Juan Antonio Cruz Martinez
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Antonio Cruz Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
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Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 70 a 79); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado Acuerdo General, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y el original del cuaderno incidental de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, y se concedió la medida suspensional definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devuélvanse a la autoridad responsable los tres tomos de pruebas que exhibió junto con su informe justificado.
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R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, XXXXXXXXXX, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: COMO AUTORIDAD ORDENADORA.- EL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Y COMO AUTORIDAD EJECUTORA EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE ACAMBARO, GTO, ." ACTOS RECLAMADOS "IV.- ACTO RECLAMADO: EL QUE LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADA QUIERAN DESPOJARME DE MI POSESION LEGITIMA QUE EL SUSCRITO GOZO EN LA CASA UBICADA EN XXXX." Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho se registró la demanda con el número de expediente 21/2018 (fojas 5 a 7); la admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe con justificación; dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó emplazar a la tercera interesada "Star Médica" Sociedad Anónima de Capital Variable. TERCERO.- En treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con la documental allegada al sumario por la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato (foja 35); y se le previno para que señalara si era su deseo designar como responsable ejecutora a la referida juez virtud a su participación en los actos reclamados, específicamente en la ejecución de la orden de desposesión del inmueble que defiende el impetrante; bajo apercibimiento que de no hacerlo, en el término legal otorgado para la ampliación de demanda, se resolvería únicamente teniendo como responsables a las autoridades así señaladas en su escrito inicial. En acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de enero del año en curso; teniéndose como autoridades responsables únicamente a aquellas que señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda. Finalmente, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de la materia, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el acuerdo general número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse sendos actos con ejecución en dos Distritos, en uno de los cuales este juzgado ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar los actos reclamados que se desprenden de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, a fin de lograr una congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, de conformidad con las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI y XIX, Abril de 2000 y 2004, consultables en las páginas 32 y 255, de rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, se precisa que del contenido integral de la totalidad de las constancias que integran el expediente, se desprende de que, Juan Antonio Cruz Martínez se duele de lo siguiente: 1.- El emplazamiento -que tilda de ilegal- practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 2884/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como los actos posteriores, incluyendo el embargo del inmueble sito calle Valle de Santiago número 42, de la colonia Valle de Acámbaro, de la ciudad Acámbaro, Guanajuato; hasta el dictado de la sentencia condenatoria y el acto que le declara firmeza legal. 2.- La orden de desposesión del inmueble descrito en el punto que precede, dictada durante la etapa de ejecución de la sentencia en el juicio de origen; así como los actos tendientes a esa ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama (foja 37). Lo anterior sin que el promovente de amparo aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Luego, ante la no comprobación del acto que se reclama a dicha autoridad señalada como responsable en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace al Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2º. J/20, visible en la página 627, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como también la Tesis visible en la página 6673, Registro 324127, Materia Común, Quinta Época, Instancia de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, LXXIX, la cual es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." CUARTO. Verificación de existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de lo Mercantil en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad de Aguascalientes (foja 39), pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 2884/2010, de su índice, adjunta al informe (tomo I, II y III), constancia a la que, por ser un documento público, se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. QUINTO. Antecedentes del caso. El diecisiete de diciembre de dos mil diez, se presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, por "STAR MÉDICA", S.A. DE C.V., a través de sus endosatarios en procuración JOSE DE LA MORA DE AVILA Y OTROS, contra OLGA LIDIA, JUAN ANTONIO Y VÍCTOR, TODOS DE APELLIDOS CRUZ MARTINEZ (foja 1 a 6 del tomo de pruebas I). El cuatro de enero de dos mil once, fue radicada con el