Juan Antonio López Rodríguez

Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
843/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo, debiendo hacerse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. El presente expediente es susceptible de depuración en términos del artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ya que se concedió la protección constitucional solicitada, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 843/2020-IX, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedieron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a la autoridad señalada como responsable; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del diecinueve de julio de dos mil veintidós, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en resolución pronunciada el treinta de junio de dos mil veintiuno (fojas 245 a 255), este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante de garantías Juan Antonio López Rodríguez, respecto del acto reclamado al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas. Dicha terminación causó ejecutoria en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por ninguna de las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de la Materia (fojas 267 a 269). Mediante oficio número 965/2021 recibido en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Décimo Primer Distrito dentro de la Tercera Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, comunicó la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo (fojas 273 a 282). Lo anterior fue puesto a la vista del impetrante de garantías, y de los terceros interesados; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional n el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para los efectos siguientes: ".En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, una vez que cause ejecutoria, el Juez de Control de la Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, de inmediato deberá realizar lo siguiente: 1. En autos de la carpeta procesal 17/2020, dicte un proveído en el que señale fecha y hora para la celebración de una audiencia dentro de los tres días siguientes, con intervención de todas las partes. 2. En la misma audiencia, deberá dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, y decretar que persisten las intervenciones de las partes en diligencias previas. 3. Emita una nueva determinación, misma que deberá ceñirse a los hechos que fueron materia de la imputación, conforme a lo resuelto en esta sentencia de amparo." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que existe una imposibilidad real, material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas, dentro de la carpeta procesal 17/2020. Lo anterior resulta evidente, pues la autoridad responsable informó que se ve imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues diverso juez dentro de la carpeta procesal 17/2020, que se sigue al quejoso Juan Antonio López Rodríguez, mediante auto de veintidós de junio del presente año, decretó la sustracción de la acción de la justicia del agraviado, y posteriormente, el nueve de junio de dos mil veintiuno (sic), libró orden de aprehensión en su contra, dado que no justificó su inasistencia a la audiencia intermedia; además, suspendió el procedimiento en términos del artículo 331, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta en tanto no se ejecutara el mandato judicial, lo cual acreditó con las documentales que adjuntó a ese comunicado (fojas 273 a 280). Atento a lo anterior, es oportuno señalar que el arábigo 332, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión". En tales condiciones, es claro que, en la especie, las actuaciones tendientes a cumplir con la ejecutoria de amparo, se encuentran supeditadas a que la carpeta procesal sea reanudada, lo cual ocurrirá una vez que el quejoso comparezca o sea aprehendido por la autoridad correspondiente, y presentado ante el juzgador que ordenó su captura. Acontecimientos estos últimos, en los que no interviene la voluntad del juez responsable, por lo que no puede considerársele omiso en lograr su consecución, dado que la comparecencia del impetrante del amparo o la cumplimentación del mandato de captura en comento, dependen de diversas circunstancias fácticas sobre las que éste no tiene control alguno. Así pues, mientras pervivan las causas que originaron la suspensión del proceso, resulta jurídicamente imposible que programe una audiencia dentro de los tres días siguientes con intervención de todas las partes, para que en la misma deje insubsistente el auto de vinculación reclamado, decrete que persisten las intervenciones de las partes en diligencias previas, y emita una nueva determinación conforme a lo resuelto en la sentencia de amparo, pues es materialmente necesaria la presencia del quejoso; máxime que es a éste a quien deben resarcirse sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal de origen. No escapa para este órgano de control constitucional, que mediante escrito recibido en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el licenciado Ricardo Arturo Barrientos Treviño, autorizado de los terceros interesados, señaló que la autoridad responsable no manifestó que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 586/2021-V, promovido por el quejoso Juan Antonio López Rodríguez, se le otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados (orden de aprehensión), en la que se le indicó que una de sus obligaciones lo era que debía presentarse ante el juez del procedimiento para su continuación, por lo que no existe impedimento por parte del juez de control para dar cumplimiento a la ejecutoria. Las anteriores manifestaciones, se estiman inundadas, pues en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 586/2021-V, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, lo que se concedió al agraviado fue la suspensión provisional de los actos reclamados; sin embargo, actualmente dicha medida ha quedado sin efectos, pues por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de sobreseimiento emitida en el citado expediente. Tampoco se soslaya que actualmente se encuentra en trámite el juicio de amparo 645/2021-I, en que se reclama la orden de aprehensión librada en contra del quejoso el día nueve de julio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta procesal 17/2020, de la cual emana el acto reclamado en esta contienda constitucional; sin embargo, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dejaron de surtir efectos las medidas decretadas para la concesión de la suspensión definitiva otorgada mediante interlocutoria de catorce de octubre del presente año; esto es, la exhibición de una garantía, y la acreditación de haberse sometido a la jurisdicción del juez responsable, sin que éste órgano de control constitucional pueda obligar al agraviado a acatarlas, pues depende de su voluntad que dé les cumplimiento para que puedan reactivarse. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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