JUAN ANTONIO CARDENAS CARRASCO y Otros.
Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JUAN ANTONIO CARDENAS CARRASCO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia sobreseyó el juicio, sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, es destruible, pues se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj- /paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2 Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 239/2023, promovido por ..., en su carácter de apoderado de ... contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las autoridades en cita, al estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. El ocho de marzo de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se dio intervención a la representación social adscrita, requirió los informes justificados, señaló parte tercera interesada; así como día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social no formuló intervención, se emplazó a la parte tercera interesada; y la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, ****, de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca ****** de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario *****, del índice de la Juez Décimo Séptimo de la misma especialidad y residencia. En ese acuerdo, se desestimó su petición de continuar con la ejecución de la sentencia de adjudicación y decretar una fianza o caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se ocasionara al tercerista ******. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la Sala al rendir su informe justificado; mientras que el A quo informó adherirse al rendido por la autoridad ordenadora. La certeza se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, ** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. Cuarto. Antecedentes. Previo a resolver, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. 1. El dos de marzo de dos mil doce se admitió a trámite la demanda promovida en la vía especial hipotecaria por *** contra ****, radicada bajo el número ****** del índice del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México. 2. Seguido el juicio en sus etapas, el veinte de febrero de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: ******************* 3. El cinco de marzo de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia definitiva. 4. El dos de junio de dos mil dieciséis tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda y pública subasta del inmueble hipotecado identificado como ********, donde la quejosa compareció como postora y se fincó el remate a su favor. 5. El ocho de junio de dos mil dieciséis se dictó la interlocutoria de aprobación de remate en primera almoneda, bajo los siguientes resolutivos: **************** 6. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis se hizo constar que la interlocutoria de adjudicación de remate en primera almoneda quedó firme. 7. El uno de julio de dos mil dieciséis se tuvo a la quejosa exhibiendo billete de depósito por el remanente del precio de la adjudicación, y con ello, dando cumplimiento al segundo resolutivo de la interlocutoria de ocho de junio anterior. 8. El dieciocho de enero de dos mil diecisiete se requirió a la demandada para que en el plazo de cinco días compareciera ante el Notario Público ****** *de la Ciudad de México, designado por la adjudicataria, a firmar la escritura pública respecto del inmueble litigioso, bajo apercibimiento que de no hacerlo, el A quo lo haría en su rebeldía. 9. El dos de marzo de dos mil diecisiete se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se decretó que el Juez responsable firmaría la escritura correspondiente, en rebeldía de la parte demandada. 10. Luego de revocar en diversas ocasiones al Notario Público señalado para tirar la escritura correspondiente, el veintisiete de enero de dos mil veinte se designó a la fedataria ******* de esta ciudad para su otorgamiento. Ahora, se relacionan los antecedentes que informan la tercería excluyente de dominio promovida por *****. 1. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la tercería excluyente de dominio de ******, se ordenó el emplazamiento de las partes y se decretó la suspensión del procedimiento principal. 2. La actora y la adjudicataria interpusieron recurso de apelación en contra del proveído anterior, del que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, quien lo radicó bajo el número de toca *****, y el veintidós de febrero de dos mil veintidós confirmó el auto impugnado. 3. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el tercerista presentó un escrito solicitando: "Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que de la constancia de folio real se desprende una constancia de anotación de aviso preventivo por adjudicación vía remate en favor de la persona moral ****** ATENTAMENTE SOLICITO SE TENGA A DICHA PERSONA MORAL COMO EJECUTANTE Y NO ASÍ A LA ******, YA QUE ESTA ÚLTIMA NADA TIENE QUE VER CON EL CONTROVERTIDO QUE NOS OCUPA, ORDENANDO SU EMPLAZAMIENTO EN EL DOMICILIO QUE DICHA EMPRESA HAYA SEÑALADO EN EL CUADERNO PRINCIAPAL (SIC). (.) Por último, atentamente solicito se tenga como litisconsorte pasivo a la empresa ****** PERSONA MORAL A QUIEN SOLICITO SE ORDENE CITAR POR CONDUCTO DE ESTE H. JUZGADO EN EL DOMICILIO UBICADO EN *******, A EFECTO DE QUE LE PARE PERJUICIO LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO." 4. A su escrito recayó el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, donde se le requirió para que compareciera al local del juzgado a ratificar su contenido, sin que de las constancias remitidas se advierta su cumplimiento. 