JOYCE CAMACHO YEPEZ y Otros.

Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • JOYCE CAMACHO YEPEZ y Otros.
  • Joyce Camacho Yepez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Agréguese el escrito de la autorizada por la parte tercera interesada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, dígase que mediante oficios 8301/2022 y 8302/2022, librados en el expediente principal, se notificó a las autoridades responsables que la sentencia donde se sobreseyó en el juicio de garantías causó ejecutoria, por ende se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión,..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 931/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy Fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 931/2021, promovido por ..., en representación del menor ... de identidad protegida, contra actos de la Primera Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, los quejosos promovieron demanda de amparo contra actos emitidos por dichas autoridades en cumplimiento a una ejecutoria constitucional previa, alegando violación a los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por turno la demanda se radicó en este Juzgado de Distrito, donde se admitió el ocho de noviembre del referido año. En ese auto, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito, se pidió informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso familiar, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la sentencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional deducido de la controversia del orden familiar ... del índice del Juez Séptimo Familiar de esta Ciudad. En su fallo, la Sala decretó la reducción del porcentaje otorgado por concepto de alimentos al menor accionante para quedar en el diez por ciento del total de las percepciones de su progenitor. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, las responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. I. El catorce de mayo de dos mil dieciocho ..., por propio derecho y en representación de su menor hijo, demandó de ... el cumplimiento y pago de diversas prestaciones; el uno de junio siguiente, quedó registrado como controversia del orden familiar número ... del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México; y, el dos de julio del mismo año, se fijó como pensión alimentaria provisional a favor del niño el veinticinco por ciento de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de su progenitor. II. El demandado reconvino, y posteriormente promovió incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, admitido el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del cual una vez notificada, el nueve de octubre del mismo año, la aquí quejosa dio contestación. III. El trece de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de origen dictó resolución, en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía incidental DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por ..., quien no acreditó sus pretensiones en contra de .... SEGUNDO. Se absuelve a la C. ..., de las pretensiones que le fueron reclamadas, por el C. ..., por los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución. (.)" IV. Inconforme, ... interpuso recurso de apelación, resuelto el catorce de agosto de dos mil diecinueve por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., como se lee de sus puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la Vía incidental DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por el C. ..., quien acreditó sus pretensiones en contra de la C. ..., quien no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se condena a la C. ..., a la reducción de la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor ..., en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio principal de controversia del orden familiar, guarda, custodia y alimentos, para quedar en la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) mensual, de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que percibe el C. ..., por prestar sus servicios a la empresa denominada "....", a fin de que proceda a retener el porcentaje indicado y el mismo sea entregado al infante, por conducto de su progenitora C. ..., dentro de los primeros cinco días de cada mes en la forma y términos acostumbrados para ello, previa constancia que por su recibo quede para resguardo." TERCERO. No se hace especial condena en costas.". V. La citada determinación fue materia del juicio de amparo indirecto ..., promovido por ..., en representación del menor de iniciales ..., resuelto el ocho de enero de dos mil veinte, y concedió la protección constitucional, para los siguientes efectos: "(.) En congruencia con lo anterior, con fundamento en el ordinal 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ..., en representación del menor de iniciales ..., a fin de que la Sala responsable: 1) Deje sin efectos la sentencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca ... . 