo, que puede registrarlo compareciendo una persona distinta y, posteriormente, hacer el reconocimiento en términos del artículo 82 del citado código. Determinación que se considera apegada a derecho, por lo siguiente. El quejoso Juan Antonio Rodríguez Riaño desea que sea registrado el nacimiento de la menor quejosa con los datos proporcionados por aquél; es decir, que sea registrada con sus apellidos (Rodríguez Riaño) y que se asiente como progenitor en el acta. Al respecto, la parte quejosa ofreció como medios de convicción en este juicio de amparo, a) copia certificada del acta de nacimiento de Juan Antonio Rodríguez Riaño y b) copia certificada del certificado de nacimiento con folio 023376630. Medios de convicción con los cuales Juan Antonio Rodríguez Riaño no acredita su filiación con la menor quejosa, entendiéndose dicha figura jurídica como la relación de parentesco entre padres e hijos que produce una serie de obligaciones y derechos. Ello es así, toda vez que del certificado de nacimiento se advierte, en lo de interés, como nombre de la madre: María Fernanda Arias Vargas, aquí tercera interesada; fecha de nacimiento: treinta de junio de dos mil dieciocho; sexo del nacido: mujer; sitio de atención del parto: Hospital General Pinotepa Nacional. Documento que, como lo dispone el artículo 66 del Código Civil del Estado de Oaxaca, hace prueba del día, hora, lugar de nacimiento, maternidad y sexo del nacido. Es decir, dicha documental hace prueba que la madre de la menor citada en el certificado de nacimiento es María Fernanda Arias Vargas; sin embargo, es ineficaz para identificar al progenitor, ya que del análisis de la citada constancia no se advierte dicho dato. Al respecto, el artículo 69 del Código Civil del Estado de Oaxaca establece que cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta de matrimonio de sus padres, salvo sentencia judicial definitiva en contrario, se asentarán como progenitores a los cónyuges. Y tratándose del registro de un menor cuyos padres sean concubinos, y uno de ellos fallezca, para asentar el nombre de ambos progenitores en el acta de nacimiento, se deberá presentar: I. Certificado de nacimiento de la niña o niño, II. Acta o certificado de defunción del progenitor o progenitora y, III. Dos testigos que les conste la relación de concubinato de los progenitores. En el caso, se precisa que el quejoso refirió que mantuvo una relación de concubinato con María Fernanda Arias Vargas, madre de la menor como consta en el certificado de nacimiento; por tanto, se encontraba imposibilitado para exhibir en el acto del registro el acta de matrimonio. Sin embargo, a fin de que procediera el registro de la menor con los datos proporcionados por Juan Antonio Rodríguez Riaño; esto es, que se hiciera constar en el acta de nacimiento como progenitor de la menor y, en consecuencia, que en el nombre de aquélla constara los apellidos del solicitante del amparo (nombre completo), se estima que tenía que acreditar la filiación que existe entre la menor quejosa y aquél. Y para acreditar dicha afiliación, primero, debió demostrar el concubinato con María Fernanda Arias Vargas (antes del periodo del embarazo hasta el nacimiento del niño), para que, adminiculado con el certificado de nacimiento, se pudiera presumir a Juan Antonio Rodríguez Riaño, progenitor de la menor quejosa; ello, toda vez que en la citada documental (certificado) se hizo constar como madre a María Fernanda Arias Vargas, y conforme al artículo 68, fracción VIII, del Código Civil del Estado de Oaxaca, dicha documental hace prueba de la maternidad de aquélla. Por ello, se considera apegada a derecho la determinación de la responsable, pues, al no acreditar el quejoso la filiación que, refiere, existe entre él y la menor quejosa, es inconcuso que en el acta de nacimiento no puede asentarse como progenitor y menos aún que en el nombre de la registrada consten los apellidos de aquél. Lo anterior, atendiendo al interés superior de la menor, pues permitir que cualquier persona comparezca a registrar a un menor, aduciendo ser progenitor, sin acreditar con documento o prueba idónea su filiación, sería en perjuicio del menor, ya que podría cometerse sobre su persona algún delito. De ahí que no le asiste razón a la parte quejosa cuando plantea que se vulnera en perjuicio de la menor su derecho a la identidad, pues, como lo refirió la responsable, no se le negó el registro de nacimiento, ya que dicho registro lo puede realizar persona distinta a los obligados a declarar el mismo (el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos, los abuelos), como lo permite el artículo 68, fracción VI, del Código Civil del Estado de Oaxaca; sino la negativa derivó con motivo de la solicitud de Juan Antonio Rodríguez Riaño que, en el acta de nacimiento, se asentara como progenitor, y, en consecuencia, en el nombre de la menor constaran sus apellidos (Rodríguez Riaño). Por ello, se reitera, no es cierto que se vulnere en perjuicio de la menor quejosa el derecho a la identidad, ya que no se le niega el registro de nacimiento, pues la ley permite que cualquier persona a las obligadas a declarar el nacimiento puedan presentar a la menor para su registro; sin embargo, para que se asienten los datos previstos en el artículo 68, fracción VIII, del Código Civil del Estado de Oaxaca, relativos al nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres, es necesario que, en el momento del registro, se exhiba, a parte del certificado de nacimiento, el acta de matrimonio o, bien, se acredite el concubinato. Pues, cuando no se exhiban dichos documentos en el momento del registro, pero se hiciere con posterioridad, se hará la anotación marginal correspondiente en el acta de nacimiento, anotándose los datos que establece el artículo 68 del código civil, relativos al progenitor cuyo nombre se hubiere omitido en dicha acta, conforme lo prevé el numeral 71 del Código Civil del Estado de Oaxaca. Tampoco se vulnera el derecho de la menor quejosa a ser registrada inmediatamente después de su nacimiento y conocer su origen, en primer término, porque la falta de registro inmediato no le es imputable a la autoridad responsable, toda vez que del certificado de nacimiento se advierte que la menor de edad nació el treinta de junio de dos mil dieciocho, y hasta el diez de febrero de dos mil veinte el ahora quejoso pretendió registrarla; de ahí que, en términos del artículo 67 del Código Civil del Estado de Oaxaca, se considera un registro extemporáneo, la cual se debe de realizar previa autorización emitida por los artículos 24 y 25del Reglamento del Registro Civil del Estado. En segundo lugar, Juan Antonio Rodríguez Riaño se encuentra en aptitud de registrar a la menor, acompañando el certificado de nacimiento; sin embargo, atendiendo que en el citado certificado aparece como madre la aquí tercera interesada, y toda vez que ello hace prueba de su maternidad, salvo prueba en contrario, se tiene que asentar el nombre de aquélla como progenitora, conforme a lo previsto en el artículo 68, fracción VIII, del Código Civil del Estado de Oaxaca, pero, en su caso, se omitirán los datos del progenitor, hasta en tanto se realice el reconocimiento por aquél; es decir, cuando acredite su filiación; de ahí que no existe vulneración a su derecho a conocer su origen. Finalmente, es cierto que, como lo afirma la parte quejosa, el código civil prevé, entre otros casos, que solo uno de los padres puede registrar el nacimiento del menor, sin que sea necesario que siempre acuda la madre; sin embargo, para constar en el acta de nacimiento el nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres, así como los apellidos de los progenitores como parte del nombre del menor, el artículo 69 del Código Civil del Estado de Oaxaca exige que se acredite con medios de convicción la filiación existente con el menor; de ahí que, contrario a lo que refiere el quejoso, la responsable aplicó e interpretó debidamente los artículos 67 y 68 del Código Civil del Estado de Oaxaca. Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Rodríguez Riaño, por propio derecho y en representación de la menor J.I.R.R., contra el acto reclamado al director del Registro Civil del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Juan Antonio Rodríguez Riaño, por propio derecho y en representación de la menor J.I.R.R., contra el acto reclamado al oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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INC 217/2020 MESA 3° Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección del Registro Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, por el cual rinde el informe previo; sin que, por ello, sea procedente diferir la audiencia incidental, toda vez que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de cinco días, con informe o sin él; aunado a que la parte quejosa está en aptitud de ofrecer las pruebas relativas en la audiencia, sin que se produzca indefensión en aquélla, como lo establece el numeral 140 de dicha ley, y atento a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de 2000, página 22, registro 190718, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. ETAPA PROBATORIA. A continuación, se abre el período probatorio y se hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció copia simple del: a) Acta de nacimiento de Juan Antonio Rodríguez Riaño. b) Certificado de nacimiento con número de folio 023376630. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, ni el(la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito(a) a este Juzgado presentó pedimento. Enseguida, se procede a dictar la resolución respectiva: Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 217/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. En auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio principal, se ordenó la apertura de este incidente de suspensión 217/2020, con motivo de la solicitud del quejoso, hasta esa fecha, contra actos dictados por el oficial del Registro de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y otra autoridad. SEGUNDO. En el auto incidental se negó la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos ahí indicados, se solicitó a las autoridades responsables el informe previo y se señaló fecha y hora para la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. La parte quejosa señala como actos reclamados: Del oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca: La negativa de realizar el registro de nacimiento de la menor quejosa que, refiere, ser su hija, con los datos que solicita. Del director del Registro Civil del Estado de Oaxaca: La orden dada mediante circular a los oficiales del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que se nieguen a realizar el registro de nacimiento de los menores de edad cuando sean presentados únicamente por el padre. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe previo solicitado, la autoridad responsable, jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección del Registro Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. En esas condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia que paralizar. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, pagina 237, registro 917820, del texto siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe previo solicitado, la autoridad responsable, oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia de la actuación aquí controvertida, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de la suspensión definitiva. Sólo será materia de análisis en esta determinación de suspensión definitiva lo expresamente solicitado por la parte quejosa, en el capítulo relativo de "incidente de suspensión", de su demanda de amparo; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J.5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 12, registro 206395, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". Así como la diversa tesis P./J.4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 63, febrero 2019, tomo I, página 14, registro 2019200, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En el caso, la parte quejosa, en esencia, solicita la suspensión definitiva respecto a la negativa de registrar a la menor que, refiere, es su hija, en el Registro Civil de Pinotepa Nacional, Oaxaca. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, puesto que se trata de un acto negativo y, en esa medida, no admite ejecución, por lo que resulta improcedente conceder dicha medida cautelar; ello, atento a la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1990, página 49, con registro 225380, cuyo rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión". SEXTO. Archivo del expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Destino del original del expediente (destruible). Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será destruible, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado del expediente (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la(s) carátula(s) obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Por lo expuesto, fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se niega a ***, por propio derecho y en representación de la menor J.I.R.R., la suspensión definitiva solicitada, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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INC.217/2020 MESA 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se agrega informe. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la oficial del Registro Civil de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, por el que rinde informe previo; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable, director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, aún no rinde el informe previo que le fue solicitado en proveído de ocho de febrero del año en curso; sin embargo, dada la proximidad de la fecha de ese proveído, todavía no existe constancia con la que se acredite haya quedado legalmente notificada de su petición. 1.1. Diferimiento de la audiencia. En esas condiciones, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Audiencia que se señala en esa fecha, tomando en consideración la contingencia sanitaria que se vive en el país, motivo por el que la comunicación con las autoridades responsables es escasa. Notifíquese.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
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