Josué Tonathiú López Díaz
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Josué Tonathiú López Díaz
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/2605/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, al que adjunta copia certificada del expediente laboral 161/2020. Asimismo, hace del conocimiento que no se ha interpuesto diversa demanda contra el mismo acto, por la parte quejosa o ninguna otra. En mérito de lo anterior, y toda vez que la autoridad oficiante remite copia certificada de la constancia que lo justifica, esto es, el acuerdo dictado el uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 161/2020, promovido por el aquí quejoso ***, por conducto de su apoderado, mediante el cual admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento e una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de catorce de junio de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Pedro Iván Martínez González, apoderado del quejoso JOSUÉ TONATHIÚ LÓPEZ DÍAZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada con el número 644/2022-IV, consistentes en: ".VI. ACTO RECLAMADO.- El acto de autoridad que se reclama consiste en la OMISIÓN para dictar el ACUERDO DE ADMISIÓN Y/0 DESECHAMUNTO DE PRUEBAS ASÍ COMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL MISMO correspondiente dentro del juicio ordinario laboral registrado bajo el número 161/2020, toda vez que desde el día 16 dieciséis del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, la señalada autoridad responsable dentro de la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución emitió el siguiente acuerdo en su Fracción M visible en la página 5 del referido acuerdo que: Este H. Tribunal SE RESERVA EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS ofrecidas por las partes para una mejor apreciación de las mismas y una vez que se emita el acuerdo SE LES NOTIFICARÁ PERSONALMENTE EN LOS DOMICILIOS señalados en autos.". Además de aducir en el capítulo de antecedentes que desde el desde el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se reservó el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, la cual a la fecha de presentación de la demanda no había sido emitido el auto de admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas, no obstante haber transcurrido en exceso los términos procesales establecidos en la legislación aplicable al caso concreto. Ahora bien, de la constancia que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio TCA/PRES/AMP/2605/2022, por el cual rindió su informe justificado, obra el auto dictado el uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral número 161/2020, promovido por el aquí quejoso, frente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento de una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes, documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado, en esencia la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas, también lo es que en auto de uno de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio laboral 161/2020, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento de una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes. Por lo que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/2605/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, al que adjunta copia certificada del expediente laboral 161/2020. Asimismo, hace del conocimiento que no se ha interpuesto diversa demanda contra el mismo acto, por la parte quejosa o ninguna otra. En mérito de lo anterior, y toda vez que la autoridad oficiante remite copia certificada de la constancia que lo justifica, esto es, el acuerdo dictado el uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 161/2020, promovido por el aquí quejoso ***, por conducto de su apoderado, mediante el cual admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento e una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de catorce de junio de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Pedro Iván Martínez González, apoderado del quejoso JOSUÉ TONATHIÚ LÓPEZ DÍAZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada con el número 644/2022-IV, consistentes en: ".VI. ACTO RECLAMADO.- El acto de autoridad que se reclama consiste en la OMISIÓN para dictar el ACUERDO DE ADMISIÓN Y/0 DESECHAMUNTO DE PRUEBAS ASÍ COMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL MISMO correspondiente dentro del juicio ordinario laboral registrado bajo el número 161/2020, toda vez que desde el día 16 dieciséis del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, la señalada autoridad responsable dentro de la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución emitió el siguiente acuerdo en su Fracción M visible en la página 5 del referido acuerdo que: Este H. Tribunal SE RESERVA EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS ofrecidas por las partes para una mejor apreciación de las mismas y una vez que se emita el acuerdo SE LES NOTIFICARÁ PERSONALMENTE EN LOS DOMICILIOS señalados en autos.". Además de aducir en el capítulo de antecedentes que desde el desde el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se reservó el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, la cual a la fecha de presentación de la demanda no había sido emitido el auto de admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas, no obstante haber transcurrido en exceso los términos procesales establecidos en la legislación aplicable al caso concreto. Ahora bien, de la constancia que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio TCA/PRES/AMP/2605/2022, por el cual rindió su informe justificado, obra el auto dictado el uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral número 161/2020, promovido por el aquí quejoso, frente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento de una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes, documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado, en esencia la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas, también lo es que en auto de uno de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio laboral 161/2020, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas en escrito que fue reservado en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, desechó el medio de perfeccionamiento de una prueba, señaló días y horas para su desahogo, además de ordenar notificar personalmente a las partes. Por lo que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no han rendido su informe con justificación, que les fue solicitado en proveído de catorce de junio del año en curso, a través del oficio 13720/2022, a pesar de estar debidamente notificadas para tal efecto, como se advierte del acuse que obra glosado en autos; consecuentemente, se presume cierto el acto que se le reclama, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y por resultar necesario para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificada del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de resolver el presente juicio; esto, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional señalada por el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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