Juan Álvaro Carreño Serrano
Expediente 963/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Álvaro Carreño Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, del cual se advierte que el presente juicio se encuentra concluido, por tanto, al resultar innecesaria su retención, remítase a la autoridad señalada como responsable, juez Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, constante de dos tomos, consistente en copia certificada del expediente ********************. Se solicita atentamente el acuse recibo respectivo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado determinó desechar de plano la demanda promovida por *******, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso XXXXX; atento a su contenido, téngase por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintidós de noviembre del presente año. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte dos causas de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito de prevención, se desprende que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: a. Resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 589/2018 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. b. El auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se ordena a la empresa donde labora el quejoso, que se le realice un descuento del veintisiete por ciento de los ingresos que recibe. c. La medida cautelar ordenada el quince de marzo de dos mil dieciocho, consistente en un descuento del veintisiete por ciento de los ingresos que recibe por concepto de renta de inmuebles. d. Las decisiones adoptadas en la audiencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho, consistente en la subsistencia del descuento de veintisiete por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del quejoso. Previo a exponer las causas de improcedencia, así como los fundamentos y motivos jurídicos por los cuales se actualizan, resulta necesario relatar los principales antecedentes de los actos reclamados, mismos que se aprecian, de la demanda y de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable. 1. Por escrito presentado el tres de noviembre el dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de Celaya, Juan Álvaro Carreño Serrano, por conducto de su apoderado legal, demandó en la vía ordinaria oral la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con XXXXX. 2. En auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó glosar a los autos la contestación a la demanda, y se tuvo por hecha la reconvención que formuló la parte demandada, asimismo, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de XXXXX, el equivalente a un veintisiete por ciento del total de los ingresos del actor principal (acto reclamado en esta instancia). Lo anterior fue notificado, por medio de lista publicada el día siguiente. Asimismo, la parte quejosa, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento de dicho descuento el día dos de enero del presente año. 4. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó agregar a los autos la contestación a la reconvención, asimismo el juez señaló fecha para la audiencia preliminar. 5. El quince de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia preliminar (acto reclamado). De lo anterior, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento ese mismo día. 6. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, se reanudó la audiencia preliminar, en la cual, el juez responsable determinó que prevalece la pensión provisional (acto reclamado). 7. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el mandatario judicial de la parte actora demandó la nulidad de diversos actos procesales, asimismo, opuso la excepción de improcedencia de la vía de la acción reconvencional. 8. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano el incidente de nulidad de actos jurídicos, de igual forma, se desechó la promoción en la cual hizo valer la improcedencia de la vía. 9. Inconforme con la anterior determinación, el hoy quejoso a través de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo radicó con el número 589/2018 y el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en el sentido de confirmar el auto apelado (acto reclamado). En ese sentido, de conformidad con lo reseñado, este juzgador advierte que en la especie se actualizan dos motivos legales que tornan improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En esa tesitura, respecto los actos reclamados que fueron reseñados en los incisos b), c) y d), referentes a diversas medidas precautorias, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así, en la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en las determinaciones de medidas cautelares, de seis de diciembre de dos mil diecisiete, quince de marzo y cuatro de abril de dos mil dieciocho. Ahora, del análisis integral del escrito de cuenta y de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, es factible inferir que el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados en la siguientes fechas: -Del proveído de seis de diciembre, el dos de enero de dos mil dieciocho. -De la audiencia de quince de marzo, ese mismo día. -De la audiencia de cuatro de abril, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Manifestaciones que constituyen una confesión de que al menos en dicha fecha, tuvo conocimiento del acto reclamado. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio". "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, así como en la boleta de turno correspondiente, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, con el 17 de la ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados fue consentido tácitamente por el quejoso. En ese orden, respecto de la resolución de treinta y uno octubre de dos mil dieciocho, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho,-determinación que constituye el acto reclamado en el presente amparo-, inciden en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, pues dicha violación que alega puede resolverse en sentido favorable para él, en la sentencia definitiva. En efecto, de la resolución reclamada (foja 73), se desprende que la sala responsable estimó que operó la preclusión del derecho de la parte actora para hacer valer las siguientes facultades procesales: -Instar en vía incidental los actos procesales verificados a partir del proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete. -Plantear la excepción procesal de improcedencia de la vía. -Solicitar la revisión de medidas cautelares. De ahí, que es inconcuso, que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni no en su caso, adjetivos o procesales. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." En mérito de lo que antecede, es concluyente que en el caso se surte la causal de improcedencia establecida el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Así las cosas, al actualizarse las referidas causas de improcedencias, se impone desechar de plano la demanda de mérito.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por la juez de Partido especializada en Materia Familiar en esta ciudad, al que anexa dos tomos de pruebas relativas al juicio ordinario de divorcio sin expresión de causa *** promovido por ****** en contra de ******; consecuentemente, téngase a la autoridad oficiante cumpliendo el requerimiento ordenado en proveído de veintidós de noviembre del año en curso; consecuentemente, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Por otra parte, se tienen por recibidas las documentales que anexa, respecto de las cuales se proveerá en el momento procesal oportuno. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias que remite la responsable citada y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, con las mismas fórmense dos tomos de pruebas.
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