Juan Ángel Lara Robles

Expediente 582/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
582/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Ángel Lara Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer y negar la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente asunto es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el presente expediente se dictó sentencia en la que se negó el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    SENTENCIA. Celaya, Guanajuato a ocho de enero de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 582/2020; y, Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Juan Ángel Lara Robles, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de una orden de aprehensión. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, esta potestad admitió la demanda propuesta; formó el expediente y lo registró bajo el número 582/2020; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, se recibieron los emplazamientos de los terceros interesados Francisca Rivera Arriaga y el Ministerio Público que intervino en la emisión del acto reclamado. Por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITO CONTRA LA MUJER DE CELAYA, GUANAJUATO"; "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN HOMICIDIOS, DE CELAYA, GUANAJUATO"; "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, EN CELAYA, GUANAJUATO"; "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA DEL FUERO COMÚN, EN CORTÁZAR, GUANAJUATO" y "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA, DEL FUERO COMÚN, EN JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO". Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró como consta anteriormente; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una resolución con efectos de ejecución en Juventino Rosas, Guanajuato, localidad que se encuentra dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: a) La orden de aprehensión de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 1P1919-67, por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio. Acto reclamado a las siguientes autoridades: Juez de Control del Juzgado de Oralidad penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Juventino Rosas. Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base Cortázar. Agente del Ministerio Público Investigador de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. b) Su ejecución. Acto reclamado a las siguientes autoridades: 5. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones, Encargado de Mandamientos Judiciales, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Celaya. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a las autoridades precisadas en los incisos 2 a 4. Las autoridades responsables: Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base Cortázar. Agente del Ministerio Público Investigador de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Al rendir sus respectivos informes negaron la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en este considerando. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al juez de Control del Juzgado de Oralidad penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Juventino Rosas, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto reclamado y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (D.V.D.), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, el jefe de célula de la Dirección General de Investigaciones, Encargado de Mandamientos Judiciales, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Celaya, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, dado el carácter que tienen de autoridad ejecutora. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P1919-67 del índice del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, donde se dictó orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el responsable se encuentran ajustadas a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el peticionario esgrime lo siguiente: -Que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, de seguridad y del debido proceso legal inmersos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Federal, dado que se pretende ejecutar en su contra una orden de aprehensión que carece de fundamentación y motivación. Tales planteamientos son infundados. Respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, es pertinente precisar que el mismo se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: "Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control del Juzgado de Oralidad penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Juventino Rosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, lugar en donde ejerce jurisdicción. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, lo cual se encuentra demostrado con la llamada telefónica del jefe de grupo de la Policía Ministerial de la Agencia Especializada en Investigación de Homicidios quien reportó la existencia de un cadáver de una mujer. Así como, con la denuncia que presentaron Francisca Rivera Arriaga y María del Carmen Rivera Arriaga (madre y tía de la víctima respectivamente), por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio cometido en agravio de Evelin Gámez Rivera. Siendo que tal delito -feminicidio-, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153-A del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tiene establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 153-a. Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en agravio de la víctima: Que haya sido incomunicada; Que presente signos de violencia sexual; Que haya sido vejada; Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, infamantes o degradantes aún respecto del cadáver; Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella; Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, de confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato o relación análoga; o Que su cuerpo sea expuesto o exhibido. Al responsable de feminicidio se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. Si concurre con el mismo u otro delito, se acumularán las penas que por cada uno se impongan. La de prisión no podrá exceder de setenta años. Por lo que, si el delito de referencia, tiene prevista una pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como lo precisó el juez de control existen datos de prueba que permiten suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de feminicidio así como la probabilidad de que el quejoso lo cometió, los cuales son los siguientes: 1. Entrevista de J. Guadalupe Mendoza Lara, quien dijo ser tío del imputado, así como empleado de la empresa Servicios Alxtra ubicada en la carretera Juventino Rosas-Celaya, y que el día nueve de abril de dos mil diecinueve, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un negocio que se encuentra afuera de su centro de trabajo, cerca de una tienda de la señora Marcelina que se dedica a vender frituras, en compañía de María Isabel Campos Olivares y del imputado Juan Ángel Lara Robles, siendo este ultimo quien manifestó que "ahora si iba a coger a como diera lugar, que cogía por que cogía", que posteriormente llegó a ese lugar la hoy occisa Evelin Gámez Rivera, quien se unió a la convivencia, y que estuvieron hasta las veinte horas, luego se retiran en un vehículo negro el imputado y Evelin Gámez Rivera. Que al día siguiente, cuando el testigo se enteró que estaban buscando a Evelin Gámez Rivera, vio a su sobrino Juan Ángel Lara Robles, quien presentaba rasguños en la cara, a lo que el ateste le preguntó que había pasado, a lo que Juan Ángel Lara Robles respondió que el día de ayer cuando se retiraron de la convivencia, el había estado besando y tocando a Evelin, que logró quitarle la blusa y el brasier, pero que una vez que le quiso quitar el pantalón Evelin se resistió, por lo que empezó a someter a la víctima y logra tener relaciones sexuales con ella, una vez terminado el acto, Evelin le dijo a Juan Ángel que lo iba a denunciar, lo que obligó a Juan Ángel a tomar a Evelin del cuello y presionarla hasta que la misma dejó de respirar, cuando se dio cuenta que Evelin no respiraba Juan Ángel dejó el cuerpo en un canal de aguas negras que se encuentra a un kilometro de la carretera Juventino Rosas-Celaya. Finalmente, refiere el testigo que el imputado lo amenazó para que no contara nada, y que si lo hacía le pasaría algo a sus hijos. 2. Entrevista de María Isabel Campos Olivares, quien refirió ser también empleada de Servicios Alxtra, y que el día nueve de abril se encontraba en un convivencia, afuera de su centro de trabajo, en compañía de J. Guadalupe Mendoza Lara y Juan Ángel Lara Robles, que este último comentó que "ahora si cogía por que cogía", que posteriormente llegó Evelin Gámez Rivera, posteriormente como a las ocho de la noche se retiran juntos Juan Ángel y Evelin. Que al día siguiente, fue a su domicilio Juan Ángel Lara Robles y le cuestionó a la testigo que si no le habían preguntado por él, a lo que la testigo le preguntó que no, por lo que, Juan Ángel le contestó que no se hiciera pendeja, que no dijera nada, pues de hacerlo le iba a pasar lo mismo que a su amiga. 3. Entrevistas de Francisca y María del Carmen de apellidos Gámez Rivera, quien fueron coincidentes en señalar que Evelin Gámez Rivera les había comentado que la estaba pretendiendo Juan Ángel Lara Robles, que el día nueve de abril de dos mil diecinueve, no llegó a dormir, por lo que fueron a indagar con compañeras de trabajo, y le comentaron que Evelin un día antes no había acudido a trabajar, pues se fue a tomar unas cervezas con Juan Ángel Lara Robles. 4. Entrevistas de María Guadalupe Rivera Gámez y Alejandra Martínez Sánchez, quienes manifestaron que el día nueve de abril de dos mil veinte, se dirigían a su centro de trabajo Servicios Alxtra, en compañía de Evelin Gámez Rivera quien, durante el trayecto a su empresa, se venía mandando mensajes con Juan Ángel Lara Robles, quien le propuso que ese día no fuera a trabajar, para que se quedaran tomando cervezas afuera de la empresa en las tiendas que están enfrente. Refieren que al llegar al centro de trabajo, descienden de la unidad y que Evelin sale por la puerta rumbo a las tiendas que están enfrente, asimismo, que se percataron que se encontraba tomando cervezas en compañía de Juan Ángel Lara Robles y su tío J. Guadalupe Mendoza Lara. 5. Entrevista de Marcelina Ariza Guerrero, quien manifestó que tiene una tienda de frituras frente a la empresa Servicios Alxtra, y que el día nueve de abril de dos mil diecinueve, enseguida de su negocio tuvieron una convivencia Juan Ángel Lara Robles y Evelin Gámez Rivera, en compañía de otras dos personas, y que como a eso de las ocho de la noche se percata que se retiraron juntos Juan Ángel y Evelin. 