Josefina Vieyra Mercado

Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1097/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Josefina Vieyra Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el apartado 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", relativo al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia definitiva. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se negó en parte la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la constancia practicada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para realizar la entrega de los oficios número 22929/2022 y 22930/2022, dirigidos a las autoridades responsables Director de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Jefe de la Policía de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos que en la misma se exponen; en consecuencia, tomando en consideración que del presente sumario, se aprecia que las denominaciones correctas de las citadas responsables lo son Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ambos con residencia en esta ciudad; por tanto, en obvio de mayores dilaciones se ordena reenviar los oficios de que se tarta a las autoridades responsables con su denominación correcta, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 19568, remitido vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante la utilización de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 624/2022 (238/2022-E), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente a las quejosas ********y las requiriera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, manifestaran si ratificaban o no la demanda promovida en su favor por ******; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de quince de los actuales, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Finalmente, se ordena dar de baja la comunicación de que se tarta y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, sin que en el caso haya lugar acusar el recibo de estilo respectivo, tomando en consideración que el comunicado fue recibido electrónicamente. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada vía electrónica por *******, en favor de*********, contra los actos del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir en lo siguiente: "Los actos de tortura e incomunicación que está sufriendo mi hermana y madre por parte de las autoridades responsables, en la sede ministerial." Cabe precisar que por acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, se decretó la suspensión de plano respecto a los actos aquí reclamados y se ordenó la localización de las citadas quejosas, a fin de que ratificaran su demanda de amparo; empero, no se logró su localización. Posteriormente, en acuerdo de uno de octubre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, el Secretario de la adscripción hizo constar y certificó que a las catorce horas con cuarenta minutos del mismo día de la presentación de la demanda -treinta de septiembre de dos mil veintidós-, recibió una llamada telefónica del número 4341387468, al celular de guardia de este órgano jurisdiccional, correspondiente al número de celular de la persona que promovió el amparo mediante la utilización de su firma electrónica, a saber, José Alberto Tello Figueroa, quien informó que las quejosas Josefina Vieyra Mercado y Yesenia Álvarez Vieyra, fueron localizadas y se encuentran en libertad. En mérito de lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causa considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica de la persona quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL CTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud que se observa que las quejosas Josefina Vieyra Mercado y Yesenia Álvarez Vieyra fueron puestas en libertad a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, según lo narrado previamente; en la inteligencia que en los informes relativos a la suspensión de plano se advierte que la primera de ellas compareció de manera voluntaria, en calidad de testigo, dentro de la carpeta de investigación APZ/006/01183/2022, número único de caso 1001202232994 y, respecto a la segunda en mención, que no ha estado en las instalaciones de la Fiscalía por motivo alguno. En consecuencia, al tener conocimiento que las quejosas fueron puestas en libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la promovente; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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