Josiel Sánchez Pérez

Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
722/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Josiel Sánchez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional, con el diverso Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mismo que se registró con el número 18/2020.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el cual remite el juicio de amparo original 917/2020-F de su estadística, formado con motivo de la competencia planteada en el diverso 722/2020-IC, de este índice. Acúsese recibo. Ahora, de la revisión de las constancias que conforman el juicio de amparo 917/2020-F, específicamente del proveído de treinta de octubre de la anualidad que transcurre, mediante el cual el homólogo oficiante determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano de control constitucional respecto al presente sumario; este juzgador, con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, conforme a lo expuesto en el acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, insiste en declinar la competencia a diverso juzgado; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Ahora como se indicó en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, en el presente caso, el acto reclamado es la orden para desposeerle o asegurar el vehículo marca Chevrolet, línea Aveo, modelo dos mil dieciocho (2018), número de serie LSGHD52H0JD060091, placas de circulación K57-BDZ, de la Ciudad de México, con motivo de la inscripción y/o alta de reporte de robo en el registro público vehicular (REPUVE), del que dice, es propietario. Ejecución que tendrá lugar en donde el peticionario del amparo radica, es decir, en Chicoloapan, Estado de México, pues es en dicho lugar en que, bajo protesta de decir verdad el quejoso radica, lo que se corrobora con su credencial para votar con fotografía que en reproducción fotostática exhibe, por tanto, la orden reclamada que se pretende ejecutar deberá cumplirse en el lugar en el que se encuentra el vehículo. Aunado a que, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción dentro del territorio en el que tienen su residencia la totalidad de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y la mayoría de las ejecutoras; empero, las dos autoridades ejecutoras que si se localizan en esta demarcación, tienen competencia de actuación dentro de toda esta entidad federativa; por lo que se insiste la ejecución reclamada tendrá verificativo en esa entidad y no en el lugar en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para resolver el presente asunto y, por consiguiente, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; toda vez, que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito de su competencia territorial. Pues se insiste, que contrario a lo expresado por el homologo federal, el acto reclamado, es decir, la ejecución de la orden para desposeerle o asegurar el vehículo que dice, es de du propiedad, con motivo de la inscripción y/o alta de reporte de robo en el registro público vehicular (REPUVE), deberá cumplirse en el lugar en el que se encuentra el vehículo, es decir, en Chicoloapan, Estado de México. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito, reitera que al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo antes citado, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado. Sirve como apoyo de lo anterior, el criterio que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veinte. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por *******; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 722/2020-I·C. ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama: La orden de desposesión material o aseguramiento ministerial del vehículo marca ****), número de serie ******, placas de circulación *****, de la Ciudad de México, con motivo de la inscripción y/o alta de reporte de robo en el registro público vehicular (REPUVE). INCOMPETENCIA. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. E....; (.)". "Artículo 37. ....etente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. .". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Lo anterior es así, ya que el quejoso reclama una orden para desposeerle o asegurar el vehículo marca Chevrolet, línea ***, modelo dos mil dieciocho (2018), número de serie L******con motivo de la inscripción y/o alta de reporte de robo en el registro público vehicular (REPUVE), del que dice, es propietario. Ejecución que tendrá lugar en donde el peticionario del amparo radica, es decir, en Chicoloapan, Estado de México, pues es en dicho lugar en que, bajo protesta de decir verdad el quejoso radica, lo que se corrobora con su credencial para votar con fotografía que en reproducción fotostática exhibe, por tanto, la orden reclamada que se pretende ejecutar deberá cumplirse en el lugar en el que se encuentra el vehículo. Máxime que, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción dentro del territorio en el que tienen su residencia la totalidad de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y la mayoría de las ejecutoras; empero, las dos autoridades ejecutoras que si se localizan en esta demarcación, tienen competencia de actuación dentro de toda esta entidad federativa. Es pertinente destacar que, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo antes transcrito. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 722/2020-I·C, del índice de este órgano de control constitucional, así como las copias de traslado de la demanda y anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Lerma, todos del Estado de México). CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que el quejoso opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberá generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. N

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano