Josué San Miguel Mora

Expediente 722/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
722/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Josué San Miguel Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano la demanda de protección. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). 1 Plazo del cual deben descontarse los días veintidós y veintitrés de julio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que se desechó de plano de la demanda de protección. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Devolución de anexo al quejoso. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que de manera ajunta a la demanda de amparo se recibió un dispositivo de almacenamiento USB metálico, con la leyenda "Acer". Por tanto, se pone a disposición del promovente, por lo que contará con un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste acuerdo, para presentarse en las instalaciones de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, a recogerlo. Se le apercibe que en caso de no comparecer en el plazo otorgado, dicho artefacto será destruido sin mayor acuerdo, después de terminado el referido plazo y en el momento en que se realice la destrucción del presente expediente. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda fue desechada. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal y archivo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla -así señalado en la demanda-, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharán de plano. * Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el presente caso se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso reclama el siguiente acto: ? La omisión de notificarle alguna orden de protección verbal o escrita, que se hubiere emitido en su contra y a favor de *. Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de tutela constituciona puntualmente la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados los dos últimos contrario sensu, y que establecen lo siguiente: De conformidad con los numerales en cita, para impugnar un acto en amparo indirecto, es necesario que con éste se vulnere de manera directa y material algún derecho sustantivo protegido por la constitución o algún tratado internacional signado por el Estado mexicano. Lo anterior, porque el juicio de amparo tiene como finalidad garantizar el respeto de esos derechos por parte de cualquier autoridad y, en caso de darse una trasgresión, restituir al individuo en el goce de ese derecho. De ahí la necesidad de comprobar una afectación real y directa en esos derechos para acceder al juicio de protección. Por ello, cuando se trata de un acto que no afecte derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, pues estos pueden subsanarse ya sea en la secuela del propio procedimiento o, en su caso, con el dictado de una resolución.* Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al quejoso, cuyo carácter lo tiene el titular de un derecho * subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la misma legislación (derechos humanos reconocidos y derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, persona facultada para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye, que esos derechos protegidos por el ordenamiento legal son lo que constituyen el interés jurídico o legítimo que debe considerarse para la procedencia del juicio de amparo. En segundo lugar, la causa de improcedencia en análisis también contempla lo atinente a la afectación al interés legítimo del que debe ser titular el quejoso para hacer procedente el juicio de amparo, que se refiere a un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se traduce, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del impetrante derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, o en su caso, de un interés difuso en beneficio de la colectividad, que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ésta, cuya finalidad es salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social. Así, la afectación al interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, en que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal (interés legítimo individual, porque la afectación redunda de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de las circunstancias específicas) o por una regulación sectorial o grupal (interés legítimo colectivo). Los elementos distintivos en que participa el interés legítimo son los siguientes: 1. Titularidad del interés. Individual o un grupo de personas. 2. Poder de exigencia del titular. Sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. 3. Surge para salvaguardar intereses individuales, generales, el orden público o el interés social. 4. Tipo de afectación que sufre el titular del interés. Se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a una persona o grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Además, esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcir el derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento. En otras palabras, para que este juicio de amparo fuera procedente, la violación aducida debe restringir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente con producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender al resultado del fallo de modo irremediable. En el caso, el quejoso aduce reclamar una omisión por parte de las responsables, consistente en notificarle alguna orden de protección que se hubiera decretado a favor de *. Lo anterior, pues afirma que el veinticinco de junio de dos mil veintitrés, alrededor de las diecinueve horas con veinticinco minutos, afuera del domicilio de *, se encontraba un vehículo de la policía estatal, cuyo conducto le refirió que como entre él y Guadalupe Valencia López existía una situación de tensión, y como ella tenía órdenes de protección, "había solicitado el auxilio". En ese sentido, se advierte que no existe afectación a algún derecho fundamental de Josué San Miguel Mora, porque la acción del aludido elemento de seguridad público obedeció a una solicitud de auxilio a fin de brindar protección a *, sin que se advierta que dicho elementos de seguridad pública o alguna de las autoridades señaladas como responsables le hubieran restringido el ejercicio de un derecho (a manera de ejemplo, de su libertad personal, la posibilidad de acercarse y tener contacto con su hijo, o con la progenitora de éste, o la de acudir a determinado lugar). Incluso, no pasa por alto para esta autoridad que tiene conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación *, donde * tiene el carácter de denunciante y de la cual considera puede derivar una medida de aseguramiento, por lo que se encuentra en condiciones de presentarse ante la autoridad ministerial a fin de ser notificado de las medidas de protección que se hubieren decretado en su contra (en caso de existir alguna), pues en la demanda no refiere que haya formulado dicha solicitud y que ésta le haya sido negada. De ahí que se concluya, la omisión reclamada no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues la manifestación vertida por el elementos de seguridad pública a la que hace alusión únicamente involucra, al parecer, la protección de Guadalupe Valencia López. Por tanto, se insiste, no existe alguna afectación real y actual a los derechos fundamentales de Josué San Miguel Mora. