Juan Adolfo Cruz Quixtiano
Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Adolfo Cruz Quixtiano
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 275/2022-V. Puebla, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de abril de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 275/2022-V. Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que los quejosos no comparecieron a ratificar la firma de su escrito aclaratorio, en la hora y fecha señalada en el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, siendo la siguiente para cada uno de los quejosos, en el orden respectivo: ++ : DIEZ HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. ++ : DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. ++: ONCE HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, a pesar de estar notificados como se desprende de la constancia respectiva. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentado el escrito aclaratorio. Por otra parte, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a los quejosos en proveído de dieciséis de marzo del año en curso, transcurrió del veintidós al veintiocho de marzo de dos mil veintidós, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que los quejosos desahogaran la prevención contenida en el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Luego, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; de forma personal a los quejosos en su domicilio procesal (las listas de este juzgado).
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JUICIO DE AMPARO 275/2022-V. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, al parecer signado por los quejosos Juan Adolfo Cruz Quixtiano, José Luis Cruz Castillo y José Ángel López Hernández, por el cual pretenden cumplir con lo requerido en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, se observa que las firmas plasmadas en el escrito de cuenta, difieren de las que obran en la demanda origen del presente juicio, en particular existen diferencias en la presión y los trazos que pueden implicar que persona o personas distintas a los quejosos, hayan suscrito el escrito aclaratorio. Para mayor claridad se insertan imágenes.... Por lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 6, fracción I1 , del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID-19; se procede a agendar una cita a los quejosos Juan Adolfo Cruz Quixtiano, José Luis Cruz Castillo y José Ángel López Hernández, para que comparezcan ante este órgano jurisdiccional; y, en caso de ser su deseo, ratifiquen el escrito aclaratorio de cuenta; para ello, la notificación de esta determinación deberá hacerse en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo, procediéndose a emitir una código QR, señalándose para lo anterior, la fecha y hora siguiente para cada uno de los quejosos, en orden respectivo: Juan Adolfo Cruz Quixtiano: DIEZ HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. José Luis Cruz Castillo: DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. José Ángel López Hernández: ONCE HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Además, se requiere a los citados quejosos, para que al momento en que comparezcan exhiban documentos oficiales que contengan su firma original, por ejemplo, credencial de elector del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su identificación. Se hace notar a la parte quejosa que si existiera algún obstáculo material que impidiera su comparecencia física en la data y horas antes señaladas, deberán informarlo justificadamente a este juzgado. En el entendido que, como se dijo, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Se hace saber a los promoventes que, la necesidad de requerirlos para que comparezcan a ratificar su firma, obedece a las diferencias en la presión y los trazos de la rúbrica que calza el escrito aclaratorio, lo cual tiene importancia, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Empero, se les apercibe que de omitir dar cumplimiento a lo señalado en los parágrafos que anteceden en la fecha y hora señaladas para ello, se tendrá no presentado el escrito de cuenta. Por último, se hace del conocimiento de los promoventes que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Lo cual se corrobora a partir de la interpretación realizada por contradicción de tesis, 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese; de forma personal a los quejosos en su domicilio procesal (las listas de este juzgado)
- Principal
JUICIO DE AMPARO 275/2022-V. Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos del "Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla (sic)" Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y los actos reclamados, razón por la cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en el reclamo de la demanda, impiden determinar su procedencia en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrarlo, se enlistan a continuación las autoridades responsables y los actos combatidos en la demanda: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como autoridades ordenadoras señalo: a) Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, con domicilio bien conocido. b) Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, con domicilio bien conocido. c) Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla, con domicilio bien conocido. d) Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con domicilio oficial bien conocido. e) Juez Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, con domicilio bien conocido. f) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Control. Autoridades Ordenadoras: Fiscal General del Estado de Puebla, con domicilio conocido en la ciudad de Puebla. Director de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla. Con domicilio bien conocido. Fiscalía General de la República, Delegación Puebla, con domicilio bien conocido, Fiscalía General de la República con sede en Tehuacán, Puebla, con domicilio bien conocido. Agencia de Investigación Criminal de Tehuacán, Puebla. Con domicilio bien conocido. Agencia de Investigación Criminal de Tehuacán, Puebla. Con domicilio bien conocido. Policía Federal Ministerial de Tehuacán, Puebla. Con domicilio bien conocido. