Juan Antonio Quintero Solórzano

Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Quintero Solórzano

Actuaciones

  1. Principal

    Acepta competencia y se avoca a conocimiento Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, con el que acusa recibo del propio ************/2022, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Quintero Solórzano, en su carácter de defensor particular de Ma. Luisa Fragoso Vargas. Archivo y valoración del expediente Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, toda vez que este juzgado determinó declinar el conocimiento de la demanda planteada.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ***********, quien se ostenta como defensor particular de la directa quejosa ****************, en contra de actos del Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede San Miguel de Allende, Guanajuato, de la Primera Región del Estado y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 847/2022-1. Análisis de la competencia. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: 1) La regla que se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) La siguiente previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, se advierte que la parte quejosa reclama: a) El auto de vinculación a proceso dictado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en contra de la directa quejosa, por el delito de daños, en los autos de la causa penal ****************** del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede San Miguel de Allende, Guanajuato, de la Primera Región del Estado. b) La imposición de la medida cautelar en términos del artículo 155, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimiento Penales, en perjuicio de la aquí quejosa. Estos actos se los atribuye a las siguientes autoridades: Juez del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede San Miguel de Allende, Guanajuato, de la Primera Región del Estado. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de San Miguel de Allende, Guanajuato. Destaca la parte agraviada que el mencionado Juez de Control con residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato, en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós dictó en contra de la directa quejosa auto de vinculación a proceso por su probable participación en el delito de daños, previsto por el artículo 210 en relación al 13 y 20 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Lo expuesto hace patente que los actos reclamados fueron emitidos en San Miguel de Allende, Guanajuato; precisamente donde se encuentra radicada la causa penal de la que deriva el acto reclamado. Determinación jurídica. De lo anterior se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por cuestión de territorio, en razón de que el acto reclamado en forma destacada a la autoridad ordenadora -consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1P3420-283 del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede San Miguel de Allende, Guanajuato, de la Primera Región del Estado-, el cual fue emitido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde este órgano jurisdiccional no ejerce competencia territorial. Para corroborar el anterior aserto conviene indicar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en sus partes conducentes, establece: "ACUERDO PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Estado de Guanajuato. . SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: 1. Seis tribunales colegiados especializados: dos en materias administrativa y de trabajo, tres en materias civil y de trabajo y uno en materia penal con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 2. Tres tribunales unitarios con sede en Guanajuato. 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato: dos con residencia en la ciudad del mismo nombre, tres con sede en León, tres con residencia en Celaya y dos con sede en Irapuato. . CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago." En ese sentido, conforme al trascrito punto cuarto del acuerdo en comento, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en virtud de que cuenta con jurisdicción territorial en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se emitieron los actos reclamados. Determinación administrativa Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda al Juzgado de Distrito en turno, en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Eje Vial Norponiente, número 200, interior 713, colonia Villas de la Hacienda (Hospital San José), de esta ciudad. Asimismo, como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuente con facultad legal para ejercer la profesión de licenciados en derecho, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Acorde con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo 591/2020, así como el testimonio dictado en el amparo en revisión laboral 51/2021, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel Cadenas Flores, en contra de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, así como de su Presidente; que se hicieron consistir en los autos de dos y cinco de octubre de dos mil veinte, dictados en el expediente laboral ***************. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato y, la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato."; Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años, puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal; contado a partir de esta data en que se ordenó el archivo definitivo. En cuanto al cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvense por separado -glósense al presente expediente las actuaciones que en original obren en dicho cuaderno-. Devolución de constancias. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que la junta responsable remitió como apoyo a su informe justificado de los que se formaron dos tomos, se ordena su devolución.

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