Josúe De Jesús Salinas

Expediente 1603/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1603/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Josúe De Jesús Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por Josué de Jesús Salinas, regístrese bajo el número 1603/2019-I-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De inicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama del Consejo Directivo de la Asociación Civil "Unión de Comerciantes de Mayoreo y Medio Mayoreo del Municipio de Ixtlahuca, Estado de México", Asociación Civil, a través del Presidente, Secretario y Tesorero, del Comité de Vigilancia de la Asociación Civil "Unión de Comerciantes de Mayoreo y Medio Mayoreo del Municipio de Ixtlahuca, Estado de México", por conducto de su presidente y del Síndico del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, Estado de México: La exclusión de la Asociación referida, así como, la ejecución o materialización que se le pretende dar a dicho acto, en virtud de que el quejoso es socio de la misma, máxime a que no ha sido notificado de dicho suceso, ni tampoco ha ido en contra de lo establecido en el acta constitutiva de dicha asociación. DESECHAMIENTO Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, y 6°, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Del análisis sistemático del artículo 61 fracción XXIII, con relación al 5° fracción II, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Asimismo, tras la reforma de tres de abril de dos mil trece, en la Ley de Amparo en su artículo 5°, fracción II, se modificó el concepto tradicional de autoridad responsable, alejándose de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables, cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general -entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta-, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Precisado lo anterior, en necesario también señalar que respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que las autoridades responsables en su actuación pueden vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, relaciones que se clasifican en: a) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Esto es, se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. b) Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. c) Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Ahora bien, por lo que hace a las relaciones de coordinación, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación (piénsese en los contratos mercantiles), es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Precisado lo anterior, se infiere que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sobre esa base se concluye que para estimar que un acto realizado por un particular (como en la especie acontece) sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario primero que ese acto cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y; además, que ello derive de la aplicación de una norma general. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Bajo tales parámetros, se advierte que las actuaciones que por esta vía les reclama el quejoso del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia de la Asociación Civil "Unión de Comerciantes de Mayoreo y Medio Mayoreo del Municipio de Ixtlahuca, Estado de México", Asociación Civil, y del Síndico del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, Estado de México, no pueden considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estos se emitieron con base en sus disposiciones internas, las cuales rigen únicamente para aquellos individuos que, por voluntad propia, tienen el carácter de asociados y que, a partir de la aplicación de sus estatutos, crea, modifica o extingue, por sí y para sus asociados, situaciones de derecho que afectan únicamente el ámbito de derecho interno que rige las relaciones o vínculos -existentes entre la asociación y sus asociados-; hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre la asociación civil responsable y sus miembros con el carácter de asociados. Con base en lo anterior, se tiene que exclusión de la Asociación referida en líneas anteriores, a la que el quejoso pertenece, se despliega a través del uso de atribuciones regladas en disposiciones de derecho privado, como son sus estatutos internos, los cuales no tienen el carácter de una norma jurídica general que lo dote de una potestad cuyo ejercicio sea irrenunciable, su acatamiento sea obligatorio para la generalidad y su origen tenga naturaleza pública; por consiguiente, al no verse satisfechos tales requisitos, no puede estimarse que la Asociación Civil señalada, sea un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del precepto citado inicialmente, porque la relación que entabla con sus asociados no denota una característica de supra a subordinación, aunado a que de las documentales que acompaña el quejoso que contiene el acta constitutiva, no se advierte la aplicación de alguna norma jurídica general para su emisión En ese orden, con independencia del impacto que pudo tener el acto que por esta vía combate; lo cierto es, que la asociación civil señalada como responsable, fundó su actuación en los estatutos que la rigen, y que no constituyen una norma general y de orden público, que la ponga en un plano de supra a subordinación respecto de la quejosa. Apoya lo anterior por su contenido la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo II, página 1609; de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, NO TIENE DICHO CARÁCTER AL IMPONER SANCIONES A SUS MIEMBROS, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU NORMATIVA INTERNA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables, cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general -entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta-, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Ahora bien, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es una asociación civil que tiene como objeto regular el aspecto ético y promover el profesionalismo de sus asociados y actúa con base en sus disposiciones internas, las cuales rigen únicamente para aquellos individuos que, por voluntad propia, tienen el carácter de asociados y que, a partir de la aplicación de sus estatutos y el Código de Ética Profesional expedido por la Asociación Nacional de Contadores Públicos, Asociación Civil, crea, modifica o extingue, por sí y para sus asociados, situaciones de derecho que afectan únicamente el ámbito de derecho interno que rige las relaciones o vínculos -existentes entre la asociación y sus asociados-; hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre el instituto y sus miembros con el carácter de asociados. Con base en lo anterior, se tiene que la imposición de sanciones por dicho instituto a sus asociados, con motivo del incumplimiento de su normativa interna, se despliega a través del uso de atribuciones regladas en disposiciones de derecho privado, como son sus estatutos internos, los cuales no tienen el carácter de una norma jurídica general que lo dote de una potestad cuyo ejercicio sea irrenunciable, su acatamiento sea obligatorio para la generalidad y su origen tenga naturaleza pública; por consiguiente, al no verse satisfechos tales requisitos, no puede estimarse que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Asociación Civil, sea un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del precepto citado inicialmente, porque la relación que entabla con sus asociados no denota una característica de supra a subordinación." Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Josué de Jesús Salinas. DOMICILIO Por otra parte, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda; a saber, las listas que se publican en los estados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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