Joseph Irving Martínez Díaz
Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Joseph Irving Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa se ordena archivar el juicio como concluido, susceptible de destrucción.
- Principal
Promovente interpone recurso de queja; dese trámite; envíese copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito; con original de escrito de expresión de agravios y copia para Fiscal Federal; ríndase informe respectivo: ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Secretaría de Educación Pública en Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 205/2019/V-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Bajo esa premisa, en el caso, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora, en el particular, la parte quejosa reclama la retención de su salario como empleado auxiliar administrativo en las oficinas del ********** Igualmente, conviene destacar que el quejoso en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desempeña ese trabajo desde el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo tanto, se determina que quién tiene la obligación de pagarle al trabajador, ahora parte quejosa, la suma convenida por sus servicios laborales (salarios), es el patrón, en este caso, la Secretaría de Educación de Veracruz. De modo que, si la única forma y por la única causa en que se realicen descuentos, suspensión o retención del salario de un trabajador, es por parte de su patrón y en virtud de la relación de trabajo existente entre ambos, resulta inconcuso que cualquiera de dichos actos le será atribuible como particular y en una relación de coordinación, no de supra a subordinación; de donde resulta evidente la naturaleza laboral del reclamo del quejoso. En este sentido, se estima que el acto que reclama la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tener una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado. Esto es, deriva de la relación laboral que sostiene el quejoso, como trabajador auxiliar administrativo, en un plano de coordinación con la dependencia señalada como responsable; por lo que si la entidad emitió una orden de retención de salario, aquélla no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituye un acto en calidad de patrón del ahora promovente. En el presente asunto -como se estableció- se advierte que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. En las relatadas circunstancias, se establece que los actos reclamados no derivaron de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. De todo lo anteriormente expuesto, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de la responsable para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de unas irregularidades detectadas como consecuencia de su relación laboral que la unía con ésta, por lo que es evidente que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Por tanto, se colige que el juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que el quejoso considera le ha sido violado. Sirve como criterio orientador la tesis aislada VII.2o.A.T.10 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 487, Tomo IX, Febrero de 1999, Materia Administrativa, registro 194572, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal." Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De ahí, que al no provenir el acto reclamado, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza de manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, libro 11, octubre 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Se autoriza para oír y recibir notificaciones a *********, ********* Y *********, por así solicitarlo expresamente el quejoso. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo... "
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