Jovany Garduño Sánchez

Expediente 687/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
687/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Jovany Garduño Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el incidente de suspensión . Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la diligencia de ratificación practicada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional de la que se advierte que Francisco Madrigal Sánchez apoderado del quejoso Jovany Garduño Sánchez, compareció a ratificar el escrito presentado el quince de los actuales en la oficialía de partes de este Juzgado Federal; mismo que en proveído del día siguiente, se reservó acordar en cuanto al fondo, consecuentemente, se tiene al promovente, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y se ordena proveer respecto a su ocurso señalado en líneas precedentes. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente en cita, en el escrito de que se trata, desiste del presente juicio de amparo, el cual fue debidamente ratificado ante este órgano jurisdiccional, según aparece de la constancia practicada el diecisiete de los actuales por el Actuario adscrito a este Juzgado, y atento además a que, del instrumento notarial que en copia cotejada acompañó al escrito inicial de demanda a fin de acreditar su personalidad, se advierte, entre otros, que tiene facultades para desistir del amparo. Por tanto, y dado que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento ratificado por el promovente, con facultades para desistir, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 970, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I. Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que al respecto dispone: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal". Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes y en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia número 2a./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 147, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Igualmente la diversa tesis publicada en la página 240, del Tomo XI correspondiente al mes de abril de 1993, octava época, del Semanario Judicial de la federación que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por Francisco Madrigal Sánchez apoderado del quejoso Jovany Garduño Sánchez, mediante el cual desiste de la demanda de amparo; ahora bien, para que este juzgado tenga una mayor certeza de la intención del promovente, se estima indispensable que el referido ocurso sea ratificado ante la presencia de un funcionario con fe pública, consecuentemente, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto del citado ocurso y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase al citado ocursante para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, a manifestar si ratifica el contenido del escrito de cuenta y la firma que lo calza, apercibido que de no hacerlo en el lapso concedido para tal efecto, se continuará con la tramitación del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia número 29./J.119/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la federación y su gaceta, que dice: "DESISTIMENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- EL artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe publica, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de Ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, sí el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por Francisco Madrigal Sánchez, apoderado del quejoso Jovany Garduño Sánchez, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la ampliación de la demanda de amparo que promueve el quejoso por lo que respecta la autoridad Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de quien reclama: "La omisión de entregarle al C. Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, la resolución emitida respecto del recurso de revisión hecho valer por el suscrito en contra del acuerdo de fecha 1(uno) de junio del año 2018 (dos mil dieciocho), misma que se pronunció en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 13 (trece) de julio de 2018 (dos mil dieciocho) mediante la cual se autoriza el cambio de domicilio del negocio de mi mandante y el cual se denomina "el Rey del Pollo a la Leña". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 15/2003, de consultable en la página 12, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia número VI.2º.C.J./240, consultable en la página 1339, tomo XIV, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice; "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a la citada autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de sus actos; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada de las mismas. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, será sancionada en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que lo acrediten; bajo apercibimiento de que en caso de que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Dígase a la autoridad que en el presente juicio se encuentra señaladas las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer al dictar sentencia, una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señalan como responsables y que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesaria su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista; en la inteligencia de que de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala dela Superna Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que lad autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175. NOTIFIQUESE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la Licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por Francisco Madrigal Sánchez, apoderado del quejoso Jovany Garduño Sánchez, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la ampliación de la demanda de amparo que promueve el quejoso por lo que respecta la autoridad Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de quien reclama: "La omisión de entregarle al C. Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, la resolución emitida respecto del recurso de revisión hecho valer por el suscrito en contra del acuerdo de fecha 1(uno) de junio del año 2018 (dos mil dieciocho), misma que se pronunció en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 13 (trece) de julio de 2018 (dos mil dieciocho) mediante la cual se autoriza el cambio de domicilio del negocio de mi mandante y el cual se denomina "el Rey del Pollo a la Leña". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 15/2003, de consultable en la página 12, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia número VI.2º.C.J./240, consultable en la página 1339, tomo XIV, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice; "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a la citada autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de sus actos; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada de las mismas. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, será sancionada en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que lo acrediten; bajo apercibimiento de que en caso de que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Dígase a la autoridad que en el presente juicio se encuentra señaladas las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer al dictar sentencia, una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señalan como responsables y que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesaria su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista; en la inteligencia de que de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala dela Superna Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que lad autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175. NOTIFIQUESE.

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