6. Informe SPHC45362/2019 suscrito por perito criminalística, quien señaló que el cadáver de Evelin Gámez Rivera se localizó sobre un canal de aguas negras, a un kilometro de la carretera Juventino Rosas-Celaya, y que tenía retiradas las prendas superiores. 7. Informe médico de necropsia 428/2019, del cual se desprende que la causa de la muerte de Evelin Gámez Rivera fue por asfixia mecánica por estrangulación y que ocurrió entre las veintiún horas del nueve de abril y las nueve horas del diez de abril de dos mil diecinueve. Además, la perita dio noticia de que el cuerpo de la víctima Evelin Gámez Rivera presentó diversas lesiones, a saber equimosis negruzcas, escoriaciones, en cuello, tórax, abdomen, busto y piernas; asimismo, observó que existió una penetración en la región anal reciente, pues incluso encontró un condón, el cual fue mandado a analizar. 8. Informe de la jefa de personal de la empresa Alxtra, quien refirió que Juan Ángel Lara Robles, es empleado de esa empresa que el nueve de abril acudió a laborar, y que salió ese mismo día, y que Evelin Gámez Rivera también trabaja en esa empresa, y que el último día que trabajo fue el ocho de abril de dos mil diecinueve. Lo que implica, que tales datos de prueba, evidencian la existencia de un hecho que la ley señala como delito feminicidio y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso lo cometió, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Es así, pues de lo manifestado por los atestes, en especial el dicho de J. Guadalupe Mendoza Lara, así como los informes recabados, da como resultado que se pueda establecer hasta este momento, como acertadamente lo determinó el juez de control, que entre las veintiún horas del nueve de abril y las nueve horas del diez de abril de dos mil diecinueve, Juan Ángel Lara Robles sujetó del cuello a Evelin Gámez Rivera y la presionó hasta que la misma dejó de respirar, causándole con ello la muerte, acto seguido, deja el cuerpo de la víctima en un canal de aguas negras que se encuentra a un kilometro de la carretera Juventino Rosas-Celaya. Hechos que como acertadamente lo determinó el juez de control, tienen la descripción típica del delito de feminicidio, según lo previsto por el artículo 153-A, fracciones II y VI del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Lo anterior es así, pues existen indicios razonables, que permiten suponer que la víctima de sexo femenino Evelin Gámez Rivera, presentó signos de violencia sexual ocasionados por el actuar Juan Ángel Lara Robles, previo a que fuera privada de la vida por este mismo (fracción II). Así como, que entre la víctima Evelin Gámez Rivera y Juan Ángel Lara Robles, existió una relación de confianza, pues eran compañeros de trabajo, y este último cortejaba a la primera de los nombrados, con la finalidad de tener una relación de pareja (fracción VI). En efecto, como se vio de la relatoría de los datos de prueba, en específico, del examen de necropsia, se advierte que el cuerpo de la víctima Evelin Gámez Rivera, presentó signos de violencia sexual, dado que se observaron diversas lesiones en partes íntimas, así como, una penetración anal y un condón en esa área. De igual modo, se demostró para efectos de la etapa en la que nos encontramos, que entre la víctima y el hoy imputado, existió una relación de confianza, pues de lo declarado por los diversos atestes, se aprecia que manifestaron que eran compañeros de trabajo, y que Juan Ángel Lara Robles cortejaba a Evelin Gámez Rivera, para que sostuvieran una relación de pareja. Por tanto, como lo señaló el juez de control, los hechos encuadran en la figura típica de feminicidio, prevista por el artículo 153-A, fracciones II y VI del Código Penal para el Estado de Guanajuato, dado que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, permiten establecer que Juan Ángel Lara Robles privó de la vida a Evelin Gámez Rivera, por razones de genero, ya que la misma presentó signos de violencia sexual, y que entre ambos existía una relación de confianza. En ese orden de ideas, cabe señalar que conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto de competencia 28/2015, para satisfacer el requisito consistente en que "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió", la imputación no necesita un grado de corroboración plena, pues la convicción final de la existencia del delito y la responsabilidad penal será del juez, lo que implica que en este nuevo sistema de justicia penal, la configuración de la carpeta de investigación no exija una tarea investigadora reforzada. En consecuencia, como también lo sostuvo la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en el sistema acusatorio el estándar probatorio para la etapa de investigación es reducido, pues sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por tal motivo, para librar la orden de aprehensión el juez de control no necesita hacer un análisis de valoración probatorio, pues ni siquiera se encuentra frente a pruebas, sino que únicamente cuenta con la referencia a determinados datos proporcionados por el fiscal, cuya razonabilidad deberá permitir identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que se adopte. Es así, porque como lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1090/2017, el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es poner al detenido a disposición del juez de control, para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación; de manera que basta con que el fiscal exponga ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión, en tanto que el juez deberá resolver en audiencia lo conducente, debiendo pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. De ahí, que como acertadamente lo estimó el juez, de los datos de prueba que expuso la fiscalía, se permite establecer que el hoy quejoso cometió el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 153-A Código Penal del Estado de Guanajuato Además, el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, de la pena de prisión que en su caso tiene que soportar el hoy quejoso, que la mínima es de treinta años. En ese orden de ideas, el juez estimó que, a raíz de esa circunstancia, existe el riesgo de que el quejoso evada la acción de la justicia, por lo que es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados, por lo que la orden de aprehensión es el mandamiento judicial adecuado para que Juan Ángel Lara Robles se presente ante el juez de control con la finalidad de que le sea formulada imputación. Sobre el tema, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) que es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo". Lo transcrito revela que son tres los supuestos en los cuales procede una orden de aprehensión, a saber: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Y de lo expuesto por el juez, se desprende que encuadró la necesidad de cautela, en el inciso a), pues la pena que se le puede imponer es tan alta, que existe el riesgo que el quejoso evada la acción de la justicia. Por tanto, es evidente que se cumple el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio. Lo que denota que el juez de control responsable, contrario a lo que aduce el quejoso, sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó el seis de junio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 1P1919-67. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la unión que se solicita, en contra de la resolución reclamada. SEXTO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, al clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia de inmediato. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, en contra del acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, incisos 2 al 4 de esta sentencia; por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra de la orden de aprehensión de seis de junio de dos mil diecinueve, precisada en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando quinto.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la imposibilidad que se tuvo para notificar a las autoridades responsables que señaló en su escrito de demanda como: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITO CONTRA LA MUJER DE CELAYA, GUANAJUATO; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN HOMICIDIOS, DE CELAYA, GUANAJUATO; JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, EN CELAYA, GUANAJUATO; JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA DEL FUERO COMÚN, EN CORTAZAR, GUANAJUATO; JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA, DEL FUERO COMÚN, EN JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO"", Sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, se hacen efectivos los apercibimientos contenidos en autos de cinco y diez de noviembre del presente año y se suspende toda comunicación con las citadas autoridades, al ser inexistentes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, fueron emplazados al presente juicio de amparo, los terceros interesados xxxxxxxx (agente del Ministerio Publico. En ese orden de ideas, es evidente que están transcurriendo los ocho días que la ley les otorga, para imponerse de los informes justificados rendidos por las responsables. Por lo que a efecto de que ocurra lo anterior; se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, para su celebración. Visto el estado procesal de autos, se advierte que, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, fueron emplazados al presente juicio de amparo, los terceros interesados xxxxxxxxx (agente del Ministerio Publico. En ese orden de ideas, es evidente que están transcurriendo los ocho días que la ley les otorga, para imponerse de los informes justificados rendidos por las responsables. Por lo que a efecto de que ocurra lo anterior; se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, para su celebración.

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