5. En atención a diversa solicitud del tercerista con relación a continuar con el procedimiento, mediante auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se ordenó elaborar las cédulas de notificación a fin de notificar a la actora y demandada conforme a lo ordenado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 6. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el tercerista proporcionó un domicilio donde puede ser emplazada la ejecutada *******, por lo que el diecinueve de agosto siguiente se ordenó la elaboración de la cédula correspondiente. 7. El diez de octubre de dos mil veintidós, dicho promovente solicitó a la autoridad responsable se pronunciara respecto del litisconsorcio pasivo existente con la moral *******, y el once siguiente, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto ratificara el diverso escrito donde lo pidió. 8. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el tercerista proporcionó un diverso domicilio donde puede ser emplazada la ejecutada *******, y el diecisiete de marzo siguiente se le requirió para que compareciera al local del juzgado a ratificar su contenido, sin que así lo haya hecho. 9. Por escrito presentado en el expediente principal, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la adjudicataria quejosa solicitó lo siguiente: "Con fundamento en los artículos 500 y 501 del Código de Procedimientos Civiles solicito se fije a mi representada una fianza o caución de posibles daños y perjuicios, para que mi representada continúe con la ejecución de la sentencia interlocutoria de adjudicación de fecha 08 de junio de 2016, misma que quedó firme en auto del 24 de junio de 2016, toda vez que en la tercería excluyente de dominio promovida por ******* se suspendió el procedimiento principal por auto del 27 de septiembre de 2021, siendo el caso que a la fecha ha transcurrido un año sin que el tercerista de (sic) el impulso procesal a su tercería ni de (sic) cumplimiento a la ratificación de firma ordenada en auto de 26 de octubre de 2021, dilatando dolosamente el procedimiento de ejecución de sentencia, porque solo ingresa promociones esporádicas para evitar la caducidad procesal, consecuentemente es de orden público e interés social lograr su pronto, eficaz y total cumplimiento por tratarse de la ejecución de cosa juzgada en juicio sumario." 10. Petición a la que recayó el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, donde se acordó lo siguiente: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del mandatario judicial de la adjudicataria, vistas las manifestaciones vertidas dígasele que sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, debiéndose estar a lo ordenado por auto de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, dictado en la Tercería Excluyente de Dominio, el cual fue confirmado por la Tercera Sala Civil por resolución de fecha veintidós de febrero del año en curso." 11. La quejosa interpuso recurso de apelación en contra del proveído indicado, del que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México quien lo radicó con el número de toca ***** *y el nueve de febrero de dos mil veintitrés resolvió: "PRIMERO. Se confirma en sus términos el auto apelado. SEGUNDO. No se emite condena en costas en esta instancia (.)" Esta última resolución integra el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, la parte quejosa aduce que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales por lo siguiente: La desestimación del recurso descansa medularmente en que conforme al artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, el procedimiento principal se suspende al momento de llegar al remate, en los casos en que se ha interpuesto una tercería excluyente de dominio; que es un proceso autónomo, por lo que esa paralización debe prevalecer a fin de juzgar lo relativo al dominio disputado. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, dado que el artículo mencionado afecta su derecho de propiedad y el acceso pronto y expedito a la justicia, por encima de formalismos procesales; y por ello la sentencia reclamada es violatoria de la Constitución, dado que la adjudicación está firme, y el inmueble está fuera de la propiedad de la enjuiciada. En efecto, la autoridad ha dejado de tomar en consideración que la tercería se planteó cinco años después del remate; y que la suspensión del procedimiento transgrede los derechos fundamentales de la quejosa, por el retraso causado y porque ese bien ya había salido del patrimonio de la incoada; y es por ello que la quejosa tiene derecho a que se le fije una caución para poder continuar con la ejecución de la sentencia principal, que es cosa juzgada y cuestión de orden público, aplicando lo previsto en el