número de expediente 2884/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, ordenándose la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demanda, en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, por lo que giró exhorto al Juez competente en el municipio citado para que se cumplimentara, en virtud de que los demandados tenían su domicilio, en esa ciudad (foja 7 del tomo de pruebas I). Por escrito presentando el veinticuatro de mayo de dos mil once, signado por OLGA LIDIA, JUAN ANTONIO Y VÍCTOR, TODOS DE APELLIDOS CRUZ MARTINEZ, ante el juez de la causa, el que acordó el veinticinco del mismo mes y año, y tuvo a los demandados compareciendo a juicio, y señalando domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, reservando acordar la contestación, hasta que obraran en el expediente las constancias de emplazamiento (foja 58 del tomo de pruebas I). Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil once, el Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, que por cuestión de turno correspondió conocer del exhorto enviado para practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el emplazamiento, radico el exhorto y ordenó su diligenciación (foja 83 del tomo de pruebas I). El once de mayo de dos mil diecisiete, el actuario designado por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato, en compañía de un representante de la parte actora, se constituyó en el domicilio de la parte demandada, entre la que se destaca, la de JUAN ANTONIO CRUZ MARTINEZ, cerciorado debidamente de ello, donde dejó citatorio para el día siguiente, a las once horas con treinta minutos, en virtud de no haberlo encontrado. Al día siguiente, se volvió a constituir en el mismo domicilio, calle Primero de Mayo número 1640-B, de Acámbaro, Guanajuato, donde fue atendido por el hoy quejoso, por lo que procedió a requerirlo de pago, y toda vez que no hizo pago, ni señaló bienes, dicho derecho paso al actor, quien señaló para garantizar el adeudo la casa habitación en la calle Valle de Santiago número 42, de la colonia Valle de Acámbaro, Guanajuato, para posteriormente emplazarlo, corriéndole traslado con copia de la demanda y el escrito inicial de demanda y anexos, así como cedula que contiene la orden que se cumplimenta y la copia al carbón de dicha diligencia (fojas 92 a 98 del tomo de pruebas I) En auto de treinta de mayo de dos mil once, el Juez Primero Civil de Aguascalientes, capital, tuvo recibidas las constancias de emplazamiento de los demandados, entre los que se encuentra el quejoso, y acordó tener por contestando la demanda, oponiendo las excepciones y defensas que hicieron valer, a los mismos. En sentencia de dieciocho de julio de dos mil once, se resolvió: ".TERCERO.- Se condena a los demandados XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX, al pago a favor de la actora XXXXXXXXXX de la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N. por concepto de suerte principal en el negocio y en favor de la actora. CUARTO.- Se condena a XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX, al pago a favor de la actora de los intereses moratorios a razón del cuatro por cientos mensual, sobre el importe total referido en el resolutivo anterior, a partir del once de diciembre del año dos mil diez, día siguiente a la fecha de vencimiento del título de crédito base de la acción y hasta la total solución del deudo, regulados que sean estos conforme a derecho en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX, a pagar a favor de la actora los gastos y costas que el presente juicio le hayan originado, lo anterior previa regulación legal que de ello se hago conforme a derecho en la ejecución de sentencia. SEXTO.- Hágase trance y remate de los bienes embargados en el presente negocio y con su producto páguese al acreedor todas y cada una de las prestaciones que demanda si el deudor no le hiciere en el término de ley..." (fojas 135 a 143 vuelta del tomo de pruebas I). Por auto de diecinueve de agosto de dos mil once, la sentencia dictada en el presente juicio causo ejecutoria y se requirió a la parte demanda para que cumpliera voluntariamente, apercibida que de no hacerlo se abriría el periodo de ejecución. (foja 166 tomo de pruebas I). En quince de septiembre de dos mil once, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte demanda, toda vez que fue omisa en dar cumplimiento, por lo que el expediente se abrió a periodo de ejecución, dictándose sentencia interlocutoria al respecto el once de octubre de dos mil once; asimismo por proveído de veintiséis del mismo mes y año requirió a la parte demanda, entre ellos al hoy quejoso, el cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento que de no hacerlo se abriría el periodo de ejecución (foja 167, 185 a 186 vuelta y del tomo I de Pruebas). Por auto de siete de septiembre de dos mil quince, se sacó a remate en primer almoneda, el bien inmueble del que el quejoso se ostenta como propietario ubicado en la calle Valle de Santiago número 42, de la colonia Valle de Acámbaro, en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. El trece de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de remate, en la que se adjudicaron a la actora, los bienes inmuebles embargados a la parte demanda, misma que causo estado, en fecha veinticuatro siguiente del mismo mes. (fojas 47 a 50 y 53, tomo II de pruebas). El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, previos los requerimientos en su carácter de depositarios