2) En su lugar, dicte otra en la que al estudiar la litis de la apelación, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución en la que resuelva de manera clara y precisa cada uno de los puntos materia de la controversia, atendiendo de manera toral por qué los ingresos que percibe la quejosa son suficientes para colaborar con los gastos del menor y determine en qué proporción debe contribuir, en los términos precisados en esta ejecutoria. (.)" VI. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable dictó la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veinte, con los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO. Se condena a la C: ..., a la reducción de la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor (.), en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio principal de controversia del orden familiar, guarda, custodia y alimentos, para quedar en la cantidad equivalente al 20% (veinte por ciento) mensual, de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba el C. ..., por prestar sus servicios a la empresa denominada "... (.)" VII. En contra de dicha resolución, ... rete planteó otro juicio de amparo, radicado en este órgano con el número ..., donde se concedió la protección constitucional por resolución de trece de octubre de dos mil veinte, para los siguientes efectos: "En congruencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección constitucional, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Sala responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia reclamada de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el toca de apelación ... . 2) Dicte otra con plenitud de jurisdicción, donde restituya a la parte quejosa en sus derechos fundamentales conculcados, conforme a las consideraciones precisadas en esta sentencia." VIII. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, confirmó la sentencia referida en el inciso anterior dentro del recurso R.C. 4/2021-13. IX. En cumplimiento a dicha decisión, se dictó la sentencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. X. Considerando el contenido y alcance de dicha resolución (hoy reclamada en este asunto), se decretó el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo indirecto ..., sin exceso ni defecto, conforme a lo establecido en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno emitida en tal asunto; acuerdo que se declaró firme el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo se estudia aún de oficio, antes de abordar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el tercero interesado, por conducto de su autorizada en términos amplios, invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dado que el fallo reclamado deriva del cumplimiento a una ejecutoria previa confirmada por la Alzada Federal, y que los argumentos son reiterativos, cuestionan aspectos ya decididos y resultan inconducentes. Las alegaciones de la parte tercera interesada deben desestimarse, considerando que en el amparo ..., si bien se estableció bases que la Sala debían atender para no incurrir en violaciones a derechos fundamentales, lo cierto es que le permitían margen operacional en tanto que no se le impuso sentenciar en un sentido específico e ineludible; lo que provoca que la causal invocada no sea notoria y manifiesta. Lo anterior, se apoya por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 83/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS." Además, para calificar la eficacia de los argumentos plasmados en los conceptos de violación se hace necesario su análisis y de los precedentes del caso, lo cual es claramente divergente con la naturaleza de las causales de improcedencia. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no haberse invocado otra causal de improcedencia y al no advertirse una distinta de oficio como lo marca el artículo 62 de la Ley de la materia, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, la quejosa alega una violación a sus derechos humanos, por lo siguiente: a) La sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación; y se contradice, porque para determinar la capacidad económica de la demandante no debe tomarse en cuenta un crédito personal de ella, pero sí se considera el hipotecario de su contrario. b) La aplicación del principio de proporcionalidad y equidad alimentaria es errónea y se traduce en una violación al artículo 311 del Código Civil para esta ciudad; ya que su contrario gana $104,405.38 (ciento cuatro mil cuatrocientos cinco pesos 38/100 moneda nacional) mientras que ella $4,250.32 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional). c) Indica que la sentencia violenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y que la diferenciación en los créditos asumidos por los contendientes revela la inequidad de trato por la autoridad; sin que haya duda de que su crédito fue adquirido para poder hacerse de un departamento para poder vivir con su hijo; y lo que se fomenta es que de forma discriminatoria su contrario pueda adquirir