Juan Antonio López Rodríguez

Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
645/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio López Rodríguez
  • Comandante de la Policía Investigadora y agentes a su mando adscritos a la Unidad Única de Investigación. San Fernando, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    I.. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  2. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo 645/2021-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del nueve de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que, a la fecha, ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia terminada de engrosar el once de febrero de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, donde se decretó el sobreseimiento y la negación de la protección de la Justicia de la Unión; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior, en el entendido de que no fue necesario realizar el cómputo respectivo por cuanto hace a las autoridades responsables, ya que estas no se vieron afectadas con el sentido de la resolución dictada en este juicio de garantías, como lo prevé el artículo 87, párrafo I, de la ley de la materia. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruidos de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 645/2021-I, promovido por Juan Antonio López Rodríguez, contra actos del Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, Juan Antonio López Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) "JUEZ DE CONTROL DE LA TERCERA REGIÓN JUDICIAL. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 2) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ÚNICA DE INVESTIGACIÓN. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 3) COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA Y AGENTES A SU MANDO, ADSCRITOS A LA UNIDAD ÚNICA DE INVESTIGACIÓN DESTACAMENTADA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 4) COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA Y AGENTES A SU MANDO DESTACAMENTADOS EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 5) COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE DESTACAMENTADO EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 6) SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO (MARINA) DESTACAMENTADA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 7) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) DESTACAMENTADOS EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 8) POLICÍA FEDERAL DESTACAMENTADA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 9) COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO CON ELEMENTOS A SU MANDO. CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 10) SUBSECRETARÍA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA PROCESAL A SU MANDO. CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS." ACTO RECLAMADO: "La orden de aprehensión dictada en contra del suscrito dentro de la carpeta procesal 17/2020 misma que se sigue en el Juzgado de control de la Tercera Región Procesal con residencia en San Fernando, Tamaulipas, sin saber la razón o motivo, por el que se me trata de privar de mi libertad." SEGUNDO. En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito radicó la demanda, la admitió a trámite, quedando registrada bajo el número 645/2021-I, solicitando los informes justificados a las responsables, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y en su oportunidad, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe establecerse cuáles son los actos materia de estudio en este juicio. Lo anterior, obedece a la interpretación del escrito de demanda (fojas 1 a 6), sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido; por lo que, además del fundamento antes invocado, tiene aplicación la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181810 en el IUS 2012 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, tanto de la transcripción de los actos reclamados, como del contenido de sus antecedentes y los conceptos de violación, se evidencia que el impetrante de garantías comparece al juicio constitucional que nos ocupa, reclamando la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil veintiuno, librada en su contra dentro de la carpeta procesal CP/0017/2020, del índice del Juzgado de Control de la Tercera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando. TERCERO. En auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de diversas autoridades responsables, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificado para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en dicho proveído y se tiene por inexistentes para los efectos del asunto en que se actúa a las autoridades que denominó como "1) Comandante de la Policía Investigadora y Agentes a su mando adscritos a la Unidad Única de Investigación; 2) Comandante de la Policía Investigadora y Agentes a su mando; 3) Secretaría de Marina Armada de México (Marina); 4) Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y, 5) Policía Federal, todas Destacamentadas en San Fernando, Tamaulipas"; en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías por lo que a dichas autoridades se refiere, pues si éstas son inexistentes más aún los actos a ellas reclamados. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, y Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación, ambos de San Fernando, Tamaulipas, puesto que dichas responsables así lo aseveraron al rendir sus respectivos informes justificados. Además, para robustecer su dicho, la autoridad ordenadora remitió copias certificadas de la carpeta procesal CP/0017/2020, del índice del Juzgado de Control de la Tercera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, de donde se advierte la existencia del mandato de captura aquí reclamado. Las constancias de mérito, constituyen en su conjunto, un documento público con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables antes citadas; ello con apoyo en la jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394261 en el IUS 2012 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 en el IUS 2012 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, de San Fernando, Tamaulipas; la Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social; y, el Agente de la Policía Investigadora Encargado del Despacho de la Policía Ministerial del Estado, ambas con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, negaron la existencia de los actos que se les reprocharon; sin embargo, en su carácter de autoridades ejecutoras, se encuentran compelidas a llevar a cabo los actos emitidos por la ordenadora, como lo es el que hoy se reclama y que fue admitido por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado; por lo tanto, se tienen como ciertos los actos reclamados a dichas autoridades. Apoya lo anterior en consideración, en acatamiento al principio de respetabilidad de los criterios emanados de un tribunal jurisdiccional superior jerárquicamente a éste, la tesis visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto reclamado." QUINTO. Al no desprenderse ninguna causal de improcedencia de oficio, ni que las partes hubieran hecho valer alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la impetrante en su demanda de amparo, sin que se considere necesario transcribirlos en la presente resolución, dado que se realizará el análisis de los mismos, lo anterior según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación expresados. En ellos, en síntesis aduce el quejoso que la orden de aprehensión es lesiva del artículo 16 de la Constitución Federal en su perjuicio; que dicha orden debe de reunir diversos requisitos; y, que la misma no cumple con la debida fundamentación y motivación. El sintetizado motivo de disenso debe desestimarse, pues del análisis de la orden de aprehensión librada en su contra, se aprecia que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley para su emisión, como a continuación se expondrá: Del análisis de la copia auténtica de la carpeta procesal CP/0017/2020, del índice del Juzgado de Control de la Tercera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, a las cuales ya se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos precedentes, se advierte que, el citado procedimiento se sigue en contra de Juan Antonio López Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito cometido con motivo de tránsito de vehículo, previsto por el artículo 316 y sancionado en el diverso 318, fracción I, del Código Penal para el estado de Tamaulipas. Asimismo, de lo que interesa se observa que la responsable, el diecisiete de octubre de dos mil veinte, estando dentro del plazo constitucional para resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso que hizo el Fiscal, dentro de la referida carpeta, vinculó a proceso al aquí quejoso Juan Antonio López Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito cometido con motivo de tránsito de vehículo, previsto por el artículo 316 y sancionado en el diverso 318, fracción I, del Código Penal para el estado de Tamaulipas, ya que, según su criterio, existe la probabilidad que el imputado lo cometió como autor material y directo. Además, de esa misma revisión que se hace a las constancias que para tal efecto se anexaron al presente juicio constitucional, aparece, entre otras cosas, que el doce de mayo de dos mil veintiuno, el Juez responsable, señaló las diez horas del quince de junio de esa misma anualidad, para que tuviera verificativo la audiencia intermedia dentro de la citada carpeta procesal, misma que se llevaría a cabo por videoconferencia en tiempo real, de lo cual quedó debidamente notificado el aquí quejoso Juan Antonio López Rodríguez, lo cual se demuestra con las constancias que para tal efecto se anexaron a este expediente (fojas 489, 490 y 508). Por otra parte, del acta mínima de la audiencia intermedia, celebrada a las diez horas del quince de junio de dos mil veintiuno, aparece que el aquí agraviado Juan Antonio López Rodríguez no se conectó a la plataforma correspondiente a efecto de llevar a cabo el desahogo de la citada diligencia; por ende, el defensor particular de la parte ofendida solicitó que se le declarara sustraído de la acción de la justicia; no obstante lo anterior, el Juez responsable, previo a acordar sobre dicha petición, requirió al peticionario del amparo, para que dentro del término de tres días justificara su inasistencia, de lo cual quedó debidamente notificado, lo que se demuestra con las constancias que para tal efecto se anexaron a este expediente (fojas 538 y 542). El veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Juez responsable precisó que el aquí quejoso Juan Antonio López Rodríguez, no había realizado manifestación alguna respecto al motivo de su inasistencia a la diligencia que se llevaría a cabo el quince de ese mismo mes y año, mucho menos había justificado esa circunstancia, no obstante el término que le había concedido para tal efecto; por ende, lo tuvo por sustraído de la acción de la justicia, tal y como lo establece el numeral 141, párrafo IV, del Código Nacional del Procedimientos Penales (foja 549). El nueve de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable, tuvo al Agente del Ministerio Público, solicitando se obsequiara la orden de aprehensión correspondiente en contra del agraviado Juan Antonio López Rodríguez, toda vez que al mismo se le había declarado sustraído de la acción de la justicia. En esa misma fecha, a solicitud del representante social, se libró en contra de Juan Antonio López Rodríguez, orden de aprehensión, a efecto de que fuera puesto a disposición del juez del proceso a fin de llevar a cabo la audiencia intermedia; determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. Ahora bien, como se adelantó, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados, pues la orden de aprehensión librada en su contra cumple con los requisitos legales para su emisión. En efecto, del análisis de la resolución emitida por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, que contiene el acto reclamado, se advierte que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. A fin de demostrar lo anterior, conviene transcribir la citada resolución, misma que se encuentra video gravada en uno de los discos compactos que remitió la responsable al momento en que rindió informe justificado y a los cuales ya se les otorgó valor probatorio pleno, de ahí que, al reproducir el disco compacto que contiene la resolución reclamada de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se observa lo siguiente: En dicha resolución, el juez responsable no solo citó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en cuyo párrafo tercero se precisan los supuestos de procedencia para el libramiento de una orden de aprehensión, sino que también invocó los numerales 141, párrafo cuarto y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autorizan la aprehensión de una persona en el caso de que el imputado haya sido declarado sustraído de la acción de la justicia. En efecto, el numeral 16 de la Carta Magna, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en lo conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" A su vez, los arábigos 67, fracción II, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 67. Resoluciones judiciales [.] Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; [.]" "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Como puede advertirse, la autoridad judicial cuenta con diversas facultades en el proceso penal acusatorio a fin de garantizar la presencia del imputado en el mismo, de suerte que si éste evade una orden de comparecencia judicial y se trata de aquellos delitos que se sancionan con pena corporal, previa petición del Agente del Ministerio Público, podrá girar orden de aprehensión en su contra. Con independencia de lo anterior, el legislador consideró que, bajo ciertas actuaciones del inculpado frente al proceso, deberá ser considerado como sustraído de la acción de la justicia, tal es el caso de que no comparezca a una citación judicial sin causa justificada, dando lugar a la emisión de una orden de aprehensión. En ese tenor, si el ahora quejoso, en su carácter de inculpado en la causa del juicio de origen (que en su momento se le dictó auto de vinculación a proceso), no asistió a la audiencia intermedia, que se encontraba señalada para las diez horas del quince de junio de dos mil veintiuno, sin haber justificado su inasistencia ante la autoridad judicial, entonces, resultó válido que el juzgador del conocimiento determinara procedente la petición del representante social consistente en girar orden de aprehensión contra el hoy disconforme, pues, tal como lo dejó establecido en el cuerpo de la orden de captura, en la especie quedaron satisfechos los requisitos establecidos para ese efecto en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, además de la petición en ese sentido por parte del representante social, el delito que se le atribuye al aquí quejoso se sanciona con pena privativa de la libertad. Ya que el aquí quejoso fue vinculado a proceso el diecisiete de octubre de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito cometido con motivo de tránsito de vehículo, previsto por el artículo 316 y sancionado en el diverso 318, fracción I, del Código Penal para el estado de Tamaulipas, cuya punibilidad es de tres a ocho años de prisión, si se cometiere por conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras substancias que produzcan efectos similares y si del hecho resulta la muerte de una o más personas; de dos a seis años de prisión, si del hecho resultan lesiones; y, de dos a cuatro años de prisión, si sólo se causa daño en propiedad ajena. Y abona a la legalidad de la determinación combatida, la inasistencia a la audiencia intermedia, que se encontraba señalada para las diez horas del quince de junio de dos mil veintiuno, pese a que fue debidamente notificado de la citada diligencia. Con lo cual, la actuación del aquí quejoso se subsumió en la hipótesis normativa que previene que si el acusado no acató una citación judicial sin causa justificada, debe ser considerado sustraído de la acción de la justicia y, podrá dictarse en su contra orden de aprehensión. De suerte que, las circunstancias antes narradas legitiman la acción del juez responsable para emitir la orden de captura que se tilda de ilegal, al haber quedado satisfechos los requisitos que impone el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión de una orden de captura. Consecuentemente, es legal que el nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable aprobara la petición del ministerio público de girar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso para reconducirlo al proceso. Por tal motivo, es infundado el concepto de violación donde el quejoso sostienen que la orden de privarlo de su libertad no cumple con los requisitos de ley y que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues contrario a ello, puede apreciarse que la misma cumple con las exigencias que establece el numeral 141, fracción III, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el quejoso faltó a la audiencia intermedia, para la cual fue citado, y al no haber comparecido se le declaró sustraído de la acción de la justicia, luego entonces, ante la petición del Agente del Ministerio Público, se le libró en su contra orden de aprehensión por dicho motivo. En otras palabras, la orden de aprehensión reclamada es legal, al cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución, pues el quejoso no compareció a una citación judicial a la cual fue debidamente citado. Y tal como se puede advertir del contenido del artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el acusado no comparezca a las citaciones judiciales, se le tendrá por sustraído de la acción de la justicia, lo que dará lugar a la expedición de una orden de aprehensión; por tanto, la orden de captura está plenamente justificada, al subsumirse la actuación del quejoso en la hipótesis normativa; de ahí lo infundado del concepto de violación analizado. No escapa del estudio que se hace, las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso en su demanda de garantías, en donde argumenta que el motivo por el cual no acudió a la audiencia intermedia programada para las diez horas del quince de junio de dos mil veintiuno, se debió a que su esposa, en esas fechas tenía síntomas de Covid, y que por esa razón, tuvo que llevarla con un especialista para que la atendiera; sin embargo, dicha razón es insuficiente para resolver en otro sentido del que se arribó, pues con independencia de que no allegó ningún documento que sustentara su dicho, esa circunstancia debió de plasmarla directamente ante la autoridad responsable, dentro del término que le fue otorgado para ello, ya que al no haberlo realizado de esa manera, desacató una orden judicial, que trae como consecuencia que se le pueda considerar como sustraído de la justicia, en términos del artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, la probabilidad de que se emita en su contra una orden de captura, lo que a la postre aconteció. Por tal motivo y al no advertir queja deficiente por suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Antonio López Rodríguez. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios sino consecuencia del acto atribuidos a la autoridad ordenadora. Sustenta esta determinación la jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Juan Antonio López Rodríguez, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las consideraciones expresadas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Antonio López Rodríguez, respecto de los actos de las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por las razones expuestas en el último de los considerandos del fallo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día once de febrero de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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