Josefina Zardain Galina
Expediente 793/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 76 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 76
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josefina Zardain Galina
- Juez Cuarto de lo Civil del distrio judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 76.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en virtud que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservando la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de diez de agosto del año en curso e interlocutoria de diecisiete de agosto de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios de la Ley de Amparo, en atención a la vista otorgada en auto de tres de marzo de la presente anualidad, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable. En consecuencia, téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de tres de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que exhibió la juez Cuarto de lo Civil en el Estado. Por lo tanto, como se anunció en dicha determinación, éste órgano constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la Juez y actuaria, ambas adscritas al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el ámbito de su respectivas funciones, deberán realizar lo siguiente: "a). Dejar insubsistente el emplazamiento realizado a la aquí quejosa ********************, en los autos del juicio civil ******************** y los actos posteriores al mismo. b). Reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión con estricto apego a la ley de la materia." II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Dejar insubsistente el emplazamiento realizado a la aquí quejosa ********************, en los autos del juicio civil ******************** y los actos posteriores al mismo. b) Reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión con estricto apego a la ley de la materia. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de proveído de dos de diciembre del año en curso, en el expediente ******************** de su índice, por medio del cual dejó insubsistente el emplazamiento de siete de diciembre del dos mil diecinueve, realizado a la quejosa y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento. Asimismo, en proveído de diez de enero de dos mil veintidós, el secretario de acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ******************** de su estadística, por el cual ordenó notificar a la demandada ********************, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete y giró exhorto al Juez Civil competente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que realice el emplazamiento a la quejosa. Posteriormente, en auto de tres de marzo del año en curso, la juez Cuarto de lo Civil en el Estado, remitió copia certificada del auto de nueve febrero de dos mil veintitrés dictado en el expediente de origen, del que se deprende que tuvo por recibido por parte del secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el exhorto ******************** de su índice debidamente diligenciado, por medio del cual se ordenó emplazar a la demandada ********************; asimismo, en el mismo auto tuvo a la demandada contestando la demanda, ofreciendo pruebas y oponiendo excepciones. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por la autoridad responsable, se advierte que en auto de dos de diciembre del año en curso, en el expediente ******************** de su índice, dejó insubsistente el emplazamiento de siete de diciembre del dos mil diecinueve, realizado a la quejosa y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento. Con lo anterior, se tiene por satisfecho el primer punto de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ******************** de su estadística, ordenó notificar a la demandada ********************, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete y giró exhorto al Juez Civil competente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que realice el emplazamiento a la quejosa. Situación que ya aconteció, pues en auto de nueve de febrero del año en curso, la autoridad responsable tuvo recibido el exhorto ******************** de su índice debidamente diligenciado, por medio del cual se ordenó emplazar a la demandada; asimismo, en el mismo auto tuvo a la demandada contestando la demanda, ofreciendo pruebas y oponiendo excepciones. Con dichas documentales a juicio de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable acredita de forma fehaciente haber acatado la sentencia de amparo. Máxime en el escrito de cuenta ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios de la Ley de Amparo, manifestó estar satisfecho con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, en este proveído se declara por cumplido el fallo protector dictado en este juicio constitucional, como lo dispone la jurisprudencia que expone: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS A LA TERCERO INTERESADA CATALINA LAGUNAS Y/O CATALINA LAGUNAS RUIZ)
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