deuda para eludir el pago de sus deberes alimentarios. Dice la quejosa que se debe dejar a salvo su derecho para que sea reconocida como copropietaria del inmueble, en la vía y forma que correspondan. Añade que de forma fraudulenta una moral y su contrario lograron que el inmueble fuera escriturado solo para él; por lo que en su momento la quejosa hará valer la nulidad de escritura. d) Sostiene que el "juzgador de distrito" no consideró la totalidad de las constancias necesarias para revelar la verdadera capacidad de las partes. e) Dice que "la sentencia recurrida" es discriminatoria y atenta contra el interés superior del menor, y al efecto cita argumentos de la sentencia de amparo ..., refiere los ingresos de las partes y señala que es violatoria del artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo. Decisión: Los conceptos de violación son inatendibles (inoperantes) por una parte e infundados por otra; ya que no pasa inadvertido para este juzgador el alto grado de similitud entre los conceptos de violación que aquí se esbozaron y los agravios hechos valer previamente contra una decisión de este órgano. En primer término, son inatendibles los argumentos sintetizados en los incisos d) y e) donde el acto reclamado se cuestiona partiendo de los argumentos hechos valer contra la sentencia del amparo indirecto ... de este índice; ya que no son propiamente tema del debate que genera el acto reclamado, sino aspectos de una defensa previa hecha valer contra una sentencia dictada por el suscrito, que una Alzada Federal confirmó en el recurso correspondiente. Por analogía, se invoca la tesis jurisprudencial P./J. 98/97 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 197240. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, en Materia(s): Común, Página: 22, que dispone: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja." Lo anterior obedece a que los aspectos definidos en el amparo ...(de donde la quejosa incluso cuestiona la actuación del suscrito juzgador), ya fueron resueltos y confirmados por la Alzada Federal en la Revisión Civil..., de modo que ni siquiera en suplencia de la queja, el suscrito está en condiciones de abordarlos; ya que corresponden a lo definido en un anterior asunto fallado por este órgano. Por analogía, se cita la jurisprudencia 478 con registro digital: 918012. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, en Materias(s): Común, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO ATACAN LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.- Si en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito ya se pronunció sobre determinado punto, los conceptos de violación formulados en una nueva demanda de amparo que ataquen la decisión que al respecto se haya sustentado, resultan inatendibles, pues esta decisión no puede ser cuestionada ni modificada dada la firmeza de las sentencias que pronuncie aquella potestad federal al conocer de los juicios de garantías." En segundo término, son infundados los conceptos de violación resumidos en los incisos a, b y c; donde se invocan cuestiones de legalidad, proporcionalidad y equidad; y violación al principio de no discriminación, imputando abusos a su contrario con motivo de la compra de un inmueble. Lo anterior es así, porque los aspectos hechos valer sobre el cumplimiento al principio de legalidad mediante la observancia a diversos postulados, actualmente se encuentran rebasados por el hecho de que la sentencia que hoy se reclama tiene como precedentes dos concesiones de amparo donde previamente a cada contendiente se le otorgó la protección constitucional, como deriva de los asuntos ... y ... de este índice; por lo que los vicios formales ya se encuentran depurados. Al respecto, se invoca por analogía, la tesis 2a. XVI/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 2048, que dispone: "SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL SEGUNDO JUICIO DE AMPARO. Cuando en un juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito concede la protección constitucional por alguna violación formal o procesal, parte de la base que ponderó que los conceptos de violación referentes al fondo del asunto no le reportan al quejoso un mayor beneficio que aquéllos; por ello, en el segundo juicio de amparo deberá valorar el análisis que previamente hizo sobre el fondo. A pesar de lo anterior, esta regla tiene como excepción cuando la violación formal o procesal detectada en el primer amparo sea de gran impacto en el asunto que le permita apreciar la problemática jurídica y los hechos de manera diversa y, por tanto, ahora deba concederse la protección constitucional en cuanto al fondo, pues de no ser así pone de manifiesto que la protección constitucional por vicios de fondo debió concederse desde el primer juicio." Por otro lado, en lo tocante a las irregularidades específicas que se hacen valer respecto de la violación a la proporcionalidad, equidad y no discriminación, este juzgador considera que no asiste razón a