Joseph Irving Martínez Díaz
Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Joseph Irving Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmados electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informa que el tribunal de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veintisiete de octubre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo origen de este expediente, radicándolo con el número 210/2020, de su índice. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa, Veracruz; trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********** por medio del cual INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintisiete de octubre de este año, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por lo tanto, en términos de los establecido por los Acuerdos Generales 15/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad personal, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a efecto de solicitar el turno correspondiente. Hecho lo anterior, una vez que la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, informe a que Tribunal Colegiado correspondió conocer el citado recurso, de inmediato mediante oficio vía interconexión IOJ, remítase el recurso de queja interpuesto y realícense las habilitaciones correspondientes en el expediente electrónico para su consulta, a fin de que se substancie debidamente el medio de impugnación hecho valer. Además, remítanse copias digitalizadas de la totalidad de las constancias que integran el juicio en que se actúa, para el caso que las mismas sean necesarias para resolver el medio de impugnación de mérito. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, el recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. Notifíquese como corresponda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Fiscal Décimo Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE con el número 534/2020. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: (.) .del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el accionista del amparo reclama lo siguiente: La negativa por parte del Fiscal responsable de darle acceso a la carpeta de investigación *** de su índice, en la cual tiene el carácter de víctima, a efecto de imponerse del resultado a la petición realizada dentro de la referida carpeta de investigación, lo que se traduce en una violación a su derecho fundamental de acceso a la justicia y la impartición pronta y expedita de la misma. Así, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: (.) El precepto transcrito precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, pues debido a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en las disposiciones aludidas. En el caso, la parte promovente reclama medularmente la negativa u omisión por parte del Fiscal señalado como responsable de darle acceso a la carpeta de investigación *** de su índice, en la cual tiene el carácter de víctima, a efecto de imponerse del resultado a la petición realizada dentro de la referida carpeta de investigación, lo que se traduce en una violación a su derecho fundamental de acceso a la justicia y la impartición pronta y expedita de la misma. Acto que formalmente tiene una naturaleza administrativa; sin embargo, se considera que dado el ámbito en el cual desempeñan sus funciones, los actos u omisiones de dicha autoridad deben impugnarse en sede judicial. Al respecto, resulta fundamental precisar que en el sistema procesal penal actual, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control; es decir, entre otras cosas, al Juez de Control le corresponde supervisar los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima u ofendido e imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Asimismo, debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: (.) De los artículos de ley citados, resulta patente que corresponde al Juez de Control participar desde el inicio del procedimiento penal, así como que dicho procedimiento comienza desde la etapa de la investigación, motivo por el cual se refuerza lo establecido en el sentido de que la etapa de investigación en el nuevo sistema procesal penal, se judicializó con el fin de salvaguardar garantías y derechos establecidos constitucionalmente a favor de la víctima u ofendido e imputado. Sentado lo anterior, para demostrar porqué se actualiza la causa de 4 improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, resulta necesario identificar los elementos que la integran, a saber: 1 Deben reclamarse actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2 Conforme a la ley ordinaria proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. 3 Ese recurso o medio de defensa pueda modificar, revocar o nulificar el acto. En este sentido, los artículos 20, apartado c), fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente (.) De lo anterior, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas u ofendidos del delito, de la prerrogativa de impugnar en sede judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras. En otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades que existan en la investigación de los delitos. De igual modo, se considera que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, sí prevé el control de la investigación ministerial en sede judicial, tal como se observa del precepto que para tal efecto se transcribe. De la anterior redacción se aprecia, entre otras cosas, que el Agente Ministerial debe notificar a la víctima u ofendido las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control. Entre los diversos medios de impugnación, destacan los recursos, en los que se busca revisar o volver a cursar el actuar de determinada autoridad y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad y dilación del agente investigador, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes citados. Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 258 citado prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. De ahí que respecto de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, corresponda conocer al Juez de Control. Por lo que, en el caso, para combatir el acto reclamado la parte quejosa puede hacer valer el medio de defensa previsto en los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con lo establecido en el artículo 20, apartado C), fracción VII de la Constitución Federal, ante el Juez de Control competente y hacer notar las omisiones, dilaciones e irregularidades que a su criterio haya cometido el Fiscal responsable.En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción 14 XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio.
- Principal
DESECHAMIENTO LA PARTE QUEJOSA NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD
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