Juan Alberto Calvo Jarquin
Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Alberto Calvo Jarquin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 694/2020; ..,., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 694/2020, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Sexto Civil, así como Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: La falta de llamamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 488/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto Civil de esta Ciudad, particularmente la sentencia definitiva y la orden de lanzamiento del inmueble identificado como Lote 22, manzana 6, actualmente conocido como Melchor Ocampo, número once, manzana 6, colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. TERCERO. Existencia. El Juez y actuario responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. El Secretario negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, en su carácter de ejecutora, está en posibilidades de materializar la ejecución de aquello sobre lo cual el juez responsable se condujo en sentido afirmativo; por ello, se desvirtúa la negativa y en su lugar se tiene por cierto el reclamo que se le imputa. Atento a lo anterior, es infundada la causal de inexistencia que hace valer. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 488/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto Civil de esta Ciudad, y manifiesta tener derechos sobre el inmueble ubicado en Lote 22, manzana 6, actualmente conocido como Melchor Ocampo, número once, manzana 6, colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, en su carácter de donataria, por lo cual, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados. En efecto, la parte impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular de los derechos que litiga; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. ... ." De este modo, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En esta lógica, la parte accionante de amparo no allegó elemento de convicción idóneo con el que acredite de forma fehaciente tener algún derecho sobre el inmueble materia de la litis, en su carácter de donatario, como lo afirma, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal, y tampoco probó que posee materialmente; por lo cual se estima que no existe afectación a su interés jurídico. No es impedimento para el sentido de esta determinación, que manifestara "(.) mi abuelo (.) nos dijo que el inmueble citado en el hecho que antecede, sería de nuestra propiedad, que nos lo donaba, que nos regalaba la casa (.)", puesto que con ella no se llega al extremo de acreditar que posee materialmente el inmueble, o bien, algún indicio sobre la existencia de algún derecho de posesión derivado de la ley o un acto jurídico. Orienta lo anterior, la jurisprudencia II.2o.C. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que señala: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." De igual forma, no es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado con la propia manifestación de las autoridades responsables y con las constancias remitidas con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de las autoridades responsables ejecutoras, dado que no se combate por vicios propios. Ello, con base en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.". Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Sexto Civil, así como Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. Por señalado el domicilio que precisa para los efectos que refiere, y como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, a las personas que menciona. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado y tener acceso al expediente electrónico a través de esa vía. Asimismo, se tienen por invocadas las causales de sobreseimiento e improcedencia que refiere por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán objeto de pronunciamiento al emitirse la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que refiere en su ocurso de cuenta, de las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Para dar margen a la vista otorgada, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. Ahora, atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que contrario a lo que manifiesta el responsable, no remite anexo alguno del juicio de origen como lo refiere en su comunicado, lo que se ordena hacer de su conocimiento. Por otra parte, agréguese el ocurso del tercero interesado, en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, en vía de alegatos, de las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, se tiene por invocada la causal de improcedencia, la que será motivo de estudio en la sentencia que resuelva el asunto. NOTIFÍQUESE.
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