la impetrante, puesto que la resolución reclamada no fomenta un trato desigual y discriminatorio entre los contendientes, ya que cada uno está en una posición distinta respecto de la adquisición del inmueble, sin que tal circunstancia sea por sí misma violatoria de derechos humanos (incluso, sería materia de otro proceso en lo tocante a la nulidad que pretende); aunado a que tal circunstancia no se hizo depender de una cuestión de género. Este posicionamiento se apoya de manera directa en lo resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dentro del recurso de Revisión R.C. ..., interpuesto por la propia quejosa ..., donde se plantearon argumentos equivalentes, que fueron desestimados por la Alzada en los siguientes términos: " (.) Lo anterior es así, porque la recurrente parte de la falsa premisa de que existe un trato desigual y discriminatorio, porque al quejoso se le descuenta el crédito hipotecario con el que adquirió el bien inmueble en el cual habita la inconforme con el menor hijo de las partes y a la inconforme no se le descuenta el crédito personal con el cual refiere pagó una parte de ese bien inmueble, como deducciones exclusivas al monto de sus ingresos; luego, según la recurrente, la pensión alimentaria proporcionada por el deudor equivaldría a un monto mayor y la capacidad económica de la recurrente sería menor. En la inteligencia de que, en el caso, la concesión del amparo se otorgó sobre la base esencial de que las posibilidades reales económicas de la progenitora del infante son superiores a las que determinó la sala responsable, porque el salario que percibe debía tomarse en consideración sin el descuento personal que al efecto se realiza. (.) Cabe destacar que, en el caso, quedó demostrado que los ingresos del deudor alimentario, una vez descontadas las prestaciones de ley, entre ellas un crédito hipotecario, equivalen a $104,405.38 (ciento cuatro mil cuatrocientos cinco pesos 38/100 moneda nacional); la de la inconforme, según lo refirió ante la trabajadora social, equivalen a $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional mensuales) ya descontado un préstamo personal que refiere solicitó para adquirir el inmueble en que habita con su menor hijo. Ahora bien, los artículos 1° y 13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén: (.). Los preceptos legales invocados, prevén el principio de igualdad jurídica, que se traduce en el tratamiento igualitario que deben recibir las personas que se encuentren en una determinada situación, regulada por los cuerpos normativos, esto es, que a nadie se le puede excluir de los diversos supuestos que son regulados por las leyes, a menos que dar un trato no igualitario sea una exigencia establecida por el propio orden jurídico. La garantía de igualdad establecida en el artículo 13 Constitucional estriba en que se aplique la ley a todos los casos que se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis normativa, sin distinción de personas, lo cual no tiene el alcance de que se otorgue a todos los que lo soliciten, el mismo beneficio que indebidamente se le haya dado a alguien, si no procede de conformidad con la ley, aun cuando su situación sea la misma. Esto es, la garantía de igualdad implica otorgar el mismo trato a todos los que se ubiquen en idéntico supuesto normativo; no así otorgar un beneficio que no prevé la ley; o, dicho en otras palabras, dicho principio no prescribe que se trate de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diversas entre sí, sino a dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situación semejante, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual. Es orientadora, la tesis I. 2o. A. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 357, del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "GARANTÍA DE IGUALDAD ANTE LA LEY. ALCANCES DE LA (ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL). (.) Además, el Máximo Tribunal del país ha determinado que, el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico; por lo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con la misma; que es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación; sin embargo, señaló, no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. Tal criterio está contenido en la tesis P./J. 9/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 112, del Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 112, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. (.) De conformidad con lo anterior, no puede considerarse, como lo pretende la recurrente que el hecho de que el monto del crédito hipotecario de su contrario, además de otras prestaciones de ley, se le descuente a aquél y la suma restante es la que se estima para considerar el porcentaje de pensión alimentaria, es desigual y discriminatorio, porque en la sentencia que se combate se estimó que a ella no deberá descontarse el préstamo personal para estimar el monto real de sus ingresos. Lo anterior, porque las partes no se encuentran