Joselyn Ernesto Díaz Gutiérrez

Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
757/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Joselyn Ernesto Díaz Gutiérrez
  • Comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Archivo, relevancia documental y destino del incidente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el ocho de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la resolución ahí emitida, misma que conforme al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra debidamente integrada al expediente electrónico relativo a dicho juicio. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Al haberse negado la suspensión definitiva, transcurridos más de tres años, a partir de esta fecha, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción III, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. II. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. III. Devolución anexos Finalmente, de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obra la factura número ********************, un comprobante de pago, un formato de pago y una constancia de cambio de propietario vehicular (fojas 15 a 18), mismos que se acompañaron al escrito recibido en este juzgado el dieciséis de agosto del año en curso (foja 14). En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las citadas documentales, previa foja de substitución que se deje en autos, y en caso de no hacerlo, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibida que de no hacerlo, dichas constancias seguirán el destino del incidente de suspensión. Notifíquese por lista electrónica; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el ciudadano ******, síndico Hacendario y representante legal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de ocho de noviembre del año en curso (fojas 36 a 39), comunica que en el organigrama de la actual administración de ese Ayuntamiento (2022-2024), no existe la figura de "comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca", motivo por el cual no fue rendido el informe justificado solicitado en este juicio de amparo. Ahora, de los autos que integran este sumario constitucional, se advierte que el oficio 14236/2023, dirigido al comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a través del cual se le transcribió el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le solicitó su informe justificado, fue entregado con fecha quince de agosto del año en curso (foja 19), a la Dirección de la Policía Vial de ese Ayuntamiento, por la actuaria judicial adscrita a este juzgado; en consecuencia, con apoyo el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, tal como lo dispone el segundo párrafo, del artículo 2° de dicha ley, requiérase al síndico hacendario municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como representante legal del referido Ayuntamiento, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio con transcripción de este auto, realice lo siguiente: Proporcione el nombre completo de la persona que al día quince de agosto de dos mil veintitrés, ocupó el cargo de titular de la Dirección de la Policía Vial del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, asimismo, proporcione la denominación correcta. De igual manera, proporcione a este órgano jurisdiccional, en sobre cerrado, los datos identificables (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, registro federal de contribuyentes con homoclave [RFC] y clave única de registro de población [CURP]), de dicha autoridad. Se comunica al síndico oficiante que continúa subsistente el apercibimiento de multa contenido en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 36 a 39). Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos, sentencia causa ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre del año en curso (fojas 24 a 31), que negó la protección constitucional a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), se determina que este juicio de amparo es CONSERVABLE íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. V. Se requieren datos identificables. Ahora, en atención a que en el considerando sexto de sentencia dictada en este juicio (foja 29 vuelta), se requirió al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, remitiera los datos identificables de la persona que ocupa el cargo de comandante de la Policía Vial de ese Ayuntamiento, sin que lo haya hecho, no obstante su notificación el tres de octubre anterior (foja 34); en consecuencia, con apoyo el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, tal como lo dispone el segundo párrafo, del artículo 2° de dicha ley, requiérase al síndico municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como representante legal del referido Ayuntamiento, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio con transcripción de este auto, proporcione a este órgano jurisdiccional, en sobre cerrado, los datos identificables (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, registro federal de contribuyentes con homoclave [RFC] y clave única de registro de población [CURP]), de la persona que actualmente ocupa el cargo de comandante de la Policía Vial del aludido Ayuntamiento. Apercibida que, de no informar nada al respecto, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a DOSCIENTAS unidades de medida y actualización, equivalente a veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de amparo. Con independencia de lo anterior, con apoyo el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, tal como lo dispone el segundo párrafo, del artículo 2° de dicha ley, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que, en el término de tres días hábiles, proporcione en sobre cerrado a este órgano jurisdiccional, los datos personales identificables de la persona que actualmente ocupa el cargo de síndico municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, consistentes en: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, registro federal de contribuyentes con homoclave [RFC] y clave única de registro de población [CURP]. A fin, de que en su caso se haga efectiva la multa, información que deberá enviar en sobre cerrado, ello, por tratarse de datos sensibles de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se le apercibe que de no informar lo anterior o, bien, no manifestar el impedimento que tuviere para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá diversa multa de CIEN veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ***, por propio derecho, mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado a este órgano jurisdiccional el uno de agosto siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las siguiente autoridad responsable y actos reclamados: AUTORIDAD RESPONSABLE: COMANDANTE DE LA POLICÍA VIAL DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. ACTOS RECLAMADOS: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora, la orden de retención de mi vehículo tipo *** con número de serie *** que libraron en mi contra de manera verbal, fuera de todo procedimiento legal, misma que ejecutaron, quienes mantienen retenido mi vehículo en el corralón perteneciente al Municipio de Santa Lucía del Camino, toda vez que llevaron a cabo dicha retención, sin mediar juicio alguno y sin las exigencias que la ley establece. Así mismo, en el caso no existe orden judicial debidamente fundada o motivada, por lo que se ha solicitado su inmediata liberación sin que hasta el momento se nos haya acordado dicha petición." Actos que estimó violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. a) En proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 757/2023 y se previno al quejoso para que aclarara el acto reclamado. b) En acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso cumpliendo con el requerimiento realizado y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado. Ahora, de un análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La retención del vehículo de motor, tipo motocicleta, modelo ***, con número de serie ***. TERCERO. Existencia del acto reclamado El comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de haber quedado notificado de esa petición el quince de agosto último, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 19). De ahí que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia. La referida institución procesal impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador de oficio no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y las partes tampoco lo alegaron. QUINTO. Análisis del acto reclamado. La parte quejosa en su demanda de amparo aduce que la orden de retener su vehículo de motor no se encuentra fundada ni motivada; por esa razón, se vulneran los derechos consagrados a su favor por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los conceptos de violación planteados por el quejoso resulta infundados, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso expuso que el nueve de julio de dos mil veintitrés, fue detenido en un puesto de control de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, donde le practicaron una prueba de alcoholímetro, la cual resuló positiva y, por esa razón lo detuvieron y los elementos viales subieron su motocicleta a una grúa para llevarla al corralón. Es bajo ese contexto, que el quejoso señaló como acto reclamado la orden de retención de su unidad de motor tipo motocicleta *** con número de serie ***. Sin embargo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, debido a que conforme a lo dispuesto por el artículo 21, párrafos cuarto y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades administrativas, en este caso, a los elementos policiacos de vialidad, están facultados para llevar a cabo ese tipo de actos. Por tanto, si el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, quedaba a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, sin que en el presente asunto haya aportado alguna prueba apta e idónea para demostrar esa circunstancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Es decir, la detención del vehículo de motor por parte de Comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en sí misma no resulta violatoria de derechos fundamentales, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de que la parte quejosa aporte pruebas que demuestren el proceder inconstitucional de la autoridad responsable; de ahí que el quejoso tenía la carga procesal de allegar al presente juicio de amparo, pruebas pruebas que se relacionen íntimamente con la indicada inconstitucionalidad; pues este órgano judicial ni siquiera conoce los fundamentos o motivos que tuvo la autoridad responsable para ordenar el aseguramiento del señalado bien, evidentemente está imposibilitado legalmente para ingresar a su análisis, motivo por el cual debe negarse a la agraviada el amparo solicitado. Se cita en apoyo de lo anterior, se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ASEGURAMIENTO EN EL PROCESO PENAL, CONSTITUCIONALIDAD DEL, CUANDO FALTA EL INFORME JUSTIFICADO. Una orden de autoridad judicial, dictada en un proceso, mandando asegurar un bien, u ordenar su depósito por estar en disputa, no resulta violatoria de garantías en sí misma, si no que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se hubiese fundado el propio acto, y queda así, a cargo de la inconstitucionalidad de ese acto reclamado, y si el promovente no aportó pruebas que se relacionen íntimamente con la indicada inconstitucionalidad, es decir, si ni siquiera conoce este tribunal federal los fundamentos o motivos que tuvo el Juez responsable para ordenar el aseguramiento o el depósito del bien de que se ha tratado, tiene que negarse al agraviado el amparo de la Justicia Federal, por lo que ve al Juez señalado como ordenador, quien no rindió su informe, negativa que lógica y jurídicamente tiene que alcanzar al Juez señalado como ejecutor, que confesó la existencia del acto reclamado." No es obstáculo para la anterior conclusión, la circunstancia de que la quejosa haya allegado a este juicio, las siguientes documentales: Factura original ***, expedida por ***. Constancia de cambio de propietario vehicular, expedida por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Formato de pago, expedido por la Secretaría de Finanzas. Comprobante de depósito bancario. No obstante, aun cuando las documentales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las mismas resultan insuficientes para probar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior se estima así, pues de las constancias descritas solamente se infiere que la quejosa es propietaria del vehículo de motor tipo tipo motocicleta, modelo ***, con número de serie *** Sin embargo, de las citadas documentales aportadas por la parte quejosa, no se acredita la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues aquéllas son ajenas e independientes de éste; motivo por el que el inconforme no satisfizo la carga procesal impuesta por el invocado artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, debido a que la existencia del acto reclamado es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta, como se dijo, depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde a la quejosa, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, quien aquí resuelve estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión, y en tales condiciones, no se está en aptitud legal de analizar si el acto reclamado es acorde con el orden constitucional ni de ingresar al examen general de dicho acto. Orienta el criterio aquí asumido, por identidad de razón, la jurisprudencia V.2o. J/16, de contenido: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." Así como la jurisprudencia 2a./J. 50/97, con número de registro digital: 197499, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Laboral, de rubro y texto: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Aunado a que, con las pruebas que aportó no se demuestra la inconstitucionalidad del acto reclamado, esto es, que el vehículo de motor tipo motocicleta que defiende esté detenido al día de hoy por la autoridad responsable y que exista la negativa de su devolución, sin sustento legal alguno. Conforme a lo expuesto, procede negar el amparo de la Justicia Federal a ***, contra la orden de retener su vehículo de motor tipo motocicleta. SEXTO. Imposición de multa. En otro orden, atendiendo a que la autoridad responsable no rindió su informe justificado y tampoco remitió las constancias relacionadas con el acto reclamado, ante tales omisiones, se hace efectivo el apercibimiento decretados en acuerdos de diez de agosto y once de septiembre último, consistentes en una multa de cien unidades de medida de actualización, en relación con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de ejecutar dicha multa y dar el trámite correspondiente a la misma, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, acorde lo dispuesto en su artículo 2º, requiérase al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio con transcripción de este auto, proporcione a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: los datos identificables (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, registro federal de contribuyente con homoclave [RFC] y clave única de registro de población [CURP], de la persona que actualmente ocupa el cargo de Comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ***, contra la orden de retención de su vehículo de motor tipo motocicleta, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se impone multa a Comandante de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, en relación con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dese cumplimiento al último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica.

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