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales fracción I, y 107, fracción IV, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y sin autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. No pasa por alto para esta autoridad que también señaló como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que se tenga a personas autorizadas para oír y recibir notificaciones dado que el quejoso no lo señaló. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla -así señalado en la demanda-, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharán de plano. * Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el presente caso se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso reclama el siguiente acto: ? La omisión de notificarle alguna orden de protección verbal o escrita, que se hubiere emitido en su contra y a favor de *. Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de tutela constituciona puntualmente la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados los dos últimos contrario sensu, y que establecen lo siguiente: De conformidad con los numerales en cita, para impugnar un acto en amparo indirecto, es necesario que con éste se vulnere de manera directa y material algún derecho sustantivo protegido por la constitución o algún tratado internacional signado por el Estado mexicano. Lo anterior, porque el juicio de amparo tiene como finalidad garantizar el respeto de esos derechos por parte de cualquier autoridad y, en caso de darse una trasgresión, restituir al individuo en el goce de ese derecho. De ahí la necesidad de comprobar una afectación real y directa en esos derechos para acceder al juicio de protección. Por ello, cuando se trata de un acto que no afecte derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, pues estos pueden subsanarse ya sea en la secuela del propio procedimiento o, en su caso, con el dictado de una resolución.* Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al quejoso, cuyo carácter lo tiene el titular de un derecho * subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la misma legislación (derechos humanos reconocidos y derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, persona facultada para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye, que esos derechos protegidos por el ordenamiento legal son lo que constituyen el interés jurídico o legítimo que debe considerarse para la procedencia del juicio de amparo. En segundo lugar, la causa de improcedencia en análisis también contempla lo atinente a la afectación al interés legítimo del que debe ser titular el quejoso para hacer procedente el juicio de amparo, que se refiere a un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se traduce, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del impetrante derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, o en su caso, de un interés difuso en beneficio de la colectividad, que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ésta, cuya finalidad es salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social. Así, la afectación al interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, en que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal (interés legítimo individual, porque la afectación redunda de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de las circunstancias específicas) o por una regulación sectorial o grupal (interés legítimo colectivo). Los elementos distintivos en que participa el interés legítimo son los siguientes: 1. Titularidad del interés. Individual o un grupo de personas. 2. Poder de exigencia del titular. Sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. 3. Surge para salvaguardar intereses individuales, generales, el orden público o el interés social. 4. Tipo de afectación que sufre el titular del interés. Se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a una persona o grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Además, esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcir el derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento. En otras palabras, para que este juicio de amparo fuera procedente, la violación aducida debe restringir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente con producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender al resultado del fallo de modo irremediable. En el caso, el quejoso aduce reclamar una omisión por parte de las responsables, consistente en notificarle alguna orden de protección que se hubiera decretado a favor de *. Lo anterior, pues afirma que el veinticinco de junio de dos mil veintitrés, alrededor de las diecinueve horas con veinticinco minutos, afuera del domicilio de *, se encontraba un vehículo de la policía estatal, cuyo conducto le refirió que como entre él y Guadalupe Valencia López existía una situación de tensión, y como ella tenía órdenes de protección, "había solicitado el auxilio". En ese sentido, se advierte que no existe afectación a algún derecho fundamental de Josué San Miguel Mora, porque la acción del aludido elemento de seguridad público obedeció a una solicitud de auxilio a fin de brindar protección a *, sin que se advierta que dicho elementos de seguridad pública o alguna de las autoridades señaladas como responsables le hubieran restringido el ejercicio de un derecho (a manera de ejemplo, de su libertad personal, la posibilidad de acercarse y tener contacto con su hijo, o con la progenitora de éste, o la de acudir a determinado lugar). Incluso, no pasa por alto para esta autoridad que tiene conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación *, donde * tiene el carácter de denunciante y de la cual considera puede derivar una medida de aseguramiento, por lo que se encuentra en condiciones de presentarse ante la autoridad ministerial a fin de ser notificado de las medidas de protección que se hubieren decretado en su contra (en caso de existir alguna), pues en la demanda no refiere que haya formulado dicha solicitud y que ésta le haya sido negada. De ahí que se concluya, la omisión reclamada no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues la manifestación vertida por el elementos de seguridad pública a la que hace alusión únicamente involucra, al parecer, la protección de Guadalupe Valencia López. Por tanto, se insiste, no existe alguna afectación real y actual a los derechos fundamentales de Josué San Miguel Mora. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales fracción I, y 107, fracción IV, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y sin autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. No pasa por alto para esta autoridad que también señaló como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que se tenga a personas autorizadas para oír y recibir notificaciones dado que el quejoso no lo señaló. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesa

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano