Juan Antonio Pantoja González y Otros.

Expediente 558/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
558/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Pantoja González y Otros.
  • Ramón Rivera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintidós de noviembre del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, del auto que se declara firme, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, por ser innecesaria su retención, devuélvase a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Homicidios Región "C", con sede en esta ciudad, el tomo de pruebas que se formó con motivo de las constancias que remitió a solicitud de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en particular las constancias allegadas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta ciudad, consistentes en la copia autentica de la carpeta de investigación ********** de su índice; así como, el disco compacto que a solicitud de este órgano jurisdiccional remitió la encargada de Sala del Juzgado de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en Ácambaro, Guanajuato, que contiene la audiencia de inicial de la causa penal ********** instruida en contra de los quejosos por los hechos que motivaron el presente juicio de amparo, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: Los quejosos señalaron como actos reclamados: La privación de su libertad e incomunicación, así como su falta de atención médica. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta ciudad, consistentes en la copia autentica de la carpeta de investigación ********* de su índice; y, el disco compacto que allego la encargada de Sala del Juzgado de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en Ácambaro, Guanajuato, el cual contiene la audiencia de imputación de la causa penal *********** instruida en contra de los quejosos por los hechos que motivaron el presente juicio de amparo, se desprende: Que los solicitantes del amparo fueron privados de su libertad por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, al estar realizando labores de prevención del delito y vigilancia en la comunidad de Tacambarillo de la ciudad de Jerécuaro, Guanajuato. Que ambos quejosos fueron ingresados en el interior del área de barandillas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jerecuaro, Guanajuato, y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común en turno del municipio de Jerécuaro, Guanajuato, quien dio inicio a la carpeta de investigación *************. Que con motivo del intercambio de disparos suscitados durante su detención, el quejoso ************ resultó lesionado, por lo que el mismo día de su detención -veinticinco de mayo de dos mil veintidós- fue trasladado al Hospital Comunitario de Jerécuaro, Guanajuato, para posteriormente ser atendido en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, donde concluyó su atención médica con su alta al día siguiente de su ingreso, esto es el veintiséis del mismo mes y año. Que su detención fue calificada de legal mediante acuerdo de retención de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación de Homicidios del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Celaya, Guanajuato. Posterior a ello, el veintiocho de mayo de la presente anualidad ante la Juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, Guanajuato y dentro de la causa penal *************, se dio inicio a la audiencia de imputación de los quejosos por el hecho que la ley señaló como delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de servidores públicos con motivo de sus funciones de seguridad pública, previsto y sancionado por el artículos 141-a, así como el delito de robo equiparado, previsto y sancionado por los artículos 191-b, fracción VI, ambos en relación con los artículos 9, 13, 18 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de ****************. Que en virtud de la duplicidad del plazo constitucional solicitado por la defensa de los quejosos, la audiencia de imputación se continuo el dos de junio de dos mil veintidós, fecha en la que la Juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, Guanajuato, dictó a favor de los quejosos un auto de no vinculación a proceso, ordenando su inmediata libertad, dejando así sin efectos la medida de prisión preventiva oficiosa decretada, y por ende, la privación su libertad. Por tanto, es evidente que los actos reclamados que tildaban de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado - su libertad-, puesto que, al haberse dictado un auto de no vinculación a proceso, los quejosos obtuvieron su inmediata libertad, lo que trae como consecuencia que se les repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del auto de no vinculación a proceso, cesaron y desaparecieron de manera total todas las consecuencias de las violaciones reclamadas. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    Agréguense en autos el oficio y anexo que remite la encargada de Sala del Juzgado de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Ácambaro, mediante el cual, en atención al requerimiento de trece de los actuales envía la información solicitada, anexando para tal efecto un disco compacto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogado en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación al celebrarse la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que aún no obran las constancias solicitadas a la Jueza de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Ácambaro, mediante proveído de trece de los actuales; por tanto, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.

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