Juan Anguiano Martinez
Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Anguiano Martinez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-.Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del diecisiete al veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de catorce de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por medio de lista); y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso xxxxxx, por derecho propio, contra actos de la ".AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA CÉLULA II-4, EN EL ESTADO DE PUEBLA (sic).", y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en una autoridad responsable y en los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque la imprecisión en esos aspectos, impide esclarecer la procedencia de la acción de tutela constitucional, en detrimento de la justicia expedita que se debe asegurar -si la demanda fuera admitida-. Para demostrar lo primero, debe indicarse que una autoridad ejecutora fue denominada como: ".DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.". Esa denominación resulta inexistente, conforme a lo que se ha obtenido en otros juicios de amparo tramitados en este juzgado, los cuales se invocan porque constituyen hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, la ejecución de los actos reclamados en la demanda, estaría a cargo de la restante autoridad señalada por el quejoso, cuya denominación correcta es: 1 La lectura integral encuentra fundamento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Puebla (ejecutora). Por consiguiente, es necesario que el quejoso aclare el capítulo de autoridades ejecutoras, lo cual puede realizar con limitar su señalamiento al jefe regional citado. En otro aspecto, debe indicarse que los actos reclamados en la demanda, también son irregulares. De entrada porque el quejoso pretende instaurar el juicio de amparo, contra la falta de notificación o de requerimiento para acudir a declarar con un agente del Ministerio Público de la Federación (sic), y la citación o presentación que este hubiera librado en la carpeta de investigación citada en los antecedentes. Sin embargo, la acción de tutela constitucional resulta improcedente contra esos actos, porque la falta de notificación atañe a la integración de una carpeta de investigación, que corresponde al deber que tiene el Ministerio Público desde el artículo 21 de la constitución federal, para esclarecer los hechos delictivos. Ello, de conformidad con la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, titulada: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Mientras la citación o presentación que también atribuye el quejoso a la autoridad ministerial señalada en la demanda, correspondería a una orden de presentación con fines de investigación, la cual tampoco puede ser objeto de la acción de tutela como se desprende de la tesis jurisprudencial PC.VI.P. J/3 P (11a.), emitida en la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025762, titulada: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Entonces, de insistir el quejoso con el reclamo de los actos citados con los incisos a) y b) de su demanda, se actualizaría la improcedencia de la acción de tutela constitucional. Para terminar, debe indicarse que el restante acto combatido en la demanda, es una orden de detención que se reclama a la única autoridad judicial señalada como responsable. Empero, esa orden no permite identificar si se trata de una citación para audiencia inicial o una aprehensión, motivo por el cual es necesario que el quejoso aclare si pretende reclamar una orden de aprehensión, dado que la mencionó en sus conceptos de violación. Sobre todo para identificar el acto concreto que pretende combatir a la autoridad judicial responsable. Además, debe indicarse que la aclaración debe realizarla aquél sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si el quejoso introdujera antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al presentar la demanda de protección o bien, por introducir hechos novedosos que puedan implicar manifestaciones falsas. Pero la aclaración debe realizarla el quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar las autoridades responsables y actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Indique si desea limitar el capítulo de autoridades ejecutoras al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Puebla, dado que la otra ejecutora señalada en la demanda es inexistente, por las razones antes expuestas; 2. Manifieste si desea retirar los actos que delimitó en los incisos a) y b) de su demanda, porque estos actualizarían la improcedencia de la acción de tutela constitucional, dado que atañen al deber de investigación de la agente del Ministerio Público de la Federación, señalado como responsable; y 3. Exprese si el reclamo de una orden de detención (sic), corresponde en realidad a una orden de aprehensión, que resultaría procedente conforme a la autoridad judicial que señaló en su demanda. En relación con lo anterior, se hace notar al quejoso que si retira los actos de la fiscal señalada como responsable, quedará circunscrita la litis a la orden de aprehensión y ejecución, así como al juez federal citado en la demanda y al jefe regional antes mencionado. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no exhibir el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y que se publican a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), porque no señaló un domicilio procesal en la demanda -únicamente refirió su domicilio particular y este se ubica fuera de la residencia de la zona conurbada-. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres xxxxxxxx y xxxxxxxxxx porque así los designó aquél y estos tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, la restante persona que nombró el quejoso, se tiene autorizada en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, porque no está registrada su cédula profesional en el referido sistema. Asimismo, se tienen como medios de contacto no procesales, la dirección de correo electrónico y los números telefónicos que ofreció el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. A pesar de lo anterior, se deja establecido que de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por medio de lista); y cúmplase.
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