Juan Antonio Loyola Muñoz (apoderado legal)

Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
415/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Loyola Muñoz (apoderado legal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante el cual informa que ese órgano judicial acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 415/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio. Como solicita la autoridad oficiante remítanse los incidentes de suspensión formados.

  2. Principal

    Constancias. A sus autos el oficio por el que el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en atención al requerimiento de once de agosto de dos mil veintiuno, anexa diversas constancias en copia certificada del procedimiento administrativo de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la documental ante su especial naturaleza. Incompetencia para conocer del asunto. De las constancias de cuenta se advierte que este tribunal resulta incompetente para seguir conociendo del asunto, como a continuación se explica: En primer lugar, la parte quejosa reclama lo siguiente: «1) Orden de visita de inspección practicada, supuestamente, en fecha 29 de septiembre del 2021; y/o 2) Supuesta notificación sobre el inicio de un procedimiento administrativo en contra de mi apoderado, practicada en fecha 02 de marzo del 2021; y/o 3) Resolución de oficio ******** y supuestamente notificada en fecha 21 de mayo del 2021. 4) Derivado de la resolución reclamada, la imposición de una multa de carácter económica que se desprende de la misma. 5) La colocación de sellos en los equipos eléctricos, así como en el pozo profundo». En segundo lugar, de las constancias del procedimiento de origen (de las que se insertara la parte relativa para mayor claridad), se obtiene: 1) Que la orden de visita de inspección de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, fue practicada en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (foja 3 del oficio *******). 2) Que la notificación sobre el inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra se practicó en San Miguel de Allende, Guanajuato. 3) Que en el oficio ****** se emitió resolución administrativa relativa a la visita de inspección que se realizó respecto al aprovechamiento para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en San Miguel de Allende, Guanajuato y en dicha determinación se impuso la multa que reclama el quejoso.?????? 4) Que la colocación de sellos de la que se duele el quejoso se efectuó en San Miguel de Allende, Guanajuato. En ese sentido, se advierte que este Juzgado de Distrito, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo es el juez de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad el mismo nombre, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Para corroborar la anterior afirmación es necesario destacar el contenido de los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los jueces de distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.???? Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se presente la demanda de amparo, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En la especie, los actos reclamados, se insiste, consisten en «1) Orden de visita de inspección practicada, supuestamente, en fecha 29 de septiembre del 2021; y/o 2) Supuesta notificación sobre el inicio de un procedimiento administrativo en contra de mi apoderado, practicada en fecha 02 de marzo del 2021; y/o 3) Resolución de oficio ******** y supuestamente notificada en fecha 21 de mayo del 2021. 4) Derivado de la resolución reclamada, la imposición de una multa de carácter económica que se desprende de la misma. 5) La colocación de sellos en los equipos eléctricos así como en el pozo profundo». Todos con ejecución en San Miguel de Allende Guanajuato. 1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299 En ese sentido, el juez de Distrito, para conocer de la presente demanda de amparo, es el que corresponde a la jurisdicción donde se ejecutaron o habrán de ejecutarse los actos reclamados, en el caso, el que ejerce jurisdicción en el domicilio ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. En virtud de lo expuesto, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos reclamados fueron ejecutados en la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y los tomos de pruebas al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido, que este órgano jurisdiccional resolvió sobre la suspensión definitiva el dieciséis de julio pasado; por tanto, una vez que el juzgado que conozca del presente asunto informe lo respectivo a si acepta la competencia, se le remitirán los cuadernos incidentales. Sin efectos audiencia constitucional. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las quince horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, que establece: "Constancias. A sus autos el oficio por el que el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en atención al requerimiento de once de agosto de dos mil veintiuno, anexa diversas constancias en copia certificada del procedimiento administrativo de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la documental ante su especial naturaleza. Incompetencia para conocer del asunto. De las constancias de cuenta se advierte que este tribunal resulta incompetente para seguir conociendo del asunto, como a continuación se explica: En primer lugar, la parte quejosa reclama lo siguiente: «1) Orden de visita de inspección practicada, supuestamente, en fecha 29 de septiembre del 2021; y/o 2) Supuesta notificación sobre el inicio de un procedimiento administrativo en contra de mi apoderado, practicada en fecha 02 de marzo del 2021; y/o 3) Resolución de oficio ******** y supuestamente notificada en fecha 21 de mayo del 2021. 4) Derivado de la resolución reclamada, la imposición de una multa de carácter económica que se desprende de la misma. 5) La colocación de sellos en los equipos eléctricos, así como en el pozo profundo». En segundo lugar, de las constancias del procedimiento de origen (de las que se insertara la parte relativa para mayor claridad), se obtiene: 1) Que la orden de visita de inspección de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, fue practicada en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (foja 3 del oficio *******). 2) Que la notificación sobre el inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra se practicó en San Miguel de Allende, Guanajuato. 3) Que en el oficio ****** se emitió resolución administrativa relativa a la visita de inspección que se realizó respecto al aprovechamiento para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo en San Miguel de Allende, Guanajuato y en dicha determinación se impuso la multa que reclama el quejoso.?????? 4) Que la colocación de sellos de la que se duele el quejoso se efectuó en San Miguel de Allende, Guanajuato. En ese sentido, se advierte que este Juzgado de Distrito, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo es el juez de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad el mismo nombre, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Para corroborar la anterior afirmación es necesario destacar el contenido de los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los jueces de distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.???? Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se presente la demanda de amparo, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En la especie, los actos reclamados, se insiste, consisten en «1) Orden de visita de inspección practicada, supuestamente, en fecha 29 de septiembre del 2021; y/o 2) Supuesta notificación sobre el inicio de un procedimiento administrativo en contra de mi apoderado, practicada en fecha 02 de marzo del 2021; y/o 3) Resolución de oficio ******** y supuestamente notificada en fecha 21 de mayo del 2021. 4) Derivado de la resolución reclamada, la imposición de una multa de carácter económica que se desprende de la misma. 5) La colocación de sellos en los equipos eléctricos así como en el pozo profundo». Todos con ejecución en San Miguel de Allende Guanajuato. 1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299 En ese sentido, el juez de Distrito, para conocer de la presente demanda de amparo, es el que corresponde a la jurisdicción donde se ejecutaron o habrán de ejecutarse los actos reclamados, en el caso, el que ejerce jurisdicción en el domicilio ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. En virtud de lo expuesto, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos reclamados fueron ejecutados en la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y los tomos de pruebas al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido, que este órgano jurisdiccional resolvió sobre la suspensión definitiva el dieciséis de julio pasado; por tanto, una vez que el juzgado que conozca del presente asunto informe lo respectivo a si acepta la competencia, se le remitirán los cuadernos incidentales. Sin efectos audiencia constitucional. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las quince horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno."

  4. Incidental

    Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días para que la parte quejosa exhibiera la garantía fijada a fin de que continuaran los efectos de la suspensión definitiva concedida, sin que obre constancia de que lo haya realizado. Por tanto, ante dicha omisión de la quejosa, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada por este tribunal federal. Infórmese lo anterior a la autoridad señalada como responsable, para los efectos legales conducentes. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tesis I.3º.C.26.K, publicado en la página 1470, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA.» No obstante lo anterior, se precisa que mientras no se ejecute el acto reclamado o se dicte sentencia firme en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, la parte quejosa podrá cumplir con el requisito de efectividad destacado, con lo cual de inmediato la suspensión volverá a surtir efectos, en términos del artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

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