artículo 501 de la ley procesal civil para esta ciudad, pues siendo una disposición prevista para la vía de apremio, desde luego es aplicable al caso y permite la presentación de garantía para ejecutar, en contra de una persona que presentó su tercería con un contrato que además carece de eficacia. Al respecto, el quejoso enfatiza que el contrato privado de compraventa exhibido carece de inscripción y por ende no genera preferencia ni derecho al tercerista; pues solo constituye una táctica para entorpecer la ejecución de lo legítimamente obtenido en un proceso judicial. Señala que considerar que es legal y justa la confirmación del auto permite que se presenten múltiples tercerías excluyentes de dominio que neutralizan la eficacia de lo sentenciado, dejando que un particular tenga sometido el proceso que es de orden público; siendo esto una práctica reiterada por los vencidos quienes se resisten al cumplimiento con estrategias desleales. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, la Sala responsable desestimó el recurso considerando sustancialmente la naturaleza de la tercería excluyente de dominio; sus reglas conforme a los artículos 664 y 665 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, particularmente lo relativo a la procedencia de la suspensión del proceso principal, después del remate; añadiendo la relevancia de que esté en disputa el dominio en un proceso independiente donde es ajena la adjudicataria, por lo que primero debe resolverse para no atentar contra la audiencia del tercerista. De dichas consideraciones en el fondo son acertadas, pues conforme al principio de legalidad y debido proceso, no es procedente fijar una caución como lo solicita la quejosa, pues a criterio de este juzgador el numeral en que se apoya (501 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México) no constituye un fundamento válido para tal pretensión, acorde a su ámbito material de aplicación, que está enfocado a la vía de apremio, que es un procedimiento que tiene lugar después de concluido el litigio y que emplean los tribunales para hacer efectivas las sentencias o convenios elevados a la categoría de cosa juzgada. Mientras que la tercería es, como sentenció la Sala, un juicio autónomo que aún sigue instruyéndose, por lo que no es jurídicamente dable aplicar las reglas de un procedimiento a otro, para alterar los alcances de la determinación admisoria de la tercería donde se decretó la suspensión del procedimiento principal en términos del artículo 665 del Código Adjetivo Civil para esta Entidad; ya que ello permitiría el empleo de normas disociadas y que regulan procedimientos distintos para alterar los alcances del auto admisorio del procedimiento de origen, en el cual, no se previó la posibilidad de presentar garantías. Luego, preverlo ahora atentaría contra el principio de seguridad jurídica por un empleo caprichoso de las normas, dejando en incertidumbre a los colitigantes. Al respecto se cita la tesis 2a./J. 144/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Constitucional, Página: 351, intitulada: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES." Y por lo que respecta a la violación de derechos fundamentales que dice la parte quejosa que fomenta el artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, el suscrito es del criterio que no se patentizan tales irregularidades, lo cual se contesta en ejercicio de las atribuciones de control de regularidad constitucional que derivan de la jurisprudencia por Contradicción de tesis 351/2014 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Común, que establece: CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." En efecto, al margen de que no se reclamó la constitucionalidad de ese artículo y de que el acto reclamado no sería su primer acto de aplicación [pues fue en el admisorio de la tercería, donde se aplicó por primera vez el dispositivo correspondiente], el suscrito es del criterio que debe darse respuesta al planteamiento del quejoso y no solo declararlo inoperante, ya que de acuerdo al reciente marco jurisprudencial diseñado por el Máximo Tribunal del País, es posible abordar la constitucionalidad de las normas sustantivas y procesales aplicadas en el caso natural, lo cual puede hacerse aun de oficio. Así, este Juzgador es del criterio que el artículo en mención, contrario a lo que afirma el quejoso, no atenta contra el patrimonio ni contra el acceso pleno a la justicia; y es así, porque lo que prevé es la suspensión del negocio principal que ya cuente con remate, cuando se plantean tercerías excluyentes de dominio. De modo que por su contenido, la disposición no impone una privación de bienes, pues en ninguna parte su redacción establece una merma de esa índole a quien se ubique en esos supuestos, ya que solo hace referencia a una paralización procedimental, sin dar preferencia o adjudicando terminalmente prerrogativas a alguna parte predeterminada; de ahí que sencillamente este posicionamiento es infundado. Tampoco puede decirse que afecte el derecho de acceso pleno a la jurisdicción, pues partiendo de que por regla general los derechos humanos no son absolutos -sino que coexisten de forma