Juan Alberto Angel Bartolano
Expediente 854/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Alberto Angel Bartolano
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, advierto que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que tuve no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, ordeno hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que tuve no presentada la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. También, hago notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, ordeno hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
La certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de este asunto, me permiten afirmar que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para desahogar la prevención inicial conforme al proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10), feneció el trece de septiembre del año en curso, pues fue notificado por lista el cinco de septiembre de la presente anualidad, como lo asentó el secretario en la certificación previa. Sin embargo, el quejoso omitió presentar escrito aclaratorio en el citado plazo pese a que fue notificado. Por tanto, hago efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, declaro no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Recibo la demanda de tutela constitucional signada por el quejoso ***, por derecho propio, contra actos de los Jueces Primero y Segundo de lo Penal respectivamente en la ciudad de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, ordeno formar el expediente constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, la lectura integral de la demanda de protección, me llevó a encontrar irregularidades en los actos combatidos, motivo por el cual debo requerir la aclaración respectiva. Para demostrarlo, hago notar que el capítulo de actos reclamados contiene distintas órdenes, entre las cuales observo una de presentación, y otra de reaprehensión, aun cuando ningún agente del Ministerio Público fue señalado como responsable (por la presentación) y tampoco fue precisada la autoridad judicial responsable de haber librado la reaprehensión. Esas irregularidades tienen relevancia, porque habrán de impedir una correcta integración de la litis constitucional, en particular por la naturaleza de una orden de reaprehensión, pues la emite una autoridad judicial por regla general, en el trámite de la causa penal y después de que el procesado desatiende algún requerimiento en la instrucción, o cuando la sentencia condenatoria queda firme y debe internarse al sentenciado en un centro penitenciario para compurgar la pena de prisión. Lo cual de ninguna forma explicó el quejoso en la demanda, aun cuando señaló como responsable a una sala de apelación, encargada del toca de apelación ***, pues ningún argumento expuso para justificar que a esa sala le atribuye la orden de reaprehensión. De ahí la necesidad de requerir la aclaración de la demanda, pues el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, impone a los quejosos el deber de precisar el acto concreto que pretenden reclamar a cada autoridad, y tratándose de una orden de reaprehensión especificar la responsable que la hubiese librado. Máxime que señaló como responsables a autoridades judiciales de distintas entidades federativas. Así, considero que el quejoso debe aclarar la demanda, para indicar el agente del Ministerio Público que hubiera ordenado la presentación, y luego especificar la causa penal o toca de apelación donde fue librada la orden de reaprehensión, o en lugar de ello manifestar su voluntad de limitar los actos a las demás órdenes reclamadas en la demanda: busca, aprehensión o detención, y la pretendida ejecución de estas. Máxime que la figura de suplencia está limitada a los conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que la precisión de estos corresponde al quejoso en forma exclusiva. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiero al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe la siguiente aclaración bajo protesta de decir verdad: 1. Indique el agente del Ministerio Público al cual atribuye la orden de presentación; 2. Proporcione el número de causa penal y la autoridad judicial a la que impute la orden de reaprehensión; o 3. Exprese si desea limitar los actos reclamados a las demás órdenes que puntualizó: busca, aprehensión o detención y la pretendida ejecución de estas. Informo al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, formulo al quejoso el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento anterior, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) tendré no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado porque así fue solicitado en la demanda; y como autorizado solamente para los mismos efectos a ***, dado que carece de registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También hago saber al promovente que desde este momento autorizo la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, le hago saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrá que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a su costa, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, dejo establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Asimismo, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hago saber al promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, faculto al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.
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