Josefina Pineda Reyes
Expediente 1953/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1953/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2017
Partes del expediente
- Josefina Pineda Reyes
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa acciones tendentes a cumplir la sentencia.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1953/2016-VI-A. De una lectura íntegra al escrito que se atiende, se aprecia que el peticionario de amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN en su hipótesis de flagrancia, dictada en fecha 6 seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la Carpeta Administrativa 104/2016, que se sigue en contra el quejoso ***, por el hecho delictuoso de secuestro. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XVI, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido..". Los actos consumados de modo irreparable (a los cuales se refiere la causa de improcedencia en estudio), son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual es improcedente el juicio de amparo. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los derechos violados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Al respecto es aplicable la tesis sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." En este caso, si el acto reclamado lo es la ratificación de detención en su hipótesis de flagrancia de seis de los cursantes, por lo que este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues no es jurídicamente factible concretar los efectos de una sentencia protectora, en virtud de que es un acto consumado irreparablemente, ya que aun de otorgarse el amparo y la protección de la justicia de la Unión, tal acto ya no podría retrotraerse en el tiempo, en razón que, de conformidad con lo expresado por el quejoso en su escrito de demanda, en once de diciembre de dos mil dieciséis se dictó auto de vinculación en contra de los quejosos. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis II. 1°.43 P, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA COMO ÚNICO ACTO, POR HABERSE CONSUMADO CON MOTIVO DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE PARA ESE MOMENTO RIGE SU SITUACIÓN JURÍDICA. En el supuesto señalado, lo que se analiza es la violación al derecho humano de la libertad personal, pues el objeto de la audiencia de control de la detención, es verificar si el aseguramiento del imputado satisface los requisitos constitucionales, en la inteligencia de que, de no ser así, esto es, que el Juez de control se convenza de la ilegalidad de la detención, procede que no la ratifique y la consecuencia inmediata es que ordene la libertad del reo. Por ende, al resolver el amparo, la única manera de resarcir esa afectación, es decir, cuando se decreta la detención sin mediar orden de aprehensión, no estar justificada la flagrancia o el caso urgente, es ordenar la inmediata libertad del inculpado; sin embargo, lo anterior ya no sería posible, si únicamente se impugna la detención como acto reclamado, porque para ese entonces la situación jurídica de aquél se regiría por la imposición de la medida cautelar correspondiente, como por ejemplo, la prisión preventiva, garantía económica o alguna de las establecidas en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, pues la violación a la libertad personal está consumada y a través de la sentencia constitucional no podría repararse". Así como, por las razones que la sostienen, la tesis de jurisprudencia de tenor literal siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que este juzgado soslaye el contenido de la tesis de jurisprudencia que citan los promoventes, de rubro: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA ES PROCEDENTE, SIEMPRE QUE SE RECLAME JUNTO CON EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y POR ENDE, NO SE ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, toda vez que los promoventes únicamente señalan como acto reclamado la resolución del Juez de Control que ratificó su detención, más no el auto de vinculación a proceso. Máxime porque de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se obtiene que los amparistas únicamente dirigen sus razonamientos para, por un lado sostener la procedencia del juicio respecto a la resolución de ratificación de detención reclamada y, por otro, para evidenciar la ilegalidad e inconstitucionalidad de la misma. En ese tenor, no queda duda de que los promoventes no reclaman también el auto de vinculación a proceso, tan es así, que en apartado relativo, mencionaron: ".atendiendo a que la tesis invocada y la Ley de Amparo son omisas en relación a determinar si los cómputos de los actos reclamados deber correr a partir del Auto de Vinculación, es como esta defensa ha determinado promover la presente demanda de amparo indirecto incorporando los conceptos de violación exclusivos a la ratificación de la detención, siendo el caso que nos reservamos nuestro derecho para ampliarla dentro del término que la Ley de Amparo señala en el artículo 111 a efecto de incorporar de manera oportuna los conceptos de violación y demás probanzas que consideremos necesarias para la adecuada defensa." En suma, es inconcuso que la demanda de cuenta, únicamente se entabló en contra de la ratificación de la detención de seis de diciembre de la presente anualidad. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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