indivisible e interdependiente con las demás prerrogativas- el hecho de que la ley disponga de una salvaguarda para evitar la consumación de la materia del litigio (el bien cuyo dominio se disputa) no se traduce en una privación al derecho a acceder a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; que se decida sobre la acción o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; que son, lato sensu, las fases del derecho fundamental del derecho de acceso a la jurisdicción. Lo anterior, se apoya en la tesis 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se intitula: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Así, en todo caso esa paralización del procedimiento a lo que se puede equiparar es a un acto de molestia, no así a uno privativo, conforme a la distinción hecha en la tesis jurisprudencial P./J. 40/96, del Pleno de Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION", en tanto que es transitorio y accesorio, prevaleciendo solo hasta que se decide la tercería; lo cual obedece a la preservación de la materia de ese proceso, para evitar que la plena disposición del bien rematado en lo principal [a lo cual se accede impulsando el procedimiento de remate y adjudicación]. De tal suerte que esta medida de protección transitoria es un mecanismo que a su vez, sirve a la protección del derecho fundamental del tercerista para evitar que a la postre su acción sea infructífera o se haga nugatoria; situación que coexiste con los derechos fundamentales de la quejosa en términos de la indivisibilidad e interdependencia a que se refiere el artículo 1º de la Constitución Federal, pues lo que ella ha adquirido con motivo de la adjudicación, no se le ha privado a la luz del ordinal que cuestiona, pues solo está condicionado temporalmente a que se defina el proceso autónomo de tercería. En la misma tónica, tampoco puede acogerse su planteamiento equiparando la suspensión del procedimiento a una formalidad procesal, pues como ya se indicó esa medida tiende a proteger la materia del juicio ante la disputa del dominio; lo que de concretarse puede llegar a generar afectaciones sustantivas y no solo adjetivas o formalistas, que puedan dispensarse. Al respecto, se cita por analogía, la tesis 1a./J. 52/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Civil, que establece: CONTRAFIANZA EN LA SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO IMPLICA EL LANZAMIENTO O DESOCUPACIÓN FORZOSA DE UN INMUEBLE EN UN PROCEDIMIENTO DE REMATE O DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, CAUSANDO UN EVIDENTE DAÑO MORAL AL QUEJOSO. Los artículos 125, segundo párrafo, y 127 de la Ley de Amparo prohíben admitir la contrafianza al tercero perjudicado en dos casos: 1) cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo; y, 2) si con la ejecución del acto o los actos reclamados pueden afectarse derechos del quejoso que no sean estimables en dinero. Por otra parte, conforme al artículo 1,916 del Código Civil Federal el daño moral se refiere a las lesiones causadas a una persona en sus derechos no patrimoniales. En ese tenor, es improcedente el otorgamiento de la contrafianza en el incidente de suspensión cuando con el lanzamiento o desocupación forzosa de un inmueble decretada en un procedimiento civil, ya sea de remate o de rescisión de contrato de compraventa, se afectan derechos extrapatrimoniales, causando un evidente daño moral al quejoso, toda vez que el uso de medios de apremio como la fuerza pública o la ruptura de candados, cerraduras o puertas del inmueble para llevar a cabo el lanzamiento en contra de la voluntad del quejoso, puede causar ataques físicos, a su libertad, honor, reputación o vida privada, así como vejaciones, descrédito, etcétera, los cuales, al ser de naturaleza extrapatrimonial, son irreparables aunque obtenga sentencia favorable en el amparo; además de que con la ejecución del lanzamiento no siempre puede restituirse al agraviado en el goce del bien inmueble durante el tiempo que se le privó de él." Finalmente, son inoperantes las alegaciones que se formulan respecto de las carencias y deficiencias del contrato con que se dio inicio a la tercería; así como lo relativo a las tácticas desleales empleadas por los vencidos en juicio para evitar el cumplimiento de lo que derecho corresponde. Esta hipótesis de inoperancia se actualiza en los casos en que lo planteado es distinto a lo debatido o definido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Así, al margen de la atinencia de dichos señalamientos con las máximas de experiencia, el suscrito considera que son ajenos a la materia del acto reclamado que versa sobre una litis recursal para definir si procede o no la fijación de garantía para levantar una suspensión al procedimiento. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, ya que sus actos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de segunda instancia. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, es innecesario enviarles oficio, con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe justificado del Juez responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
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