Josué Méndez Villa

Expediente 1163/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1163/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Josué Méndez Villa

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el siete de octubre último, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Por otro lado, si bien las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de diecinueve de octubre del año en curso, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado para notificar a la parte quejosa los acuerdos de siete y catorce de octubre en curso. Por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria judicial adscrita, notificar al quejoso *********, este proveído y el diverso de siete de octubre del año en curso, así como los subsecuentes que ameriten notificación personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, toda vez que de la revisión de las constancias que obran en este expediente, no se advierte diverso domicilio en el cual se le pueda notificar personalmente. Notifíquese por estrados a la parte quejosa este acuerdo y el diverso de siete de octubre del año en curso.---NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LOS AUTOS DE SIETE Y CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO---AUTO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS--an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo depositada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca residente en este Municipio, el seis de octubre en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *****************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, residente en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1163/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Desechamiento. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis integral de la demanda de amparo, este Juzgador considera se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación al numeral 17, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "ARTÍCULO 61. . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.- No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.- Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.- Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." Tales numerales establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, en la demanda de amparo el quejoso Josué Méndez Villa, señala como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión que ha librado el Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, residente en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; y la ejecución por parte de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y Fiscal General del Estado de Oaxaca". Actos que resulta incuestionable no se ubican en ninguna de las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Así, el quejoso, bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por lo anterior, si el quejoso afirma bajo protesta de decir verdad que el acto que ahora reclama fue de su conocimiento el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del doce de septiembre pasado al cinco de octubre en curso, como se advierte del siguiente calendario: Septiembre 2022 Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 1 2 3 inhábil 4 inhábil 5 6 7 8 9 10 inhábil 11 inhábil 12día uno 13 día dos 14 inhábil 15 inhábil 16 inhábil 17 inhábil 18 inhábil 19 día tres 20día cuatro 21 día cinco 22 día seis 23 día siete 24 inhábil 25 inhábil 26 día ocho 27día nueve 28 día diez 29 día once 30 día doce Octubre 2022 Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 1 inhábil 2 inhábil 3 día trece 4 día catorce 5 día quince 6 presenta demanda Ello es así, porque el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente en que se ostentó sabedor del acto impugnado (doce de septiembre de dos mil veintidós), es decir, el peticionario de amparo no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda computar el plazo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, sobre todo, al tratarse de una actuación de sigilo. De ahí que al presentar la demanda de amparo, hasta el día seis de octubre de dos mil veintidós, se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, para promover este juicio, como quedó plasmado en el calendario que se insertó con anterioridad. Resulta aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia P./J.12/2015 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil quince, decima época, página treinta y ocho, cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." También es ilustrativa por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, SE DESECHA, DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, residente en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y otras autoridades, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. Domicilio y Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizado a José Antonio Vargas Guzmán, únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, por no encontrarse registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter, si a sus intereses conviniere, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". De igual manera, se tiene a dicha parte proporcionando el correo electrónico que índica, para que sirva como medio de comunicación alternativa con dicha parte; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarle atención mediante esa herramienta tecnológica; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Se hace del conocimiento a la parte quejosa que puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), se le realicen las notificaciones vía electrónica y pueda presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se HABILITA, desde ahora, A LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.-----AUTO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de trece de octubre del año en curso, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado para notificar a la parte quejosa el acuerdo de siete de octubre en curso. Por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria judicial adscrita, notificar al quejoso *****, este proveído y el diverso de siete de octubre del año en curso, así como los subsecuentes que ameriten notificación personal, en el domicilio ubicado en Arista, número ciento diecinueve, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, toda vez que el mismo, fue señalado por el quejoso como su domicilio particular en la demanda que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente al quejoso ********este acuerdo y el diverso de siete de octubre en curso, en el domicilio precisado anteriormente.

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