Josue Boanerges Contreras Martínez

Expediente 622/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
622/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Josue Boanerges Contreras Martínez
  • Josue Boanerges Contreras Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja, en contra del auto dictado el veintiocho de junio del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. Publicación datos personales. Aunque la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo. Toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 14, 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme a la fracción IV, del artículo 20, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la boleta de turno con número de folio electrónico * * * * * * al que se acompaña 1) copia certificada de la ejecutoria dictada el veintidós de junio del año en curso, en el impedimento civil número * * * * * *, de su índice y 2) el original del juicio de amparo * * * * * * * del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca que promovió * * * * * * *, en ejercicio de la custodia definitiva y en representación de las menores de iniciales * * * * * * y * * * * * *, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y otra autoridad; la cual se turnó de manera física a este órgano jurisdiccional el veintisiete de junio del año en curso; fórmese expediente físico y electrónico; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número * * * * * *, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, Materia(s): Común, con registro digital 221353, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en el expediente 10/2015, por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en el que: 1. En relación a la solicitud de aclaración del contenido del convenio celebrado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se le indicó que dicha petición no era procedente, dado que el convenio en cuestión reviste el carácter de cosa juzgada y su modificación tendría que tramitarse en diversa vía, en donde las partes estén en posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, rendir alegatos y en su momento dictarse la resolución correspondiente. 2. En cuanto a su petición de que se requiera un informe a la empresa donde labora su contraparte respecto a su situación laboral, se le indicó que tampoco era procedente dado que el asunto ya se había concluido con el convenio celebrado por las partes. 3. En relación a la solicitud de dar vista al fiscal para que inicie la carpeta de investigación por el delito que se configure ante la negativa de dar alimentos, se le indicó que se había girado el oficio correspondiente para que se procediera con el descuento por concepto de pensión alimenticia, por lo que era necesario esperar el resultado correspondiente para acordar lo conducente. 4. Finalmente en cuanto a su petición para que se decrete la pérdida de patria potestad por parte de la ahí demandada, respecto a sus menores hijas, se le indicó que lo hiciera valer en la vía correspondiente. Ante ello, este juzgador determina que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del precepto transcrito se aprecia que previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa, en atención al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, debe agotar el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional. Lo anterior tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo puede ser accionado por la actualización de un agravio personal y directo en sus derechos fundamentales, para evitar que cualquier apreciación subjetiva sea considerada violatoria de derechos humanos. Cabe precisar que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino carga procesal que debe atender. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materias(s): Común, Registro digital: 187016, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, previo a la promoción de la demanda de amparo, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Ahora, los artículos 666, 667, 673 y 974, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia". Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano. "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte". "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo". El primero de esos numerales señala que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueran apelables; el segundo cuál es el trámite de ese recurso; el siguiente, que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte; mientras que el último, que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos. Del análisis de dichos preceptos legales y del acto reclamado, se concluye que lo controvertido por la quejosa puede impugnarse mediante el recurso de revocación, de conformidad con los normativos transcritos, ya que el acto que reclamado como ya se indicó, lo constituye el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en el expediente 10/2015, por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en el que: 1. En relación a la solicitud de aclaración del contenido del convenio celebrado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se le indicó que dicha petición no era procedente, dado que el convenio en cuestión reviste el carácter de cosa juzgada y su modificación tendría que tramitarse en diversa vía, en donde las partes estén en posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, rendir alegatos y en su momento dictarse la resolución correspondiente. 2. En cuanto a su petición de que se requiera un informe a la empresa donde labora su contraparte respecto a su situación laboral, se le indicó que tampoco era procedente dado que el asunto ya se había concluido con el convenio celebrado por las partes. 3. En relación a la solicitud de dar vista al fiscal para que inicie la carpeta de investigación por el delito que se configure ante la negativa de dar alimentos, se le indicó que se había girado el oficio correspondiente para que se procediera con el descuento por concepto de pensión alimenticia, por lo que era necesario esperar el resultado correspondiente para acordar lo conducente. 4. Finalmente en cuanto a su petición para que se decrete la pérdida de patria potestad por parte de la ahí demandada, respecto a sus menores hijas, se le indicó que lo hiciera valer en la vía correspondiente. Acuerdo que, en su contra no procede el recurso de apelación, ya que no tiene fuerza definitivo, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. En efecto, la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el juez de origen, revoque si así procede el auto que emitió, en el supuesto de que contra éste, no resulte procedente el recurso de apelación, como en el caso. En tales condiciones, previamente a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa debió interponer contra el acto reclamado el recurso de revocación previsto en el artículo 666, en relación con el diverso 667, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; recurso mediante el cual podía obtener la revocación, modificación o nulidad de la determinación de la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que por esta vía reclama; máxime, que nada le imposibilitaba para interponerlo, en razón principalmente, de que es parte en el juicio, además, de que se encontraba en tiempo para promoverlo. En esa tesitura, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo. Sin que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del invocado artículo 63 de la ley de materia para no agotar, previo a la promoción del amparo, el recurso ordinario de revocación contra el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la resolución reclamada no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; menos el quejoso se trate de persona extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado; ni el acto combatido se trata de un auto de vinculación a proceso. No pasa inadvertido para quien resuelve que, conforme al artículo 962, párrafos segundo y cuarto, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, las decisiones de carácter urgente que adopte un juez dentro de un procedimiento de controversias del orden familiar, que tengan por objeto garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención, no admiten más recurso que el de responsabilidad, ya que los autos impugnados por esta vía no versan en relación a dichos tópicos. Lo anterior, ya que el acuerdo reclamado y sus consecuencias no se emitió con el objeto de garantizar los alimentos de los menores de iniciales * * * * * * y * * * * * * y tampoco para garantizar proteger su integridad personal. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materias(s): Común, Registro digital: 2017117, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Ahora, dado que el domicilio que el promovente señala para oír y recibir notificaciones no se encuentra en la zona conurbada de este municipio; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que proporcione uno diverso en este municipio o en la zona conurbada, se le realicen en el domicilio físico que señale. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Instrucción y envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a la actuaria firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.

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