Juan Antonio Sánchez Mendoza

Expediente 438/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
438/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Sánchez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LOS TERCEROS INTERESADOS: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************, contra la resolución emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno por el Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, sede San Miguel de Allende, Base Comonfort, en los autos del proceso penal 1P0821-79, que se le sigue por los hechos que la ley considera como delitos de homicidio y daños a título de culpa, en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de ***********, así como en ofensa de ************; por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del expediente 750/2ª SALA/2016, que remitió el Magistrado Propietario de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y "****************************************En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional.********************Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. ********************Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene puntualizar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en:********************La determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, dentro del juicio contencioso administrativo 750/2ª.Sala/2016 de su índice, mediante el cual, entre otras cosas, se impuso al quejoso la medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $962.20 (novecientos sesenta y dos pesos 20/100 M. N.).********************A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste la resolución reclamada, la misma no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, en tanto que: a. En el contencioso administrativo subyacente, mediante acuerdo de seis de abril del año en curso se tuvo por debidamente cumplida la sentencia dictada, ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido; y b. Al rendir su informe justificado, la responsable afirmó que ". en virtud de que, el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material; y afectar la esfera jurídica del quejoso, pues ésta autoridad jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia y no ha remitido oficio a la autoridad fiscal para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta."********************Ciertamente, como puede verse al ahora quejoso se le impuso una medida de apremio consistente en una multa, ello con la finalidad de que cumpliera a cabalidad con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de origen.********************Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas por parte de la responsable queda de manifiesto que, la sentencia se tuvo por cumplida, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, y como consecuencia de ello, no se giró oficio alguno a la autoridad fiscal a fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al quejoso********************Entonces, si en la resolución reclamada se determinó imponerle una multa al ahora quejoso por su indebido cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen; y si como se vio, a la fecha, dicho controvertido se encuentra totalmente concluido al haberse tenido por debidamente cumplida la sentencia y afirmó la responsable que en virtud de esto no giró oficio alguno a la autoridad fiscal para hacer efectivo el cobro de la multa; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia.********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del expediente 750/2ª SALA/2016, que remitió el Magistrado Propietario de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y "****************************************En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional.********************Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. ********************Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene puntualizar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en:********************La determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, dentro del juicio contencioso administrativo 750/2ª.Sala/2016 de su índice, mediante el cual, entre otras cosas, se impuso al quejoso la medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $962.20 (novecientos sesenta y dos pesos 20/100 M. N.).********************A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste la resolución reclamada, la misma no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, en tanto que: a. En el contencioso administrativo subyacente, mediante acuerdo de seis de abril del año en curso se tuvo por debidamente cumplida la sentencia dictada, ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido; y b. Al rendir su informe justificado, la responsable afirmó que ". en virtud de que, el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material; y afectar la esfera jurídica del quejoso, pues ésta autoridad jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia y no ha remitido oficio a la autoridad fiscal para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta."********************Ciertamente, como puede verse al ahora quejoso se le impuso una medida de apremio consistente en una multa, ello con la finalidad de que cumpliera a cabalidad con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de origen.********************Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas por parte de la responsable queda de manifiesto que, la sentencia se tuvo por cumplida, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, y como consecuencia de ello, no se giró oficio alguno a la autoridad fiscal a fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al quejoso********************Entonces, si en la resolución reclamada se determinó imponerle una multa al ahora quejoso por su indebido cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen; y si como se vio, a la fecha, dicho controvertido se encuentra totalmente concluido al haberse tenido por debidamente cumplida la sentencia y afirmó la responsable que en virtud de esto no giró oficio alguno a la autoridad fiscal para hacer efectivo el cobro de la multa; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia.********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

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