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Fiscalía General de la República, con sede en Tehuacán, Puebla. Unidad Administrativa que integra la Organización Regional en el Estado de Puebla, con domicilio bien conocido. V.- ACTO RECLAMADO Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras: a) La orden de aprehensión y detención dictada en nuestra contra. b) La orden de citación o comparecencia por la supuesta o probable investigación sobre la comisión de algún delito. c) Cualquier acto o resolución que por su naturaleza pueda vulnerar o vulnere nuestra libertad de tránsito y nuestra libertad personal. d) La orden de citación, presentación, integración de la Carpeta de investigación o NUAT que esté tramitando en contra de los suscritos. e) La omisión y negativa del Ministerio Público, para hacerme del conocimiento la existencia de una investigación ministerial y/o carpeta de investigación en nuestra contra, así como la negativa y omisión de recibirme pruebas dentro de la Carpeta de Investigación que exista en nuestra contra. De las autoridades ejecutoras: a) La ejecución de la orden de aprehensión y detención posiblemente dictada en nuestra contra, por sí o por conducto de sus subalternos. b) Cualquier orden de citación o comparecencia que pueda originar un acto de molestia hacia los suscritos, así como cualquier otro acto que emitido por estas autoridades afecta o pueda afectar nuestra libertad personal o de libre tránsito. c) La ejecución material o cumplimiento de los actos emitidos por la autoridad ordenadora en contra de los suscritos que causen perjuicio al derecho al libre tránsito y a la libertad personal." En primer lugar, se hace notar que del apartado de autoridades responsables (judiciales) ordenadoras, señaladas en los incisos d) a f), constituyen una misma autoridad, ya que debe considerarse que un Centro de Justicia Penal Federal se integra por diversos jueces de Distrito especializados en el Sistema Acusatorio, quienes pueden actuar con el carácter de juez de control, tribunal de enjuiciamiento y juez de ejecución. De ahí que basta con que se señale como responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Control, para tener por dignados como autoridades para efectos de este amparo a los diversos jueces de Distrito que integran dicho centro. Lo anterior constituye una imprecisión que es motivo de aclaración. En segundo lugar, los quejosos no señalan autoridades ejecutoras. Esto es así, porque tal como se observa de la transcripción previa derivada de la demanda de cuenta, los quejosos atribuyen a las "autoridades ejecutoras" la ejecución de diversos actos; pero no señalan autoridad ejecutoras, sino únicamente autoridades "ordenadoras" tanto de naturaleza judicial (jueces) como administrativa (fiscales, agentes de investigación o autoridades policiacas). Por ello, resulta oportuno aclarar lo anterior, para que esta operadora jurídica se encuentre en aptitud de conocer a qué autoridades les atribuye ese carácter de ejecutoras. Sin perjuicio de que la parte promovente de la demanda esté en condiciones de puntualizar que -en su caso- solamente tengan el carácter de ejecutoras, las autoridades que se señaló como ordenadoras y que tienen naturaleza administrativa (fiscales, agentes de investigación o autoridades policiacas). En tercer lugar, se observa imprecisión en diversas denominaciones de autoridades que señalan como responsables. Lo dicho, puesto que la autoridad que los quejosos denominaron como "Director (sic) de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla", es errónea; pues es un hecho notorio que en diversos juicios de amparo que se llevan en este órgano jurisdiccional, dicha autoridad se apersona como Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acontece en similar sentido, respecto de la autoridad señalada como "Unidad Administrativa que integra la Organización Regional en el Estado de Puebla", cuya correcta denominación es Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Lo mismo ocurre por lo que hace a las diversas Fiscalía General de la República con sede en Tehuacán, Puebla; Agencia de Investigación Criminal de Tehuacán, Puebla; Policía Federal Ministerial de Tehuacán, Puebla; así como Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Fiscalía General de la República, con sede en Tehuacán, Puebla. Esto es así, toda vez que constituye un hecho notorio que aquéllas son inexistentes con esas denominaciones. Aunado a que constituye un hecho igualmente notorio, por así desprenderse de diversos juicios de amparo, que el fiscal general estatal o la delegada estatal de la fiscalía general de la República, no materializan por sí mismos orden alguna de captura. Por consiguiente, ante las imprecisiones apuntadas, es necesario que los quejosos aclaren (en su caso) la denominación correcta, completa y actual de las autoridades responsables en mención, así como señalen de forma específica qué autoridades deberán fungir con el carácter de ejecutoras y los actos que les atribuyen. En cuarto lugar, respecto de la orden de citación (para audiencia de formulación de imputación o audiencia inicial) atribuida a las autoridades judiciales (como ordenadoras), es improcedente el amparo, ya que no constituye un acto que afecte la libertad personal de los quejosos, pues consiste únicamente en una comunicación del juez, a petición del ministerio público, de que se requiera la comparecencia de los investigados, a fin de que se lleve a cabo el desarrollo de una audiencia en la que se formaliza la investigación y se formula imputación, sin que ello implique su vinculación a proceso o que sean sometidos a una medida cautelar. En efecto, ello no implica que se les obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad judicial, el gobernado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la parte peticionaria del amparo (en su caso) se apersone, aquélla se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Por ende, es evidente que en caso de insistir en señalar ese acto, podría actualizarse una causal de improcedencia. Igual suerte correría respecto del señalamiento de la orden de aprehensión