Juan Antonio Loo Jiménez
Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Juan Antonio Loo Jiménez
- Homero García Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 192/2023 con anexo, enviado por la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad. Ahora bien, visto el contenido de la documental que anexó la autoridad de referencia a su comunicado, se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, emitió el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral número 765/E06/2021, de su índice. Por tanto, este juzgador Federal advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al resultar manifiesta e indudable, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, atento a las siguientes consideraciones. En la inteligencia que tal numeral, en lo conducente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al haber reclamado Rubén Olvera Terán, como apoderado legal de los quejosos Homero García Ramírez y Juan Antonio Loo Jiménez, en esta vía constitucional, la omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación con las pruebas ofrecidas dentro del expediente administrativo laboral número 765/E06/2021, de su índice; documentales que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo a la parte quejosa en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la emisión del proveído correspondiente a los medios de convicción ofrecidos por las partes actora y demandada en el expediente laboral de origen, restituyó al quejoso en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de ordenar su emisión, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXVI, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría desahogar dicha actuación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis de jurisprudencia, I.7o.P. J/3, visible en la página 1600 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." De igual forma, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que, déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las once horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha enviado las constancias que le fueron solicitadas por este Juzgado de Distrito mediante proveído de siete de los actuales, derivadas del expediente administrativo laboral 765/E06/2021, no obstante que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado para ello. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós; con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará efectivo el apercibimiento con que fuera conminada en el aludido auto de siete de los actuales, y se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100, moneda nacional). Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las once horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.
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