en una misma situación, que permita precisamente una igualdad de derechos, como se ve seguida. En efecto, debe tenerse en cuenta que la propia recurrente aceptó que el quejoso es quien escrituró a su nombre el inmueble en que habita la inconforme y su menor hijo y respecto del que se descuenta el monto por pago de crédito hipotecario; y si bien refiere que aquél simuló diversos actos y que ella aportó más de un millón de pesos para la compra del bien, tal circunstancia es materia de un diverso juicio. Ahora bien, de las copias simples de la escritura ciento veinte mil trescientos noventa y nueve de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario número tres de esta Ciudad, adminiculada con la manifestación de la propia inconforme en el sentido de que el quejoso escrituró a su nombre el inmueble, es dable colegir aun indiciariamente que, ciertamente, el quejoso adquirió el inmueble en el que ahora habita la inconforme, mediante un crédito hipotecario con el INFONAVIT, el cual se reitera, es el pago que se descuenta de sus ingresos; luego, si en dicho inmueble habita el menor de edad hijo de las partes, ello debe tomarse en consideración como parte de los alimentos que el deudor proporciona al infante, esto es, respecto del rubro de habitación, por lo que es correcto que se haga la deducción respectiva a los ingresos del deudor, ya que de no hacerlo, podría conculcarse el principio de proporcionalidad de pago de alimentos previsto en el artículo 311 del Código Civil que establece: (.) Lo que no sucede respecto del préstamo personal que refiere la inconforme, pues no está demostrado en autos que ese préstamo que dice haber adquirido lo usara para la compra del inmueble (acción de la que tiene expedito su derecho para reclamar en la vía y forma que correspondan); luego, no puede darse un trato igual a circunstancias diferentes, porque su contraparte sí acreditó (aun indiciariamente con la copia simple de la escritura pública relativa y el reconocimiento de la inconforme de que aquél escrituró a su nombre el inmueble que ocupa como habitación la recurrente y el menor de edad) que mediante un crédito hipotecario adquirió el bien inmueble en el que habita su hijo; en consecuencia, no puede inobservarse que en términos del artículo 308 del Código Civil para esta Ciudad, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Tampoco se trata de un acto de discriminación por ser mujer, pues el descuento del crédito hipotecario del salario del deudor, se paga un rubro de alimentos del menor, que es la habitación; lo que no sucede con el préstamo que adquirió la inconforme. Esto es, no tiene que ver su género como mujer, sino que se insiste, si no está demostrado que a la inconforme le es descontado un préstamo para el pago del inmueble en que habita con su hijo, por lo que no se le puede dar el mismo trato que a aquél que si lo ha acreditado -aun indiciariamente-. De ahí que si es necesario que, en el particular, una vez determinado el monto de los ingresos de la progenitora, sin tomar en cuenta la deducción por el préstamo personal, se fije el monto de la pensión alimenticia provisional de forma proporcional a las necesidades del infante y las posibilidades del deudor; tomando en consideración también que la madre del menor si bien lo tiene incorporado a su familia, el domicilio en que habitan es propiedad del quejoso; lo anterior, siempre atendiendo al interés superior del infante." Como se ve, los argumentos que hoy se traen al litigio constitucional, en su tema medular, ya fueron abordados y determinados por una Alzada Federal, concluyendo que no hay lesión para la parte quejosa en los temas de proporcionalidad alimentaria, igualdad entre los contendientes o violencia de género; por lo cual, constituyendo un hecho notorio vinculado con la secuela impugnativa de la defensa de la propia quejosa, no puede ignorarse en la presente resolución. Cabe precisar que la cita de dichos argumentos desestimatorios, para apoyar esta decisión, se hace considerando que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la conveniencia de acudir a los precedentes judiciales, como lo dijo en el criterio de jurisprudencia 3a./J. 22/91, intitulado: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO SOLO ES POSIBLE SINO CONVENIENTE QUE SE ACUDA A PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE PARA FUNDAR LAS.". Y por sus consideraciones, también se invoca la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Por lo expuesto, a criterio de este órgano, debe desestimarse la presente acción de amparo, considerando lo que ya ha resuelto un Tribunal Federal sobre la inconformidad sustancial de la quejosa, por lo que debe negarse la protección constitucional a la demandante. Cobra aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., en representación del menor ... de identidad protegida, contra actos de la Primera Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

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