Juan Antonio Meza Armenta y Otros.

Expediente 824/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
824/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Juan Antonio Meza Armenta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa ********** no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de septiembre del año en curso, por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo que presentó por conducto de **********; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa ********** omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento de lo que le fue requerido mediante el diverso 17392/2016, informa que el quince de septiembre del año en curso, en audiencia inicial se vinculó a proceso a ****** por los hechos que la ley señala como delitos de posesión simple de narcótico, cohecho, posesión y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por el de robo equiparado, y a ******, por los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y robo equiparado, en la causa penal 1P0616-625, y remite en apoyo a su informe, el DVD que contiene la audiencia que menciona, el cual de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL., se le reconoce valor probatorio pleno, al ser considerada como prueba documental pública. Ahora bien tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman la incomunicación y actos de tortura, con motivo de la detención llevada a cabo fuera de procedimiento judicial, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(.)" "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "(.)" De la intelección del numeral trascrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En relación con lo anterior, es importante resaltar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando el acto reclamado consiste en la detención del quejoso llevada a cabo por una autoridad administrativa, debe considerarse que han cesado sus efectos cuando el quejoso ha sido consignado al juez competente. La referida jurisprudencia es la número 126, visible en la página 87, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Apéndice 2000, del rubro y texto siguientes: DETENCIÓN. Cuando el acto reclamado en el amparo consiste en la detención del quejoso, llevada a cabo por una autoridad administrativa, debe considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando el quejoso ha sido consignado al Juez competente. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es necesario mencionar que del oficio de cuenta se advierte que el Juez Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, el quince de septiembre del año en curso, dictó auto de vinculación al aquí quejoso Juan Antonio Meza Armenta por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: 1. Posesión simple de narcótico. 2. Cohecho 3. Posesión y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y 4. Robo equiparado. Mientras que a Sergio Antonio Félix González por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de: Posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y Robo equiparado. Circunstancia que se corrobora, con el contenido del DVD que allegó la autoridad oficiante en apoyo a su informe, que como se estableció en acápites que anteceden, tiene valor probatorio pleno, pues de la audiencia pública celebrada el quince de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal número 1P0616-625, que se instruye en contra de los quejosos Juan Antonio Meza Armenta y Sergio Antonio Félix González, el Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, a las veinte horas con cincuenta y seis minutos de esa fecha, dictó a los nombrados auto de vinculación a proceso por los delitos ya apuntados. Luego, si en el caso concreto los quejosos reclaman la incomunicación y actos de tortura, con motivo de la detención llevada a cabo fuera de procedimiento judicial, y del oficio de cuenta, se advierte que el Juez Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, el quince de septiembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 1P0616-625 a los aquí quejosos; es inconcuso que los actos reclamados por los impetrantes cesaron en sus efectos, materializando con ello la causal de improcedencia aludida. Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, es sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otra parte, de autos se advierte que en proveído de veinte de los corrientes, se requirió al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, especializado en Homicidios en esta ciudad, remitiera copia certificada del oficio a que hizo referencia en su informe, sin que lo haya hecho; por las razones antes apuntadas resulta innecesario requerirla de nueva cuenta.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público IV, de la Unidad de Tramitación Común con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en audiencia de quince de septiembre del año en curso, los aquí quejosos ********** y **********, fueron vinculados a proceso dentro de la causa penal 1P0616-625, por parte del Juez de Control de Oralidad Penal en esta ciudad, Tercera Región del Estado, al primero, por los delitos de posesión simple de narcótico, cohecho, posesión y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por el de robo equiparado, y por lo que hace al segundo de los nombrados, por los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y robo equiparado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe si los datos proporcionados por la Agente del Ministerio Público oficiante son correctos, y de ser así, remita copia certificada de las constancias que avalen su informe, pues con ello, podría actualizarse alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio; se le apercibe que de ser omiso en lo que se le solicita, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En otro contexto, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa **********, en proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis para que cumpliera con el requerimiento que ahí le fue formulado, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada su demanda de amparo que presentó por conducto de **********. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a la parte quejosa ********** que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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