y detención, así como de comparecencia, atribuida a las autoridades administrativas de mérito, porque es inconcuso que no cuentan con las facultades legales y constitucionales para emitirlas. En lo tocante a los actos consistentes en la citación a una carpeta de investigación, la presentación e integración de una carpeta de investigación o NUAT, así como la omisión y negativa de hacer del conocimiento de los impetrantes la existencia de una investigación criminal y carpeta de investigación seguida en su contra, atribuidos a las autoridades de carácter ministerial o administrativas (fiscales, agentes de investigación o autoridades policiacas); también se les debe indicar a los quejosos que en caso de insistir en aquéllos, eventualmente se actualizaría una causal de improcedencia (respecto de esos actos), ya que por mandato constitucional establecido en el artículo 21, es facultad del ministerio público esclarecer los hechos delictivos e identificar probables responsables; por ende, debe realizar las investigaciones pertinentes, atinentes a la posible comisión de un hecho previsto por la ley como delito y la probabilidad de su comisión por un gobernado. Además, cabe decir que la citación o presentación a una carpeta de investigación, indagatoria, averiguación previo o NUAT, tienen el objeto de que la representación social recabe las entrevistas de las personas que así señale con el carácter de imputado, con el fin de esclarecer los hechos denunciados, por lo que no se sigue en su contra perjuicio de su interés jurídico. Así pues, derivado de tal mandato constitucional (la investigación), a los quejosos no les acude el interés jurídico para inconformarse por los actos de investigación que se originen en su contra, ya que la investigación de los hechos con apariencia con de delito, de ninguna forma afecta la libertad personal de los quejosos, sino que -por el contrario- busca esclarecer los hechos para establecer datos suficientes para determinar la posible existencia de un delito que perseguir, solicitar audiencia inicial ante el juez de control competente para realizar la imputación respectiva, y en su caso, de ser suficientes los datos de prueba que se expongan, pedir se vincule a proceso a la parte imputada; motivos por los cuales en caso de insistir en dichos actos, es factible la improcedencia del amparo. Sin pasar inadvertido que de la lectura integral de la demanda no se observa que los quejosos tengan ya el carácter de imputados, por así haberlo señalado una autoridad ministerial o administrativa, ni tampoco hayan sido citados a declarar en una indagatoria o sean objeto de un acto específico o concreto de molestia emitido por esa autoridad. Cabe agregar que esos actos serían notoriamente improcedentes si también se reclaman de las autoridades judiciales señaladas como responsables ordenadoras, pues en el ámbito de sus facultades legales no converge la posibilidad de librar una orden de citación, presentación e integración de carpeta de investigación o NUAT, o el hacerles del conocimiento la existencia de una investigación ministerial y/o carpeta de investigación, o incluso, recibirle pruebas dentro de la carpeta de Investigación de mérito. Por consiguiente, a fin de fijar la materia del acto que se pretende reclamar, es necesario que la parte quejosa aclare lo anteriormente señalado, toda vez que resulta imprecisa la demanda en los términos en los que se plantea. Lo que conduce a inferir que, en su caso, la voluntad de los quejosos pudo recaer en realidad en reclamar sólo actos privativos de la libertad (órdenes de aprehensión, detención y comparecencia) librados en su contra, endilgadas exclusivamente a autoridad judiciales, y cuya ejecución sea atribuible únicamente a las diversas autoridades administrativas que, en su correcta denominación, se pretendió señalar en la demanda. Ello, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de los antecedentes del acto reclamado, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional, en términos del artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, debe requerirse la aclaración de la demanda, a fin de que los quejosos manifiesten lo solicitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los directos quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación personal de este acuerdo, presente escrito en el cual: A. Precisen si los únicos actos que desean señalar se hacen consistir en las órdenes de aprehensión, detención y comparecencia libradas en su contra (de los quejosos), y reclamarlas únicamente de las siguientes autoridades ordenadoras: 1) Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, 2) Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, 3) Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla y 4) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Control. B. Señalen si además desean reclamar la ejecución de las órdenes precisadas en el inciso que antecede, y reclamar esa ejecución únicamente del Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como del Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Apercibimiento. Se formula a los quejosos el apercibimiento siguiente: en caso de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, representación común de los quejosos y autorizados. Se tienen por señaladas para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado de distrito, porque así lo señalaron los quejosos. De igual forma, con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los peticionarios de amparo, al primero de aquellos (Juan Adolfo Cruz Quixtiano), sin perjuicio de que la parte respectiva pueda substituirlo por alguno otro de los propios quejosos. Ténganse como autorizados de la parte quejosa sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona en su escrito inicial de cuenta, porque no les confirió expresamente su autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, habida cuenta que este precepto legal establece diversos tipos de autorización tal como se advierte de su contenido: "(.) Artículo 12.- ." Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (por lista), y cúmplase.
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