Juan Antonio Valencia Martínez
Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Antonio Valencia Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Valencia Martínez, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; por su parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación, así como el presente proveído que ordena el archivo del presente asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 526/2020, promovido por Juan Antonio Valencia Martínez, en contra de actos del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada el siguiente trece a esta potestad federal, y recibida el catorce del mismo mes y año, Juan Antonio Valencia Martínez demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión, detención y cualquier otra privativa de su libertad, emitidas en su contra, así como el cumplimiento y ejecución de las anteriores órdenes Juicio de amparo 526/2020-II 4 Por estimar dichos actos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 526/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, los que se recabaron; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos privativos de la libertad personal que se pretenden ejecutar dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255 Juicio de amparo 526/2020-II 5 Del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se tienen como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión. La orden de detención y cualquier otra privativa de su libertad, emitidas en su contra. El cumplimiento y ejecución de las anteriores órdenes. TERCERO. Inexistencia de actos Negativa de actos. Las autoridades responsables, en su denominación correcta, que se enlistan a continuación: 1. Jueza de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato. Con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. 2. Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato. 3. Agente del Ministerio Publico de Litigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios. 4. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, de la Fiscalía General del estado de Guanajuato. 5. Coordinador Regional "C" de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado. 6. Jefe de Célula de la Dirección de Investigación de la Fiscalía general del estado de Guanajuato. 7. Jefe de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "C"; y, 8. Jefe de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, Región C, de la Fiscalía General del estado de Guanajuato. Todas estas, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe negaron la existencia de los actos 6 reclamados en lo que en su ámbito de competencia corresponde, sin que la parte quejosa los desvirtuara. No se soslaya que el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, haya manifestado que el aquí quejoso se encuentra sujeto a proceso en la causa penal 1P0620-928, por el hecho que la ley denomina como delito de homicidio calificado, donde le fue impuesta la medida cautelar personal de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, misma que se encuentra en etapa de investigación complementaria. De igual forma, señala que le inició la causa penal 1P0620- 938, por los hechos que la ley señala como delitos de robo equiparado, contra la salud en su modalidad de posesión simple y portación de cartuchos del uso exclusivo de ejército, armada y fuerza aérea, en la cual no se calificó de legal su detención y fue puesto en libertad; convocándose a las partes a la audiencia inicial solicitada por la representación social, la cual a petición de la fiscalía se canceló. Sin embargo, también refiere que en las mencionadas causas penales no se emitieron los actos que el quejoso reclama; de ahí que se tengan como no ciertos; por lo cual se reitera que procede tener como no ciertos los actos reclamados. Por tanto, si el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2842, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "C", con sede en esta ciudad, el cual se publicó mediante lista de treinta de octubre siguiente, lo que evidencia que aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley les otorga para tal efecto. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada en esta fecha, y se fijan para su celebración las quince horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.P.A.4 K, legible en la página 1620, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro 4, marzo de 2014, décima época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE."
- Principal
Visto el informe justificado que rinde el jefe de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "C", con sede en esta ciudad, en el que manifiesta que no es cierto el acto que se le reclama; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional.
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