de los bienes adjudicados, se ordenó poner en posesión real y material el inmueble ubicado en la calle XXXX, para lo cual se ordenó se girara exhorto al Juez competente de Primera Instancia de Acambaro, Guanajuato (foja 120 del tomo de pruebas II). El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en cumplimiento al auto que antecede, la Actuaria designada por la Central de Actuarios del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato, quien practicó la diligencia de posesión de inmueble, siendo atendida por XXXXXXXXXX, e iniciada la misma, llego el propio quejoso, a quien le fue entregada cédula con la notificación del auto descrito en el puto que antecede, la cual tuvo que ser suspendida por desistimiento del representante de la parte actora (foja 30 y 31). Las actuaciones destacadas en los puntos 5 y 12 son las reclamadas en este juicio. SEXTO. Causales de improcedencia. Se debe analizar este aspecto por ser cuestión de orden público y estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en: El emplazamiento -que tilda de ilegal- practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 2884/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como los actos posteriores, incluyendo el embargo del inmueble sito calle Valle XXXX; hasta el dictado de la sentencia condenatoria y el acto que le declara firmeza legal. Se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Es así porque, de constancias de autos aparece que el agraviado tuvo conocimiento de la existencia del juicio y que compareció al mismo, con mucha antelación a la fecha de presentación de la demanda génesis de este asunto, ello significa que no tiene la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación, como se ostenta en esta instancia constitucional. En apoyo se invoca la Jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el título: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". De esas disposiciones legales transcritas se desprende que opera la improcedencia del juicio constitucional cuando quien acude al amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación, ha tenido intervención en el juicio natural, ya que ante esa circunstancia, carece de esa calidad. Lo anterior, porque el tercero extraño, para efectos de lo establecido en la fracción VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo, es quien no ha figurado en el juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en ejecución de las resoluciones de la autoridad, sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, o también quien siendo parte en dicho juicio o procedimiento, no fue emplazado o fue incorrectamente emplazado, tal como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 7/98, consultable en la página 56, del Tomo VII, Enero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De ahí que, con independencia de la legalidad o ilegalidad de los actos que reclame la parte quejosa, si compareció o tuvo intervención en el juicio respectivo, ello hace que pierda la calidad de tercero extraño con la que pretenda ostentarse, y por ende, que el juicio de amparo que promueva resulte improcedente. En el caso, es patente que respecto del acto reclamado de referencia -emplazamiento y actos posteriores hasta el dictado de la sentencia ejecutoria en el juicio de origen- opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. En efecto, la parte quejosa en su demanda de derechos fundamentales reclama esos actos ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación; sin embargo, de la documental pública que el juez responsable anexó a su informe de ley, consistente en copias certificadas de actuaciones procesales del juicio ejecutivo mercantil 2884/2010 (de su índice) donde derivan los actos reclamados, documental debidamente valorada en esta resolución, emerge que el ahora agraviado tuvo conocimiento del juicio de origen desde que presentó promoción con data veinticuatro de mayo de dos mil once, a través del cual compareció a juicio, y señaló domicilio y autorizados, y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, el cual fue acordado hasta fecha treinta de mayo del mismo año, donde el juez de origen reconoció al promovente el carácter con el que se ostentó, y le tuvo dando contestación a la demanda (foja 58 y 92 a 98 del tomo I cuaderno de pruebas). Esto es, esas actuaciones procesales (promoción y acuerdo respectivamente) son suficientes para tener por acreditado que el quejoso intervino en el procedimiento de origen de los actos reclamados, con conocimiento del juicio y datos de identificación desde mayo de dos mil once. De manera que, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación, pero aparece que compareció al juicio ejecutivo mercantil 2884/2010, además que sabía de los datos de identificación de éste desde mayo de dos mil once, entonces es concluyente que ante esa circunstancia carece de esa calidad, ya que al integrarse a la relación procesal tuvo la posibilidad de impugnarlos en el momento oportuno, lo que no hizo. En apoyo se invoca la tesis de jurisprudencia 1ª.J./9/2012 (10a.), legible en la página 681 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia Común. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).- Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." También es de invocarse la jurisprudencia 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En las condiciones apuntadas, es de concluirse que respecto de los actos reclamados en estudio -llamamiento a juicio y actos subsecuentes, hasta la declaración de firmeza del fallo en el expediente subyacente- se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones VI, ambos de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario. Por otra parte, en relación con el diverso acto reclamado en forma destacada, esto es: La orden de desposesión del inmueble descrito en el punto que precede, dictada durante la etapa de ejecución de la sentencia en el juicio de origen; así como los actos tendientes a esa ejecución (orden dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Primero de lo Mercantil de Aguascalientes, Aguascalientes, dentro del juicio de origen, en favor de la parte actora -hoy tercera interesada-), se concretiza el vicio de improcedencia previsto en la fracción XIV, del ordinal 61, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" El artículo 17 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Cierto, de las constancias del sumario, debidamente valoradas en esta resolución, consta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, cuando la Actuaria designada por la Central de Actuarios del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato, se presentó en el domicilio del que se ostenta dueño, en la calle Valle de Santiago número 42, de la colonia Valle de Acámbaro, en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato con el fin de practicar la diligencia de entrega de posesión del inmueble al adjudicatario, donde fue atendida por Olga Lidia Cruz Martínez, e iniciada la misma, llegó el propio quejoso, quien incluso se identificó plenamente en la diligencia con licencia de conducir JN2406101284, y solicitó se justificara la diligencia practicada en ese momento, asentando la actuaria que le entregó los instructivos respectivos los cuales contenían la orden de entrega de posesión cuestionada (foja 30 y 31). Lo que precede hace patente que el agraviado conoció del acto que ahora se analiza, -orden de posesión- por lo menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Luego, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, señalado por el artículo 17, fracción IV, de la Ley de la materia; empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación correspondiente, por ende, el referido plazo de quince días abarcó del siete al veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; sin contar los días uno al cinco, once, doce, dieciocho al veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, todos de dos mil diecisiete, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de que se trata fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad el quince de enero del año en curso, según se aprecia del sello de recepción (foja 1), esta resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, reputándose consentido el acto reclamado. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 200, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA." Así las cosas, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva respecto de los actos reclamados en vía de ejecución o consecuencia del analizado en líneas precedentes, en términos de la jurisprudencia VI. 2o. J/7, con registro 230811, localizable en la página 690, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre, de 1988, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Asentado lo anterior, se reitera que lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, ello en términos del artículo 61, fracción XXXIII, en relación con el 107, fracción VI (interpretada en sentido contrario); y 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, todos de la Ley de Amparo Finalmente, se hace notar que en el particular no se ha incurrido en violación procedimental alguna, pero de estimarse lo contrario, es de subrayarse que las causales de improcedencia en trato son tan notorias que no dejan duda sobre su actualización, en razón de lo cual debe subsistir el sobreseimiento decretado. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial 2a./J. 151/2015 (10a.), legible en la página mil doscientos noventa y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro veinticuatro, Noviembre de dos mil quince, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXX, contra los actos del Juez Primero de lo Mercantil de Aguascalientes, Aguascalientes, y Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, por las razones y evidencias que precisadas quedaron en el considerando Tercero y Sexto de esta resolución.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Juez Primero de lo Mercantil de Aguascalientes, en cumplimiento al requerimiento de dieciséis de enero del dos mil dieciocho, remite las constancias de emplazamiento al presente juicio de la tercera interesada STAR MÉDICA, Sociedad Anónima de Capital Variable. En tal virtud, téngase a la autoridad responsable atendiendo el requerimiento relativo y a la tercera interesada de referencia por emplazada al presente juicio.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de marzo del dos mil dieciocho, se recibió copia certificada del primer tomo de prueba del juicio ***, remitido por el Juez Primero de lo Mercantil de Aguascalientes, por lo tanto, se observa que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes de las citadas constancias. En consecuencia, la audiencia fijada para el día de hoy, se difiere y se señalan las once horas con diez minutos del doce de abril del dos mil dieciocho.
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