Juan Antonio Hernández Rangel

Expediente 441/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
441/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Juan Antonio Hernández Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Agréguese el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente asunto; asimismo que admitió la demanda de amparo promovida por **********. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Glósese a sus autos el oficio que remite la Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a través del cual, en cumplimiento al proveído del primero de los actuales informa el motivo por el cual no efectuó la transcripción del mandato de captura emitido el trece de mayo inmediato anterior, dentro de la causa penal 1P1316-64; asimismo, proporciona el domicilio y nombre la tercera interesado, así como de la Fiscal que realizó la imputación correspondiente. Ahora, esta potestad considera que no es competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, capital, en base a las siguientes consideraciones: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo inmediato anterior, el quejoso ***********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal por los actos que denominó como la orden de aprehensión y su ejecución, contra las siguientes autoridades responsables: a) JUEZ 1 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. b) JUEZ 2 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. c) JUEZ 3 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. d) JEFE DE GRUPO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. e) SUB JEFE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. f) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. g) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ATENCIÓN DE LA MUJER EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. 2. Por proveído de diecisiete del mismo mes y año, se previno al quejoso para que manifestara si señalaba alguna autoridad ejecutora dentro de esta localidad. 3. Mediante ocurso de diecinueve siguiente, el impetrante señaló como responsable al Subjefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta localidad. 4. En auto de veinte de mayo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó los informes justificados correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; 5. El veinticuatro de mayo inmediato anterior, se determinó inexistente la autoridad que la parte quejosa señaló como Subjefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta localidad; y, 6. Por oficio registrado con el número 7274, la Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, al rendir su informe justificado refirió que el trece de mayo inmediato anterior, dentro de la causa penal 1P1316-64, se libró orden de aprehensión contra el quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación espuria equiparada, previsto por el artículo 182 segundo párrafo, tercer supuesto del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de Martha Beatriz Calzada Hernández. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser un mandato de captura el acto reclamado, necesariamente requiere ejecución. Luego, se tiene que la autoridad que emitió el acto reclamado (Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato), consistente en la orden de aprehensión de trece de mayo inmediato anterior, librada dentro de la causa penal ***, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación espuria equiparada, previsto por el artículo 182 segundo párrafo, tercer supuesto del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de *********; tiene su residencia fuera de la jurisdicción en donde este tribunal ejerce su competencia, a saber en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en Guanajuato, capital. Ahora, la circunstancia de que el quejoso en su libelo inicial, hubiese afirmado bajo protesta de decir verdad que se encontraba hospedado en un hotel en esta localidad, lugar en donde el acto privativo podría ejecutarse; no es obstáculo para que se surta la competencia a su favor de este órgano jurisdiccional cuando la responsable que emitió el acto tiene su residencia en otra jurisdicción. Lo anterior, pues en el caso concreto que nos ocupa, el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: a) JUEZ 1 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. b) JUEZ 2 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. c) JUEZ 3 DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PERTENECIENTES A LA REGIÓN III EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. d) JEFE DE GRUPO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. e) SUB JEFE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. f) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. g) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ATENCIÓN DE LA MUJER EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO; Y, h) SUBJEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE ESTA LOCALIDAD. Poniendo en relieve que el veinticuatro de mayo inmediato anterior, se determinó inexistente la autoridad que la parte quejosa señaló como Subjefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta localidad, la cual originariamente dotaba de competencia a este tribunal. Así, con independencia de que la orden de aprehensión reclamada pudiera ejecutarse en cualquier lugar donde se localice al inculpado, para considerar competente a tal o cual juzgado de Distrito, es necesario que exista señalamiento de autoridad responsable que resida en un lugar sobre el cual el juez de amparo tenga jurisdicción. Lo anterior, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones y es materia de la jurisprudencia: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." En cuya ejecutoria se sostiene que: [.] Para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". [.] De donde se desprende que sin el señalamiento de una autoridad responsable dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar. Sin que resulte óbice para así determinarlo la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE"; pues de los autos se advierte que previa prevención en los términos que indica la Suprema Corte de Justicia, la autoridad que el quejoso señalo como responsable en esta localidad no existe, sin que la parte quejosa señalara autoridades responsables diversas cuya residencia se encontrara bajo la jurisdicción de dicho juzgado de Distrito. Luego, el dicho del quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la orden privativa de libertad trata de ejecutarse en esta ciudad, no puede resultar determinante para actualizar la competencia de este órgano jurisdiccional, al no existir autoridades responsables con residencia en el territorio sobre el cual ejerce jurisdicción. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 9/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el tomo III, enero de 2001, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Así como la diversa P./J. 8/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son los que siguen: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." En tal virtud, de conformidad con el último párrafo del artículo 48 , de la Ley de Amparo y toda vez que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva, se ordena remitir el presente expediente, así como los cuadernillos formados con motivo de la tramitación del incidente de suspensión, al Juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, se considera que no será posible el verificativo de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con tres minutos del veinte de junio próximo, y por ende se deja sin efectos la misma; en la inteligencia que una vez resuelto el presupuesto procesal planteado, se fijara de nueva cuenta fecha y hora para su celebración.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos, suscrito por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, residente en Dolores Hidalgo, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Téngase a la oficiante remitiendo las constancias que adjunta, las que con vista a las partes, y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada la documental referida, dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia en este juicio.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; luego, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, déjese a disposición del quejoso un tanto del Disco Versátil Digital, (D.V.D), que la responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región 1 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, adjuntara a su informe justificado; esto previa constancia que de su entrega se plasme en autos.

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